STS, 8 de Octubre de 2009

PonenteMANUEL MARTIN TIMON
ECLIES:TS:2009:6694
Número de Recurso10087/2003
ProcedimientoRECURSO CASACIÓN
Fecha de Resolución 8 de Octubre de 2009
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a ocho de Octubre de dos mil nueve

Visto por la Sección Segunda de esta Sala, compuesta por los Excmos. Sres. que figuran al margen, el presente recurso de casación, número 10087/2003, interpuesto por el Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta de la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, contra la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional, de fecha 18 de noviembre de 2003, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 1219/2002, seguido contra resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 22 de junio de 2001, en materia de liquidación por Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los ejercicios 1984 a 1998, ambos inclusive.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Como consecuencia de actas de Inspección formalizadas respecto de D. Basilio, con fecha 22 de mayo de 1995, el Inspector Jefe de la Delegación en Barcelona, de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, practicó cinco liquidaciones por Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de los ejercicios 1985 a 1998, ambos inclusive, e importes respectivos de 49.762.125, 65.870.670,

29.197.347, 11.494.767, y 37.233.599 ptas.

SEGUNDO

El interesado interpuso reclamaciones económico-administrativas contra las liquidaciones antes referidas ante el Tribunal Ecnómico-Administrativo Regional de Cataluña, que, previa acumulación, dictó resolución desestimatoria de fecha 4 de diciembre de 1997.

TERCERO

El Sr Basilio formuló contra la referida resolución recurso de alzada ante el Tribunal Económico- Administrativo Central, el cual dictó resolución, de fecha 22 de junio de 2001, declarando su inadmisibilidad por extemporaneidad.

CUARTO

Como no se conformara con la expresada resolución, la representación procesal de D. Basilio interpuso contra la misma recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional y la Sección Tercera de dicho Organo Jurisdiccional, que lo tramitó con el número 1219/2002, dictó sentencia, de fecha 18 de noviembre de 2003, con la siguiente parte dispositiva: " ESTIMAR el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de Basilio contra la resolución del TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL de fecha 22/6/2001 a que las presentes actuaciones se contraen, y anular la resolución impugnada por su disconformidad a Derecho, por cuanto el recurso de alzada debió admitirse a tramite al no ser extemporáneo y al entenderse prescrito el derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación y prescrita la acción para sancionar derivada de tal liquidación respecto del actor por IRPF ejercicios 1984, 1985, 1986, 1987 y 1988."

QUINTO

El Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta de la Administración del Estado, preparó recurso de casación contra la sentencia reseñada y posteriormente lo interpuso por escrito presentado en este Tribunal en 12 de febrero de 2004, en el que solicita se dicte sentencia que case la anulada y declare la conformidad a derecho de la resolución del TEAC de 22 de junio de 2001.

SEXTO

El Auto de de la Sección Primera de esta Sala de 19 de mayo de 2005 acordó:

Declarar la inadmisión del recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado contra la Sentencia de fecha 18 de noviembre de 2003, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional, dictada en el recurso núm. 1.219/2002, respecto de las liquidaciones por Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes a los ejercicios 1986, 1987 y 1988.

Declarar la admisión del recurso de casación respecto de las liquidaciones por el mismo concepto correspondientes a los ejercicios 1984 y 1985, y para su sustanciación remítanse las actuaciones a la Sección Segunda, de conformidad con las reglas de reparto de asuntos.

La fundamentación del Auto era la siguiente:

" SEGUNDO.- El artículo 86.2.b) de la Ley de esta Jurisdicción exceptúa del recurso de casación las sentencias recaídas, cualquiera que fuere la materia, en asuntos cuya cuantía no exceda de 25 millones de pesetas (a salvo el procedimiento especial para la defensa de los derechos fundamentales, que no hace al caso), habiendo dicho esta Sala reiteradamente que es irrelevante, a los efectos de la inadmisión del expresado recurso, que se haya tenido por preparado por la Sala de instancia o que se hubiera ofrecido al tiempo de notificarse la resolución recurrida, siempre que la cuantía litigiosa no supere el límite legalmente establecido, estando apoderado este Tribunal para rectificar fundadamente -artículo 93.2.a) de la mencionada Ley - la cuantía inicialmente fijada, de oficio (o a instancia de la parte recurrida).

