STS 332/2012, 29 de Mayo de 2012

JurisdicciónEspaña
Número de resolución332/2012
EmisorTribunal Supremo, sala primera, (Civil)
Fecha29 Mayo 2012

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintinueve de Mayo de dos mil doce.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, constituida por los magistrados indicados al margen, ha visto el recurso de casación interpuesto por la compañía mercantil demandante PROMOCIONES RUVE S.A., representada ante esta Sala por el procurador D. Pablo Sorribes Calle, contra la sentencia dictada el 19 de febrero de 2008 por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en el recurso de apelación nº 211/07-2 ª dimanante de las actuaciones de juicio ordinario nº 259/05 del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Barcelona, sobre derecho de adquisición preferente de acciones subsiguiente a ejecución forzosa de prenda sobre las mismas.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

El 1 de abril de 2005 se presentó demanda interpuesta por la compañía mercantil PROMOCIONES RUVE S.A. contra la compañía mercantil IBERTRACCIÓN S.A. "en liquidación", los tres síndicos de la quiebra de esta compañía y a título particular, D. Florencio solicitando se dictara "sentencia por la que:

  1. ) Se declare que el precio que el accionista retrayente deberá pagar para la adquisición preferente de las 10.135 acciones de Ibertracción, S.A. adjudicadas a Promociones Ruve, S.A., es el importe del crédito por el que ésta ha dado total carta de pago, esto es, de 841.416,95 Euros, debiendo igualmente abonar los gastos del procedimiento de ejecución, ascendentes a 3.859,47 Euros.

  2. ) Se condene a la sociedad y al accionista demandados a pasar por la anterior declaración.

  3. ) Que al haber ejercitado el codemandado D. Florencio, de forma incondicional y expresa, el derecho de adquisición preferente sobre las 10.135 acciones de Ibertracción, S.A. adjudicadas a Promociones Ruve, S.A., se condene a dicho demandado a abonar a Promociones Ruve, S.A. la expresada total suma de 845.276,42 Euros, con más los intereses legales de dicha cantidad a contar desde el día 18 de noviembre de 2004, fecha en que ejercitó su derecho, hasta su efectivo pago. Intereses que se incrementarán en dos puntos desde que se dicte sentencia en primera instancia.

  4. ) Se condene al demandado que se opusiere a la presente demanda al pago de las costas del juicio."

SEGUNDO

Turnada la demanda al Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Barcelona, tras rectificarse su reparto inicial al nº 3, dando lugar a las actuaciones nº 259/05 de juicio ordinario, y emplazados los demandados, no comparecieron dos de los síndicos de la quiebra, por lo que fueron declarados en rebeldía, y sí lo hicieron, conjuntamente, la sindicatura de la quiebra de IBERTRACCIÓN S.A. "en Liquidación" y D. Florencio, restante síndico además de la quiebra, quienes contestaron a la demanda alegando falta de legitimación activa de la demandante, falta de legitimación pasiva de D. Florencio y caducidad de la acción, oponiéndose a continuación en el fondo y solicitando se les absolviera de la demanda con expresa imposición de costas a la demandante.

TERCERO

Recibido el pleito a prueba y seguido por sus trámites, el magistrado- juez titular del mencionado Juzgado dictó sentencia el 7 de abril de 2006 rechazando las excepciones propuesta en la contestación a la demanda pero desestimando las pretensiones de la demandante por razones de fondo, sin imponer especialmente las costas a ninguna de las partes.

CUARTO

Interpuesto por la parte demandante recurso de apelación, formulada impugnación añadida por la sindicatura de la quiebra en materia de costas y atribuido el conocimiento de la segunda instancia a la sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, en actuaciones nº 211/07-2 ª, esta dictó sentencia el 19 de febrero de 2008 desestimando tanto el recurso como la impugnación añadida y confirmando la sentencia apelada sin imponer especialmente las costas a ninguna de las partes.

