STS 551/2014, 10 de Junio de 2014

Articula el recurrente seis motivos de casación. Los reordenaremos atendiendo a la pauta sugerida por el Ministerio Fiscal. Legalmente se impone comenzar por el análisis de los que denuncian quebrantamiento de forma; y de aquellos otros que, amparados en un precepto constitucional ( art. 852 LECrim ), abocarían a una nulidad. En otro orden de cosas, es norma metódica elemental examinar con prioridad aquellos cuyo éxito haría retrotraer el procedimiento a un momento anterior: los motivos que pueden acarrear la nulidad del juicio se decidirán antes que aquellos que imponen solamente la nulidad de la sentencia. Sólo entonces deben analizarse los motivos de fondo ( art. 901 bis a) y bis b) LECrim ) entre los que ha de darse preferencia (como regla general) a los que, amparados en el art. 852, cuestionan la suficiencia o legalidad de la base probatoria (presunción de inocencia, denuncia de violaciones de derechos fundamentales que inutilizan algunas pruebas) para dar paso luego a los que discurren por el cauce del art. 849.

No es ésta una secuencia rígida: la lógica y el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas pueden aconsejar, e incluso imponer, algunas alteraciones en esa sistemática. No tendría lógica acoger un motivo por denegación de prueba, cuando se ha articulado otro motivo estimable que conduce a afirmar la atipicidad de los hechos en apreciación en la que no puede tener ninguna influencia la prueba denegada; o que la prescripción ha extinguido la responsabilidad criminal. El esquema trazado no es un corsé inalterable, ni siquiera en ese puntos concretos que parece imponer la disciplina legal ( art. 901 bis a) LECrim ).

Esta hoja de ruta nos lleva en primer lugar al motivo cuarto a través del cual el recurrente se queja por denegaciones de prueba . Busca amparo en el art. 850.1º de la Ley Procesal Penal .

La Audiencia en su auto de 19 de junio de 2013 (folios 16 a 21 del rollo de Sala) rechazó determinadas pruebas por innecesarias y en algún caso por imposibilidad o la excesiva generalidad con que se proponía.

La defensa no reiteró la solicitud al inicio del juicio oral tal y como prescribe el párrafo segundo del art. 785.1 LECrim . Aunque en su escrito de recurso se dice que se insistió en esa prueba y se formuló protesta ni en el acta escrita levantada ni en la grabación del juicio oral aparece la menor referencia a esa supuesta reproducción de la proposición de pruebas denegadas pese a la extensión del incidente de cuestiones previas y los muy diversos temas que se abordaron. Claudicó, por tanto, la posibilidad de quejarse por tal denegación en el momento de interponer recurso contra la sentencia. La ausencia de esa reiteración y protesta, que son algo más que un requisito formal; hace decaer la capacidad de blandir esa queja en vía de recurso.

Razones de fondo llevan también a la desestimación, aunque bastaría con lo dicho para rechazar el motivo.

Se trataba de un largo listado de medios de prueba. Se pueden sintetizar así:

1. Expedientes académicos e información escolar, con detalle de las ausencias, en el periodo que va desde 2006 a 2009, de Cristina .

2. Su historial médico completo desde 2007 hasta la actualidad, así como certificados sobre tratamientos médicos en los ámbitos psicológico, ginecológico y endocrino.

3. Información sobre uso de líneas telefónicas con listado de llamadas entrantes y salientes desde 2007 a la actualidad.

4. Documentación sobre la rueda de prensa ofrecida por la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional e informes sobre tal acto (autorización previa, intervinientes...); así como información para aclarar las fuentes de una noticia sobre los hechos aparecida en la publicación "20 Minutos".

5. Transcripción de todos los sms obrantes en los terminales ocupados al recurrente, así como puesta a disposición de las partes de todo el material intervenido.

6. Pericial psicológica sobre credibilidad de las dos víctimas

   Si no están cumplidos los requisitos formales o externos (reiteración al inicio del juicio, protesta), como se ha visto, tampoco los intrínsecos o materiales: las pruebas eran innecesarias, si no inútiles.

