STSJ Comunidad de Madrid 1063/2013, 2 de Diciembre de 2013

JurisdicciónEspaña
Número de resolución1063/2013
Fecha02 Diciembre 2013

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Quinta

C/ General Castaños, 1 - 28004

33009710

NIG: 28.079.00.3-2011/0001821

Procedimiento Ordinario 1036/2011

Demandante: D./Dña. Josefa

PROCURADOR D./Dña. DANIEL OTONES PUENTES

Demandado: Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid. Ministerio de Economía y Hacienda

Sr. ABOGADO DEL ESTADO

COMUNIDAD DE MADRID

LETRADO DE COMUNIDAD AUTÓNOMA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DE

MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

SENTENCIA 1063

RECURSO NÚM.: 1036-2011 y acumulado 1102/2011

PROCURADOR D./DÑA.: DANIEL OTONES PUENTE

LETRADO COMUNIDAD DE MADRID

Ilmos. Sres.:

Presidente

D. José Alberto Gallego Laguna

Magistrados

D. José Ignacio Zarzalejos Burguillo

Dña. Maria Rosario Ornosa Fernández Dña. María Antonia de la Peña Elías

D. Álvaro Domínguez Calvo

----------------------------------------------- En la Villa de Madrid a 2 de Diciembre de 2013

Visto por la Sala del margen el recurso núm. 1036-2011 y acumulado 1102/2011 interpuesto por DÑA. Josefa representado por el procurador D. DANIEL OTONES PUENTE contra fallo del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid de fecha 27.7.2011 reclamación nº NUM000, NUM001, NUM002 interpuesta por el concepto de Patrimonio habiendo sido parte demandada la Administración General del Estado, representada y defendida por su Abogacía, siendo codemandada la COMUNIDAD DE MADRID, representada y defendida por su letrado.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Por la representación procesal del recurrente, se interpuso el presente recurso, y después de cumplidos los trámites preceptivos, formalizó la demanda que basaba sustancialmente en los hechos del expediente administrativo, citó los fundamentos de derecho que estimó aplicables al caso, y concluyó con la suplica de que en su día y, previos los trámites legales se dicte sentencia de conformidad con lo expuesto en el suplico de la demanda.

SEGUNDO

Se dio traslado al Abogado del Estado, para contestación de la demanda y alegó a su derecho lo que consideró oportuno, y solicitó la confirmación en todos sus extremos del acuerdo recurrido. Igualmente se dio traslado a la codemandada.

TERCERO

Estimándose necesario el recibimiento a prueba y una vez practicadas las mismas se señaló para votación y fallo, la audiencia del día 26-11-2013 en que tuvo lugar, quedando el recurso concluso para Sentencia.

Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. José Alberto Gallego Laguna.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO

Se impugna en este recurso contencioso administrativo la resolución dictada por el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid el día 27 de julio de 2011 en las reclamaciones económicoadministrativas números NUM000, NUM001 y NUM002, interpuestas contra el acuerdo de liquidación provisional dictado por la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid, en concepto de Impuesto sobre el Patrimonio ejercicio 2006, por cuantía de 12.572,06 euros (REA 16325/09); contra la resolución desestimatoria, por extemporáneo, del recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo de liquidación provisional dictado por la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid, en concepto de Impuesto sobre el Patrimonio ejercicio 2004, por cuantía de 2.867,52 euros (REA 1058/09); y contra acuerdo de imposición de sanción por infracción tributaria leve derivada del acuerdo de liquidación del Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2006 por cuantía de 5.717,50 euros (REA 8248/10).

La citada resolución recurrida acordó estimar en parte la reclamación 1058/09 anulando el acto administrativo impugnado y acuerda desestimar las reclamaciones 16325/09 y 8248/10, confirmando los actos administrativos impugnados.

SEGUNDO

La recurrente en la demanda solicita que se anule la resolución recurrida, anulando, revocando y dejando sin efecto el acuerdo de liquidación provisional dictado por la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid en concepto de Impuesto de Patrimonio ejercicio 2006 contenida en la reclamación económico administrativa (REA) 16325/09 y el acuerdo de imposición de sanción por infracción tributaria leve derivada de la anterior liquidación y contenida en la REA 8248/10, manteniendo la resolución impugnada para su pronunciamiento en relación a la REA 1058/09.