Por otra parte, el artículo 42.1º a) de la LRJCA establece que para fijar el valor de la pretensión se tendrá en cuenta el débito principal (cuota), pero no los recargos, las costas ni cualquier otra clase de responsabilidad, salvo que cualquiera de éstos fuera de importe superior a aquél.

TERCERO

En el caso contemplado en autos, la cuantía del recurso fue fijada por la Sala de instancia en 1.163.310,06 euros, que se corresponde con la deuda total a que ascienden las liquidaciones de los cinco ejercicios, y cuyo desglose en pesetas es el siguiente:

Ejercicio 1984: Deuda tributaria: 49.762.125 pesetas, de las cuales:

Cuota: 21.491.069

Intereses de demora: 28.271.156 pesetas.

Ejercicio 1985: Deuda tributaria: 65.870.670 pesetas, de las cuales:

Cuota: 31.006.558 pesetas

Intereses de demora: 34.864.112 pesetas

Ejercicio 1986: Deuda tributaria: 29.197.347 pesetas, de las cuales:

Cuota: 15.315.348 pesetas

Intereses de demora: 13.881.999 pesetas

Ejercicio 1987: Deuda tributaria: 11.494.767 pesetas, de las cuales:

Cuota: 6.550.083

Intereses de demora: 4.944.684 pesetas Ejercicio 1988: Deuda tributaria: 37.233.599 pesetas, de las cuales:

Cuota: 23.822.507 pesetas

Intereses de demora: 13.411.092 pesetas

Por tanto, de conformidad con la regla contenida en el artículo 42.1.a) de la LRJCA, el importe del principal (cuota) correspondiente a los ejercicios 1986, 1987 y 1988 no supera en ninguno de los casos el límite legal de los 25 millones de pesetas establecido en el artículo 86.2.b) de la Ley de esta Jurisdicción, como tampoco el resto de los conceptos que integran la deuda tributaria, por lo que procede declarar la inadmisión del presente recurso de casación respecto de los mismos, con arreglo a lo previsto en el artículo

86.2.b), en relación con el 93.2.a), de la mencionada Ley, por no ser susceptible de impugnación la resolución recurrida en relación a tales liquidaciones."

SEPTIMO

La representación procesal de D. Basilio se opuso al recurso de casación por escrito presentado en 22 de septiembre de 2005, en el que solicita su desestimación con imposición de las costas a la parte recurrente.

OCTAVO

Habiéndose señalado para votación y fallo la audiencia del 7 de octubre de 2009, en dicha fecha tuvo lugar el referido acto procesal.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Martin Timon, Magistrado de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

La Sentencia parte de que " de lo actuado en el expediente administrativo, se desprende que el actor en el escrito de interposición de las reclamaciones económico administrativa, reclamación que fue interpuesta en su nombre por el representante D. JUAN IBAÑEZ BORRAS, designaba como domicilio a efectos de notificaciones el de la CALLE000 nº NUM000 de Barcelona. También consta que, el TEAR, procedió a notificar la resolución de las reclamaciones acumuladas en el domicilio designado mediante correo certificado con acuse de recibo, siendo de destacar que dicha notificación, frustrada, se intentó por una sola vez y el certificado postal, así consta en el expediente, fue devuelto por caducado ante la referencia manuscrita de "ausente 11,20 avisado 21-5-97".

Sobre esta base fáctica, la Sentencia reconoce que el artículo 48 del Regamento de procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas, aprobado por Real Decreto 91/1996 de 1 de marzo (en igual sentido el art. 54-1, del RPREA del Real Decreto 1999/1981, de 20 de agosto ), establece : "En el primer escrito que se presente en cada reclamación económico- administrativa en cualquiera de sus instancias, habrá de expresarse necesariamente el domicilio en que deban hacerse las notificaciones, teniéndose por bien practicadas las que se verifiquen en dicho domicilio mientras no se haya acreditado en el expediente la sustitución de aquél por medio de escrito o de comparecencia personal suscrita por el interesado o apoderado".