QUINTO

Anunciado por la parte demandante recurso de casación, el tribunal sentenciador lo tuvo por preparado y, a continuación, dicha parte lo interpuso ante el propio tribunal mediante un solo motivo fundado en infracción del art. 64.2 LSA de 1989 .

SEXTO

Personada ante esta Sala únicamente la parte recurrente, su recurso fue admitido por auto de 14 de julio de 2009.

SÉPTIMO

Por providencia de 10 de mayo de 2011 se nombró ponente al que lo es en este trámite y se acordó resolver el recurso sin celebración de vista, señalándose para votación y fallo el 27 de septiembre siguiente, pero pedida la suspensión del procedimiento por la parte recurrente mediante escrito presentado el 26 de septiembre, invocando el art. 19.4 LEC, por auto del propio día 27 se acordó la suspensión del procedimiento por un plazo de treinta días y que lo acordado se pusiera en conocimiento de las partes demandadas.

OCTAVO

Después de haberse intentado notificar la suspensión a las partes demandadas, sin éxito, se dictó providencia el 15 de febrero de 2010 acordando que el recurso quedara pendiente de nuevo señalamiento para votación y fallo con carácter preferente.

NOVENO

Por providencia de 28 de febrero del corriente años se alzó la suspensión del procedimiento y se señaló la votación y fallo para el 8 de mayo siguiente, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Francisco Marin Castan,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

La cuestión jurídica que plantea el presente recurso de casación es si, conforme al apdo. 2 del art. 64 LSA de 1989, en caso de adquisición de acciones nominativas como consecuencia de un procedimiento de ejecución seguido conforme a la Ley de Cataluña 22/1991, de 29 de noviembre, de Garantías Posesorias sobre Cosa Mueble, quien pretenda a su vez adquirirlas del adjudicatario, al amparo de las restricciones estatutarias a la libre transmisibilidad de las acciones, habrá de pagar el valor de la adjudicación al acreedor, coincidente por imperativo legal con el importe total del crédito garantizado con la prenda, o, por el contrario, el valor "razonable" al que se refería el párrafo segundo del apdo. 1 de dicho art. 64 para el caso de adquisiciones por causa de muerte (valor "real" antes de la reforma llevada a cabo por la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero ).

La sentencia impugnada, confirmando la de primera instancia, decidió que dicha cantidad era el valor razonable, pues el apdo. 2 del art. 64 LSA de 1989 sometía los casos de adquisición mediante un procedimiento de ejecución al "mismo régimen" que los casos de adquisición por causa de muerte. La parte recurrente, acreedora pignoraticia en su día, luego adjudicataria de las acciones y más tarde demandante para que se declarase que el precio a pagar por quien ejercitara el derecho de adquisición preferente era el importe de la totalidad del crédito más los gastos del procedimiento de ejecución, sostiene por el contrario, mediante un solo motivo de casación fundado en infracción del art. 64.2 LSA de 1989, que la remisión al "mismo régimen" lo es únicamente a la posibilidad de ejercitar el derecho de adquisición preferente, pero no al precio que debe pagar quien lo ejercite.

SEGUNDO

Los hechos que la sentencia recurrida declara no controvertidos y que la parte recurrente no discute son los siguientes:

"La actora (PROMOCIONES RUVE, S.A.) había concedido el 21 de octubre de 1997 un préstamo de 140.000.000 Ptas. a Silvia, y en garantía de su devolución esta última constituyó una prenda sobre las 10.135 acciones de la sociedad IBERTRACCIÓN S.A. de que era titular. Ante el impago del préstamo, años después, el 17 de junio de 2004, PROMOCIONES RUVE instó la ejecución de la garantía, a través del procedimiento previsto en la Lei 22/1991 del Parlament de Catalunya. Como tanto la primera como la segunda subasta quedaron desiertas, la instante de la ejecución se adjudicó las acciones otorgando carta de pago por la totalidad del crédito de 841.416,95 euros, y se hizo cargo de los gastos ocasionados por la ejecución (3.859,47 euros), de conformidad con el art. 19.4.c) de la Llei 22/1991.

