Ley por la que se crea el Organismo Autónomo 'Oficina de Calidad Alimentaria' (ODECA) de Cantabria (Ley 3/2000, de 24 de julio)

1. Las acciones y omisiones que infrinjan lo prevenido en la presente Ley, generarán responsabilidad de naturaleza administrativa, sin perjuicio de la exigible en la vía penal, civil o de otro orden en que puedan incurrir.

2. Cuando no sea posible determinar el grado de participación de las distintas personas que hubiesen intervenido en la realización de la infracción, la responsabilidad será solidaria, sin perjuicio del derecho a repetir frente a los demás participantes, por parte de aquel o aquellos que hubieran afrontado las responsabilidades.

1. Los funcionarios competentes en la materia, designados a estos efectos por la ODECA, o los funcionarios inspectores de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, tendrán a estos efectos la condición de agentes de la autoridad, por lo que los hechos reflejados en sus denuncias, ratificadas éstas bajo juramento o promesa, tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos intereses puedan señalar o adoptar los interesados.

2. La correspondiente denuncia se notificará en el acto por escrito, o verbalmente si no fuera posible, al responsable de la presunta infracción o a persona de él dependiente. En el supuesto que no fuera posible la notificación inmediata, ésta se realizará, siempre por escrito, a lamayor brevedad posible y antes de que hayan transcurrido diez días.

3. Si a juicio del funcionario actuante así se entendiera, podrá proceder en el momento de la denuncia al decomiso, provisional y a resultas de lo que finalmente se resuelva, de la mercancía, dando recibo de tal decomiso.

El decomiso y copia del correspondiente recibo se notificarán junto con la denuncia del modo previsto en el apartado anterior.

En la tramitación de los expedientes administrativos sancionadores se estará a lo previsto en la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, del Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes y en su reglamento, aprobado mediante Decreto 835/1972, de 23 de marzo, en el Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en cuanto les sea de aplicación, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, que aprueba el reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y cuantas disposiciones generales estén vigentes en cada momento sobre esta materia.

1. El procedimiento se iniciará mediante acuerdo del Director de la Oficina de Calidad Alimentaria, adoptado de oficio, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada del Consejo Regulador cuando el infractor esté inscrito en alguno de sus Registros, petición razonada de otros órganos, o denuncia. La petición razonada del Consejo Regulador de que se trate, o de otros órganos, no vinculará a la ODECA para la iniciación del procedimiento sancionador, si bien deberá comunicarse al órgano que la hubiere formulado los motivos por los que, en su caso, no procede la iniciación del procedimiento. Cuando se haya presentado una denuncia, se deberá comunicar al denunciante la iniciación o no del procedimiento, cuando la denuncia vaya acompañada de una solicitud de iniciación.

2. En el supuesto que, junto con la denuncia se hubiera procedido al decomiso de la mercancía, en el acuerdo de iniciación se hará mención expresa sobre su mantenimiento como medida provisional, o por el contrario a la devolución a su propietario de la citada mercancía.

Mediante acuerdo motivado del Director de la ODECA, podrá acordarse durante la instrucción del expediente sancionador la adopción de alguna o algunas de las siguientes medidas cautelares:

1. Decomiso de la mercancía.

2. Suspensión temporal en el uso de la denominación de origen, indicación geográfica protegida, o utilización del logotipo o elemento identificativo de los productos agrarios ecológicos o biológicos.

3. Baja provisional del presunto infractor en el Registro o Registros en que esté inscrito del correspondiente Consejo Regulador.

1. Las sanciones por infracciones a la normativa reguladora de la producción agraria ecológica recogidas en el artículo 17 de esta Ley, serán las establecidas en los artículos 9.9 y 10.3 del Reglamento CEE 2092/1991, del Consejo, de 24 de junio, y en la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, del Estatuto del Vino, Viñas y Alcoholes y su Reglamento aprobado mediante Decreto 835/1972, de 23 de marzo.

2. Las sanciones por infracciones a la normativa reguladora de las denominaciones de origen que se reflejan en el artículo 18 consistirán en apercibimiento, multa, decomiso de la mercancía o pago del importe de su valor si éste no fuera factible, suspensión temporal en el uso de la denominación, o baja en el registro o registros de la misma. Las bases para la imposición de las multas se determinarán conforme dispone el artículo 120 del Decreto 835/1972, de 23 de marzo.

