STSJ Castilla-La Mancha 130/2015, 4 de Febrero de 2015
| Ponente | JAIME LOZANO IBAÑEZ |
| ECLI | ES:TSJCLM:2015:308 |
| Número de Recurso | 174/2014 |
| Procedimiento | PROCEDIMIENTO ABREVIADO |
| Número de Resolución | 130/2015 |
| Fecha de Resolución | 4 de Febrero de 2015 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
T.S.J.CAST.LA MANCHA CON/AD SEC.2
ALBACETE
SENTENCIA: 00130/2015
Recurso núm. 174 de 2014
Toledo
S E N T E N C I A Nº 130
SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. SECCIÓN 2ª.
Iltmos. Sres.:
Presidenta:
Dª Raquel Iranzo Prades
Magistrados:
D. Jaime Lozano Ibáñez
D. Miguel Ángel Pérez Yuste
D. Miguel Ángel Narváez Bermejo
D. Ricardo Estévez Goytre
En Albacete, a cuatro de febrero de dos mil quince.
Vistos por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, los presentes autos número 174/14 el recurso contencioso administrativo seguido a instancia de D.ª Paula, representada por el Procurador Sr. Ponce Riaza y dirigida por el Letrado D. José Antonio García Díaz, contra la DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA-LA MANCHA, que ha estado representada y dirigida por el Sr. Abogado del Estado, siendo codemandada AUTOPISTA MADRID-TOLEDO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA DE AUTOPISTAS, S.A., representada por el Procurador Sr. Gómez Ibáñez y dirigida por el Letrado D. David Martínez Pinedo, sobre FALTA DE PAGO DE JUSTIPRECIO; siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. Jaime Lozano Ibáñez.
D.ª Paula interpuso recurso contencioso administrativo, seguido por los trámites del Procedimiento Abreviado, al amparo del artículo 29.2 de la LJCA contra la falta de ejecución de sus propios actos firmes por la Administración, Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla La Mancha, en el abono de diversas cantidades, a saber:
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72.474,60 # más intereses legales de demora, en relación con el justiprecio establecido en la resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Toledo de fecha 28 de septiembre de 2006, dictada en el expediente NUM001, en cuanto a la finca del parcelario de la expropiación nº NUM000 (catastral NUM002 del polígono NUM003 de Villaseca de la Sagra), con sentencia desestimatoria de los recursos interpuestos dictada en el recurso contencioso-administrativo 140 y 765/2007, acumulados.
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3.151,84 # más intereses legales de demora, en relación con el justiprecio establecido en la resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Toledo de fecha 28 de septiembre de 2006, dictada en el expediente NUM001, en cuanto a la finca del parcelario de la expropiación nº NUM004 (catastral NUM005 del polígono NUM006 de Villaseca de la Sagra), con sentencia desestimatoria de los recursos interpuestos dictada en el recurso contencioso-administrativo 141 y 766/2007, acumulados.
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47.150,23 # más intereses legales de demora, en relación con el justiprecio establecido en la resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Toledo de fecha 28 de septiembre de 2006, dictada en el expediente NUM001, en cuanto a la finca del parcelario de la expropiación nº NUM000 (catastral NUM002 del polígono NUM003 de Villaseca de la Sagra), con sentencia parcialmente estimatoria del recurso interpuesto por la beneficiaria en el recurso contencioso-administrativo 142y 767/2007 acumulados, la cual rebajó el justiprecio a la cantidad que acaba de indicarse.
Todo ello en relación con la expropiación realizada por la Administración General del Estado, siendo beneficiaria AUTOPISTA MADRID-TOLEDO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA DE AUTOPISTAS, S.A., para la ejecución del proyecto "Autopista de Peaje Madrid-Toledo AP-41"; y por haber transcurrido más de tres meses sin que la Administración haya dictado resolución administrativa expresa en relación con la solicitud de pago de tales cantidades.
Admitida la demanda, se ordenó seguir por los trámites del Procedimiento Abreviado y se concedió a las partes un plazo de 10 días para que manifestasen a la Sala si consideraban necesaria la celebración de la vista, y, al amparo de lo solicitado por ambas pares, se dio traslado al Abogado del estado para que contestase la demanda en plazo de 20 días; evacuado dicho trámite, la Abogacía del Estado se opuso entendiendo que no existía inactividad de la Administración. En total se solicitaba la cantidad de 122.776,67 #, suma de las tres anteriores.
Encontrándose la concesionaria de la expropiación en situación de concurso de acreedores, mediante providencia se acordó emplazar a la Administración concursal para que pueda personarse en legal forma en el procedimiento; habiéndose practicado el emplazamiento por el Juzgado de Primer Instancia e Instrucción nº 1 de Toledo, mediante auxilio judicial, y habiéndose contestado efectivamente a al demanda.