   Para que pueda prosperar un motivo por denegación de prueba hay que valorar no solo su pertinencia sino también y singularmente su necesidad. La necesidad es un requisito inmanente del motivo de casación previsto en el art. 850.1 LECrim . Si la prueba rechazada carece bien de utilidad bien de necesidad a la vista del desarrollo del juicio oral y de la resolución recaída, el motivo no podrá prosperar.

   La STC 142/2012, de 2 de julio , desde la perspectiva del amparo constitucional por vulneración del art. 24.2 de la CE expresa en esta dirección: "...este Tribunal ha reiterado que la vulneración del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa exige, en primer lugar, que el recurrente haya instado a los órganos judiciales la práctica de una actividad probatoria, respetando las previsiones legales al respecto. En segundo lugar, que los órganos judiciales hayan rechazado su práctica sin motivación, con una motivación incongruente, arbitraria o irrazonable, de una manera tardía o que habiendo admitido la prueba, finalmente no hubiera podido practicarse por causas imputables al propio órgano judicial. En tercer lugar, que la actividad probatoria que no fue admitida o practicada hubiera podido tener una influencia decisiva en la resolución del pleito, generando indefensión al actor . Y, por último, que el recurrente en la demanda de amparo alegue y fundamente los anteriores extremos (por todas, STC 14/2001, de 28 de febrero , FJ 2)."

   Las pruebas solicitadas eran manifiestamente innecesarias conforme expuso la Sala de instancia. El resultado de esas pruebas no tenía capacidad para incidir en la valoración de los hechos enjuiciados. Más allá de ello, algunas de las pruebas eran patentemente inútiles:

1. Los expedientes académicos y médicos de Cristina para nada afectan a unos hechos que en su esencialidad vienen a ser aceptados por el recurrente. Supondrían una invasión no justificada en su intimidad ahondando innecesariamente en su victimización. Los hechos son compatibles con expedientes académicos brillantes o pobres en resultados. El recurrente debería mostrar el nexo entre los resultados de esa prueba y la valoración del testimonio en lo que afecta a los hechos imputados. Más aún, como ha expresado en su escrito de impugnación la acusación, los datos médicos relevantes, y algunas referencias a su marcha en los estudios aparecen en la causa.

2. Nadie ha dudado de los innumerables mensajes remitidos por las víctimas a través de telefonía móvil al recurrente. Carece de interés una prueba tendente a acreditar lo que no solo ya está acreditado sino que además nadie discute. No es hecho controvertido.

3. Son aspectos colaterales que para nada inciden en los hechos los referidos a la publicidad que se diese a las investigaciones policiales. No se trata ahora de valorar esas actuaciones sino de enjuiciar los hechos atribuidos al recurrente, enjuiciamiento en el que nada influyen esas cuestiones accesorias o concomitantes. Existiese o no autorización, fuese cual fuese la fuente de la noticia publicada en "20 minutos", la prueba de comisión de los hechos no se tambalea lo más mínimo.

4. Las pruebas sobre credibilidad del testimonio de unas menores puede ser pertinente, pero resulta innecesaria e incluso perturbadora si ya no se trata de menores, o si por el cúmulo de material probatorio analizado el Tribunal, que es quien debe valorar esa credibilidad, no necesita ese auxilio complementario pericial. El hecho de que en el momento de prestar declaración las víctimas fuesen ya mayores de edad, hace muy discutible incluso la procedencia de ese tipo de pruebas.

   En definitiva esta Sala asume y hace suyo el criterio consignado de forma exquisitamente motivada en el fundamento de derecho segundo del indicado Auto (folios 16 y ss. del rollo de Sala) con el que se aquietó la defensa al haber dejado transcurrir el momento específico para combatirlo (inicio del juicio) sin realizar alegación alguna al respecto.

   El motivo es improsperable.

El art. 852 LECrim abre al recurrente la puerta al debate sobre la suficiencia de la prueba de la mano de la invocación de la presunción de inocencia: motivo primero.

Se dice que la condena se basa en un "impropio" informe pericial, el obrante a los folios 456 a 494, que no sería tal, como se deduciría de su contenido y de alguna de sus menciones. El agente que lo suscribe no tendría la condición de perito.