Comunicada la adquisición a los síndicos de la sociedad IBERTRACCIÓN S.A., en liquidación, ésta presentó a uno de los accionistas, Florencio, corno adquirente de la totalidad de las 10.135 acciones de la sociedad, al haber ejercitado de forma incondicional y expresa su derecho de adquisición preferente, indicando que se había solicitado del Registro Mercantil el nombramiento de auditor para que fijara el valor real de las acciones, y que una vez fijado se entregaría a PROMOCIONES RUVE.

Con estos antecedentes, PROMOCIONES RUVE ejercitó una acción para que se declarara que el precio que el accionista retrayente debía pagar para la adquisición preferente de las 10.135 acciones era el importe del crédito por el se había instado la ejecución y sobre el que se había dado carta de pago (841.416,95 euros) más los gastos del procedimiento de ejecución (3.859,47 euros). Y junto a esta acción meramente declarativa ejercitó otras de condena: a las demandadas a estar y pasar por la anterior declaración; y a Florencio a abonar a PROMOCIONES RUVE la suma de 845.276,42 euros, por haber ejercitado de forma incondicional y expresa el derecho de adquisición preferente sobre las 10.135 acciones."

TERCERO

La sentencia de primera instancia desestimó la pretensión meramente declarativa de la demanda, sobre el precio para la adquisición preferente, por considerar que la doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado (en adelante DGRN) equiparando el derecho del art. 64.2 LSA de 1989 a un retracto, con la consiguiente subrogación del retrayente en el lugar del adquirente de las acciones en procedimiento de ejecución, no era exacta ya que tal derecho se configuraba, según la doctrina científica mayoritaria, como un "derecho de preemción", el cual no lleva consigo la sustitución del primitivo adquirente por uno nuevo ni que necesariamente el precio pagado en la ejecución tenga que ponerse en relación con el precio que deba pagar el socio.

A continuación razonó sobre la dudosa inclusión del procedimiento regulado por la Ley de Cataluña 22/1991, derogada por la Ley 19/2002 pero aplicable por razón del tiempo en que se había constituido la prenda, entre los procedimientos judiciales o administrativos de ejecución a que se refiere el art. 64.2 LSA de 1989, añadiendo no obstante que, aun cuando se considerase incluido, resultaba, de un lado, que el acreedor pignoraticio pudo conocer el valor real de las acciones que se le ofrecían en prenda, su régimen estatutario y las previsiones de la propia LSA y, de otro, que la demandante no estaba obligada a adjudicarse las acciones, de modo que como "[n]adie puede dar más de lo que tiene y, al disponer claramente el artículo 64 TRLSA que su valor de adquisición será el razonable, es obvio que el ejecutante no se adjudicó más que las acciones del ejecutado con su valor y contenido patrimonial, por mucho que ofreciera o diera carta de pago por un importe diferente" .

En definitiva, para el juez de primera instancia, que seguía así a un autorizado sector de la doctrina científica, "estamos en presencia de una tajante opción legislativa, que tiene como finalidad garantizar el precio justo" .