Admitida la prueba documental propuesta en la parte actora, teniéndose por aportados a las actuaciones los documentos acompañados a la demanda, se señaló día y hora para votación y fallo el día 29 de diciembre de 2014.
Se interpone recurso contencioso administrativo al amparo del artículo 29.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- administrativa, por la inactividad de la Administración General del Estado, al no proceder a la ejecución de un acto administrativo firme consistente en la determinación de un justiprecio; reclamando como ejecución de aquél el abono por dicha Administración de la cantidad de 56.940,70 # más intereses legales de demora; y ello a la vista de la situación de concurso de acreedores de AUTOPISTA MADRID TOLEDO, S.A. ( auto de declaración de concurso de fecha 16 de mayo de 2012 del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Toledo, publicado en el BOE de 24 de mayo de 2012), situación que hace que el justiprecio no sea pagado.
El acto firme cuya ejecución se pide es la resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Toledo de fecha 28 de septiembre de 2006, dictada en el expediente NUM001, en cuanto a las fincas del parcelario de la expropiación nº NUM000 (catastral NUM002 del polígono NUM003 de Villaseca de la Sagra), nº NUM004 (catastral NUM005 del polígono NUM006 de Villaseca de la Sagra) y nº NUM000 (catastral NUM002 del polígono NUM003 de Villaseca de la Sagra), en relación con la expropiación realizada por la Administración General del Estado, siendo beneficiaria AUTOPISTA MADRID-TOLEDO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA DE AUTOPISTAS, S.A., para la ejecución del proyecto "Autopista de Peaje Madrid-Toledo AP-41".
Se interesa el abono total de 122.776,67 #, suma de los tres justiprecios antes mencionados.
Fundamenta su petición la parte actora en los siguientes motivos: a) Firmeza y ejecutividad del acto administrativo en que consiste la resolución del Jurado Provincial de expropiación.
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Procedencia de la responsabilidad subsidiaria de la Administración expropiante en el pago del justiprecio e intereses de la expropiación.
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La Administración expropiante como titular de la potestad expropiatoria y adquirente de los bienes expropiados está obligada al pago del justiprecio e intereses sin que pueda ampararse en el concurso del beneficiario, porque comparte esta cualidad con él.
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La Administración debe responder del pago del justiprecio e intereses porque es garante y tiene en todo momento el control del procedimiento expropiatorio.
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Esta Sala ya ha declarado la responsabilidad en casos semejantes en la sentencia nº 117, de 11 de
febrero de 2011, recurso 319/2012, seguida luego en sentencias 118 y 119 de 11 y 12 de febrero de 2013 .
La Abogacía del Estado se opone a la pretensión formulada alegando, en resumen, lo que sigue:
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Que la doctrina fijada en las sentencias invocadas por la parte es a su juicio errónea y que precisamente tiene interpuesto recurso de casación en interés de la ley contra la mima.
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Que no existe disposición general (que no precise actos de aplicación), acto, contrato o convenio administrativo que expresamente obligue a la demarcación de carreteras de Castilla-La Mancha a realizar una prestación concreta a favor de los demandantes.
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Que no existe disposición legal o reglamentaria, ni acto, contrato o convenio que declare que la Demarcación de Carreteras de Castilla-La Mancha, como Administración expropiante, sea responsable subsidiaria de los incumplimientos del beneficiario de la expropiación, y en concreto en cuanto al pago del justiprecio. Es más, existen disposiciones legales y reglamentarias que señalan expresamente que es al beneficiaria quien corresponde el pago, sin que en dichas disposiciones se indique en modo alguno la posible responsabilidad subsidiaria del Estado, lo que no implica que el Estado no pueda llegar a serlo sino que a fecha de hoy no existe disposición general (que no precise de actos de aplicación), acto, contrato o convenio administrativo que expresamente obligue a la Administración a abonar el justiprecio fijado por el Jurado Provincial de Expropiación.
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Que si la Sala mantiene el mismo criterio que en su sentencia de 11 de febrero de 2013, será la sentencia que recaiga en el presente recurso el primer acto en el que se declare que la Demarcación de Carreteras es la responsable de pagar dicho justiprecio. Es más, según ha declarado el Tribunal Supremo en alguna ocasión, la Administración del Estado carece de legitimación para impugnar o discutir el justiprecio convenido por el beneficiario con el expropiado o fijado por el Jurado, puesto que se trata de una relación entre beneficiario y expropiado a la que es ajena la Administración expropiante y el beneficiario es el único obligado al pago ( sentencias del Tribunal Supremo 26 marzo 2012, 21 enero 2005 ). Solo podría haber obligación de pago del justiprecio a cargo de la Administración del Estado previa tramitación del procedimiento de responsabilidad patrimonial cuya resolución será susceptible de control jurisdiccional a través del recurso contencioso-administrativo.
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Que el demandante señala que existe un acto firme que la Demarcación de Carreteras no está ejecutando. Pero el Jurado Provincial de Expropiación...
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