3. Las sanciones por infracciones a la normativa reguladora de las indicaciones geográficas protegidas que se citan en el artículo 19, consistirán en multa, decomiso de la mercancía o pago del importe de su valor si éste no fuera factible, suspensión temporal en el uso de la indicación geográfica protegida o baja en el registro o registros de la misma. Las bases para la imposición de multas se determinarán conforme dispone el artículo 120 del Decreto 835/1972, de 23 de marzo.

4. La imposición de las sanciones citadas en los apartados anteriores, por infracciones a la normativa sectorial reguladora en cada caso de la producción agraria ecológica, las denominaciones de origen u otras denominaciones y las indicaciones geográficas protegidas, se realizará sin perjuicio de las que, por contravenir la normativa de carácter general en la materia, pudieran ser impuestas, las cuales se declaran como compatibles en principio, sin perjuicio de lo que resulte en cada caso de la aplicación de los principios recogidos en la legislación penal y amparados por la jurisprudencia, en caso de concurrencia de infracciones o sanciones.

1. La resolución que ponga fin al procedimiento será motivada, y resolverá todas las cuestiones planteadas en el expediente.

2. Si se hubieran adoptado medias cautelares, en dicha resolución se contendrá pronunciamiento expreso acerca de ellas.

3. En la resolución se adoptarán, en su caso, las disposiciones cautelares para asegurar su eficacia en tanto no sea ejecutiva.

4. Órganos competentes para resolver:

   1. El Director de la ODECA en los expedientes sancionadores por infracciones en que se prevea sanciones de hasta setenta y cinco mil (75.000) pesetas (450,76 euros).

   2. El Director general de Pesca y Alimentación por infracciones en que se prevea sanciones entre setenta y cinco mil una 75.001 (450,77 euros) y doscientas cincuenta mil (250.000) (1.502,53 euros) pesetas.

   3. El Consejero de Ganadería, Agricultura y Pesca por infracciones en que se prevea sanciones de cuantía superior a doscientas cincuenta mil (250.000) pesetas (1502,54 euros).

5. La sanción de decomiso definitivo de los productos y el destino de éstos, la suspensión temporal en el uso de la denominación de origen o de la indicación geográfica protegida, o la baja en el registro o registros de los Consejos Reguladores, corresponderá a quien tenga atribuida la facultad de resolver el expediente.

6. La resolución de los expedientes por infracciones cometidas fuera del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria contra las denominaciones de origen indicaciones geográficas protegidas o la producción agraria ecológica, serán resueltos por la autoridad competente en cada caso.

7. En el supuesto que la resolución del expediente suponga la imposición de una sanción, el infractor deberá abonar los gastos ocasionados por las tomas y análisis de muestras, por el reconocimiento que se hubiere realizado, y los demás gastos que ocasione la tramitación y resolución del expediente.

8. Si la infracción concierne al uso indebido de la denominación de origen la indicación geográfica protegida o el logotipo que identifique a los productos agrarios ecológicos o biológicos de Cantabria, la ODECA, sin perjuicio de las actuaciones en vía administrativa, podrá acudir a los Juzgados y Tribunales de la Jurisdicción competente en cada caso, ejerciendo las acciones civiles y penales reconocidas en la legislación vigente para la protección de la propiedad industrial

En el supuesto de imposición de sanción pecuniaria de cuantía inferior a cien mil (100.000) pesetas (601,01 euros), si no se interpone reclamación alguna contra la misma y ésta se hace efectiva dentro de los diez días siguientes a la notificación de la resolución sancionadora, tendrá una reducción del veinte por ciento de la cuantía fijada en dicha resolución.

1. Las resoluciones sancionadoras dictadas por el Director de la ODECA y por el Director general de Pesca y Alimentación serán recurribles en alzada ante el Consejero de Ganadería Agricultura y Pesca, cuya resolución pondrá término a la vía administrativa.

2. Las sanciones impuestas por el Consejero de Ganadería, Agricultura y Pesca, serán recurribles en alzada ante el Gobierno de Cantabria cuya resolución agotará la vía administrativa.

1. Las multas serán pagadas en la Tesorería General del Gobierno de Cantabria, a través de las Entidades de crédito por medio de los instrumentos de pago admitidos a tal efecto.

2. Si no fuesen satisfechas, una vez agotada la vía administrativa se procederá a su cobro por la vía administrativa de apremio.

