STS 880/2014, 30 de Diciembre de 2014

PonenteJUAN RAMON BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE
Número de Recurso10521/2014
ProcedimientoPENAL - PROCEDIMIENTO ABREVIADO/SUMARIO
Número de Resolución880/2014
Fecha de Resolución30 de Diciembre de 2014
EmisorTribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a treinta de Diciembre de dos mil catorce.

En el recurso de Casación por INFRACCIÓN DE LEY que ante Nos pende, interpuesto por Leovigildo contra auto dictado por el Juzgado de lo Penal numero 3 de Huelva, con fecha, con fecha 19 de julio de 2012 ; los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para votación y fallo bajo la Presidencia del primero de los citados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre, siendo también parte el Ministerio Fiscal, y dicho recurrente representado por el Procurador Sr. Lozano Moreno.

ANTECEDENTES

Primero

Con fecha 19 de julio de 2012, el Juzgado de lo Penal nº 3 de Huelva, dictó auto conteniendo los siguientes:

" HECHOS: PRIMERO.- En la causa 41/09 de la que dimana esta pieza separada, se dictó sentencia con fecha 29/01/2009 por la que se condenaba a Leovigildo como autor de un delito de ROBO CON FUERZA EN LAS COSAS, CON LA ATENUANTE DE DILACIONES INDEBIDAS, a la pena de DOS AÑOS de prisión, sentencia que fue declarada firme con fecha 29/01/2009 .

SEGUNDO.- El penado Leovigildo , fue condenado en total en las siguientes causas:

1 EJECUTORIA N° 99/07, de JUZGADO DE LO PENAL N° 1 DE HUELVA por un delito de ROBO CON FUERZA EN LAS COSAS, por hechos cometidos el 12/11/2006 , a la pena de 11 MESES DE PRISIÓN.

2o EJEC. 41/09, de JUZGADO DE LO PENAL N° 3 HUELVA por un delito de ROBO CON FUERZA EN LAS COSAS, por hechos cometidos el 01/05/2006 a la pena de 2AÑOS DE PRISION.

3o EJECUTORIA 50/08, de JUZGADO DE LO PENAL N° 3 HUELVA por un delito de ROBO CON FUERZA EN LAS COSAS CON LA AGRAVANTE DE REINCIDENCIA, por hechos cometidos el 31/10/2006, a la pena de 2 AÑOS DE PRISION.

4o EJECUTORIA 405/06 de JUZGADO DE LO PENAL N° 3 HUELVA por un delito de ROBO CON FUERZA EN LAS COSAS EN GRADO DE TENTATIVA, por hechos cometidos el 24/07/2006 a la pena de CUATRO MESES DE PRISION.

5o EJECUTORIA 225/08, de JUZGADO DE LO PENAL N° 1 HUELVA por un delito de ROBO CON FUERZA EN LAS COSAS, por hechos cometidos el 15/08/2006 a la pena de 2 AÑOS DE PRISION.

6o EJECUTORIA 149/09, de JUZGADO DE LO PENAL N° 1 DE HUELVA por un delito de ROBO CON FUERZA EN LAS COSAS, por hechos cometidos el 22/09/2006 a la pena de 2 AÑOS Y 1 DIA DE PRISION.

7º EJECUTORIA 469/07, de JUZGADO DE LO PENAL N° 1 DE HUELVA por un delito de ROBO CON FUERZA EN LAS COSAS, por hechos cometidos el 16/04/2006 a la pena de 2 AÑOS Y 2 MESES DE PRISION.

8o EJECUTORIA 312/08, de JUZGADO DE LO PENAL N° 2 DE HUELVA por un delito de ROBO CON FUERZA EN LAS COSAS, por hechos cometidos el 20 Y 21/09/2006 a la pena de 2 AÑOS Y 1 DIA DE PRISION.

9o EJECUTORIA 44/07, de JUZGADO DE LO PENAL N° 2 DE HUELVA por un delito de ROBO CON FUERZA EN GRADO DE TENTATIVA, por hechos cometidos el 28/09/2006 a la pena de 5 MESES DE PRISION.

