SENTENCIA nº 1 DE 2009 DE TRIBUNAL DE CUENTAS - DEPARTAMENTO TERCERO, 22 de Enero de 2009

De acuerdo con lo establecido en el artículo 25.b) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, expresamente desarrollado por los artículos 52.1.a) y 53.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del mismo, compete a los Consejeros de Cuentas, como órganos de la jurisdicción contable, el conocimiento y fallo, en primera instancia, de los procedimientos de reintegro por alcance, habiendo sido turnado el presente a este Departamento, mediante diligencia de reparto de 12 de julio de 2007.

El Ministerio Fiscal formuló, con fecha 14 de diciembre de 2007, demanda en el presente procedimiento contra DOÑA H.O.M., Presidenta de la Junta Vecinal de Villabascones de Sotoscueva, en el periodo comprendido entre el mes de enero del año 2000 y el mes de abril de 2003, por proceder a realizar movimientos irregulares en la cuenta bancaria número XXX del Banco de Santander Central Hispano, de la que era titular dicha Junta Vecinal, disponiendo en su propio beneficio de los fondos depositados en dicha cuenta y ocasionando un menoscabo en los fondos de la Junta Vecinal que ascendió:

- a 9.558,38 euros en el año 2000.

- a 8.064,90 euros en el año 2001.

- a 4.206,33 euros en el año 2002.

- a 1.200 euros en el año 2003.

La representación de la demandada, en el acto del juicio, reconoció los hechos, si bien consideró que algunas partidas estaban justificadas como el recibo de la Consejería de Medio Ambiente en concepto de agua potable, por importe de 424.390 Ptas.-, llamando la atención sobre la documentación existente en los autos, referida a la situación personal de DOÑA H.O.M., concretamente la Sentencia de 24 de febrero de 2005, en la que se señala la existencia de malos tratos por parte de su cónyuge, siendo éste precisamente el Secretario Interventor de la citada Junta Vecinal.

Para resolver la pretensión planteada hay que partir de la consideración de que en el ámbito de la jurisdicción de este Tribunal, cuyo contenido es el de una responsabilidad patrimonial y no sancionadora, es de aplicación el principio civil del reparto de la carga de la prueba. En este sentido, el artículo 217 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, atribuye al demandante la carga de probar la certeza de los hechos relacionados con sus pretensiones y al demandado los hechos impeditivos, extintivos o enervatorios de la eficacia jurídica de los alegados como ciertos por la parte contraria.

Partiendo de esta configuración es de resaltar que el Ministerio Fiscal ha probado de forma indubitada que no están justificados los pagos efectuados en el ejercicio de 2000, relacionados en el Apartado Tercero de los Hechos Probados de esta Resolución, que se dan aquí por reproducidos, por importe total de 9.548,28 €, si bien dicho Ministerio Público ha cuantificado estos pagos en la cantidad de 9.558,38 € por un error aritmético que arrastra de la Liquidación Provisional.

Asimismo, ha probado que no están justificados los pagos realizados con cargo a la cuenta bancaria número XXX del Banco de Santander Central Hispano en los años 2002 y 2003, por importes totales de 4.206,33 € y 1.200 €, respectivamente, así como los efectuados en el año 2001, que ascienden a 5.513,31 euros.

Esta falta de justificación de los pagos anteriormente señalados ha sido reconocida expresamente por la representación de la demandada en el juicio ordinario celebrado el 21 de octubre de 2008.

Por el contrario, el Ministerio Fiscal no ha probado que la demandada hubiera utilizado en su propio beneficio, como expresamente señala en la demanda formulada, la cantidad cargada en dicha cuenta el 29 de agosto de 2001, por importe de 424.390 Ptas.-, equivalente a 2.550,64 €, por cuanto en el folio 197 de la pieza principal figura abonada a la Junta de Castilla y León (correspondiente a la devolución de la subvención de la Consejería de Medio Ambiente por la ampliación de la red de distribución de agua potable (folio 27 de las Actuaciones Previas), y la cantidad cargada el 23 de julio de 2001 de 158 Ptas.-, equivalentes a 0,95 € (folio 223 de la pieza principal), al corresponder al resultado de liquidación de dicha cuenta bancaria.