El Gobierno de Cantabria, mediante Decreto aprobado a propuesta del Consejero de Ganadería, Agricultura y Pesca, podrá actualizar las cifras límites señaladas para las sanciones previstas en la presente ley.

Las infracciones serán las establecidas en los artículos 9.9 y 10.3 del Reglamento CEE 2092/91, del Consejo, de 24 de junio, y en la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, del Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes, y su Reglamento, aprobado por Decreto 835/1972, de 23 de marzo.

1. Las infracciones cometidas por las personas, físicas o jurídicas, inscritas en los Registros de las denominaciones de origen, se clasifican, a efectos de su sanción, en la forma siguiente:

   1. Las faltas administrativas se sancionarán con apercibimiento o con multa del uno por ciento del valor de las mercancías afectadas. Son las siguientes:

      1. Falsear u omitir los datos y comprobantes que en cada caso sean precisos en los diferentes Registros.

      2. No comunicar inmediatamente al Consejo regulador cualquier variación que afecte a los datos suministrados en el momento de la inscripción en los registros.

      3. Omitir o falsear datos relativos a la producción o movimiento de productos.

      4. Las restantes infracciones al reglamento o a los Acuerdos del Consejo Regulador, en la materia a que se refiere el presente apartado a).

   2. Las infracciones a lo establecido en el Reglamento sobre producción, elaboración, maduración y características de los quesos amparados se sancionarán con multa del 2 al 20 por 100 del valor de los productos afectados, pudiendo en el caso de productos terminados, aplicarse además el decomiso. Estas infracciones son las siguientes:

      1. El incumplimiento de las normas vigentes sobre prácticas higiénicas de conservación y transporte.

      2. Utilizar para la elaboración de quesos amparados, leche neutralizada, tratada con conservantes y, en general, cualquier práctica que influya en la calidad del producto, salvo los casos que determina el Consejo Regulador y en las condiciones que éste señale.

      3. Emplear en la elaboración de quesos protegidos leche distinta de la autorizada en cada caso por los correspondientes Reglamentos de las denominaciones de origen.

      4. El incumplimiento de las normas de elaboración y maduración de los quesos.

      5. Las restantes infracciones al Reglamento o a los acuerdos del Consejo regulador, en la materia a que se refiere este apartado b).

   3. Infracciones por uso indebido de la denominación o por actos que puedan causarle perjuicio o desprestigio.

      Se sancionarán con multa de veinte mil (20.000) pesetas (120,20 euros) al doble del valor de la mercancía o productos afectados, cuando aquél supere dicha cantidad, y con su decomiso. Estas infracciones son las siguientes:

      1. La utilización de razones sociales, nombres comerciales, marcas, símbolos o emblemas que hagan referencia a la denominación o a los nombres protegidos por ella, en la comercialización de otros quesos no protegidos.

      2. El uso de la denominación en queso que no hayan sido elaborados, producidos y madurados de acuerdo con las normas establecidas por la legislación vigente y por los respectivos reglamentos, o que no reúnan las características y condiciones organolépticas que han de caracterizarlos.

      3. El uso de nombres comerciales, marcas o etiquetas no aprobados por el Consejo regulador, en los casos a que se refiere el presente apartado c).

      4. La indebida tenencia, negociación o utilización de los documentos, etiquetas, sellos, símbolos o caracteres, propios de la denominación, así como la falsificación de los mismos.

      5. La expedición de quesos que no correspondan a las características de calidad mencionadas en sus medios de comercialización.

      6. La expedición, circulación o comercialización de quesos amparados, en tipos de envases no aprobados por el Consejo Regulador.

      7. La expedición, circulación o comercialización de quesos de la denominación desprovistos de las etiquetas numeradas o carentes del medio de control establecido por el Consejo Regulador.

      8. Efectuar la elaboración, el curado o el etiquetado en locales que no sean las instalaciones inscritas autorizadas por el Consejo Regulador.

      9. El impago de las exacciones parafiscales que se fija en el artículo 90 de la Ley 25/1970, a los que se aplican los tipos fijados para cada denominación.

10. En general, cualquier acto que contravenga lo dispuesto en los respectivos Reglamentos de las denominaciones de origen o los acuerdos de los respectivos Consejos Reguladores, y que perjudique o desprestigie la denominación, o suponga un uso indebido de la misma.

2. Las infracciones cometidas por personas, físicas o jurídicas, no inscritas en los Registros de cada Consejo Regulador se sancionarán con multa de veinte mil (20.000) pesetas (120,20 euros) hasta el doble del valor de las mercancías cuando éste supere dicha cantidad y además, con su decomiso, y son:

   1. Usar indebidamente la denominación de origen.

   2. Utilizar nombres comerciales, marcas, expresiones, signos y emblemas que por su identidad o similitud gráfica o fonética con los nombres protegidos por la Denominación de origen, o con los signos o emblemas característicos de la misma, puedan inducir a confusión sobre la naturaleza o el origen de los productos, sin perjuicio de los derechos adquiridos que sean debidamente reconocidos por los organismos competentes.

   3. Emplear los nombres protegidos por la denominación de origen, en etiquetas o propaganda de productos, aunque vayan precedidos por el término 'tipo' u otros análogos.

   4. Cualquier acción que cause perjuicio o desprestigio a la denominación de origen o tienda a producir confusión en el consumidor respecto de la misma.

3. Las infracciones contenidas en el presente artículo se clasifican en leves, graves y muy graves, y en consecuencia se gradúan las sanciones correspondientes, en función de los siguientes criterios:

   1. Son faltas leves, y se aplicarán las sanciones en su grado mínimo:

      1. Cuando se trate de simples irregularidades en la observancia de las reglamentaciones, sin trascendencia directa para los consumidores o que no supongan beneficio especial para el infractor.

      2. Cuando se subsanen los defectos en el plazo señalado para ello por el Consejo Regulador respectivo.

      3. Cuando se pruebe que no ha existido mala fe.

   2. Son faltas graves, y se aplicarán las sanciones en su grado medio:

      1. Cuando la infracción tenga trascendencia directa sobre los consumidores o suponga un beneficio especial para el infractor.

      2. Cuando no se subsanen los defectos en el plazo señalado para ello por el Consejo Regulador respectivo.

      3. Cuando la infracción se produzca por una actuación negligente, con inobservancia de las normas de actuación expresamente acordadas por el Consejo Regulador.

      4. En todos los casos en que no proceda la aplicación de los grados mínimo y máximo.

   3. Son faltas muy graves, y se aplicarán en su grado máximo las sanciones:

      1. Cuando se produzca reiteración en la negativa a facilitar información, prestar colaboración o permitir el acceso a la documentación exigida por el Reglamento de la denominación de origen de que se trate o por los acuerdos del Consejo Regulador.

      2. Cuando se pruebe manifiesta mala fe.

      3. Cuando de la infracción se deriven graves perjuicios para la denominación, sus inscritos o los consumidores.

      4. En los casos de las infracciones tipificadas en el inciso 5º del párrafo b) y en los incisos 1º, 2º, 4º, 7º, 8º y 9º del párrafo c) del apartado 1 del presente artículo, se podrá imponer como sanción la suspensión temporal del uso de la denominación o la baja en el registro o registros de la misma. La suspensión temporal, no superior a tres meses, del derecho al uso de la denominación, llevará aparejada la suspensión del derecho a certificados de origen, precintos, contraetiquetas y demás documentos del Consejo Regulador de que se trate. La baja supondrá la expulsión del infractor del registro o registros de que se trate, del Consejo Regulador, y como consecuencia, la pérdida de los derechos inherentes a la denominación.

5. En el caso de reincidencia o cuando los productos estén destinados a la exportación, las multas serán superiores en un cincuenta por ciento a las señaladas en cada caso, sin perjuicio de las sanciones que puedan corresponder en virtud de la legislación vigente. Si el reincidente cometiera nueva infracción, las multas podrán ser elevadas hasta el triple. Se entenderá reincidencia si el infractor sancionado mediante resolución firme en vía administrativa comete alguna de las infracciones que se contiene en el presente artículo en los cinco años posteriores.

1. Las infracciones cometidas por las personas, físicas o jurídicas, inscritas en los Registros de las Indicaciones Geográficas Protegidas, se clasifican, a efectos de su sanción, en la forma siguiente;

   1. Faltas administrativas: se sancionarán con apercibimiento o con multa del uno por ciento del valor de las mercancías afectadas. Son las siguientes:

      1. Falsear u omitir los datos y comprobantes que en cada caso sean precisos en los diferentes Registros.

      2. No comunicar inmediatamente al Consejo Regulador cualquier variación que afecte a los datos suministrados en el momento de la inscripción en los Registros.

      3. Omitir o falsear datos relativos a la producción o movimiento de productos.

      4. Las restantes infracciones al reglamento o a los acuerdos del Consejo Regulador, en la materia a que se refiere el presente apartado a).