10° EJECUTORIA 9/11 del JUZGADO DE LO PENAL N° 3 DE HUELVA por un delito de ROBO CON FUERZA por hechos cometidos el mes de Julio y Agosto de 2006 a la pena de 2 AÑOS Y 1 DIA DE PRISION.

11° EJECUTORIA 665/08 del JUZGADO DE LO PENAL N° 3 DE HUELVA por un delito de ROBO CON FUERZA por hechos cometidos en el 24/08/06 a la pena de 2 AÑOS DE PRISION.

TERCERO.- A solicitud del penado se inició el trámite previsto en el art. 76 del Código Penal y previas los trámites oportunos se dio traslado al Ministerio Fiscal quien informó en sentido favorable, habiéndose presentado por la representación del penado recurso de casación en legal forma, y resuelto por el alto tribunal resolución en la que acuerda haber lugar a dicho recurso y a la elaboración de un nuevo auto de acumulación.

Segundo .- El Juzgado de lo Penal nº 3 de Huelva, en el citado Auto, dictó la siguiente Parte Dispositiva:

" Se fija en prisión de 12 AÑOS, 6 MESES Y 3 DÍAS DE PRISIÓN, el máximo de cumplimiento por el penado Leovigildo de las penas impuestas que se relacionan en el hecho segundo de esta resolución (suma de los Bloques A y B) , declarando extinguidas las penas que correspondan a los Bloques A y B desde que las impuestas cubran el máximo a cumplir.

No procediendo la acumulación penológica del Bloque C, porque resulta más beneficioso para el interno la suma de las penas. Procédase a comunicar la presente resolución a los quienes al no proceder la acumulación jurídica deberán seguir conociendo de la ejecución de sus respectivas sentencias.

Remítase testimonio de este auto al centro penitenciario en que se halle ingresado el penado, así como al correspondiente Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y a los demás juzgados y tribunales sentenciadores para constancia en las respectivas ejecutorias."

Tercero .- Notificada la resolución a las partes, se preparó recurso de casación por infracción de Ley, por Leovigildo , que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.

Cuarto .- El recurso interpuesto por el recurrente lo basó en el siguiente MOTIVO DE CASACIÓN: ÚNICO MOTIVO: El motivo comparte las acumulaciones realizadas en los bloques A) y B) pero no la exclusión del bloque C) indicando que dichas ejecutorias están comprendidas en la n° 41/09 y en el bloque A) y existe la conexión necesaria para incorporarse en cualquiera de los otros dos bloques, en los cuales se ha aplicado el artículo 76 CP .

Quinto .- Instruidas las partes del recurso interpuesto el Ministerio Fiscal no estimó necesaria la celebración de vista oral para su resolución y apoya el único motivo del recurso por las razones expuestas en su informe; quedando conclusos los autos para señalamiento de fallo cuando por turno correspondiera.

Sexto .- Hecho el señalamiento para fallo, se celebró la votación prevenida el día diecisiete de diciembre de dos mil catorce.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

El recurso interpuesto contra el auto de 19.7.2012 dictado por el Juzgado de lo Penal nº 3 de Huelva en pieza de acumulación 3.01/2009 de la Ejecutoria 41/09 denuncia infracción de Ley, art. 849.1 LECrim . por vulneración del art. 76 CP .

El motivo comparte las acumulaciones realizadas en los bloques A y B pero no la exclusión del bloque C) indicando que dichas ejecutorias están comprendidas en la nº 41/09 y en el bloque A, y porque por su propia naturaleza, existe la conexión necesaria para incorporarse en cualquiera de los otros dos bloques, en los cuales ya se ha aplicado el art. 76 CP .

Previamente al análisis del recurso es necesario recordar la doctrina de esta Sala -sentencias 650/2014 de 16.10 , 567/2014 de 9.7 , 497/2014 de 24.6 , 571/2013 de 1.7 , entre las más recientes, en orden a que la acumulación de condenas conforme a lo dispuesto en el artículo 988 de la LECrim tiende a hacer efectivas las previsiones del Código Penal en lo referente a los tiempos máximos de cumplimiento efectivo en los supuestos de condenas diferentes por varios delitos, según los límites que vienen establecidos en el artículo 76 del Código Penal , que consisten, de un lado, en el triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido y, de otro lado, en veinte, veinticinco, treinta o cuarenta años, según los casos.

