STSJ Castilla y León 480/2011, 25 de Noviembre de 2011

JurisdicciónEspaña
Número de resolución480/2011
EmisorTribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), sala Contencioso Administrativo
Fecha25 Noviembre 2011

SENTENCIA

En la ciudad de Burgos, a veinticinco de noviembre de dos mil once.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, ha visto en grado de apelación el recurso núm. 201/2011, interpuesto por el Excmo. Ayuntamiento de Soria, contra la sentencia de fecha 5 de julio de 2.011, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Soria en el procedimiento ordinario núm. 390/2010, por la que se estima la demanda interpuesta contra la Resolución de la Junta de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Soria de 23 de julio de 2010, en el expediente NUM000 (que acordaba la adjudicación definitiva del contrato de dirección de obra a nivel facultativo superior, dirección de ejecución de obra y la coordinación de seguridad y salud de la obra de construcción de un pabellón polideportivo para albergar pistas deportivas en el complejo deportivo San Andrés de Soria), declarando no ser conforme a Derecho la citada Resolución y anulando la misma.

Han comparecido en esta apelación, como apelante, el Excmo. Ayuntamiento de Soria, representado por el procurador don César Gutiérrez Moliner, y, como apelado, el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León, Demarcación Soria, representado por la procuradora doña Elena Cobo de Guzmán Pisón.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Que por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Soria en el procedimiento ordinario núm. 390/2010, se dictó sentencia cuya parte dispositiva dice: "Que estimando la demanda interpuesta por la procuradora Sra. Muro Sanz contra la Resolución de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Soria de 23 de julio de 2010 expediente NUM000 he de declarar y declaro no ser conforme a Derecho la citada Resolución, anulando la misma con las demás consecuencias que procedan en Derecho".

SEGUNDO

Que contra dicha sentencia se interpuso por la demandada recurso de apelación, que fue admitido a trámite, solicitando que se dicte sentencia por la que se estime íntegramente el presente recurso de apelación, revocando la Sentencia de instancia y en su lugar dicte una por la que se desestimen íntegramente las peticiones formuladas en la demanda.

TERCERO

De mencionado recurso se dio traslado a la parte actora, quien solicitó la desestimación íntegra del recurso de apelación interpuesto, confirmando la Sentencia de instancia en todos sus términos.

CUARTO

Recibido el recurso, se ha señalado para votación y fallo el día 24 de noviembre de 2011, lo que así se efectuó. En la tramitación del recurso en ambas instancias se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO

Por la parte demandada se apeló la sentencia porque entiende que es contraria al ordenamiento jurídico en base a las siguientes alegaciones:

  1. -No es correcto lo indicado en el antecedente de derecho segundo de la Sentencia, puesto que el objeto del contrato no es la construcción de un polideportivo, sino un contrato de servicios de dirección de obra a nivel de facultativo superior y la coordinación de seguridad y salud de la obra de construcción de un pabellón polideportivo. 2.-La sentencia fundamenta el fallo en el incumplimiento de la sociedad respecto a la obligación de inscripción en el Registro de Sociedades Profesionales, y por lo tanto figurar como sociedad profesional.

    No se comparte esta conclusión por la simple razón de que tal argumento es contrario a derecho y erróneo en su valoración, ya que efectuando esta afirmación va en contra de lo establecido en la normativa, concretamente en el artículo 2 de la Ley 2/2007, puesto que para ser Sociedad Profesional es necesario que la misma únicamente tenga por objeto social el ejercicio en común de actividades profesionales. Pudiendo desarrollarlas bien directamente o bien indirectamente. La dicción literal del precepto no deja lugar a dudas sobre el error en la apreciación del Juzgador. El objeto social de la empresa es mucho más amplio y variado que exclusivamente el de prestar servicios técnicos de arquitectura y urbanismo. A más abundamiento señalar que el propio artículo 8 de la Ley 2/2007 establece que el Registro Mercantil comunicará de oficio al registro de Sociedades Profesionales la práctica de las inscripciones, con el fin de que conste al Colegio la existencia de dicha sociedad y que se proceda a recoger dichos extremos en el citado colegio.

  2. -Además, el pliego de condiciones no exige que la empresa adjudicataria esté inscrita en el registro de sociedades profesionales. La persona jurídica que se presenta a la licitación, deberá de estar inscrita en el registro público que le corresponda en función del tipo de persona jurídica de que se trate, en el caso que nos ocupa, "Alcubilla Isla Arquitectura Técnica, S.L.", ha elegido como tipo de persona jurídica una Sociedad de Responsabilidad Limitada, la cual adquiere precisamente la personalidad jurídica por su inscripción en el Registro Mercantil.