   2. Infracciones a lo establecido en el Reglamento sobre producción, sacrificio y faenado de las carnes. Se sancionarán con multa del dos al veinte por ciento del valor de los productos afectados, llevando además consigo la pérdida de la protección de la Indicación Geográfica Protegida en el caso de animales vivos y el decomiso en caso de canales, piezas o porciones. Estas infracciones son las siguientes:

      1. El incumplimiento de las normas vigentes sobre los sistemas de explotación y alimentación del ganado.

      2. No respetar lo establecido en relación con las edades de destete y sacrificio de los animales.

      3. Utilizar en el proceso de producción cualquier sustancia de acción hormonal o tiroestática prohibida por el Decreto 1373/1997, de 29 de agosto, así como cualquier otro producto que pueda hacer las carnes peligrosas o nocivas para la salud humana, de acuerdo con lo que dispongan tanto la legislación vigente como las directrices emanadas del Consejo Regulador de que se trate.

      4. Incumplir las normas de sacrificio y manejo de las canales en el matadero.

      5. Incumplir las normas sobre faenado, empaquetado y expedición de piezas y porciones de éstas.

      6. Las restantes infracciones al Reglamento o a los acuerdos del Consejo Regulador, en la materia a que se refiere este apartado b).

   3. Infracciones por uso indebido de las Indicaciones Geográficas Protegidas o por actos que puedan causarle perjuicio o desprestigio. Se sancionarán con multa de diez mil (10.000) pesetas (60,10 euros) al doble del valor de la mercancía o productos afectados, cuando aquél supere dicha cantidad, y con su decomiso. Estas infracciones son las siguientes:

      1. La utilización de razones sociales, nombres comerciales, marcas, símbolos o emblemas que hagan referencia o creen confusión en los consumidores, a las Indicaciones Geográficas Protegidas, a los nombres protegidos por ellas, en la comercialización de carnes no protegidas.

      2. El uso de las Indicaciones Geográficas Protegidas en carnes que no hayan sido producidas, sacrificadas o faenadas de acuerdo con las normas establecidas por la legislación vigente y por los respectivos reglamentos, o que no reúnan las características y condiciones organolépticas que han de caracterizarlas.

      3. El uso de nombres comerciales, marcas, crotales o etiquetas no aprobados por el Consejo Regulador, en los casos a que se refiere el presente apartado c).

      4. La indebida tenencia, negociación o utilización de los documentos, crotales, etiquetas, sellos, símbolos o caracteres, propios de las Indicaciones Geográficas Protegidas, así como la falsificación de los mismos.

      5. La expedición de carnes que no correspondan a las características de calidad mencionadas en sus medios de comercialización.

      6. La expedición, circulación o comercialización de carnes amparadas por las Indicaciones Geográficas Protegidas, desprovistas de etiquetas numeradas o de los medios de control establecidos por el Consejo Regulador de que se trate.

      7. Efectuar el despiece, envasado, precintado o contraetiquetado de envases en locales que no sean las instalaciones inscritas y autorizadas por el Consejo Regulador, o por no ajustarse a los acuerdos del Consejo en esta materia.

      8. El incumplimiento de lo establecido en los respectivos Reglamentos o en los acuerdos del Consejo Regulador de que se trate en lo referente a sacrifico, faenado, envasado y expedición de carnes protegidas por las Indicaciones Geográficas Protegidas.

      9. La manipulación, traslado o disposición en cualquier forma de mercancías cautelarmente intervenidas.

      10. La utilización de cámaras y locales no autorizados.

      11. El impago de las exacciones previstas.

      12. En general, cualquier acto que contravenga lo dispuesto en los respectivos Reglamentos de las Indicaciones Geográficas Protegidas o los acuerdos de los respectivos Consejos Reguladores, y que perjudique o desprestigie las Indicaciones Geográficas Protegidas, o suponga un uso indebido de las mismas.

2. Las infracciones cometidas por personas no inscritas en los Registros de cada Consejo Regulador se sancionarán con multa de veinte mil (20.000) pesetas (120,20 euros), hasta el doble del valor de las mercancías cuando aquél supere dicha cantidad y además, con su decomiso, y son:

   1. Usar indebidamente la denominación de origen.

   2. Utilizar nombres comerciales, marcas, expresiones, signos y emblemas que por su identidad o similitud gráfica o fonética con los nombres protegidos por las Indicaciones Geográficas Protegidas, o con los signos o emblemas característicos de las mismas, puedan inducir a confusión sobre la naturaleza o el origen de los productos, sin perjuicio de los derechos adquiridos que sean debidamente reconocidos por los organismos competentes.