Tales previsiones se orientan a reconocer la necesidad de evitar con carácter general que una excesiva prolongación de la privación de libertad pueda producir el efecto de desocializar al penado y profundizar su marginación, es decir, justamente lo contrario de lo que señala el artículo 25.2 de la Constitución como fines a los que deben estar orientadas las penas privativas de libertad, ( STS nº 1996/2002, de 25 de noviembre ). Sin embargo, la resocialización del delincuente, aunque no es una finalidad prescindible en la orientación que debe seguir la ejecución, no es el único fin de la pena privativa de libertad, por lo que tal objetivo no debe hacerse incompatible con otros fines de la pena tradicionalmente reconocidos, como la retribución o especialmente, y en mayor medida, los efectos que de ella se pretenden en orden a la prevención general y especial.

Por ello, la interpretación de los citados preceptos debe hacerse compatible con todos aquellos fines, permitiendo la máxima eficacia en materia de reinserción del penado en la sociedad y evitando que pudiera generarse una situación de impunidad respecto de posibles delitos futuros en aquellos casos en los que las penas impuestas en las primeras sentencias superasen los límites máximos establecidos en la Ley. Por otra parte, los distintos grados previstos en el régimen de cumplimiento de las penas privativas de libertad, junto con los mecanismos regulados dentro del ámbito del tratamiento penitenciario, pueden permitir, a través de su correcta aplicación, el avance posible en cada caso en la reinserción del delincuente, lo cual no debe ser incompatible con el respeto a aquellos diversos fines asignados a la pena, aun cuando la duración total de la privación de libertad se prolongue más allá de los límites generales del artículo 76 ante la imposibilidad de proceder a la acumulación con las demás penas impuestas a la misma persona por hechos cometidos en distintos periodos temporales.

El Estado de Derecho no puede permitir que se sitúe en una posición de impunidad para eventuales delitos futuros aquél que, al haber sido condenado a penas graves en virtud de hechos gravemente atentatorios a bienes penalmente protegidos, haya superado los límites señalados en dicho artículo 76. En esos casos la respuesta de la sociedad mediante la imposición y cumplimiento de la pena no es incompatible con los fines de resocialización previstos en el artículo 25 de la Constitución , aplicando las previsiones de la legislación penitenciaria relativas a la ejecución de las penas privativas de libertad, cuando sean procedentes en atención a las particularidades del caso concreto.

Es cierto que esta Sala (SS. 24/2009 de 29.1 , 91/2008 de 18.2 ), ha propiciado una interpretación flexible del instituto de refundición y acumulación de penas reguladas en los arts. 76 CP . y 988 LECrim . Así con arreglo a la clasificación de penas que realiza el art. 32 CP . no cabe el cumplimiento simultáneo de las penas privativas de libertad. Por ello cuando una pluralidad de acciones ocasiona una pluralidad de delitos, se produce lo que doctrina y jurisprudencia denominan concurso real de delitos en el que el Derecho antiguo seguía normalmente, un sistema de acumulación material para el cumplimiento de todas las penas correspondientes a los delitos o faltas cometidos, que en el Derecho moderno suele rechazarse al menos en su forma pura, proponiéndose, si no un sistema de absorción, en que las penas menores son absorbidas por la más grave, si un sistema de exasperación o incremento de la pena más grave o bien el de acumulación jurídica, que partiendo de la acumulación material, establece un tope.

En el Código se sigue un sistema mixto: acumulación material en los arts. 73, 75 y acumulación jurídica, del art. 76, en cuanto, partiendo de la acumulación material establece un doble tope: triplo de las más grave, sin exceder de 20 años, aunque este último limite admite determinadas ampliaciones expresadas bajo las letras a), b), c) y d), las dos ultimas introducidas por LO 7/2003 .

