SAN, 18 de Abril de 2007

PonenteDIEGO CORDOBA CASTROVERDE
EmisorAudiencia Nacional. Sala Contencioso Administrativo, Sección 3ª
ECLIES:AN:2007:1718
Número de Recurso186/2005

SENTENCIA

Madrid, a dieciocho de abril de dos mil siete.

Vistos por la Sala, constituida por los Sres. Magistrados relacionados al margen, los autos del

presente recurso contencioso-administrativo numero 186/2005, interpuesto por el procurador de los

Tribunales don Pedro Antonio González Sánchez, actuando en nombre y representación de Dª.

Lidia, contra la Resolución del Ministerio de Justicia de 2 de febrero de

2005, por la que se denegó la solicitud de nacionalidad por residencia a la recurrente. Ha sido parte

la Administración del Estado, asistida y representada por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Interpuesto el presente recurso y previos los oportunos trámites, se confirió traslado a la parte actora por término de veinte días para formalizar la demanda, lo que verificó por escrito presentado el 24 de marzo de 2006 en el que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, solicita sentencia estimatoria del recurso por la que se anule la resolución recurrida y se reconozca el derecho de la recurrente a la obtención de la nacionalidad española.

SEGUNDO

La Administración demandada, una vez conferido el tramite pertinente para contestar la demanda, presentó escrito en el que alegó los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, solicitando una sentencia en la que se declare la conformidad a derecho de las resoluciones impugnadas.

TERCERO

Tras la practica de las pruebas que se consideraron pertinentes, con el resultado obrante en las actuaciones, y no estimándose necesaria la celebración de vista pública, se confirió traslado a las partes por termino de diez días para la formulación de conclusiones. Presentados los oportunos escritos quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento para votación y fallo, fijándose al efecto el día 17 de abril del presente año, fecha en que tuvo lugar la deliberación y votación.

Siendo PONENTE el Magistrado ILMO. SR. D. Diego Córdoba Castroverde.

FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO

El presente recurso impugna la resolución del Ministerio de Justicia, DGRN, por la que se denegó la solicitud de nacionalidad por residencia a la recurrente por falta de buena conducta "ya que según consta en la documentación que obra en el expediente tiene antecedentes de fecha 16/01/2002 por estar involucrada y ser acusada por el Ministerio Fiscal en los antecedentes como autora de un delito de detención ilegal. La absolución recaída en la sentencia nº 140/2003 de 23/04/03, no justifica positivamente la buena conducta que el art. 22.4 del Código Civil exige, al tratarse de unos hechos de extrema gravedad y entidad y, a mayor abundamiento, muy recientes en el tiempo".

La recurrente alega en apoyo de su pretensión que se encuentra residiendo en España desde el 28 de enero de 2000, fecha en la que solicitó la tarjeta familiar de residente comunitario que le fue concedida el 20-03-2001 por su matrimonio con español. Tiene un contrato de trabajo indefinido como camarera y carece de antecedentes penales. En relación con los hechos por los que fue detenida fue absuelta judicialmente por sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, Sección Segunda, de 23 de abril de 2003, quedando acreditada así su falta de participación en los hechos delictivos.

SEGUNDO

Los artículos 21 y 22 del Código Civil sujetan la concesión de la nacionalidad española por residencia a dos tipos de requisitos: unos de carácter definido como son la formulación de la correspondiente solicitud y la residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición durante los plazos de diez, cinco, dos o un año, que según los casos se establece; y otros configurados como conceptos jurídicos indeterminados, bien de carácter positivo como es el caso de la justificación de buena conducta cívica y el suficiente grado de integración en la sociedad española, o bien de carácter negativo como es el caso de los motivos de orden público o interés nacional que pueden justificar su denegación.

Los primeros no plantean problema para su apreciación, y en cuanto a los segundos, por su propia naturaleza de conceptos jurídicos indeterminados, precisan de la concreción adecuada a las circunstancias concurrentes en cada caso cuya valoración lleva a una única solución justa, jurisdiccionalmente controlable, que debe adoptarse por la Administración (art. 103 de la Constitución ), sin que propicien soluciones alternativas propias de la discrecionalidad administrativa.

Así ha declarado la sentencia de 24 de abril de 1999, citando otras muchas como las de 22-6-82, 13-7-84, 9-12-86, 24-4, 18-5, 10-7 y 8-11 de 1993, 19-12-95, 2-1-96, 14-4, 12-5- y 21-12- de 1998 y 24-4-99, que en la apreciación de los conceptos jurídicos indeterminados, como orden público e interés nacional, resulta excluida la discrecionalidad de la Administración, porque la inclusión de un...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR