El Estado, 40 años después
| Autor | Santiago Muñoz Machado |
| Cargo | Catedrático Derecho Administrativo. Universidad Complutense de Madrid |
| Páginas | 33-43 |
LA NOTARIA | | 2/2018 33
I
Es difícil alinear la Constitución de 1978 con
alguna otra española anterior. La historia de
nuestro constitucionalismo decimonónico es
muy discontinua y la enseñanza que puede
extraerse con más seguridad de los cambios
que se suceden hasta la Constitución de 1876,
es que cada una de ellas reejó las ideas del
partido dominante alternando concepciones
distintas sobre la libertad de pensamiento y
religión, sobre la organización de la enseñan-
za, sobre el alcance de la tutela de la Admi-
nistración estatal sobre la local, u otra clase
de materias disputadas a lo largo del siglo.
La de 1876 no arregló ninguna de estas polé-
micas de forma denitiva, pero se inclinó por
el sincretismo y los pactos de gobierno que
le permitieron mantenerse vigente muchos
años hasta que las crisis territoriales y sociales
la derribaron dramáticamente.
La Constitución de 1931, de formación
más democrática que ninguna de las ante-
riores, aunque no supo reducir las tensio-
nes políticas y sociales que la acompañaron
desde el establecimiento de la República
(que coincide con la proclamación por par-
te de Maciá de otra República catalana en
competencia, pendiente de integrar en una
hipotética Confederación de pueblos ibéri-
cos), tuvo presentes modelos constitucio-
nales distintos de los franceses que habían
servido de inspiración a las constituciones
del siglo anterior: la de Weimar de 1919 y
la de Austria de 1920. Otorgaron estas a la
Constitución el carácter de verdadera nor-
ma y no de un simple programa político,
norma vinculante para los poderes públi-
cos, habilitante de derechos y libertades
inmediatamente ecaces, y protegida por
un sistema de garantías a cuyo frente, de
acuerdo con los criterios que Hans Kelsen
hizo triunfar en Austria, estaría un Tribunal
Constitucional.
Nuestra Constitución republicana asu-
mió estas fórmulas y reforzó otras dos que
estaban ensayadas desde el inicio del cons-
titucionalismo para evitar la concentración
del poder: la separación de poderes, pre-
sente tradicionalmente en el constitucio-
nalismo europeo, para asegurar su división
horizontal y evitar una concentración abu-
siva; y la descentralización política, de corte
federal, prácticamente inédita en la historia
constitucional española, que propiciaría la
distribución vertical del poder.
Esta es la tradición a que se acogió la
Constitución de 1978, que aparecía a la vis-
ta de nuestros constituyentes, remansada
y consolidada, en las Constituciones euro-
peas aprobadas al término de la Segunda
Guerra Mundial, especialmente la Ley Fun-
damental de Bonn de 1949.
La regulación del régimen de los dere-
chos en la Constitución de 1978 presenta
inuencias reconocibles de aquella Ley
Fundamental en muchos enunciados con-
cretos y, con carácter general, en el régimen
El Estado, 40 años después
Santiago Muñoz Machado
Catedrático Derecho Administrativo
Universidad Complutense de Madrid
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