La limitación del n° 2 ("la limitación se aplicará aunque las penas se hayan impuesto en distintos procesos, si los hechos, por su conexión o el momento de su comisión pudieran haberse enjuiciado en uno solo") fue adicionada al art. 70 del CP . derogado por LO. 2/67 de 8.4, que modificó el art. 988 LECrim . al que añadió un tercer párrafo, creando un nuevo recurso de casación, en relación con la aplicación de esta limitación que se efectuará mediante auto por el Juez o Tribunal que hubiera dictado la última sentencia y no por el de Vigilancia Penitenciaria ( autos TS. 7.4 y 14.10.89 y 5.3.90 ).

Por ello, como hemos dicho en la STS. 91/2008 de 18.2 , es cierto que la doctrina de esta Sala (SS. 1249/97 de 17.10 ; 11/98 de 16.11 ; 109/98 de 3.2 ; 216/98 de 20.2 ; 328/98 de 10.3 ; 1159/2000 de 30.6 ; 649/2004 de 12.5 , entre otras) ha adoptado un criterio favorable al reo en la interpretación del requisito de conexidad que exigen los arts. 988 LECrim . y 76 CP . para la acumulación jurídica de penas al estimar que, más que la analogía o relación entre si, lo relevante es la conexidad "temporal", es decir que los hechos pudiesen haberse enjuiciado en un solo proceso, atendiendo al momento de su comisión ( SSTS. 548/2000 de 30.3 , 722/2000 de 25/4 , 1265/2000 de 6.7 , 860/2004 de 30.6 , 931/2005 de 14.7 , 1005/2005 de 21.7 , 1010/2005 de 12.9 , 1167/2005 de 19.10 ) a cuya doctrina se ha ajustado la LO. 7/2003 de 30.6 , al ampliar la posibilidad al momento de su comisión en el apartado 2 art. 76 CP .

Teniendo en cuenta que el art. 988 LECrim . dispone que la acumulación se realizará por el Juez o Tribunal que hubiese dictado la última sentencia, ello implica que son acumulables todas las condenas por delitos que no estuviesen ya sentenciados en el momento de la comisión del hecho que ha dado lugar a esta última resolución, con independencia de que tuviesen analogía o relación entre si, pues todos ellos podrían haber sido enjuiciados en un solo proceso.

Conforme a nuestra doctrina, en principio, deben únicamente excluirse:

1º) Los hechos que ya estuviesen sentenciados cuando se inicia el periodo de acumulación contemplado, es decir cuando se comete el delito enjuiciado en la sentencia que determina la acumulación; y 2º) Los hechos posteriores a la sentencia que determina la acumulación, cuando ésta no sea la última. Y ello porque ni unos ni otros podrían haber sido enjuiciados en el mismo proceso.

Es decir, aún cuando nuestra doctrina acoge este criterio favorable al reo en lo que se refiere a la práctica superación del requisito de la analogía o relación entre los delitos, criterio que se inspira en el principio constitucional de humanización de las penas, ello no quiere decir, como a veces se entiende equivocadamente en determinados recursos, que la acumulación jurídica de penas carezca de límite temporal alguno o que la invocación genérica de dicho principio constitucional permita superar también los límites temporales anteriormente señalados. Y ello no es así pues constituye un requisito legal ineludible, fundado en poderosas razones de tutela de los bienes jurídicos protegidos por el Derecho Penal, el requisito temporal que es el que determina la imposibilidad de acumular penas impuestas por delitos que ya estuviesen sentenciados cuando se cometió el delito que dio lugar a la sentencia que delimita la acumulación, pues es claro que dichos delitos en ningún caso hubiesen podido ser juzgados conjuntamente.