CUARTO

La sentencia de apelación, tras hacer constar que la demandante, en su recurso de apelación, no insistía ya en la condena del codemandado Sr. Florencio a pagarle la cantidad de 845.276'42 euros, de modo que la única cuestión controvertida era ya la determinación del precio de las acciones, confirmó la sentencia de primera instancia razonando, en síntesis, lo siguiente: 1) Las acciones litigiosas eran nominativas y el art. 11 de los estatutos sociales de Ibertracción S.A. establecía el derecho de adquisición preferente en caso de transmisión a título gratuito o como consecuencia de procedimiento judicial, extrajudicial o administrativo de ejecución, disponiendo lo necesario para el cómputo de los plazos desde que el adjudicatario comunicara su adquisición y previendo que "para realizar la inscripción de la transmisión en el Libro registro de acciones nominativas, la sociedad deberá presentar al oferente uno o varios adquirentes de las acciones que habrán de ser accionistas que hayan manifestado su propósito de adquirir, o, en su defecto, ofrecerse a adquirirlas ella misma por su valor real en el momento en que se solicitó la inscripción -entendiéndose por tal el que determine el auditor de la sociedad..." ; 2) los estatutos se ajustaban, pues, a la letra del art. 64.2 LSA de 1989 al tiempo de su redacción, si bien despejando cualquier posible duda sobre el precio y el procedimiento porque la referencia era común para las transmisiones mortis causa y las adjudicaciones en procedimiento de ejecución; 3) la doctrina de la DGRN, representada por sus resoluciones de 2-12-91, 27-4-90 y 6-6-90, ciertamente era contraria a la sustitución del precio ya obtenido por otro inferior, por entender que esto vulneraba tanto exigencias imperativas de la ejecución forzosa como el principio de responsabilidad patrimonial universal, pero lo hacía partiendo de que el derecho de los socios a adquirir las acciones objeto de ejecución era un derecho de retracto, lo cual no es exacto porque, "a diferencia de lo que ocurre con el sistema regulado en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, el artículo 64 TRLSA no prevé la subrogación de los socios o, en su caso, de la sociedad que ejercitan este derecho de adquisición frente al rematante o el adjudicatario en la misma posición que este último tenía en la ejecución, sino que lo que les confiere es la facultad de adquirirlas directamente de dicho rematante o adjudicatario por el valor razonable"

; 4) así, en la LSRL de 1995 el art. 31 regula el régimen de la transmisión forzosa separadamente del de la transmisión mortis causa, estableciendo una verdadera subrogación previa suspensión de la adjudicación; 5) en cambio, para las sociedades anónimas cuyos estatutos contengan restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones el sistema no confiere a los socios un derecho de adquisición preferente o de retracto que les imponga pagar el precio del remate o el valor de la adjudicación, sino la posibilidad de quedarse las acciones nominativas adjudicadas por su precio razonable determinado por un auditor, lo que supone que incluso podría ser superior en casos de ejecución judicial con subasta desierta y adjudicación de las acciones por el 30% de su valor ( art. 651 LEC ); 6) el hecho de que el art. 14 de la Ley catalana 22/1991 impusiera al acreedor ejecutante que se adjudicara las acciones el otorgamiento de carta de pago por la totalidad del crédito garantizado tampoco era un argumento decisivo a favor de la tesis de la actora-apelante, pues los estatutos de Ibertracción S.A. gozaban de publicidad registral, la ley no imponía al acreedor la adjudicación de las acciones en caso de quedar desierta la subasta y, además, para la ejecución no tenía que acudir necesariamente a la vía notarial prevista en dicha ley catalana, disponiendo de otras alternativas como la ejecución judicial de la LEC, con arreglo a la cual habría podido adjudicarse las acciones, en caso de quedar desierta la segunda subasta, por el 30% de su valor de tasación; 7) el sistema de la LSA no es absurdo ni irrazonable, sino que "quiere asegurar a los socios o, en su caso, a la sociedad que siempre podrá hacer valer este derecho de adquisición por un precio o valor razonable, sin que pueda quedar fuera de tal acceso en los supuestos en que el precio del remate sea desorbitadamente superior al valor razonable" ; 8) finalmente, tampoco podía aducirse una falta de interés legítimo del socio que pretendía adquirir las acciones, pues aun cuando Ibertracción S.A. estuviera no solo en liquidación sino incluso en quiebra, esta situación no hacía desaparecer el interés de los socios, cuyas expectativas sobre la reintegración también eran legítimas, sin perjuicio de que esas mismas expectativas de reintegración de unas naves que constituían el principal activo de la compañía también hubieran de tenerse en cuenta a la hora de determinar el valor razonable de las acciones.

QUINTO

Los argumentos del motivo único del recurso, fundado como se ha indicado ya en infracción del art. 64.2 LSA de 1989, son los siguientes:

  1. ) En la fijación del precio de las acciones se siguió un procedimiento público, transparente y en libre concurrencia.