Suscita el recurrente un estéril debate nominalista. Ese informe es lo que indica que es: un examen del contenido del material intervenido al recurrente y extraído de soportes digitales e informáticos. Llamarle "pericial" no modifica su naturaleza, ni la Sala en la sentencia le ha atribuido un valor diferente al que puede deducirse del mismo. Es irrevelante la etiqueta que se asigne a ese informe que discrimina perfectamente entre datos objetivos -lo que se encuentra y dónde y cómo estaba grabado-; y lo que son opiniones o especulaciones más o menos fundadas de quien lo emite. Se hace constar lo que aparece en los soportes digitales, consignándose como meras valoraciones lo que son datos dudosos o meras hipótesis. La Audiencia no ha dado por acreditadas sin más esas hipótesis o conjeturas que por otra parte son perfectamente prescindibles para los hechos que aquí eran objeto de enjuiciamiento. Cuando por otras pruebas o en virtud de sus propias deducciones ha alcanzado esa conclusión lo refleja así, pero no ha asumido acríticamente esas valoraciones que, siendo pertinentes, exceden de los elementos objetivos reflejados en el informe.

La condena se basa en un bagaje probatorio amplísimo, en el que no ocupa un papel secundario la propia aceptación de gran parte de los hechos por el recurrente (los hechos más externos u objetivos) aunque trate de eludir su responsabilidad intentando cuestionar la existencia de prevalimiento o de engaño.

Testificales, copiosísima documental (entre la que se cuenta la reseñada en ese informe), aceptación por el recurrente en lo esencial de las relaciones con las menores (salvo el acceso carnal con Lidia )...

constituyen un cuadro probatorio sobrado para dotar de base a la convicción de culpabilidad que con exhuberancia de motivación fáctica ha proclamado la sentencia de instancia.

Prevalimiento y engaño que son los extremos que en último término discute el recurrente están avalados por la testifical de las víctimas que, además, es perfectamente congruente con el resto del material probatorio (vid. solo a título ilustrativo folios 12 a 15 que recogen unos diálogos muy expresivos que se consignan en la sentencia -págs 39 y 40-y que la acusación particular destaca en su impugnación del motivo). No consiente la presunción de inocencia adentrarse en casación en tareas como la de graduar la credibilidad de las declaraciones que, además, en gran medida están refrendadas no solo por datos objetivos claros (material ocupado, documental) sino por la propia aceptación de los hechos por parte del recurrente (forma de contactar, acercamiento, conocimiento de la minoría de edad, relaciones sexuales...).

El cuestionamiento de la presencia de engaño serviría solo para desvirtuar la condena por los hechos padecidos por Lidia . En relación a Cristina es otra la modalidad de abuso sexual que determina la condena (prevalimiento) y que no es cuestionada explícitamente en este motivo por el recurrente.

En cuanto a Lidia la Audiencia ha negado el prevalimiento (pese a la diferencia de edad, la forma y momento en que se iniciaron las relaciones, y la creación de un ambiente en que el recurrente mediante astutas maniobras y argucias lograba situarse en una posición de superioridad) y ha reconducido los hechos al abuso sexual con engaño.

De las declaraciones de la menor se deduce inequívocamente ese engaño que la llevó a consentir una relación carnal sin conocer datos esenciales que le fueron ocultados artera y premeditadamente por el recurrente: particularmente su edad. La enorme diferencia de edad era circunstancia muy relevante, especialmente para quien acababa de cumplir los trece años y había sido contactada contando con menos edad todavía.

El motivo primero también es rechazable.

Alega en su segundo motivo vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 852 LECrim en relación con el art. 24.1 CE ) en cuanto que las grabaciones obrantes en el cd cuyo visionado fue propuesto por Ministerio Fiscal y defensa, no habrían sido visualizadas por la Sala de instancia, lo que se inferiría del tiempo transcurrido entre la finalización de las sesiones del juicio oral (21 de octubre de 2013) y la fecha de la sentencia (23 de octubre siguiente). Si la duración del material grabado excede de cien horas es materialmente imposible que haya sido visionado en su integridad.