Como señalan, entre otras, las sentencias números 328/98, de 10 de marzo , 1586/98, de 21 de diciembre y 754/2000, de 8 de mayo , lo que pretendía el art. 70.2 "in fine" (y hoy reitera el art. 76.2 del Código Penal de 1995 ) es que a todos los supuestos de concurso real de delitos se les dé el mismo tratamiento, con independencia de que los hechos se hayan enjuiciado o no en un mismo proceso, siempre que el enjuiciamiento conjunto hubiese sido posible, pero no constituir a los ya sentenciados en poseedores de un patrimonio punitivo que les provea de inmunidad o de una relevante reducción de penalidad, para los delitos futuros, es decir los que puedan cometer después del cumplimiento de su condena, o durante la misma tanto en caso de quebrantamiento como de delitos ejecutados durante los permisos o en el interior de la prisión, esto es para aquellos delitos que sin ser susceptibles de acumulación, rebasarán el limite del art. 76, lo que sería injusto y atentaría a los principios que rigen el proceso penal ( STS. 798/2000 de 9.5 ), insistiéndose en que tales limites no pueden operar como garantía de impunidad para el futuro, cuando se hayan agotado los limites máximos establecidos por la Ley para las penas privativas de libertad ( STS. 135/99 de 8.2 ).

En este sentido la STS. 668/2007 de 12.7 recuerda "La jurisprudencia de esta Sala ha creado un cuerpo de doctrina en la que se ha señalado que la aparente antinomia que en el examen de la conexidad se produce entre los art. 988 de la Ley procesal y art. 76 del Código penal se resuelve en favor de la aplicación de la norma penal por razones tanto formales como materiales, ( SSTS 1249/97, a 17 de Octubre , 11/98 de 16 de enero ). Lo relevante es, más que la analogía o relación entre sí, la conexidad temporal, es decir que los hechos hubieran podido ser enjuiciados en un único proceso atendiendo al momento de la comisión.

Teniendo en cuenta que, en aplicación del art. 988 de la Ley procesal corresponde la resolución de la acumulación al último tribunal o Juez que haya sentenciado los hechos, son acumulables todas las condenas por delitos que no estuviesen ya sentenciados en el momento de la comisión del hecho que ha dado lugar a la última resolución y ello con independencia de que entre ellos existiera analogía o relación entre si.

Se excluyen de la acumulación los hechos ya sentenciados cuando se inicia el periodo de acumulación y los posteriores a la última sentencia que determina la acumulación. En este sentido, es intrascendente las fechas en que se juzguen los distintos hechos pues la procedencia de la acumulación, y sus efectos en la limitación de penas, no pueden quedar pendientes de la mayor o menor celeridad en la tramitación de los procesos penales o de sus impugnaciones ( STS 1295/94, de 24 de junio ).

Por lo tanto lo relevante, según la STS. 317/2007 de 4.4 , más que la analogía o relación de los delitos entre sí, es la conexión temporal, es decir, que los hechos pudiesen haberse enjuiciado en un solo proceso, atendiendo al momento de su comisión, tal como se recoge expresamente en el artículo 76 del Código Penal , tras la reforma operada en el mismo por la LO. 7/2003. En definitiva, los limites máximos de cumplimiento señalados en el art. 76 CP ., son aplicables cuando, los hechos pudieran haberse enjuiciado en un solo proceso, pero no suponen que los delitos cometidos con posterioridad a la fecha de la última sentencia condenatoria o al establecimiento de tales límites máximos hayan de resultar impunes por la imposibilidad de cumplimiento de las penas que, en su caso, se impusieran ( STS nº 729/2003, de 16 de mayo ).

Asimismo la jurisprudencia reciente de esta Sala -por todas STS. 696/2013 de 10.7 , recuerda , a efectos competenciales, lo decidido en Sala General de fecha 27/03/1998, en la que se acordó que el Juez o Tribunal que haya dictado la última sentencia deberá, también, acordar lo que proceda respecto de la acumulación entre sí de las penas correspondientes a las restantes causas que, atendiendo a las fechas de las sentencias y de la realización de los hechos, no considere acumulables a las emanadas de la causa propia en la que dictó sentencia, conceptuada como la última del listado atribuible al reo ( SSTS núm. 569/2009 ó 944/2006 ).