   3. Emplear los nombres protegidos por las Indicaciones Geográficas Protegidas, en etiquetas o propaganda de productos, aunque vayan precedidos por el término "tipo" u otros análogos.

   4. Cualquier acción que cause perjuicio o desprestigio a las Indicaciones Geográficas Protegidas, o tienda a producir confusión en el consumidor respecto de las mismas.

3. Las infracciones contenidas en el presente artículo se clasifican en leves, graves y muy graves, y en consecuencia se gradúan las sanciones correspondientes, en función de los siguientes criterios:

   1. Son faltas leves, y se aplicarán las sanciones en su grado mínimo:

      1. Cuando se trate de simples irregularidades en la observancia de las reglamentaciones, sin trascendencia directa para los consumidores o que no supongan beneficio especial para el infractor.

      2. Cuando se subsanen los defectos en el plazo señalado para ello por el Consejo Regulador respectivo.

   2. Son faltas graves, y se aplicarán las sanciones en su grado medio:

      1. Cuando la infracción tenga trascendencia directa sobre los consumidores o suponga un beneficio especial para el infractor.

      2. Cuando no se subsanen los defectos en el plazo señalado para ello por el Consejo Regulador respectivo.

      3. Cuando la infracción se produzca por una actuación negligente, con inobservancia de las normas de actuación expresamente acordadas por el Consejo Regulador.

      4. En todos los casos en que no proceda la aplicación de los grados mínimo y máximo.

   3. Son faltas muy graves, y se aplicarán en su grado máximo las sanciones:

      1. Cuando se produzca reiteración en la negativa a facilitar información, prestar colaboración o permitir el acceso a la documentación exigida por el Reglamento de la Indicación Geográfica Protegida de que se trate o por los acuerdos del respectivo Consejo Regulador.

      2. Cuando se pruebe manifiesta mala fe en el infractor.

      3. Cuando de la infracción se deriven graves perjuicios para las Indicaciones Geográficas Protegidas, sus inscritos o los consumidores.

4. En los casos de las infracciones tipificadas en el inciso 6º del párrafo b) y en los incisos 1º, 2º, 4º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º y 11º del párrafo c) del apartado 1 del presente artículo, se podrá imponer como sanción la suspensión temporal del uso de la denominación o la baja en el registro o registros de la misma. La suspensión temporal, no superior a 12 meses del derecho al uso de la denominación, llevará aparejada la descalificación de animales para la Indicación Geográfica Protegida, la suspensión del derecho a certificados de origen, precintos, contraetiquetas y demás documentos de la Indicación Geográfica Protegida. La baja supondrá la expulsión del infractor del registro o registros del Consejo Regulador, y como consecuencia, la pérdida de los derechos inherentes a la denominación.

5. En el caso de reincidencia o cuando los productos estén destinados a la exportación, las multas serán superiores en un cincuenta por ciento a las señaladas en cada caso, sin perjuicio de las sanciones que puedan corresponder en virtud de la legislación vigente. Si el reincidente cometiera nueva infracción, las multas podrán ser elevadas hasta el triple. Se entenderá reincidencia si el infractor sancionado mediante resolución firme en vía administrativa comete alguna de las infracciones que se contiene en el presente artículo en los cinco años posteriores.

1. La ODECA, para el desarrollo y cumplimiento de sus fines, tiene atribuidas las siguientes competencias y funciones:

   1. La defensa, asesoramiento, fomento, promoción y control de las denominaciones de origen u otras denominaciones, de las indicaciones geográficas protegidas, así como de los productos procedentes de la agricultura y la ganadería ecológica o biológica, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

   2. Aprobar los reglamentos de régimen interno de los Consejos Reguladores, o sus modificaciones.

   3. La convocatoria y regulación de los procesos electorales para la renovación de los Consejos Reguladores.

   4. El nombramiento de Presidente y Vicepresidente de los Consejos Reguladores.

   5. La aplicación de los respectivos Reglamentos y la vigilancia, inspección y control del cumplimiento de los mismos y del resto de normativa vigente al respecto.

   6. La promoción del consumo de los productos amparados.

   7. El estudio y aprobación de nuevas denominaciones de origen, otras denominaciones o indicaciones geográficas protegidas.