En efecto, en la sesión de 21 de octubre de 2013 al llegar el momento de la prueba documental (folios 610 a 611 del rollo de Sala) el Fiscal relacionó los vídeos cuyo examen consideraba necesario. Las acusaciones se remitieron a la petición del Fiscal y la defensa solicitó igualmente la reproducción de "determinados vídeos" y la lectura de ciertos documentos. Al no haberse impugnado las grabaciones, sin protesta de ninguna parte-tampoco la defensa-se omitió el visionado en el plenario de esos vídeos específicos sin perjuicio de las facultades recogidas en el art. 726 LECrim . No se opusieron las partes. La defensa asintió cuando se renunció al visionado de los tramos específicamente señalados, que no todos.

El recurrente argumenta que le ha generado indefensión el no visionado íntegro de las grabaciones pues no habría podido percibirse la desenvoltura de las menores y su madurez sexual lo que acreditaría su consentimiento no viciado para acceder a esa relaciones carnales. Desde luego calificar esas grabaciones de prueba "esencial" para su defensa parece hiperbólico y contrasta con la falta de argumentación en ese sentido.

No tiene razón el recurrente.

Lo que se apunta no significa que la Sala haya prescindido de esa prueba. Pero no se puede aspirar a que la Sala invierta cien horas en el examen de unas grabaciones de las que lo decisivo puede captarse en mucho menos tiempo y en las que además hay múltiples secuencias o repetidas o que no añaden nada especial una vez se han visualizado algunas escenas. Los vídeos relevantes estaban localizados y su reproducción ocupa muchísimo menos tiempo. Al igual que una voluminosa documentación propuesta como prueba puede examinarse sin necesidad de leerla toda (balances, escrituras publicas, documentación societaria...), unas grabaciones de la naturaleza de las aquí blandidas no exigen su visionado parsimonioso, detallado, minuto a minuto... Menos si se combinan con declaraciones testificales y además se dispone de la aceptación por parte de víctimas y acusado de la realidad de esas grabaciones. Lo que sugiere el recurrente -la supuesta desenvoltura de las menores, lo que no deja de ser una valoración muy relativa-tampoco es algo ni controvertido ni contradictorio con los hechos que se tienen por probados. La sentencia considera que las menores habían consentido con esas relaciones sexuales, aunque señala que lo hicieron en situación de inferioridad aprovechada por el acusado "prevalimiento" ( Cristina ) o en virtud de un engaño ( Lidia ). Debería señalar el recurrente qué pasajes de esas grabaciones son los que resultan tan decisivos a la hora de desacreditar esa convicción mostrada por la Sala y no limitarse a una genérica y retórica protesta de indefensión que además parte de una especulación: que la Sala no visionó las grabaciones especificadas que desde luego no ocupan las cien horas a que alude el recurrente.

Corresponde ahora abordar los motivos por infracción de ley. Antes que nada, aquellos que se canalizan por la vía del art. 849.2º: error facti . A ese formato casacional se acoge el tercero de los motivos.

La base documental sobre la que quiere edificarse el discurso viene constituida por los cientos de correos electrónicos intercambiados entre Cristina y el recurrente.

En su opinión del lenguaje utilizado en esos mensajes se desprendería que Cristina no actuó bajo manipulación o presión, sino que era plenamente consciente de las relaciones que entablaba. A continuación relaciona una larga serie de expresiones entresacadas de esos correos.

El contenido de esos correos lejos de contradecir los hechos que se han dado como probados, los refrenda. Cuando el recurrente trata de descender a cuestiones concretas (que fue Cristina la que propuso las relaciones a oscuras) se aparta del contenido de los mensajes de los que en absoluto se infiere eso. No son documentos literosuficentes. Es más, otros mensajes sugieren a las claras que fue el recurrente quien ideó mantener relaciones sexuales a oscuras (mensaje de 31 de diciembre de 2007).

Tampoco podemos deducir nada que contradiga los hechos probados de los mensajes de correo aportados por el recurrente que, por otra parte, la Audiencia señala que podrían estar manipulados: no le han merecido crédito.

