SAN, 24 de Enero de 2013

PonenteMARIA LUZ LOURDES SANZ CALVO
EmisorAudiencia Nacional. Sala Contencioso Administrativo, Sección 1ª
ECLIES:AN:2013:397
Número de Recurso37/2012

SENTENCIA EN APELACION

Madrid, a veinticuatro de enero de dos mil trece.

Visto por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en grado de apelación el recurso número 37/2012, interpuesto por D . Eulogio representado por el Procurador Sr. Pujol Ruiz contra la sentencia dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número ocho de Madrid, en fecha catorce de febrero de 2.011 en el Procedimiento Ordinario número 88/2008; ha sido parte apelada, la Administración demanda representada y defendida por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número ocho de Madrid se dictó en fecha 14 de febrero de 2.011 en el Procedimiento Ordinario número 88/2008, sentencia por la que se desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de D. Eulogio, contra la resolución del Secretario de Estado de Medio Rural y Agua de fecha 4 de julio de 2008 por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra la resolución del Presidente del Organismo Autónomo Parques Nacionales de fecha 10 de diciembre de 2007.

SEGUNDO

Contra dicha sentencia se interpuso por la representación procesal de D. Eulogio, recurso de apelación que fue admitido en ambos efectos solicitando que estimando el recurso se dicte sentencia por la que se revoque la sentencia recurrida y se estime la demanda, dándose traslado a la parte apelada, habiendo presentado el Abogado del Estado escrito impugnando el recurso interpuesto, elevándose las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Nacional.

TERCERO

Una vez recibidos los autos en esta Sección, se formó el presente Rollo, registrado con el número 37/2012, señalándose para votación y fallo el día 16 de enero de 2013.

Ha sido Ponente la Magistrada Ilma. Sra. Dª. LOURDES SANZ CALVO .

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO

La sentencia de instancia desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de D. Eulogio, contra la resolución del Secretario de Estado de Medio Rural y Agua de fecha 4 de julio de 2008 que desestima el recurso de reposición interpuesto contra la resolución del Presidente del Organismo Autónomo Parques Nacionales de fecha 10 de diciembre de 2007, por la que se impone al hoy apelante una sanción de multa de 60.010,22 #, al considerarle autor responsable de la comisión de una infracción muy grave de acuerdo con el artículo 39.4.a) de la Ley 4/1989, de 27 de marzo (modificado por la Ley 62/2003), de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y la Fauna Silvestre, y el artículo

5.2.1 del Decreto 153/2002 .

El artículo 38, apartado primero de la Ley 4/1989 tipifica como infracción administrativa " La utilización de productos químicos, sustancias biológicas, la realización de vertidos o el derrame de residuos que alteren las condiciones habitabilidad de los espacios naturales protegidos con daños para los valores en ellos contenidos". Infracción que en el artículo 39.4.a) de la Ley 4/1989 se tipifica como muy grave. La citada infracción se sustenta en los siguientes hechos: El 30 de noviembre 2005, a las 12,15 horas, un agente medioambiental y otro de servicios generales del Parque Nacional del Teide, observaron al pasar por el Mirador de la Zapatilla de la Reina, en el Parque Nacional del Teide, al denunciado junto a otra persona, manipulando el interior de un autobús de turismo (empresa Trans Conrado) al mismo tiempo que se produce un gran vertido de combustible al suelo, comprobando los agentes que el vertido es de gasoil y estiman su volumen en 3-4 litros, verificando que el denunciado está realizando una reparación mecánica del vehículo sin tomar las medidas oportunas para evitar el vertido que se está produciendo. Además de lo anterior, observan que el denunciado está realizando el cambio de dos filtros de gasoil, depositando los filtros sustituidos en una papelera del mirador, resultando un nuevo vertido del contenido de los mismos en el interior de la papelera, siendo la capacidad de cada filtro de 1 litro.

SEGUNDO

La parte apelante discrepa de dicha sentencia y solicita su revocación, esgrimiendo en su amparo los siguientes motivos de apelación: a) Ausencia de culpa, al no intervenir el recurrente en el derrame del residuo que estuvo producido por la rotura del filtro de gasoil, por lo que debe determinarse la exclusión de la responsabilidad por caso fortuito; b) Errónea valoración de la prueba practicada e inexistencia de actuación sancionable, inexistencia de daño causado, o alteración de las condiciones de habitabilidad, que es requisito necesario para que la conducta sea sancionable; c) Falta de adecuación de la sanción impuesta a los caracteres y gravedad de la conducta desarrollada. Desproporcionalidad de la pena y d) falta de notificación.

Siguiendo un orden lógico se v a examinar en primer lugar el último motivo de apelación, consistente en la falta de notificación, que se fundamenta en que no existe constancia a cargo del Servicio de Correos de los dos intentos de notificación que exige el artículo 59 LRJPAC, ni prueba de que se hayan respetado las formalidades necesarias a la hora de realizar válidamente la notificación, pues ante el intento fallido que se dice en la resolución se practicó, debió procederse a depositar un aviso de llegada que en el caso que nos ocupa no consta, encontrándose directamente con la notificación edictal, que sólo puede ser residual.

Notificación defectuosa que, alega, le ha generado una situación de indefensión constitucionalmente relevante al haber impedido al hoy apelante ejercer el derecho de defensa, y la posibilidad de ser oído en el expediente antes de dictarse una resolución sancionadora, por lo que de conformidad con el citado artículo 59 en relación con el artículo 62 ambos de la LRJPAC, dicho acto administrativo debe ser nulo.

Dicha cuestión se planteó ya en la demanda y es abordada por la sentencia de instancia en el Fundamento de Derecho tercero, argumentando que constan en el expediente los intentos de notificación realizados por la Administración, no desvirtuados por prueba en contrario y recuerda la teoría de la autoresponsabilidad mantenida por el Tribunal Supremo en el sentido de que el derecho a ser notificado se contrapone al derecho a dejarse notificar. Añade, que no se le ha causado indefensión ya que la parte conoce desde el primer momento el motivo por el que se le sanciona y ha podido a lo largo...

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