  2. ) Una interpretación racional y lógica de dicho art. 64.2 en relación con el art. 11 de los estatutos sociales de Ibertracción S.A. permite concluir que la determinación del "valor razonable" por un auditor solamente procede en los casos de transmisión mortis causa, carentes lógicamente de precio alguno de referencia, pero no en los de transmisión mediante un procedimiento de ejecución, pues en este caso sí se ha determinado un precio y no tendría sentido convertir todo un largo y costoso procedimiento, como es el de ejecución, en inútil. La interpretación racional y lógica que aquí se propugna es, en definitiva, la seguida por las RDGRN 23-2-93 y 2-12-91, de la que se aparta la sentencia impugnada sin valorar suficientemente que el art. 31.3 LSRL de 1995 habla expresamente de "subrogación" en lugar del rematante o, en su caso, del acreedor. El propio procedimiento de ejecución prendaria sobre acciones carece de sentido si después resulta que cualquier socio puede adquirirlas por un precio totalmente ajeno al resultante de la ejecución, y la posibilidad, tanto en el art. 1872 CC como en el art. 19.4 c) de la Ley catalana 19/2002, de que el acreedor puede hacerse dueño de la prenda dando entonces carta de pago de la totalidad de su crédito no puede solaparse con una interpretación extensiva del art. 64.2 LSA .

  3. ) La interpretación propuesta en el recurso es la más conforme con la regulación de la materia en la LSRL de 1995, concretamente en su art. 31.3, y si en las sociedades de responsabilidad limitada, de naturaleza más personalista que las anónimas, se exige al socio retrayente una subrogación en el lugar del rematante o del acreedor adjudicatario mediante la consignación íntegra del importe de la adjudicación, con mayor razón se dará esta exigencia en el caso de las sociedades anónimas, pues el evitar la entrada de personas extrañas tiene más justificación en las sociedades limitadas que en las anónimas. No se pretende así una aplicación supletoria de la LSRL de 1995, pero sí su consideración para una interpretación del art.

    64.2 LSA de 1989 por ser aquella posterior, argumento no desvirtuado por la reforma del art. 64.2 llevada a cabo por la Ley 44/2002 dado el carácter de esta fundamentalmente financiero. Además, la interpretación de la sentencia recurrida produce resultados injustos tanto para el acreedor como para el deudor pignoraticios, y priva de sentido al procedimiento de ejecución. 4º) Si, como apunta la sentencia impugnada, el procedimiento notarial de la Ley catalana 22/1991 no era propiamente un procedimiento judicial ni administrativo, la interpretación restrictiva propuesta en el recurso sería más defendible aún.

  4. ) Lo único que la actora-recurrente tenía que saber al aceptar la prenda de las acciones como garantía del préstamo era que en el caso de no devolverse el préstamo podría realizar las acciones y, en caso de quedar desiertas las subastas, hacerlas suyas por la totalidad del importe de su crédito, poniéndolo entonces en conocimiento de la sociedad, pero no que "al amparo de una interpretación extensiva y totalmente ilógica de una norma, de haber un accionista interesado en la adquisición, éste no pagaría el importe de la adjudicación"

    . Por eso el argumento de la sentencia recurrida sobre los riesgos que asumía la hoy recurrente es tautológico, ya que se funda en la interpretación extensiva que la propia sentencia hace del art. 64.2 LSA de 1989 . "Es más, si el art. 64.2 TRLSA permitiese adquirir las acciones pignoradas por un precio distinto e inferior al del remate o al de la adjudicación al ejecutante, el legislador ya habría articulado un sistema de notificaciones previas a la ejecución que permitiera a la sociedad o a cualquiera de sus accionistas adquirir las acciones por un valor razonable, sin necesidad de tener que iniciarse un procedimiento ejecutivo de nula eficacia" .