Hay que insistir en todo caso en que aunque confiriésemos fiabilidad a esos correos no quedarían desvirtuados los hechos que la sentencia considera acreditados. Los razonamientos que el recurrente trata de introducir por esta vía no son congruentes con la naturaleza del motivo de casación previsto en el art. 849.2: documental fehaciente que acredite sin lugar a dudas hechos relevantes a efectos de la subsunción jurídica. Como también es ajena a esta vía casacional la infundada queja de no haberse valorado algunas piezas de convicción que serían, en la interesada y discutible opinión del recurrente, de descargo.

El motivo decae.

Se recrimina a la sentencia en un motivo por infracción de ley ( art. 849.1º LECrim ) la forma de cuantificar la indemnización acordada a favor de Cristina , excesiva a juicio del recurrente.

Se razona previendo posibles ausencias en las futuras sesiones de tratamiento; aludiendo al influjo de padecimientos anteriores ajenos a los hechos delictivos; llamando la atención sobre la asimetría con la otra víctima; y cuestionando -por fin-la inclusión de las facturas de empresas contratadas para la averiguación de lo hechos. Propugna una aplicación analógica del baremo establecido para accidentes en la circulación rodada.

También le parece que la falta de mención de toda afectación psicológica en la otra víctima, Lidia , convertiría en improcedente la fijación de cuantía alguna en concepto de indemnización.

No son de recibo tales argumentaciones

Al enfrentarse a la tarea de cuantificar una indemnización por daños morales que, por cierto, viene impuesta no solo por el genérico art. 113 CP , sino también de forma específica para estas infracciones por el art. 193 CP , la Audiencia ha considerado adecuadas esas cantidades motivándolo de forma razonable. A los daños morales adiciona otros conceptos derivados de gastos efectivos que indudablemente traen causa de los hechos, así como los que presumiblemente habrán de desembolsarse por un tratamiento facultativamente recomendado por los especialistas correspondientes.

Tildar de inmotivada o irrazonable esa decisión no es atendible. No pueden exigirse en esta materia ecuaciones exactas. Es tan notorio que mantener relaciones sexuales de esa forma impuesta, en un caso; en el otro, fraudulenta, con una preadolescente ocasiona un negativo impacto psíquico, que verter razonamientos esforzándose en justificar los perjuicios morales y su alcance sería tanto como minusvalorar la sensibilidad del lector de la sentencia. Esas consecuencias negativas, han sido resaltadas a través de la prueba específica practicada. Resulta innecesario detenerse a argumentar por qué ese tipo de hechos ocasionan perjuicios morales en una persona y por qué es ineludible cuantificarlos en una cifra que sea algo más que un símbolo, máxime cuando, como en este supuesto, la mitigación de las secuelas psíquicas precisará de tratamiento especializado. Es claro que la traducción pecuniaria de esos perjuicios no es fácil y ha de guiarse por valoraciones estimativas en las que no pueden introducirse absurdos criterios aritméticos. Sobre esta materia la STS 1534/1998 de 11 de diciembre , ante una alegación similar, expresa lo que, por otra parte, es obvio: " El recurrente no ha tenido en cuenta que la motivación del daño moral producido no careció de fundamento, pues se han fijado los hechos que han producido el daño. La cuantificación del mismo en dinero es, en principio, imposible de realizar, en la medida en la que el daño moral no genera gastos precisos ". Cita la sentencia de instancia en idéntica dirección las SSTS 565/2007, de 21 de junio y 1336/2002 de 22 de julio . El art. 193 CP presupone la existencia de esos perjuicios en este tipo de delitos. Su cuantificación no es posible más allá de unas referencias genéricas a cuyo fin son más que suficientes las vertidas en la sentencia. Tratar de razonar que la cantidad debiera haber sido mayor o menor es tarea inútil y condenada al fracaso. Seguramente todo monto pecuniario será escaso, pero apareciendo como ponderada y ajustada a los márgenes habituales la cifra establecida por el Tribunal a quo no es posible ni su revisión en casación, ni exigir -por imposible-una mayor motivación que además sería puramente retórica, pero no sustancial.

El motivo sucumbe igualmente.

El último motivo busca refugio casacional en el art. 852 LECrim . Denuncia lo que entiende una lesión de los derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías ( art. 24 CE ) por la inexistencia de apelación en el sistema ordinario de enjuiciamiento penal de delitos graves de nuestro ordenamiento procesal. Plantea así un tema tópico -el llamado derecho a la doble instancia-que recobró actualidad con motivo de un dictamen del Comité de Derechos Humanos, previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, recaído en el asunto 701/1996 y fechado el 20 de julio de 2000, dictamen que es expresamente invocado. El argumento nuclear de ese dictamen fue recogido y asumido por otros posteriores que sentaron el mismo criterio en términos generales. Se reavivó así la cuestión de la conformidad o no con el denominado "derecho a la doble instancia" del sistema de recursos para delitos graves (solo casación). No es momento de entretenerse en esa cuestión dogmática de hondo calado y con múltiples vertientes, alguna de futuro pues en una de las últimas modificaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial cristalizó legalmente un anuncio para generalizar la apelación en materia penal, aunque vinculando la efectividad de tal previsión a la todavía pendiente reforma global de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tantas veces anunciada. Es desechable que ese propósito legislativo plasme finalmente. Pero mientras tanto el sistema de recursos es el de la casación en delitos graves.

El debate de fondo es bien conocido. Carece de sentido extenderse reproduciendo argumentos que han sido profusamente manejados, analizados, blandidos y casi manoseados. Los Dictámenes iniciales, de signo no siempre coincidente, se referían a asuntos concretos y no arrastraban a la descalificación generalizada del sistema de impugnación del ordenamiento procesal penal español. Tanto esa Sala (entre otras SSTS 203/2000 de 8 de febrero y 543/2000 de 27 de marzo ), como el Tribunal Constitucional ( SSTC 80/1992, de 28 de mayo , 113/1992, de 14 de septiembre , 29/1993, de 25 de enero , ó 120/1999, de 28 de junio y ATC 369/1996, de 16 de diciembre ) han declarado reiteradamente que el art. 14.5 del Pacto citado no padece por las restricciones que introduce la casación en cuanto a la revisión de la valoración probatoria. Esa jurisprudencia nacional cuenta con el aval del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: decisiones de inadmisión de 18 de enero de 2000 -caso PESTI Y FRODL -, 30 de mayo de 2000 - asunto LOEWENGUTH-, ó 22 de junio de 2000 - asunto DEPERROIS -, por citar solo algunas. El principio de inmediación, esencial en el proceso penal, impone esas limitaciones. Las SSTC 80/2003, de 28 de abril ó 26/2006, de 16 de enero

representan dos muestras de esa consolidada doctrina jurisprudencial que se erige en un muro contra el que se estrella el motivo. La STC 70/2002 de 3 de abril , precisaba, además, que las "observaciones que en forma de dictamen emite el Comité no son resoluciones judiciales, puesto que el Comité no tiene facultades jurisdiccionales -como se deduce de la lectura de los arts. 41 y 42 del Pacto-y sus dictámenes no pueden constituir la interpretación auténtica del Pacto, dado que en ningún momento, ni el Pacto ni el Protocolo le otorgan tal competencia".

La STS 480/2009, de 22 de mayo destaca sobre esta cuestión dos significativos aspectos:

1. - Que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en las resoluciones referidas consideró que en el art. 2 del Protocolo número 7, los Estados Parte conservan la facultad de decidir las modalidades del ejercicio del derecho al reexamen y pueden restringir el alcance de éste último. En muchos Estados el mencionado reexamen se encuentra igualmente limitado a cuestiones de Derecho. Por ello esa Corte considera que la posibilidad de recurrir en casación satisface las exigencias del art. 2 del Protocolo 7 del Convenio.