Por otra parte, señala igualmente que el artículo 83 del Reglamento de 1996 (y en igual sentido el artículo 87 del de 1981 ) establece: " Forma de las comunicaciones e intimaciones. Las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos se realizarán en algunas de las formas siguientes, enumeradas por orden de prelación:

  1. En las oficinas del Organo que haya dictado el acto correspondiente, si el interesado o su representante comparecieren al efecto en dichas oficinas.

  2. En el domicilio designado para notificaciones conforme al artículo 48 de este Reglamento .

  3. En el domicilio del interesado de su representante legal o de su apoderado que de otro modo constare en el expediente o fuera conocido.

  4. Por medio de anuncios, cuando el interesado sea desconocido o no se sepa su domicilio, por haber dejado el que conste en el expediente o se ignore su paradero por cualquier motivo.

También se hará al notificación por medio de anuncios cuando por cualquier causa justificada no se hubiere podido practicar en alguna de las formas previstas en los apartados anteriores". Tras lo expuesto, la sentencia comienza a justificar su fallo en que " En el caso de autos esta actuación de proceder a la notificación edictal no está amparada por lo dispuesto en el art. 59-3 y 4, de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el Reglamento del Servicio de Correos de 14 de mayo de 1964 que exige igualmente dos intentos de notificación dentro de los tres días siguientes al primer intento".

Y tras invocar y reproducir la doctrina contenida en la Sentencia de esta Sala de 12 de diciembre de 1997, la recurrida llega a la conclusión de que "la notificación edictal fue improcedente, no han existido esos dos intentos de notificación en el domicilio designado, y sin olvidar que el único intento de notificación se hace sin identificación del empleado postal bajo una firma ilegible, por lo que hay que concluir que también en este caso la alzada fue interpuesta dentro de plazo en virtud del art. 125-1 de la LGT ya que al ser defectuosa la notificación de la resolución del TEAR la misma surtirá efectos desde la interposición del recurso pertinente. Desde esta perspectiva la resolución recurrida ha de anularse pues debió admitirse a tramite el recurso de alzada y entrarse a conocer del fondo del asunto por parte del TEAC."

Tras considerar que el recurso de alzada había sido deducido en plazo, la sentencia declara la prescripción del derecho a liquidar por parte de la Administración a través de argumentos que van a interesar a los efectos del presente recurso de casación.

SEGUNDO

EL Abogado del Estado articula su recurso de casación con base en un solo motivo en el que, por el cauce del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el que alega infracción de los artículos 83.b) 85.1, 86 y 83.2.II (sic) del Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico-Administrativas, aprobado por Real Decreto 391/1996 .

Expone el Abogado del Estado que la Disposición Adicional Quinta de la Ley 30/199, de 26 de noviembre, en su apartado 2, remite, en cuanto a la revisión de actos en materia tributaria, a sus normas específicas, esto es, en este caso, al Reglamento de procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas aprobado por Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo, por lo que no resulta de aplicación la exigencia del doble intento de notificación prevista en el artículo 59.2 de la LRJAPyPAC.

Pues bien, razona el Defensor de la Administración, "el artículo 83 del Reglamento de 1996 establece que las notificaciones se realizarán en el domicilio designado para notificaciones conforme al artículo 48 de mismo. El artículo 85 regula la notificación por correo y por agente notificador, señalando expresamente que, en el caso del apartado b) del artículo 83, podrá notificarse por correo. El artículo 86 regula la diligencia por anuncio para los supuestos del apartado d) del artículo 3 del Reglamento, cuyo párrafo II o final del precepto incluye cuando por cualquier causa justificada no se haya podido practicar en las formas previstas en los apartados anteriores." A ello se añade que "la conclusión anterior no queda desvirtuada, a juicio del Abogado del Estado, por la falta de identificación del notificador que, al tratarse de notificación por correo, debe ser empleado postal".