Alega, en resumen, como fundamento de su pretensión, que las participaciones sociales en MDI de la recurrente están exentas de tributación en el Impuesto de Patrimonio, la parte del patrimonio personal que se está gravando estaba pignorado por razón de la obtención de los créditos necesarios para el desenvolvimiento de la actividad empresarial de MDI. (En la actualidad ese patrimonio ha pasado a manos de los bancos, lo han incautado). Que la valoración de las participaciones sociales de MDI incorrecta y que parte del patrimonio gravado no es de la recurrente ya que la situación matrimonial de ella a 31 de diciembre de 2006 es de casada en régimen de gananciales. Manifiesta que desde su constitución, la empresa Mediodía Desarrollo Inmobiliario S.L. (en adelante MDI), siempre ha sido la principal fuente de sus ingresos y nunca ha sido sustituida por otra fuente, ni ha trabajado en otro sitio que no sea MDI por lo que no puede derivarse un tratamiento tributario tan perjudicial. Lo esencial es que sus participaciones sociales en MDI ni son ni han sido una mera inversión patrimonial. La sociedad MDI gestionó el alta en Seguridad Social de Josefa como trabajador responsable del ingreso de cuotas de la seguridad social de los empleados y ella misma como trabajador societario de MDI, al igual que la apertura de cuenta de cotización en calidad de socio presidente. Considérese que no es falso el que una remuneración de cero euros representa más del 50 % de la totalidad de sus rendimientos del trabajo y actividades económicas de ese año pues éstas, según dice la propia Resolución del Tribunal, fueron cero euros durante 2006 (cero es mas del 50 % de cero). En cuanto al patrimonio pignorado, la Sra. Josefa tenía a diciembre de 2006 unos fondos de inversión que se encontraban pignorados. Tales fondos de inversión han sido sometidos a tributación en el impuesto de patrimonio como si se tratara de un patrimonio de libre disposición y no de unos fondos sobre los cuales pesa una carga, se trata pues de un patrimonio menguado sobre el que pesa una carga y que debe tener un tratamiento en la tributación distinto al de un patrimonio pleno. los fondos de inversión estaban anudados al ejercicio de la actividad empresarial, la pignoración de los fondos de inversión se hace para que MDI pueda ejercer la actividad empresarial, empresa de la que Josefa es Administradora, directiva y propietaria del 40,98 %. Los referidos fondos de inversión fueron ejecutados por el Banco. En relación a la valoración de las participaciones sociales de MDI, el valor real o de mercado es el que se alcanza en una negociación entre dos partes independientes y, está claro, que el mercado se había derrumbado (lamentablemente así continúa) y que todas las posiciones teóricas sobre valoración se han venido abajo y los tasadores inmobiliarios trufados por la beligerante presencia de los intermediarios financieros "no aciertan" al valorar los inmuebles. La incertidumbre económica y el elevado volumen de patrimonio acumulado (existencias) desvirtúan el valor teórico calculado por el Tribunal Económico Administrativo. Los inmuebles para la venta de la promoción de Navalcarnero tenían una valoración que incluía una conexión por tren, que aun no se ha realizado y los terrenos de la costa Mediterránea estaban valorados como urbanizables de acuerdo con la calificación urbanística inicialmente dada por la Administración Valenciana; posteriormente la propia Administración los descalificó con el consiguiente perjuicio económico. Que en las empresas inmobiliarias se permite la activación de los gastos financieros y así se ha hecho en el balance de MDI. Si el Tribunal Económico trata a MDI como una empresa ajena al sector inmobiliario, se tendrían que haber minorado los Resultados y por tanto los Fondos Propios en los gastos financieros previamente activados, ello supone una reducción del valor teórico de MDI en 364.132,19 euros, resultando en consecuencia un valor teórico de 1.199.890,91 euros y la valoración de la participación de la recurrente en MDI por esta vía sería de 491.715,29 euros, menor de la obtenida por la Administración. La Administración y el Tribunal Económico Administrativo han valorado la participación de mi representada en MDI de forma incorrecta porque tendría que haberse utilizado el último balance aprobado y éste no es el correspondiente al del ejercicio 2005 sino al del ejercicio 2006, el acta de la Junta General Ordinaria en la que se aprobaron las cuentas anuales de 2006 data de 29 de Mayo de 2007, fecha anterior al fin del plazo voluntario para presentar la declaración del Impuesto de Patrimonio de 2006.

Alega que la liquidación girada incluye un patrimonio que no es de la Sra. Josefa, porque se la está atribuyendo el 100 % de los valores, invoca su situación matrimonial a 31 de diciembre de 2006 a los efectos de excluir de la tributación el 50 % de lo liquidado, porque su régimen legal matrimonial era el de la sociedad de gananciales.

Respecto a la sanción, manifiesta que la Administración no concreta en qué consiste esa negligencia, si acaso existiera, lo que supone una imputación inmotivada.

TERCERO

El Abogado del Estado, en la contestación a la demanda, sostiene, en síntesis, que el recurrente dice, sin más, que cumple los requisitos para la exención y aunque participa en la sociedad y es administrador en ningún caso acredita que MDI le haya venido abonando una remuneración que suponga más del 50 por ciento de...

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