La injustificación de las cantidades señaladas, por importe total de VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (20.467,92 €), no cabe sino calificarla de alcance en los términos expuestos en el artículo 72 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

En efecto, el artículo 72 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, define el alcance como el saldo deudor injustificado de una cuenta o, en términos generales, la ausencia de numerario o de justificación en las cuentas que deban rendir las personas que tengan a su cargo el manejo de caudales públicos, ostenten o no la condición de cuentadantes ante el Tribunal de Cuentas. A los mismos efectos, se considerará malversación de caudales o efectos públicos su sustracción, o el consentimiento para que ésta se verifique o su aplicación a usos propios o ajenos por parte de quien los tenga a su cargo.

Así pues, para que pueda imputarse responsabilidad contable por alcance es necesario la existencia de una cuenta que arroje un saldo deudor injustificado, siendo indiferente que el descubierto obedezca a la pura y simple ausencia material del numerario o a la falta de acreditación de la justificación del saldo negativo observado. El alcance no se produce solamente cuando falta dinero público por la apropiación de la persona que lo tenía a su cargo o de otras personas, sino también cuando el que maneja fondos públicos es incapaz de explicar con la mínima e imprescindible actividad probatoria la inversión, destino o empleo dado a los mismos.

La existencia de un saldo deudor injustificado, como ha venido declarando la Sala de Justicia de este Tribunal en reiteradas ocasiones, entre otras las Sentencias de 28 de enero, 25 de febrero y 30 de junio de 2000, es constitutivo de alcance en los fondos públicos ya que a efectos de delimitar éste como ilícito contable basta que tenga lugar la falta de justificación o de numerario en las cuentas que deben rendirse. El descubierto injustificado puede obedecer bien a la pura y simple ausencia material del numerario –en todo o en parte– a que la cuenta se refiere, bien a la falta de soportes documentales o de otro tipo que acrediten suficientemente el saldo negativo observado y como ha señalado la Sala de Justicia de este Tribunal –Sentencia nº 22 de 30 de septiembre de 1992– todos los pagos procedentes de fondos públicos, independientemente de su destino y de la persona que los ordene, han de estar respaldados por una justificación y que dicha justificación no puede quedar al arbitrio del que gestiona o maneja los caudales o efectos públicos.

En el caso de autos, conforme a las consideraciones anteriores, no cabe sino concluir que se ha producido de forma indubitada un alcance en los fondos públicos de la Junta Vecinal de Villabascones de Sotoscueva por importe de VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (20.467,92 €).

Acreditada la existencia de alcance, con el consiguiente perjuicio causado a los fondos públicos, como elemento indispensable del que hay que partir para poder imputar responsabilidad contable, es necesario analizar si se dan todos y cada uno de los demás requisitos definidores de este tipo de responsabilidad reparadora de los perjuicios causados en los mismos.

Para que exista responsabilidad contable han de concurrir todos los elementos que establecen los artículos 38.1 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, y 49.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, que, en síntesis, son los siguientes: a) daño o perjuicio en los caudales públicos originado por quien tenga a su cargo el manejo, custodia o administración de los mismos; b) infracción dolosa o con culpa o negligencia grave de las normas reguladoras del régimen presupuestario o de contabilidad; y c) relación de causa a efecto entre la acción u omisión y el daño producido.

El ámbito subjetivo de los posibles responsables contables se define en el artículo 2 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, según el cual, corresponde al Tribunal de Cuentas el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran aquellos que tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos. Por otro lado, el artículo 38 de la misma Ley establece que quien por acción u omisión contraria a la Ley originare el menoscabo de los caudales o efectos públicos quedará obligado a la indemnización de los daños y perjuicios causados y, en este mismo sentido, el artículo 15 de la citada Ley Orgánica señala que el enjuiciamiento contable se ejerce respecto de las cuentas que deban rendir quienes recauden, intervengan, administren, custodien, manejen o utilicen fondos públicos, refiriéndose también el artículo 49.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, a quienes tengan a su cargo el manejo de dichos caudales o efectos.

Una interpretación integradora de los preceptos anteriormente aludidos lleva a entender que la responsabilidad contable está siempre vinculada al manejo de caudales públicos, en cuanto surge de las cuentas que, en sentido amplio, deben rendir quienes los manejan o administran.