TERCERO

A efectos de una mayor claridad en la exposición de problema y resolución del motivo, los presupuestos de que debemos partir son lo siguientes:

  1. ) El hoy recurrido, en el escrito de reclamación económico-administrativa, interpuesto por su representante en su nombre, designó como domicilio a efectos de notificaciones el de la CALLE000 nº NUM000 de Barcelona.

  2. ) La resolución del TEAR se intentó notificar por medio de certificado con acuse de recibo, pero la misma se vio frustrada, siendo devuelto el certificado con la referencia manuscrita de "ausente 11,20 avisado 21-5-97".

  3. ) En el expediente consta una comunicación del Abogado del Estado-Secretario del TEAR, de 5 de septiembre de 1997, dirigida a D. Juan Ibáñez Borrás, haciéndole saber el intento de notificación sin resultado y emplazándole por diez días para personarse en el Negociado de notificación, con la advertencia de que no personarse en el plazo indicado se procedería a la notificación por Edictos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 86. 1 del Reglamento de Reclamaciones Económico-Administrativas . Sin embargo, aún cuando en la comunicación figure sello del Registro de Salida, no consta justificación de haberse producido realmente un segundo intento fallido de notificación.

  4. ) La notificación edictal tuvo lugar en 4 de diciembre de 1997. Como consecuencia de ello, el plazo de quince días para interponer el recurso de alzada finalizó el 24 de diciembre de 1997, según señala el TEAC en su resolución.

  5. ) El recurso de alzada ante el TEAC quedó interpuesto en 23 de enero de 1998.

  6. ) La resolución del TEAC de 22 de de junio de 2001 declaró extemporáneo el recurso de alzada.

A la vista de tales hechos, debemos decidir si debe reputarse o no extemporáneo el recurso de alzada deducido ante el TEAC por quien ahora es recurrido.

Pues bien, con la advertencia previa de que la admisibilidad del recurso de casación quedó limitada de forma exclusiva a los ejercicios 1984 y 1985, a virtud de lo acordado en el Auto de la Sección Primera de 19 de mayo de 2005 reseñado en el Antecedente Tercero, de esta Sentencia, nuestra respuesta al motivo alegado por el Abogado del Estado debe comenzar recordando que esta Sala, en sentencia de 12 de diciembre de 1997, dictada en recurso en casación en interés de la ley, señaló la necesidad del doble intento de notificación por correo certificado antes de acudir al sistema de Edictos al razonar en el Fundamento de Derecho Séptimo:

" (...)Debe recordarse que, con anterioridad a 1954, las notificaciones de las liquidaciones tributarias se llevaban a cabo normalmente mediante Agentes notificadores, tanto las de los Ayuntamientos, como las del Estado, pues éste utilizaba, en las ciudades sede de sus Oficinas, sus propios Agentes y, en las demás localidades, los Agentes municipales, medio autorizado por el artículo 34 del Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico-Administrativas, aprobado por Real Decreto 29 julio 1924, que, no se olvide, era aplicable subsidiariamente a todos los procedimientos de gestión tributaria.

La Orden Ministerial 20 octubre 1958 dictó las normas sobre aplicación por los Servicios de Correos de los artículos 60 y 80 de la Ley de Procedimiento Administrativo 17 julio 1958 .

Por último, como hemos ya anticipado, las normas del Decreto 2 abril 1954 y las de la Orden Ministerial 20 octubre 1958 fueron incorporadas al Reglamento vigente del Servicio de Correos, aprobado por Decreto 1653/1964, de 14 mayo .

Es menester destacar que el Decreto 2 abril 1954, contemplaba en el procedimiento de notificaciones domiciliarias, por medio de carta certificada, con acuse de recibo, sólo dos supuestos: la entrega efectiva de la carta al interesado o a otras personas y la negativa o rechazo a recibirla. Respecto de este segundo supuesto, el artículo 4 de dicho Decreto disponía: «Si el destinatario rehusare el objeto (carta certificada) se intentará la entrega en el reparto siguiente, y, si fuera posible, por distinto cartero. Rehusada la recepción las dos veces que el Servicio de Correos intentare la entrega, se extenderá nota que diga: Intentada la entrega de los repartos de los días....y..., el destinatario se niega recibirla, lo que, sellada y firmada por el o los carteros intervinientes, será devuelta a la oficina administrativa de origen».