También las SSTS 18.4.2013 , 537/2012 de 28.6 , 98/2912 de 24.2, y 840/2009 de 16.7 , 572/2009 de 22.5, razonan que en orden al incorrecto entendimiento de que la sentencia detalla por el órgano competente para realizar la acumulación, es igualmente, la que determina la acumulación. Y no es así, una cosa es el criterio competencial para efectuar la acumulación que lo resuelve el art. 988 LECrim , y otro, muy distinto, es la sentencia que determina la acumulación, que es la de fecha más antigua de todas las que se pretenden acumular, con independencia del órgano que le hubiera dictado. Por si se equivoca el Juez de lo Penal al tomar como referencia determinante de la acumulación la sentencia por él dictada, ya que el hecho de que el art. 988 LECrim , adjudique la competencia para la fijación del limite del cumplimiento al Juez o Tribunal que hubiera dictada la última sentencia, encierra tan solo un criterio de atribución competencial, pero no impone que ésta última resolución en atención a su fecha, era la que inspire la procedencia o improcedencia de la acumulación interesada.

En definitiva, admitiéndose en la jurisprudencia la formación de grupos de ejecutorias, es factible partir de la sentencia de fecha más antigua y tomar luego las relativas a hechos de fecha anterior a aquella para fijar así las que serian acumulables. Y cerrarlo en grupo con este criterio, acudir de nuevo al cuadro general para analizar cuál de las ejecutorias que restan excluidas las anteriores, sigue en antigüedad por la fecha de su sentencia habría de valorar cal o cuales de ellas habrían sido, por las fechas de los hechos, acumulables a aquella. De existir alguna que reúna estos requisitos, se procederá como en el caso anterior. Por el contrario, de no ser acumulable a ella ninguna otra, tal ejecutoria se cumplirá sin más, pasando a la segunda y así sucesivamente.

SEGUNDO

Consecuente con ello, en SSTS. 650/2014 de 16.10 , 497/2014 de 24.6 , 13/2012 de 19.1 , 1069/2011 de 21.10 , 695/2007 de 19.7 , recuerdan que son elementos que deben constar en el auto para poder realizar una correcta acumulación de penas: la fecha de las sentencias de los delitos por los que se condena, fecha de la comisión de los mismos, y las penas impuestas, como datos elementales para establecer la relación de conexidad temporal entre los distintos delitos y poder delimitar el limite máximo de cumplimiento y qué sentencia o sentencias son las que determinan por su fecha más antigua la acumulación.

Efectuadas estas premisas previas se observan en el expediente una serie de errores o falta de datos que llevan a una total inseguridad en orden a las bases sobre las que se dicta el auto recurrido.

Así no se ha remitido el propio expediente de acumulación, sino solo el testimonio de la ejecutoria 41/09, sentencia más moderna que determina la competencia para la realización de la acumulación, por lo que no consta el testimonio de las sentencias cuya refundición se pretende y bien en el auto recurrido si constan las fechas de cada hecho, no se especifica que sentencia es la que determina la acumulación, un examen de la hoja histórico penal podría apuntar a que se trata de las ejecutorias 405/2006 Juzgado de lo Pena 3 de Huelva y ejecutoria 44/2007 Juzgado de lo Penal 2 Huelva, pero en dicha hoja no consta referencia ni dato alguno a las ejecutorias 9/2011 incluida en el bloque A y 665/2008 incluida en el bloque B, y por último en el auto no se especifican los motivos por los que las ejecutorias 99/07 y 50/2008, que se refieren a hechos de 11.11.2006 y 31.10.2006 respectivamente, se excluyen de aquellas acumulaciones.

Siendo así procede declarar la nulidad del auto de 19.7.2012, devolviendo las actuaciones al Juzgado de lo Penal nº 3 de Huelva , para que proceda a efectuar una nueva acumulación, subsanando las omisiones referidas.

FALLO

Que debemos declarar y declaramos la nulidad del auto dictado por el Juez del Juzgado de lo Penal nº 3 de Huelva, en la pieza separada, ejecutoria 41/2009, para que proceda a efectuar una nueva acumulación de las condenas del penado Leovigildo , conforme lo solicitado en el fundamento jurídico segundo de la presente resolución, con declaración de oficio costas del recurso.

Comuníquese esta resolución al Tribunal Sentenciador a los efectos legales procedentes, con devolución de la causa que en su día remitió, interesando acuse de recibo.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos D. Manuel Marchena Gomez D. Jose Ramon Soriano Soriano D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre D. Luciano Varela Castro D. Carlos Granados Perez

PUBLICACION .- Leida y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre , estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.

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