Con los notarios y los registradores, tenemos un sistema de seguridad jurídica preventiva difícilmente mejorable
| Autor | José Manuel Sieira Míguez |
| Cargo | Presidente de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo |
| Páginas | 21-28 |
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José Manuel Sieira Míguez (La Coruña, 1947) ingresó en la carrera judicial en 1972. Tras seis años de ejercicio como Juez, tuvo varios cargos en sucesivos gobiernos: primero, en el Ministerio de Trabajo; luego, como Gobernador Civil de Granada (1980-1982), y, a continuación, en el Ministerio de Justicia. En 1984 pasó a formar parte del Cuerpo de Abogados del Estado. En 1994 fue nombrado Magistrado del Tribunal Supremo, en donde presidió la Sección Sexta.
Desde junio de 2010, preside la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Alto Tribunal, la que cuenta con mayor número de magistrados y personal auxiliar a su servicio.
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P: Es miembro del Tribunal Supremo desde 1994 y preside la Sala Tercera desde junio de 2010. ¿Qué balance hace de estos casi cuatro años como Presidente de la Sala?
R: La experiencia de estos últimos años es francamente muy buena. Cuando tomé posesión, en junio de 2010, la Sala había iniciado un plan de actualización, pero la situación no era excesivamente boyante. Teníamos alrededor de diez mil asuntos pendientes de sentencia, sin contar los que estaban pendientes de admisión. Hoy la cifra es de alrededor de cuatro mil, que es lo que aproximadamente el Tribunal puede resolver en un año. Somos unos treinta magistrados, seis de ellos eméritos, y, calculando una cifra de cien sentencias al año por Magistrado, son trescientas sesenta sentencias al año. Esto quiere decir que nos permite resolver cualquier asunto que entre en la Sala en un plazo de un año o un año y un mes. Yo creo que eso es estar al día. La situación se nos puede complicar, porque en los dos últimos meses hemos notado un incremento del número de recursos, no sé si a consecuencia de la evolución de la situación económica. Las cifras todavía no son indicativas, pero, si se mantiene la tendencia, al final tendríamos una cifra de alrededor de setecientos asuntos ingresados más, lo que haría necesario tener un poco más de apoyo del que tenemos ahora en el gabinete.
P: ¿Cuáles son los principales objetivos cumplidos y cuáles los retos actuales?
R: El principal objetivo cumplido es la actualización de la Sala, y ahora el reto es mantener la situación.
P: ¿La creación del gabinete técnico es lo que ha hecho posible la puesta al día?
R: Con el anterior Gobierno, se creó un gabinete muy potente para lograr la actualización de la Sala, en el que había veinticinco magistrados y cuarenta y cinco letrados. Eso nos permitió establecer un sistema de trabajo distinto y que los magistrados pudieran sacar un número de sentencias mayor. Se constituyeron grupos de trabajo de un Magistrado con dos letrados, que estudiaban los asuntos, los preparaban y le daban cuenta al Magistrado, lo que permitía agilizar el sistema de trabajo. Ese gabinete se redujo, en junio de 2013, a una cifra hoy muy escasa, de cinco magistrados y dieciocho letrados, muy justos y casi insuficientes. Yo le he pedido al nuevo Presidente un pequeño incremento de hasta nueve magistrados y veintisiete letrados, que es la cifra que nosotros calculamos necesaria para mantener la Sala en la situación actual. Pero, en definitiva, el resultado hasta ahora es positivo. No hay por qué ser pesimistas y creo que podremos mantener esta situación en el futuro.
P: ¿El plan de actualización tendrá continuidad?
R: El plan tiene continuidad con un gabinete, como decía, mucho más reducido y que necesitaría de un pequeño incremento. Pero, además, el sistema de trabajo también hay que modernizarlo. Cuando yo llegué al Tribunal, era un sistema muy tradicional, del siglo pasado: los magistrados cogían sus asuntos, se los llevaban a casa, los estudiaban, venían el día de deliberación, se daba cuenta, el Magistrado redactaba la sentencia de puño y letra... Hay que actualizar el sistema de trabajo con equipos que ayuden al Magistrado a trabajar, preparando documentación, antecedentes, bibliografía, que sepan establecer cuál es el tema objeto de debate en el recurso de casación, etcétera. Todo ello para que el Magistrado, con esos datos, pueda señalar a los letrados las directrices, por dónde hay que ir profundizando, y elaborar así un proyecto de sentencia que luego el Magistrado revisará. Y con dicho proyecto elaborado, se da cuenta en la Sala, se discute, se aprueba o no, se hacen modificaciones... Todo ello ha de permitir agilizar el trabajo de los magistrados. Y eso solo se consigue con un gabinete de apoyo, que es como trabajan hoy día los grandes despachos jurídicos y los grandes tribunales.