La negativa a recibir la carta certificada no impedía la continuación del expediente, pues la notificación se entendía realizada, procediéndose, una vez transcurrido el plazo de ingreso voluntario, a iniciar el procedimiento ejecutivo, tendente al pago de la liquidación tributaria.

La Ley de Procedimiento Administrativo de 17 julio 1958 no contempló, ni siquiera, este supuesto de negativa o rechazo, omisión que ha corregido el artículo 59, apartado 3, de la vigente Ley 30/1992, de 26 noviembre, que dispone: «3. Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose la circunstancia del intento de notificación y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento».

Pero, junto a la alternativa expuesta o sea entrega de la carta certificada, o rechazo expreso de la misma, hay una tercera posibilidad, cada vez más frecuente en las grandes ciudades y es la imposibilidad de entregar materialmente la carta en el domicilio fiscal indicado, como dispone el artículo 271, del Reglamento del Servicio de Correos, «al propio destinatario o sin necesidad de la especial autorización de éste a que se refiere el artículo 269, a un familiar, dependiente, criado o vecino suyo mayores de catorce años», por motivos distintos al de negativa o rechazo a recibirla, vgr.: cambio de domicilio no comunicado a la Administración Tributaria, ausencia de personas capaces de recibir la carta certificada, imposibilidad de acceder a la vivienda, etc.

En este caso, lo lógico y natural hubiera sido establecer legalmente el procedimiento subsidiario y excepcional del anuncio por edictos y simultánea publicación en el Boletín Oficial correspondiente, pero lo cierto es que la Ley de Procedimiento Administrativo 17 julio 1958, sólo preveía, y, por ello se entendió que sólo permitía este procedimiento edictal en los supuestos previstos en el artículo 80.3, que eran «cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, o se ignore su domicilio», que son aquellos en que por su propia naturaleza no es posible la notificación domiciliaria. La doctrina jurisprudencial, relativa a esta ley, mantuvo en muy numerosas sentencias la invalidez del procedimiento edictal, cuando intentada la entrega en el domicilio conocido del sujeto pasivo, no se pudiera realizar ésta, en cuyo caso la Administración debía insistir hasta lograr la notificación domiciliaria.

Ha sido la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, la que por fin ha tenido en cuenta esta situación que estamos analizando, al disponer en el artículo 59, apartado 4, entre otros supuestos que «si intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio y en el Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, según cual sea la Administración de la que proceda el acto a notificar, y el ámbito del órgano que la dictó».

Las notificaciones tributarias, realizadas por correo, según el artículo 207.1 del Reglamento del Servicio de Correos de 14 mayo 1964, se llevarán a cabo por la modalidad de carta certificada con aviso de recibo; luego, la práctica de tales notificaciones nos remite indefectiblemente a las normas correspondientes del Reglamento mencionado, en especial a su artículo 251, apartado 3, que dispone: «3. La entrega a domicilio se intentará dos veces consecutivas. Cuando esta reiterada gestión resulte infructuosa el Cartero devolverá el envío a la Oficina (se sobreentiende de Correos), con nota expresiva de la causa de la devolución, dejando al destinatario, cuando se trate de correspondencia certificada o asegurada, el aviso oportuno».

Va de suyo que la entrega de este aviso, denominado «Aviso de llegada», sólo se puede hacer siguiendo las normas de la correspondencia ordinaria, pues si hubiera sido posible su entrega en persona al destinatario, familiar, etc., el cartero habría lógicamente entregado la carta certificada.

Este Aviso de llegada, según el modelo oficial, contiene los siguientes datos fundamentales, nombre y apellidos o razón social del destinatario, su dirección (domicilio fiscal), indicación de que se trata de un certificado, y mención, de «No encontrarse en su domicilio a las... horas del día...» (por supuesto se trata de la fecha del segundo intento de entrega, fallido), y mediante estampilla, la Oficina de Correos, días y horas en que el interesado puede recoger las cartas certificadas, y además otros datos que no interesan.

