SAP Alicante 191/2011, 11 de Mayo de 2011
| Jurisdicción | España |
| Emisor | Audiencia Provincial de Alicante, seccion 5 (civil) |
| Ponente | JOSE LUIS UBEDA MULERO |
| Número de resolución | 191/2011 |
| Fecha | 11 Mayo 2011 |
| Categoría | protección civil,derecho a la libertad,función publica |
1 A.P. de Alicante (5ª.) Rollo 573-A/10
Iltmos. Sres.:
Presidente: D. José Luis Úbeda Mulero
Magistrada: Dª Visitación Pérez Serra
Magistrada: Dª María Teresa Serra Abarca
En la ciudad de Alicante, a once de mayo de dos mil once.
La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Alicante, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados antes citados y
EN NOMBRE DE S.M. EL REY
ha dictado la siguiente
SENTENCIA Nº 191
En el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante D. Diego, representada por la Procuradora Dª. Isabel Martínez Navaro y dirigida por el Letrado D. José Luis Abrisqueta Sempere, frente a la parte apelada D. Florentino Y GRUPO POLÍTICO CIUTADANS DE PEGO, representada por la Procuradora Dª. Mª Auxiliadora Márquez Muñoz, y dirigida por el Letrado D. Salvador Tarrasó Pellicer, habiendo intervenido el MINISTERIO FISCAL, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 2 (antiguo Mixto nº 3) de Denia, habiendo sido ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. José Luis Úbeda Mulero.
Por el Juzgado de Primera Instancia número 2 (antiguo Mixto nº 3) de Denia, en los autos de juicio Ordinario nº 289/08, se dictó en fecha 26 de noviembre de 2009 sentencia cuya parte dispositiva, aclarada por auto de 26 de febrero de 2010, es del tenor literal siguiente:
"Que debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda interpuesta por D. Diego contra D. Florentino y contra el grupo político CIUTADANS DE PEGO haciendo expresa imposición del pago de las costas procesales a la parte actora."
Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación la parte actora, habiéndose tramitado el mismo por escrito en el Juzgado de procedencia, en la forma introducida por la Ley 1/2000, elevándose posteriormente los autos a este Tribunal, donde quedó formado el correspondiente Rollo de apelación número 573-A/10, señalándose para votación y fallo el pasado día 11 de mayo de 2011, en que tuvo lugar.
El presente recurso de apelación se formula contra la sentencia dictada en el procedimiento de juicio ordinario seguido ante el Juzgado, desestimatoria de demanda sobre intromisión ilegítima en el honor y la propia imagen, formulada por el actor, aparejador de profesión y concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Pego en el momento de los hechos, contra un particular y solidariamente contra el partido político al que pertenecía, por la emisión de una nota de prensa que se hizo llegar a determinados periódicos y que dio lugar a la publicación de varios artículos el día 24 de mayo del 2007 : el primero de ellos, en el Diario El Mundo de Alicante, bajo el título "Ciutadans de Pego denuncia vínculos entre el PP local y una empresa" y, el segundo, en el Diario Levante El Mercantil Valenciano, con el título "El edil de urbanismo firmó el proyecto de una promotora que incumplía el PGOU de Pego". En ambos casos, expresamente se reseña en los artículos que fue el partido político Ciutadans de Pego el que había "manifestado" o "denunciado" a la opinión pública determinados vínculos entre el PP local y cierta empresa, que reclamaba una indemnización al Ayuntamiento de Pego por una modificación del PGOU. En el mismo sentido en el Diario Alc Política se publicó un artículo bajo el título "Ciutadans de Pego denuncia una presunta vinculación entre el PP y la promotora", y en el Diario Información de Alicante apareció una noticia bajo el título "El edil de urbanismo firmó un proyecto de una promotora que incumplía el PGOU". En la misma fecha en el Diario Las Provincias se publicó artículo bajo el lema "Una promotora vinculada al PP local reclama a Pego una indemnización millonaria", insistiendo en el mismo asunto en la publicación del día siguiente.
Como ha tenido ocasión de pronunciar reiteradamente esta misma Audiencia Provincial en numerosas sentencias, citadas por la de esta Sección 5.ª de 16 de marzo de 2011, el artículo 120 n.º 3 de la Constitución Española expresa que las sentencias serán siempre motivadas, precepto que se corresponde en el orden procesal con el n.º 2 del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el sentido de que las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. El principio obedece fundamentalmente a la finalidad de dar a conocer a las partes contendientes en el litigio las razones de las decisiones de los Jueces y Tribunales. Sin embargo, en orden al recurso de apelación, tanto la doctrina del Tribunal Constitucional (sentencias 139/2000, de 29 de mayo, 15/2005, de 31 de enero, 256/2005, de 20 de junio, y 118/2006, de 24 de abril ) así como la del Tribunal Supremo (sentencias de este último y entre otras las de 5 de...
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