P: ¿Cómo se debe reforzar el gabinete, como pide, en el actual contexto de crisis en que todo son ajustes y recortes?
R: Cuando yo hablé con el Ministro Caamaño de la necesidad de crear un gabinete que permitiera cambiar el sistema de trabajo y poner al día la Sala, utilicé un argumento que al Ministro le convenció en su día y que creo que es absolutamente cierto: el permitir que el Tribunal Supremo y la Justicia en general funcionen con esa rapidez y con esa inmediatez de que hablábamos antes, para dar respuesta a los problemas del ciudadano de una manera relativamente rápida, no es algo costoso para el Gobierno, sino absolutamente rentable. Es rentable y los hechos lo han demostrado. Cuando nosotros pusimos al día la Sala, la rentabilidad económica se pudo ver desde varias perspectivas: una, directamente desde el ingreso en el Tesoro. Hasta entonces, estábamos resolviendo recursos en temas fiscales con cuatro o cinco años de retraso, y hoy estamos resolviendo recursos del año 2012. Eso supuso unos ingresos en el Tesoro cercanos a los 400 o 500 millones de euros en muy poquito tiempo. No querría que se me interpretara mal, es decir, ni el Tribunal Supremo ni ningún tribunal de lo contencioso debe funcionar, en temas fiscales, como un órgano recaudador. Pero lo que sí es cierto es que la pronta resolución de los temas en materia fiscal supone, por una parte, unos ingresos para el Tesoro y, por otra, liberar una cantidad importante de caudales para el ciudadano particular y para las empresas. La empresa que tiene pendiente un litigio con el Estado en materia fiscal tiene unas cantidades bloqueadas o semibloqueadas de las que no puede disponer. Si se resuelven sus recursos en materia fiscal de manera rápida, uno gana y otro pierde, pero ello libera una cantidad de recursos tanto en el sector privado como en el público. Y eso hace que la financiación de los tribunales, la dotación de medios para que puedan resolver con rapidez, al final sea rentable para toda la sociedad.
El principal objetivo cumplido es la actualización de la Sala Tercera. El reto es mantenerla
Por otra parte, la rentabilidad se mide también en términos de seguridad jurídica. Hoy estamos hablando de la necesidad de acudir al arbitraje privado, por ejemplo. Si eso se consigue desde la Administración, la inversión que hay que realizar es muy pequeña en relación con los beneficios que se obtienen. Si haces las cuentas de más o menos el coste mensual de veinticinco magistrados y cuarenta y cinco letrados, a una media de 3.000 o 4.000 euros por Ma-
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gistrado y 3.000 euros por Letrado, a final de año estaremos hablando de cantidades mínimas en relación con la rentabilidad obtenida. Por eso, como ya he dicho alguna vez, el gasto en Justicia no es un gasto, sino una inversión, y estoy firmemente convencido de que es así.
P: ¿Una Justicia lenta no es Justicia?
R: Es verdad que si la Justicia es lenta, no es Justicia. Lo que pasa es que no se puede pedir una Justicia con garantías que sea excesivamente rápida. Si uno quiere las garantías necesarias, la posibilidad de que exista recurso durante la tramitación, la Justicia no puede ser muy rápida, porque los plazos mínimos de tramitación que señala la ley son de cinco o seis meses, y eso no se puede acortar. La Justicia tiene que ser rápida, pero tiene que tener garantías. Por otra parte, hay que distinguir que, cuando hablamos de Justicia rápida, estamos hablando de la juridicidad, y una cosa es la instancia y otra, la casación. Hay que entender que un tribunal de casación es un tribunal muy especial. Es un tribunal donde lo que se revisa es la correcta aplicación del ordenamiento jurídico; no tanto el caso concreto, sino la correcta interpretación de...
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