La cuestión crucial es que, en el supuesto previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, del doble intento fallido de entregar la carta certificada al destinatario en su domicilio no existe, ni puede existir, obviamente, constancia de dichos intentos de entrega de la notificación (carta certificada) por actos del destinatario o de las personas mencionadas en el artículo 59.2, segundo párrafo, de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, siendo, por tanto, esencial la prueba del intento de entrega por dos veces, y de la recepción del Aviso de Llegada, que se ha entregado mediante su introducción en el buzón o casillero correspondiente, prueba que recae sobre el propio Servicio de Correos.

Transcurrido el plazo para recoger la carta certificada en la Oficina de Correos, sin que el destinatario lo haga, los artículos 279 y 283 del Reglamento de Correos disponen que la Oficina devolverá al remitente, como correspondencia caducada, la carta certificada de que se trate, indicando «en el reverso del sobre o cubierta del envío las causas de la devolución».

Estas circunstancias no contradicen lo dispuesto en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, que dispone: «1. Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado», porque en el supuesto que estamos contemplando la notificación tiene que llevarse a cabo por el procedimiento edictal, trasladando lógicamente la constancia de los intentos de entrega, fallidos, y la entrega del Aviso de Llegada, que constituyen el presupuesto de hecho condicionante del procedimiento edictal, a la prueba que aporte la Administración Postal, y es aquí donde debe precisarse con todo rigor cuáles deben ser tales pruebas, para que la Administración Tributaria pueda llevar a cabo la notificación por edictos y simultánea publicación en el Boletín Oficial correspondiente.

Caducado el plazo para la entrega (artículos 279 a 283 del Reglamento del Servicio de Correos de 14 mayo 1964 ), sin que el destinatario o persona autorizada por él haya pasado a recoger la carta certificada, y devuelta ésta, la Administración Tributaria de que se trate debe pedir e incorporar al expediente administrativo certificado del Servicio de Correos del Distrito Postal competente, en el que se certifique: 1.º) La identidad de la carta certificada, con aviso de recibo, que se ha devuelto. 2.º) Identidad y dirección del destinatario. 3.º) Días y hora en que se intentó, sin resultado, la entrega en dos repartos consecutivos, indicando las causas concretas que han impedido la entrega. 4.º) Día y hora en que se entregó el Aviso de Llegada. 5.º) Noticia, en su caso, de que el destinatario o persona autorizada por él no se ha personado en la Oficina postal a recoger la carta. 6.º) Noticia de que ha transcurrido el plazo de recogida, por lo que ha caducado la obligación de entregar la carta y se devuelve ésta al remitente. Esta es la manera de que bajo firma del funcionario competente, y con los requisitos formales de rigor, se certifiquen y prueben los hechos reseñados.

Probados estos hechos, la Administración Tributaria puede, de conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, notificar válidamente mediante Anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio y publicación de dicho Anuncio en el Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, según cual sea la Administración de la que proceda el acto a notificar, y el ámbito del órgano que la dictó.

Podemos, pues, concluir que la normativa reguladora de la notificación, por correo certificado, con acuse de recibo, cuando intentada la entrega dos veces en el domicilio del sujeto pasivo, no se hubiese podido practicar, es en síntesis la siguiente: 1. En el procedimiento de notificación administrativa domiciliaria de actos de liquidación tributaria mediante carta certificada con aviso de recibo (acuse de recibo), la entrega debe intentarse en el domicilio del destinatario dos veces, como así exige el artículo 251.3 del Reglamento del Servicio de Correos, aprobado por Decreto 1653/1964, de 14 mayo, y si no se hubiese podido practicar, por causas ajenas al Servicio de Correos, será preciso dejar constancia en la libreta de entrega del día y la hora de los dos intentos, indicando las causas concretas que han impedido la entrega, así como del día y hora de la entrega del Aviso de Llegada como correspondencia ordinaria. 2. Probados, inexcusablemente, los hechos anteriores mediante la adecuada certificación del Servicio de Correos, la notificación se hará con plena validez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59, apartado 4, de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio de anuncio durante 15 días en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, y en el Boletín Oficial del Estado, o de la Comunidad Autónoma, o de la Provincia, según sea la Administración de la que proceda el acto a notificar, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó."

