ATS, 16 de Octubre de 2014
| Ponente | RAFAEL FERNANDEZ MONTALVO |
| Número de Recurso | 3405/2013 |
| Procedimiento | RECURSO CASACIÓN |
| Fecha de Resolución | 16 de Octubre de 2014 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
AUTO
En la Villa de Madrid, a dieciséis de Octubre de dos mil catorce.
PRIMERO .- Por Decreto de 8 de julio de 2014 se acordó, entre otros extremos, declarar desierto el recurso de casación preparado por D. Alexis contra la Sentencia de 15 de mayo de 2013, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sección Tercera), dictada en el recurso número 7663/2009 (y 7870/2010 acumulado).
SEGUNDO .- Por la Procuradora de los Tribunales Dª. Ana María Alarcón Martínez, en nombre y representación de D. Alexis , se ha presentado, con fecha 14 de julio de 2014, escrito interponiendo recurso de revisión contra el citado Decreto de 8 de julio anterior, del que se ha dado traslado a la Junta de Galicia, que ha solicitado su desestimación, y al Ayuntamiento de Orense, que no ha evacuado el trámite al efecto conferido.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Rafael Fernandez Montalvo , Magistrado de la Sala
PRIMERO .- El Decreto recurrido en revisión declara desierto el recurso de casación preparado por D. Alexis , conforme a lo dispuesto por el artículo 92.2 de la LRJCA , al haberse agotado el plazo legalmente establecido para interponer el recurso de casación sin que la parte recurrente haya presentado dentro del mismo el escrito de interposición.
Alega la representación procesal del recurrente en revisión, en síntesis y con invocación del principio pro actione , que instaron la aclaración de la Sentencia de instancia, la cual fue resuelta por Auto de 11 de septiembre de 2013, dictándose el 19 de septiembre siguiente, Diligencia de Ordenación teniendo por preparado el recurso de casación de la Junta de Galicia y emplazándoles por plazo de treinta días para comparecer ante esta Sala, personándose esta parte en calidad de recurrida. Con fecha 3 de octubre de 2013 presentaron el escrito de preparación de su recurso de casación, teniéndose este por preparado mediante Diligencia de Ordenación de 28 de abril de 2014, sin que por la Secretaria Judicial se procediera a su emplazamiento, de conformidad con el artículo 90 de la LRJCA . Tampoco puede tenérsele por emplazada por remisión a la Diligencia de Ordenación de 19 de septiembre de 2013, por lo que considera procedente declarar la nulidad de actuaciones y retrotraer las actuaciones al momento de la comisión de la infracción denunciada.
SEGUNDO .- Como ha dicho reiteradamente esta Sala, dentro del término del emplazamiento establecido en el artículo 90.1 de la LRJCA la parte recurrente debe personarse y formular el escrito de interposición del recurso -ex artículo 92.1 LRJCA - con expresión razonada del motivo o motivos en que ampara el recurso y cita de las normas o jurisprudencia que considere infringidas, preceptuando el número 2 del indicado artículo que transcurrido dicho plazo sin presentar el escrito de interposición, el recurso se declarará desierto.
La Sala de instancia, respecto del recurrente D. Alexis , por Diligencia de Ordenación de 28 de abril de 2014, acordó: "... Tener por preparado el recurso de casación por dicha representación contra la precedente resolución para ante el Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, y efectuados los emplazamientos, remítanse los autos originales al Alto Tribunal, dejando testimonio bastante de los mismos y de la sentencia dictada, a los fines del artículo 90 de la citada Ley ", debiendo entenderse realizado el emplazamiento con la notificación de la mencionada Diligencia de Ordenación al recurrente que fue practicada. El artículo 92.1 de la nueva Ley no puede ser más claro y rotundo, "dentro del término del emplazamiento, el recurrente habrá de personarse y formular ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el escrito de interposición del recurso", lo que revela que se está en presencia de una carga "ex lege", cuya justificación se encuentra en la asistencia técnica de los profesionales del Derecho -Abogado y Procurador- de que debe disponer -y disponía en este caso-, que justamente por ello no puede quedar enervada por la circunstancia de que el órgano jurisdiccional "a quo" no hiciera expresa mención a la interposición del recurso cuando dispuso el emplazamiento de las partes (por todos, AATS de 29 de septiembre de 2011 -recurso de casación número 5283/2010 - y 21 de marzo de 2013 -recurso de casación número 790/2012 -).