    La parte apelada formuló, en síntesis, las siguientes alegaciones, oponiéndose al recurso de apelación:

  3. -Los profesionales de la arquitectura, personas físicas, deben estar colegiados en un Colegio Oficial de Arquitectos, y a su vez los profesionales de la arquitectura, personas jurídicas, han de constituirse como sociales profesionales, lo que les permite inscribirse en el Registro de Sociedades Profesionales del Colegio de Arquitectos que les corresponda según su domicilio, de conformidad con el art. 8 de la Ley de Sociales Profesionales 2/2007, de 15 de marzo .

  4. -La sentencia analiza las circunstancias de hecho de la empresa adjudicataria. Se trata de una empresa cuyo objeto social es una actividad profesional, esto es "servicios técnicos de arquitectura y urbanismo". La naturaleza de la sociedad, pese a la dicción amplia de su objeto social, es profesional; su objeto social es primordialmente el ejercicio de actividades de carácter profesional, sin olvidar que se trata de una sociedad constituida mayoritariamente por Jose Enrique, quien ostenta la condición de arquitecto técnico.

    La realización de actividades profesionales por una persona jurídica, debe actuarse imperativamente a través de una sociedad profesional de las reguladas en la indicada Ley. La esencia de la nueva ley es realizar en nombre y bajo la propia responsabilidad de la entidad societaria actividades profesionales de arquitectura, aunque ello se haga a través de colegiados.

  5. -Al tratarse de una actividad profesional, es exigible estar en posesión de los correspondientes títulos universitarios para ejercer la profesión, por lo que la consecuencia para la sociedad es que debe figurar como sociedad profesional y estar inscrita en el Registro del Colegio de Arquitectos de Castilla y León, Demarcación de Soria.

  6. -El artículo 2 de la Ley 2/2007 no excluye del ámbito de aplicación de la ley a las sociales que tengan en su objeto social otras actividades, sino que se trata de acotar el ámbito de las sociales profesionales aquellas personas jurídicas que desarrollen las mismas, de entre sus fines. Bastaría a cualquier sociedad que realiza actividades profesionales, ampliar a cualquier ámbito su objeto social para así fácilmente quedar excluida de las obligaciones de la Ley. No es ese el sentido de la Ley, que lo que pretende es que las personas jurídicas que quieran realizar actividades profesionales han de constituir una sociedad profesional.

SEGUNDO

En síntesis, son dos las cuestiones que se plantean en este recurso de apelación: 1.-Si la adjudicataria del contrato tiene o no tiene que estar inscrita en el Registro de Sociales Profesionales. 2.-Si aún no estando inscrita, no procede acordar la nulidad del acto adjudicatario, por cuanto que no se exige la inscripción en este Registro conforme al Pliego de Condiciones.

La primera exigencia que establece la Ley 2/2007 es que las sociedades que tengan por objeto social el ejercicio de una actividad profesional en común deberán constituirse como sociales profesionales. Así el artículo 1 de dicha ley recoge:

"1. Las sociedades que tengan por objeto social el ejercicio en común de una actividad profesional deberán constituirse como sociedades profesionales en los términos de la presente Ley. A los efectos de esta Ley, es actividad profesional aquélla para cuyo desempeño se requiere titulación universitaria oficial, o titulación profesional para cuyo ejercicio sea necesario acreditar una titulación universitaria oficial, e inscripción en el correspondiente Colegio Profesional.

A los efectos de esta Ley se entiende que hay ejercicio en común de una actividad profesional cuando los actos propios de la misma sean ejecutados directamente bajo la razón o denominación social y le sean atribuidos a la sociedad los derechos y obligaciones inherentes al ejercicio de la actividad profesional como titular de la relación jurídica establecida con el cliente.

  1. Las sociedades profesionales podrán constituirse con arreglo a cualquiera de las formas societarias previstas en las leyes, cumplimentando los requisitos establecidos en esta Ley.

  2. Las sociedades profesionales se regirán por lo dispuesto en la presente Ley y, supletoriamente, por las normas correspondientes a la forma social adoptada".

    De este precepto se extrae la consecuencia ineludible del deber de constituirse en sociedad profesional para que una sociedad pueda tener por objeto social una actividad profesional en común, pues en otro caso lo que ocurrirá es que existirá una sociedad, pero en ella los profesionales responderán frente a terceros y realizarán los contratos frente a terceros como tales profesionales, no siendo la sociedad la que directamente contrate en su propio nombre y responda frente a los terceros. Otra cuestión importante que recoge el precepto,...

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