Dicho lo anterior, la Sala puede anticipar su criterio de rechazar el motivo alegado.

En efecto, tal como señala la sentencia transcrita, " La doctrina jurisprudencial, relativa a esta ley (de Procedimiento Administrativo de 1958 ), mantuvo en muy numerosas sentencias la invalidez del procedimiento edictal, cuando intentada la entrega en el domicilio conocido del sujeto pasivo, no se pudiera realizar ésta, en cuyo caso la Administración debía insistir hasta lograr la notificación domiciliaria". Baste con señalar que la Sentencia de esta Sala y Sección de 28 de diciembre de 1996 (recurso de apelación 8453/92 ) declaró en su Fundamento de Derecho Cuarto:

« Como se tiene declarado en Sentencias de esta Sala, entre otras, de 7 julio 1995 y 11 mayo, 13 julio y 18 octubre 1996, las notificaciones por Edictos como la de autos carecen, en cualquier caso, de virtualidad, pues dicho sistema de notificación sólo es viable, excepcionalmente, como se dice expresamente en el artículo 80.3 de la LPA, cuando los interesados en el procedimiento sean «desconocidos» o «se ignore su domicilio», y ninguna de estas dos circunstancias, como ha quedado reflejado en lo hasta aquí expuesto, se dan en este caso, ya que la obligada tributaria está y estaba perfectamente identificada y su domicilio, sea uno u otro de los señalados en la «declaración» oportunamente presentada, no era desconocido y no podía, por tanto, reputarse ignorado.

No practicada -ni reiterada, en su caso- la notificación a doña (...), de forma personal, por medio de cualquier persona que se encuentre en cualquiera de los domicilios citados o por medio del portero o conserje de los mismos, pues ésa es la consecuencia que se infiere de los datos que figuran en el sobre y en el acuse de recibo de fechas 25 y 27 de abril de 1981 y en las diligencias de 6 de agosto de 1982, resulta patente que la notificación practicada mediante la publicación de Edictos en el Boletín Oficial no goza de la eficacia que se le atribuye, al no responder a los presupuestos excepcionales exigidos en el comentado artículo 80.3 de la LPA .

Por otra parte, cuando la legislación ha estimado pertinente admitir la viabilidad de la notificación por Edictos o anuncios incluso en los supuestos en que sea conocido el domicilio del interesado se ha cuidado de establecer de una forma clara y expresa, como ocurre, ya, en la actualidad, en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 6 noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, donde se indica que procede tal mecanismo de comunicación, entre otros supuestos tradicionales, cuando «intentada la notificación -ordinaria-, no se hubiera podido practicar». Por tanto, y a «sensu contrario», antes de dicha Ley, la notificación edictal o por anuncios, siendo conocido el domicilio del sujeto interesado -y no practicada ni, en su caso, reiterada la notificación personal del mismo-, carece de eficacia.»

Por último, en la Sentencia de esta Sala y Sección de 20 de abril de 2007 se ha señalado muy marcadamente el carácter subsidiario que debe tener siempre la notificación edictal a la que no se debe acudir cuando la Administración ha tenido posibilidad de localización del interesado. Y así, en el Fundamento de Derecho Sexto de dicha Sentencia se ha dicho:

"... la cuestión a resolver es si señalado un domicilio para notificaciones, el intento infructuoso en él, por cambio de domicilio, de la notificación por correo determina sin más y de forma automática la notificación edictal o, si por el contrario, ésta sólo procede utilizarla, no obstante no haberse comunicado el nuevo domicilio al órgano de reclamación, cuando no se haya podido practicar la notificación personal por los medios normales, y sea imposible conocer el domicilio del interesado.