En las presentes actuaciones ha quedado probado, según se desprende de la prueba documental aportada, lo siguiente: 1) la cuenta bancaria XXX del Banco de Santander, que era de titularidad de la Junta Administrativa de Villabascones de Sotoscueva y de la que disponía de firma autorizada únicamente DOÑA H.O.M., siendo desconocida por los otros dos miembros de la citada Junta Vecinal, se nutría de subvenciones públicas procedentes de la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de Burgos, del Ayuntamiento de Merindad de Sotoscueva y del Consorcio de las Siete Juntas del Valle de Sotoscueva y 2) DOÑA H.O.M., Presidenta de la Junta Vecinal de Villabascones de Sotoscueva en el periodo comprendido del 7 de julio de 1999 a 17 de noviembre de 2003, realizó una serie de cargos en la citada cuenta, en los ejercicios 2000 a 2003, (que constan en el Apartado Tercero de los Hechos Probados de esta Resolución) a través de cheques de compensación o transferencias sin acreditar ni justificar el destino otorgado a las cantidades libradas, resultando un saldo deudor injustificado en los fondos de la Junta Vecinal de Villabascones de Sotoscueva de VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (20.467,92 €).

La representación procesal de la demandada ha reconocido los hechos, intentando justificar éstos en la situación personal de malos tratos de DOÑA H.O.M. por parte de su cónyuge, que era el Secretario Interventor de la citada Junta Vecinal.

Acreditada la existencia del alcance señalado, por las argumentaciones expuestas en los Apartados Tercero, Cuarto y Quinto de los Fundamentos de Derecho de esta Resolución, hay que señalar que para que exista responsabilidad contable es necesario, conforme se ha indicado anteriormente, que concurran todos los elementos que establecen los artículos 38.1 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, y 49.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, y así junto con el objetivo –daño o perjuicio causado en los caudales públicos por quien tenga a su cargo el manejo, custodia o administración de los mismos– es necesario el subjetivo de infracción dolosa o con culpa o negligencia graves y relación de causa a efecto entre la acción u omisión y el daño producido.

Para que una acción u omisión antijurídica y productora de un daño a los caudales o efectos públicos sea contable y genere una responsabilidad que pueda ser así calificada, es necesario, como ha venido declarando reiteradamente la Sala de Justicia de este Tribunal, que el agente haya actuado consciente de que su comportamiento provocaba o podía provocar un perjuicio a los fondos públicos tenidos bajo su cargo y manejo, sin adoptar las medidas para evitarlo, o, al menos, que en su actuación no haya desplegado la debida diligencia –culpa o negligencia–, entendiendo que ésta obliga a tomar las medidas correspondientes para evitar el resultado dañoso, previo un juicio de previsibilidad del mismo, de forma que es negligente quien no prevé debiendo hacerlo, lo que lleva a no evitar dicho daño, o previendo no ha tomado las medidas necesarias y adecuadas para evitar el evento. Igualmente si el resultado dañoso fuera conscientemente querido, con el propósito cierto de producirlo, estaríamos ante una actuación dolosa.

De acuerdo con la Sentencia de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas de 6 de abril de 2004 (Sentencia 11/04), la diligencia exigible al gestor de fondos públicos es al menos la que correspondería a un buen padre de familia, si bien debe tenerse en consideración que la obligación de rendir cuentas que incumbe a los gestores de fondos públicos deriva de una relación jurídica de gestión de fondos que exige una especial diligencia en el cumplimiento de las obligaciones de custodia, justificación y rendición de cuentas, en cuanto su incumplimiento da lugar a una conducta generadora de daños y perjuicios que puede considerarse socialmente reprobable.

A estos efectos, hay que decir que la naturaleza de los hechos enjuiciados permite afirmar que la actividad desarrollada por DOÑA H.O.M. debe calificarse de gravemente negligente, puesto que, aunque no existe precepto legal alguno que establezca la forma de graduar la negligencia ni las pautas para precisar cuándo debe considerarse grave, es lo cierto que estas valoraciones deben ser aportadas para cada controversia jurídica, y así, la negligencia o culpa leve es predicable de quien omite las cautelas que, no siéndole exigibles, adoptaría una persona muy reflexiva, extremadamente cauta, mientras que la grave es predicable de quien omite las exigibles de una persona prudente.

La representación procesal de la demandada ha reconocido los hechos, intentando justificar éstos en la situación personal de malos tratos de DOÑA H.O.M. por parte de su cónyuge, que era el Secretario Interventor de la citada Junta Vecinal, sin embargo, esta circunstancia, sin perjuicio del conocimiento y resolución que haya podido tener lugar en el ámbito jurisdiccional correspondiente (sólo consta su alegación en la demanda de separación civil como motivo de la misma) no elimina la responsabilidad imputable por el uso indebido de los fondos públicos y su falta de justificación, dada la naturaleza de la responsabilidad que se exige en esta jurisdicción contable, cuyo contenido es el de una responsabilidad patrimonial, es decir, reparadora del daño causado, y no sancionadora. No se constata ninguna conexión de los posibles malos tratos con hechos susceptibles de responsabilidad contable, habiendo podido la demandada, a su vez, alegar y proponer toda la prueba posible para poder justificar el saldo deudor existente que se le imputa.