En su consecuencia, solo a la parte recurrente son imputables las consecuencias jurídicas derivadas del incumplimiento de la carga procesal de comparecer y formular en plazo el escrito de interposición del recurso, por lo que debe desestimarse el recurso de revisión interpuesto dado que, habiéndose limitado a personarse en las presentes actuaciones, dejando transcurrir el plazo legal para interponer el recurso de casación sin formalizarlo, inexorablemente tuvo que ser declarado desierto.
TERCERO .- Por último, no hay que olvidar que la interpretación favorable a la admisión de un recurso tiene el límite de que sea legalmente posible su utilización, ya que el derecho a la tutela judicial efectiva es garantía de todas las partes del proceso, no de una de ellas ( STC 109/1987, de 29 de junio ), por lo que la Sala no puede forzar la interpretación de las normas al extremo de desconocer los límites que al recurso mismo impone el legislador. Y, por otro lado, como ha dicho reiteradamente esta Sala, no se quebranta el derecho a la tutela judicial efectiva proclamado en el artículo 24 de la Constitución porque -en esta jurisdicción- un proceso quede resuelto definitivamente en única instancia.
Junto a lo anterior, ha de recordarse que, sobre el acceso a los recursos, existe una consolidada doctrina del Tribunal Constitucional que, reiterada en su Sentencia número 252/2004, de 20 de diciembre , puede resumirse en lo siguiente: "... como hemos sintetizado en la STC 71/2002, de 8 de abril , "mientras que el derecho a una respuesta judicial sobre las pretensiones esgrimidas goza de naturaleza constitucional, en tanto que deriva directamente del art. 24.1 CE , el derecho a la revisión de una determinada respuesta judicial tiene carácter legal. El sistema de recursos, en efecto, se incorpora a la tutela judicial en la configuración que le otorga cada una de las leyes reguladoras de los diversos órdenes jurisdiccionales, sin que, como hemos precisado en el fundamento jurídico 5 de la STC 37/1995 , 'ni siquiera exista un derecho constitucional a disponer de tales medios de impugnación, siendo imaginable, posible y real la eventualidad de que no existan, salvo en lo penal ( SSTC 140/1985 , 37/1988 y 106/1988 )'. En fin, 'no puede encontrarse en la Constitución -hemos dicho en el mismo lugar- ninguna norma o principio que imponga la necesidad de una doble instancia o de unos determinados recursos, siendo posible en abstracto su inexistencia o condicionar su admisibilidad al cumplimiento de ciertos requisitos. El establecimiento y regulación, en esta materia, pertenece al ámbito de libertad del legislador ( STC 3/1983 )' ( STC 37/1995 , FJ 5). Como consecuencia de lo anterior, 'el principio hermenéutico pro actione no opera con igual intensidad en la fase inicial del proceso, para acceder al sistema judicial, que en las sucesivas, conseguida que fue una primera respuesta judicial a la pretensión' que 'es la sustancia medular de la tutela y su contenido esencial, sin importar que sea única o múltiple, según regulen las normas procesales el sistema de recursos' ( SSTC 37/1995 , 58/1995 , 138/1995 y 149/1995 " .
CUARTO .- Respecto al pago de las costas, y de conformidad con lo previsto en el artículo 139.1, párrafo primero, de la LRJCA , la desestimación del presente recurso comporta la imposición de las mismas la parte recurrente, si bien la Sala, haciendo uso de la facultad que le otorga el apartado 3 del precepto citado, fija en 600 euros la cantidad máxima a reclamar por la parte recurrida, por todos los conceptos.
En su virtud,
desestimar el recurso de revisión interpuesto por la representación procesal de D. Alexis contra el Decreto de 8 de julio de 2014, que se confirma; con imposición a esta parte de las costas causadas en este incidente, señalándose como cantidad máxima a reclamar por todos los conceptos la cifra de 600 euros.
Lo mandó la Sala y firman los Magistrados Excmos. Sres. al inicio designados