Desde luego, el recurrente si hubiera extremado su diligencia, participando al TEAC su nuevo domicilio, no hubiera dado lugar a la notificación edictal. No obstante, ha de reconocerse que, esta Sala viene interpretando que la notificación edictal es residual, requiriendo el agotamiento previo de las otras modalidades que aseguren en mayor grado la recepción por el destinatario de la correspondiente notificación, así como que no conste el domicilio del interesado o se ignore su paradero (sentencias de 10 de noviembre de 1993 [RJ 1993\8194], 23 de febrero de 1996, 13 de marzo de 1997 y 21 de enero de 2003

, entre otras.

Esta misma orientación, en cuanto a la procedencia y validez de las notificaciones edictales, ha sido también seguida por el Tribunal Constitucional, al examinar actos de comunicación de los órganos jurisdiccionales.

De acuerdo con el Tribunal Constitucional la notificación por edictos tiene un carácter supletorio y excepcional, debiendo ser considerada como remedio último, siendo únicamente compatible con el artículo 24 de la Constitución, si existe la certeza o, al menos, la convicción razonable de la imposibilidad de localizar al demandado (sentencias 48/82, 31 de mayo SIC, 63/82, de 20 de octubre y 53/03 de 24 de marzo

, entre otras muchas), señalando, asímismo, que cuando los demandados están suficientemente identificados su derecho a la defensa no puede condicionarse al cumplimiento de la carga de leer a diario los Boletines Oficiales.

La sentencia recurrida no tuvo en cuenta esta doctrina, por lo que infringió la normativa reguladora de las notificaciones así como la doctrina jurisprudencial que la interpreta, por lo que procede estimar el recurso, y casar la sentencia, declarando, en su lugar, la improcedencia de la notificación edictal practicada, pues tuvo lugar, con sólo un intento fallido de la notificación postal y sin la realización de actividad alguna por el Tribunal para averiguar el domicilio del obligado, que fue conseguido fácilmente cuando se personó un agente tributario a notificar otra resolución para la ejecución del fallo del TEAC, dándose además la circunstancia que en este caso se comunicó a la Administración el cambio de domicilio de la sociedad, efectuándose también la inscripción en su momento en el Registro Mercantil de Barcelona, por lo que sin arduas y complejas indagaciones fácilmente se hubiera podido localizar al reclamante."

A la vista de que en el presente caso hubo un intento fallido de notificación por correo y no consta acreditado un segundo intento de las mismas características, procede, de acuerdo con la doctrina expuesta, rechazar el motivo del Abogado del Estado, tal como se anunció anteriormente.

En todo caso, debe señalarse que, ciertamente con retraso, el artículo 50.5 del Real Decreto 520/2005, de 13, de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre de 2003, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, dispone: " Cuando no sea posible efectuar la notificación al interesado por causas no imputables al tribunal e intentada la notificación al menos dos veces, se harán constar en el expediente las circunstancias de los intentos de notificación sin resultado y se efectuará la notificación en la secretaría del tribunal. En este supuesto, el interesado podrá recoger en la secretaría del tribunal una copia del acto en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en el que se efectuó el último intento, previa firma del recibí. En dicho momento, se le tendrá por notificado. Será suficiente un solo intento cuando el destinatario conste como desconocido ." .

CUARTO

Al no aceptarse el motivo alegado procede la desestimación del recurso, lo que ha de hacerse preceptivamente con condena en costas a la Administración del Estado, si bien que haciendo uso de la facultad prevista en el artículo 139.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la Sala limita los honorarios del Abogado de la parte recurrida, fijándose como cantidad máxima a reclamar la de 1.200 #.

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución.

FALLAMOS

Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso de casación, número 10087/2003, interpuesto por el Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta de la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, contra la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de fecha 18 de noviembre de 2003, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 1209/2002, con imposición de costas a la Administración recurrente, si bien que con la limitación establecida en el último de los Fundamentos de Derecho.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos Rafael Fernandez Montalvo Manuel Vicente Garzon Herrero Manuel Martin Timon Joaquin Huelin Martinez de Velasco Oscar Gonzalez Gonzalez PUBLICACION .- Leída y publicada ha sido, la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, D. Manuel Martin Timon, hallándose celebrando audiencia pública, ante mí, el Secretario Certifico.

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