STSJ Andalucía 1792/2011, 29 de Abril de 2011
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 29 Abril 2011 |
| Número de resolución | 1792/2011 |
SENTENCIA N.º 1792/2011
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE MÁLAGA
RECURSO DE APELACIÓN N.º 2.593/2009
ILUSTRÍSIMOS SEÑORES:
PRESIDENTE:
D. JOAQUÍN GARCÍA BERNALDO DE QUIRÓS
MAGISTRADOS:
D. ANTONIO JESÚS PÉREZ JIMÉNEZ
D. RAFAEL GARCÍA SALAZAR
_________________________________________
En la ciudad de Málaga, a veintinueve de abril de dos mil once.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el recurso de apelación registrado con el número de rollo 2.593/09, interpuesto por D. Abilio
, representado y asistido por el Letrado D. José Miguel Pérez Pérez, contra la Sentencia de 22 de junio de 2009, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Melilla en el recurso contenciosoadministrativo número 95/09, seguido por el procedimiento abreviado, en relación con medida de devolución del territorio nacional, habiendo comparecido como apelada la Administración del Estado, representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado.
Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. RAFAEL GARCÍA SALAZAR, quien expresa el parecer de la Sala.
En el indicado día, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo dictó Sentencia desestimatoria del recurso también señalado, interpuesto en relación con medida de devolución del territorio nacional.
Interpuesto recurso de apelación contra dicha resolución, formulándose los motivos de impugnación frente a la resolución recurrida, se terminó solicitando que, en su día, previos los trámites legales, se dictara Sentencia por la que, con estimación de este recurso de apelación, se dejara sin efecto la apelada.
Teniendo por presentado el recurso y acordado su traslado a la apelada, tras la presentación por ésta de su escrito de oposición, se elevaron las actuaciones a esta Sala, en la que no habiéndose acordado el recibimiento a prueba, la celebración de vista ni la presentación de conclusiones escritas, el recurso fue declarado concluso, quedando las actuaciones pendientes de señalamiento para votación y fallo, que ha tenido lugar en el día fijado al efecto. CUARTO . En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones de los artículos 80.3 y 85 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
La sentencia apelada desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el apelante frente a la resolución del Director General de la Policía y de la Guardia Civil que desestimaba el recurso de alzada formulado contra otra anterior de 16 de enero de 2008, de la Delegación del Gobierno en Melilla, por la que se acordaba su devolución del territorio nacional y el reinicio del cómputo del plazo de la prohibición de entrada contravenida, argumentando la sentencia que en el proceder administrativo no se detecta irregularidad invalidante, dado que la medida adoptada no tiene naturaleza sancionadora, sin que se estime vulneración alguna de los arts. 58.2 de la L.O. 4/2000 y 157 R.D. 2393/2004 ).
El apelante reitera que se ha infringido el principio de legalidad, al no haberse tramitado expediente alguno donde poder defenderse de la imputación realizada. Tales argumentos son sustancialmente lo que se esgrimieron en la demanda, ratificada durante la vista, y que la sentencia de instancia desestima.
Al respecto, cabe señalar, con el Juez de la instancia, que la devolución no es una medida de carácter punitivo, sino que tiende a restablecer la legalidad alterada -mediante la restitución del ciudadano extranjero al país de procedencia-, y ello explica que no sea necesario seguir un expediente de expulsión, ni acordar ningún trámite al que deban trasladarse las exigencias del art. 24 C.E .
El art. 58.2.a) de la Ley Orgánica 4/00 establece que no será preciso expediente de expulsión para la devolución de los extranjeros que, habiendo sido expulsados, contravengan la prohibición de entrada en España, añadiendo el apartado 6 que, en este supuesto, la devolución acordada conllevará el reinicio del cómputo del plazo de prohibición de entrada, que hubiese acordado la resolución de expulsión quebrantada.
Por tanto, no se trata de un procedimiento sancionador, sino que estamos ante un supuesto específico donde no es necesaria la tramitación de un nuevo procedimiento administrativo, pues lo que se está haciendo es ejecutar la decisión administrativa previa que ordenaba su expulsión e imponía la prohibición de entrada, y que ha sido contravenida.
Tampoco es claro que pueda considerarse medida restrictiva de derechos. Es verdad que los extranjeros pueden ser titulares de los derechos fundamentales a residir y a desplazarse libremente -art. 19 C.E .-. Pero como indicó la STC 94/1993, de 22 de marzo, «... la libertad de circulación a través de las fronteras del Estado, y el concomitante derecho a residir dentro de ellas, no son derechos imprescindibles para la garantía de la dignidad humana (art. 10.1 C.E ., y STC 107/1984, fundamento jurídico 3), ni por consiguiente pertenecen a todas las personas en cuanto tales al margen de su condición de ciudadano. De acuerdo con la doctrina sentada por la citada sentencia, es pues lícito que las leyes y los tratados modulen el ejercicio de esos derechos en función de la nacionalidad de las personas, introduciendo tratamientos desiguales entre españoles y extranjeros en lo que atañe a entrar y salir de España, y a residir en ella ...». A mayor abundamiento, la STC 116/1993, de 29 de marzo, matiza que «... los extranjeros son titulares de los derechos fundamentales a residir y...
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