SEXTO

Así planteado el motivo único del recurso, ha de ser desestimado por las siguientes razones:

  1. ) La tesis de la parte recurrente se corresponde, en líneas generales, con la doctrina de la DGRN, cuya resolución de 22 de octubre de 1993, partiendo de las de 27 de abril de 1990 y 2 de diciembre de 1991 pero sobre una cláusula estatutaria muy diferente del art. 11 de los estatutos de Ibertracción S.A. y rechazando equiparar a un retracto el derecho del art. 64.2 LSA de 1989 (ver fundamento de derecho cuarto aplicando el adverbio sic ), declara lo siguiente: "La norma del art. 64.2 no se ocupa propiamente de establecer un derecho de adquisición preferente legalmente atribuido a la sociedad o a las personas que ésta designe sino que, más bien, y para facilitar la realización patrimonial de las acciones en casos de ejecución judicial o administrativa de éstas, se trata de una limitación legal impuesta a la facultad que la sociedad tiene de rechazar la condición de accionista de quien, sin ajustarse a las condiciones propias de la restricción según la configuración estatutaria de la misma, haya adquirido las acciones. Por eso, aquel precepto no puede impedir que los socios regulen en estatutos el desenvolvimiento del derecho de adquisición preferente en supuestos de transmisión forzosa (vid. arts. 1255 CC y 10 de la Ley de sociedades anónimas, así como las RR 9 octubre 1992 y 23 febrero 1993, que consideran inscribible la previsión estatutaria que señale como precio para el ejercicio del derecho de adquisición el importe del remate), siempre que no impida al accionista obtener el valor real de las acciones (cfr. arts. 63.2 y 64 de la Ley de sociedades anónimas y 123.6 Rgto. del Registro mercantil) y se ajuste a las normas generales del sistema. En el presente caso no puede decirse que la cláusula cuestionada impida al accionista obtener el valor real de sus acciones. Pero ha de tenerse en cuenta que las restricciones estatutarias a la libre transmisibilidad de las acciones deben respetar las exigencias imperativas del principio de ejecución forzosa (régimen de la responsabilidad patrimonial universal -cfr. art. 1911 CC -), y por ello no puede dejarse al arbitrio de los demás socios o de la sociedad sustituir el precio ya obtenido por otro inferior previsto en los estatutos, de modo que en detrimento de los acreedores ejecutantes, quede en beneficio injustificado de los socios parte de valor de los bienes que responden de la deuda ejecutada; como tampoco cabe, sin norma especial que imponga otra cosa, que el ejercicio del derecho de retracto pueda significar perjuicio para el rematante (cfr. lo que para los retractos establecen los arts. 1525, 1518 y 1640 CC ) si es que no se quiere inutilizar prácticamente la licitación y menoscabar la seriedad de las ventas públicas (RR 27 abril 1990 y 2 diciembre 1991). De estas consideraciones ha de resultar el rechazo de la cláusula cuya inscripción ahora se pretende, pues ni puede decirse que sea plenamente respetuosa con la seriedad que debe rodear a las enajenaciones forzosas; ni con el principio de responsabilidad patrimonial universal, ya que no garantiza al acreedor la realización del íntegro valor en cambio de las acciones por ejecutar (que puede ser superior al valor potencial de las mismas determinado según el procedimiento estatutario que se cuestiona), tampoco asegura la indemnidad patrimonial del accionista cuyo derecho se ejecuta en caso de que se ejercite ese derecho de adquisición preferente, ni, en fin, impide a sus consocios y demás titulares de este derecho colocarse en una posición ventajosa frente a los demás postores a la hora de la subasta."

