20. Servicio de Atención a la Victima. SAVA
| Páginas | 419-432 |
| Autor | Juan Antonio Hurtado Casau |
20. SERVICIO DE ATENCIÓN A LA VICTIMA. SAVA
Juan Antonio Hurtado Casau131
Aproximación a las personas expertas facilitadoras en el proceso judicial
Se parte de la evidente existencia de un gran número de personas con discapacidad que se
enfrentan a una diversidad de barreras cuando participan en un proceso judicial (bien como
testigos, investigados, víctimas o como operadores jurídicos). Estas barreras, ya sean relativas
a la accesibilidad física como a la comunicativa, en combinación con las características y
necesidades particulares de la persona con discapacidad, producen como resultado una situación
de mayor vulnerabilidad, y posible desigualdad en el acceso a la justicia.
Atendiendo al reconocimiento de esas dificultades, distintas instituciones tanto internacionales
como nacionales consensuan la necesidad de prestar apoyos para que puedan participar en el
proceso judicial, en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada
por la Asamblea General de Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 en su sede de Nueva
York, estableció en su artículo 13 que,
“los Estados asegurarán que las personas con
discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones que las demá s, mediante
ajustes de procedimientos para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas
como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los
procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas
preliminares”.
En nuestro ordenamiento jurídico, la adecuación de los derechos reconocidos a las personas con
discapacidad, por la precitada Convención se ha realizado a través de la Ley 8/2021, de 2 de
julio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con
discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Las adaptaciones referidas en el artículo 7
bis de la norma mencionada, “podrán venir referidas a la comunicación, la comprensión y la
interacción con el entorno”.
En la Comunidad Andaluza, la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a
las Personas con Discapacidad en Andalucía en el Título VIII, reconoce el derecho a la
Accesibilidad Universal, y por ende la necesidad de desarrollar e impulsar la Accesibilidad
Cognitiva y Sensorial. Ello está en consonancia con el artículo 9 de la Convención Internacional
131 Trabajador Social. Experto en Criminología y Mediación
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