   8. La ejecución de las actuaciones impuestas por la normativa de la Unión Europea, del Estado español o de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en esta materia.

   9. Aprobar, en su caso, las correspondientes etiquetas, logotipos o elementos identificativos de los productos amparados.

   10. Las de relación con los Órganos, Entes y Autoridades con competencias y atribuciones en la materia, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de la Administración General del Estado, o de la Unión Europea.

   11. Ejercer las funciones de autoridad competente, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8 y 9 del Reglamento CEE 2092/91.

   12. La adopción de las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente, prevenir y perseguir las irregularidades, incluida la correspondiente denuncia ante los Organismos competentes, en su caso, administrativos o jurisdiccionales.

   13. Informar preceptivamente todo proyecto de normativa del Gobierno de Cantabria en materia de denominaciones de origen u otras denominaciones, indicaciones geográficas protegidas, agricultura y ganadería ecológica o biológica, o que afecten a la producción, transformación y comercialización de los productos amparados.

   14. Ejercer la potestad sancionadora cuando le corresponda.

       ñ) El desarrollo de acciones relacionadas con la promoción de los sectores agroalimentario y pesquero de Cantabria, así como de sus productos.

   15. Cuantas otras sean precisas para el adecuado cumplimiento de sus fines y les sean atribuidas por normas legales o reglamentarias

2. Las funciones y competencias citadas comprenderán las actividades administrativas y de control del cumplimiento de la normativa vigente, incluida la realización de inspecciones.

1. A la ODECA, dentro de la esfera de sus competencias, le corresponden las potestades administrativas siguientes:

   1. La organizatoria.

   2. La de planificación.

   3. La inspectora y la sancionadora.

   4. La de ejecución forzosa de sus actos.

   5. La de coacción.

   6. La de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes.

   7. La de revisión de oficio de sus actos.

   8. La de contratación.

2. Mediante Decreto del Gobierno de Cantabria podrá atribuirse a la ODECA la facultad de ordenar aspectos secundarios del funcionamiento del servicio encomendado en el marco y con el alcance establecido por las disposiciones que fijan el régimen jurídico básico de dicho servicio.

1. La ODECA podrá adquirir, a título oneroso o gratuito, poseer y arrendar, bienes y derechos de cualquier clase, incorporándose al patrimonio de la Comunidad Autónoma los bienes que resulten innecesarios para el cumplimiento de sus fines. Las adquisiciones y enajenaciones de bienes inmuebles se realizarán conforme a las normas establecidas en la Ley de Cantabria 7/1986, de 22 de diciembre, de Patrimonio.

2. La ODECA podrá tener adscritos, para su administración, bienes del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el cumplimiento de sus fines.

3. Sin perjuicio de lo anterior, la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca facilitará la instalación de la sede de la ODECA.

1. Además de los recursos económicos que se recogen en el artículo 4 de la presente Ley, la ODECA se financiará con las aportaciones que realicen los operadores que sometan a su empresa al sistema de control del Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica, de los productores y elaboradores inscritos en los registros de las Denominaciones de Origen, y de los ganaderos, mataderos y salas de despiece inscritos en los registros correspondientes de las Indicaciones Geográficas Protegidas.

2. Asimismo, se financiará con las exacciones previstas en el artículo 90 de la Ley 25/1970, de acuerdo con los tipos establecidos en el apartado primero del número 1 del artículo 38 del anexo de la Orden de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, de 28 de octubre de 1985, por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen 'Queso de Cantabria' y de su Consejo Regulador, en el apartado primero del número 1 del artículo 34 del anexo I de la Orden de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, de 18 de noviembre de 1993, por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen 'Picón Bejes-Tresviso ' y de su Consejo Regulador, en el apartado primero del número 1 del artículo 33 del anexo I de la Orden de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, de 18 de noviembre de 1993, por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen 'Quesucos de Liébana ' y de su Consejo Regulador, y en el apartado primero del número 1 del artículo 41.1 del anexo de la Orden de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, de 12 de agosto de 1999, por la que se aprueba el Reglamento de la Indicación Geográfica Protegida 'Carne de Cantabria' y su Consejo Regulador.

Estos tipos podrán variarse por la ODECA, a propuesta del Consejo Regulador respectivo, si las necesidades así lo aconsejan, y siempre que se ajuste la modificación a la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, y disposiciones complementarias.