    Por su parte la resolución de 23 de febrero de 1993, que ciertamente señaló la diferencia entre las transmisiones mortis causa y las enajenaciones forzosas porque en estas últimas "el precio del remate... es un fiel indicador del verdadero valor de los bienes enajenados", puntualizó sin embargo que la cuestión planteada no era si el socio ejecutado o rematante podía exigir que prevaleciera el precio del remate sobre el valor de las acciones, sino si el art. 64 LSA de 1989 "cierra o no a los estatutos la opción por el precio del remate", entendiendo que no la DGRN con base en los arts. 1255 CC y 10 de la propia LSA de 1989. 2ª) Lo anterior no significa, sin embargo, que la sentencia recurrida haya infringido el art. 64.2 LSA de 1989 mediante una improcedente interpretación extensiva, pues si esta norma disponía que en los casos de ejecución se aplicaría el "mismo régimen" que en los de adquisiciones por causa de muerte, lo que hace la sentencia impugnada es, pura y simplemente, no distinguir allí donde la ley tampoco distingue y, lo que es más importante, aplicar un régimen propio de las sociedades anónimas que no hay ninguna razón para equiparar al de las sociedades de responsabilidad limitada cuando lo normal en las leyes reguladoras de cada tipo societario es la remisión de la de sociedades limitadas a la de anónimas y no a la inversa.

  2. ) En suma, la interpretación de la sentencia recurrida no es extensiva sino estrictamente ajustada a la letra de la ley específicamente reguladora de las sociedades anónimas, siendo por el contrario la parte recurrente quien propone una interpretación correctora, claramente restrictiva, que se aleja de la propia LSA para buscar elementos que justifiquen la corrección en la ley reguladora de las sociedades de responsabilidad limitada.

  3. ) Es cierto que en los casos de ejecución forzosa no se da la incertidumbre sobre el precio de las acciones que, en cambio, sí se da en las adquisiciones por causa de muerte, así como que en principio la interpretación impugnada priva aparentemente de utilidad al procedimiento de ejecución. Pero también lo es que la imposición del valor razonable como criterio a seguir es una opción legislativa que no cabe tachar de contraria a los principios generales del derecho societario cuando resulta que los estatutos de las sociedades anónimas gozan de publicidad registral y, como sucede en el presente caso, permiten tanto al acreedor que acepta la prenda de acciones como garantía cuanto al socio deudor conocer los riesgos que asumen en caso de ejecución forzosa de la prenda y adjudicación final al acreedor por la totalidad del importe del crédito.

  4. ) Finalmente, los argumentos relativos tanto al importante valor interpretativo de la LSRL de 1995 por ser posterior a la LSA de 1989 como al escaso valor interpretativo de la reforma del art. 64.2 de esta última por la Ley 44/2002, han quedado desmentidos por el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, porque además de mantener, ya en un texto unificado, la diferencia entre las sociedades limitadas y las anónimas en la cuestión de que se trata (art. 109 para las primeras, subrogación, y art. 125 en relación con el 124 para las anónimas, sin subrogación), viene a despejar ya cualquier duda porque, manteniendo el criterio del "valor razonable" para el caso de transmisiones mortis causa en el art. 124, dedica el art. 125 a las transmisiones forzosas disponiendo que "[l]o establecido en el artículo anterior se aplicará cuando la adquisición de las acciones se haya producido como consecuencia de un procedimiento judicial o administrativo de ejecución", de modo que no hay remisión al "régimen" sino a todo lo establecido para el caso de transmisiones por causa de muerte, incluyendo por tanto el criterio del valor razonable como prevalente sobre el precio del remate o el valor de adjudicación.

SÉPTIMO

Conforme a los arts. 487.2 y 398.1 en relación con el 394.1, todos de la LEC, procede confirmar la sentencia recurrida e imponer las costas a la parte recurrente.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS

  1. - DESESTIMAR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la compañía mercantil demandante PROMOCIONES RUVE S.A. contra la sentencia dictada el 19 de febrero de 2008 por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en el recurso de apelación nº 211/07, 2ª.

  2. - Confirmar la sentencia recurrida.

  3. - E imponer las costas a la parte recurrente.

Líbrese al mencionado tribunal la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de Sala.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Francisco Marin Castan.-Jose Antonio Seijas Quintana.-Francisco Javier Arroyo Fiestas.-Francisco Javier Orduña Moreno.-FIRMADA Y RUBRICADA. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Francisco Marin Castan, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.

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