2. - Que en los últimos años han recaído varias decisiones de inadmisión de Comunicaciones, en las que el Comité de Naciones Unidas considera adecuada y suficiente la revisión llevada a cabo por el Tribunal Supremo Español en un recurso de casación. La Decisión de 29 de marzo de 2005 (Comunicación núm. 1356-2005 PARRA CORRAL c. España, 4.3) señala que "la alegación referente al párrafo 5 del art. 14, esto es, el hecho de que presuntamente los tribunales españoles no examinaron de nuevo la apreciación de las pruebas no es consecuente con el texto de los fallos del

Tribunal Supremo y Constitucional en el caso de autos. Después de que estos dos tribunales examinaron a fondo la alegación del autor en el sentido de que los indicios eran insuficientes para condenarlo, discreparon de la opinión del autor y expusieron con todo detalle sus argumentos para llegar a la conclusión de que las pruebas, aunque fuesen indicios, bastaban para justificar su condena". Igualmente la Decisión de 25 de julio de 2005, (comunicación núm. 1399-2005), CUARTETA CASADO c. España, § 4.4) destaca que "con respecto a la presunta violación del párrafo 5 del art. 14, del fallo del Tribunal Supremo se desprende que éste examinó con gran detenimiento la valoración de las pruebas hecha por el Juzgado de primera instancia. A este respecto, el Tribunal Supremo consideró que los elementos de prueba presentados contra el autor eran suficientes para contrarrestar la presunción de inocencia, de conformidad con los criterios establecidos por la jurisprudencia a fin de determinar la existencia de pruebas suficientes para el enjuiciamiento de determinados delitos, como la agresión sexual". Del mismo modo, la Decisión de 25 de julio de 2005 (comunicación núm. 1389-2005), BERTELLI GÁLVEZ c. España, § 4.5, pone de manifiesto que "en cuanto a la presunta violación del párrafo 5 del artículo 14, del texto de la sentencia del Tribunal Supremo se desprende que si bien éste declaró que la evaluación de las pruebas compete al Tribunal de primera instancia y no al Tribunal Supremo, sí examinó en detalle la argumentación del autor y concluyó que en realidad él era culpable de estafa porque hubo conducta dolosa y ánimo de lucro personal, lo que condujo a engaño de una tercera persona y la llevó a tomar disposiciones contrarias a su propio interés". Por último, la Decisión de 28 de octubre de 2005 (comunicación núm. 1059-2002, CARBALLO VILLAR c. España, § 9.3) afirma que "con respecto a la presunta violación del párrafo 5 del artículo 14, del fallo del Tribunal Supremo se desprende que éste examinó con detenimiento la valoración de las pruebas hecha por la Audiencia Provincial. A este respecto, el Tribunal Supremo consideró que los elementos de prueba presentados contra el autor eran suficientes para contrarrestar la presunción de inocencia de aquél" . Esa reflexión le lleva a considerar inadmisible la queja fundada en la ausencia de doble instancia.

El cambio de orientación en la doctrina del Comité que el recurrente parece desconocer está consolidado (además de los citados, dictámenes 1156/2003, de 18 de abril de 2006, 1094/2002 de 24 de abril de 2006, 1102/2002, de 26 de abril de 2006, 1293/2005, de 14 de agosto de 2006, 1098/2002, de 13 de noviembre de 2006, entre otros).

Por los demás y a mayor abundamiento, debe significarse la forma retórica y no concreta mediante la que el recurrente suscita la cuestión. Se queja genéricamente de que no hay doble instancia, pero ni articula protestas específicas que podrían ser examinadas en apelación y no en casación, ni indica qué aspectos que hubiese podido discutir en una segunda instancia no puede hacerlo en casación. Y es que, a la vista de las limitaciones que imperan también en apelación en materia de revisión de prueba y el ensanchamiento de la casación mediante la potencialidad del derecho a la presunción de inocencia, se ha producido un acercamiento entre ambas modalidades de impugnación. In casu es difícil, si no imposible, imaginar qué alegaciones diferentes hubiese podido efectuar el recurrente si en lugar de un recurso de casación, se abriesen las puertas a una apelación. Desde luego que el recurrente no se preocupa de alegar nada en ese terrerno.

De acuerdo con lo expuesto, se puede concluir que no existe la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías en la regulación del actual recurso de casación en materia penal, al cumplir con las exigencias del art. 14.5 PIDCP y que, además, en concreto, no se singulariza ninguna argumentación que el recurrente se vea impedido de realizar por virtud de la naturaleza de la casación.

El motivo fenece.

La desestimación de todos los motivos de casación articulados debe atraer la condena al pago de las costas causadas ( art. 901 LECrim ).