Finalmente, falta por analizar si concurre el último de los elementos necesarios para poder declarar responsable contable a la demandada, es decir, la existencia de un nexo causal entre el daño producido y la conducta negligente de ésta, ya que, como ha señalado la Sala de Justicia de este Tribunal, en Sentencia de 8 de marzo de 2002, el análisis de la existencia de relación de causalidad es lo que permite imputar un resultado a una persona y exigirle la correspondiente responsabilidad de resultas de los posibles perjuicios ocasionados.

La relación causa-efecto entre dos acontecimientos se produce cuando la realización del primero de ellos en el tiempo lleva irremediablemente al segundo, sin que medie interferencia fáctica alguna. En el presente caso, nos encontramos con que el daño producido a los fondos de la Junta Vecinal de Villabascones de Sotoscueva se produjo por la expedición de cheques, o la realización de transferencias, por la demandada con cargo a la cuenta bancaria XXX del Banco de Santander, de titularidad de dicha Junta Vecinal, sin justificar el destino o fin público otorgado a las cantidades libradas.

Por todo lo señalado anteriormente, se dan en el supuesto que nos ocupa todas las circunstancias para declarar responsable contable directa del alcance de VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (20.467,92 €) a DOÑA H.O.M.

Por tanto, no procede otra cosa que estimar parcialmente la pretensión formulada por el Ministerio Fiscal y, en consecuencia, condenar a DOÑA H.O.M., en concepto de responsable contable directa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.1 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, al reintegro de la cantidad de VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (20.467,92 €).

Asimismo, debe ser condenada la demandada al pago de los intereses exigidos en el artículo 71.4ª.e) de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, -que se computarán, al tratarse de una acción continuada, desde el último día en que se entienda producido el alcance en los correspondientes ejercicios, siendo éste el 26 de octubre de 2000 para la cuantía de 9.548,28 €, el 31 de agosto de 2001 para la cuantía de 5.513,31 €, el 15 de julio de 2002 para la cuantía de 4.206,33 €, y el 14 de abril de 2003 para la cuantía de 1.200,00 €, por lo que procede liquidar intereses desde dichas fechas hasta el día de la presente resolución, sin perjuicio del posterior cálculo de los intereses de la mora procesal, según lo dispuesto en el artículo 576 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en función de la fecha del cumplimiento del pago del principal-.

En cuanto a las costas causadas en esta instancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 394.2 de la precitada Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, no procede su imposición, al haber sido estimada parcialmente la pretensión formulada por el Ministerio Fiscal.

VISTOS los antecedentes de hecho, hechos probados y fundamentos de derecho expresados, EL CONSEJERO DE CUENTAS ACUERDA el siguiente

Declarar como importe en que se cifra el alcance causado en los fondos de la Junta Vecinal de Villabascones de Sotoscueva (Burgos) el de VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (20.467,92 €).

Declarar como responsable contable directa del alcance a DOÑA H.O.M.

Condenar a la mencionada DOÑA H.O.M. al reintegro de la suma en que se cifra el alcance.

Condenar, asimismo, a la mencionada DOÑA H.O.M., al pago de los intereses legales, a calcular en fase de ejecución de Sentencia, con arreglo a lo establecido en el Fundamento de Derecho Séptimo de esta Resolución.

Acordar la contracción de la cantidad en que se ha cifrado el alcance en las cuentas de la Junta Vecinal de Villabascones de Sotoscueva, a fin de que quede reconocido como derecho a cobrar en el Presupuesto.

Sin expresa imposición de costas.

Pronúnciese esta sentencia en audiencia pública y notifíquese a las partes, haciéndoles saber que pueden interponer contra la misma recurso de apelación, ante este Consejero de Cuentas, en el plazo de quince días a contar desde su notificación, y para su traslado a la Sala de Justicia, ajustándose su tramitación a lo previsto en el artículo 85 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y procediéndose, en otro caso, a la firmeza de la misma.

Así lo acuerda por esta sentencia, de la que quedará certificación en autos, el Excmo. Sr. Consejero de Cuentas, de que doy fe.