SAN, 12 de Febrero de 2004
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala Contencioso Administrativo, Sección 5ª |
| ECLI | ES:AN:2004:918 |
SENTENCIA EN APELACION
Madrid, a doce de febrero de dos mil cuatro.
Vistos por la Sala, constituida por los Sres. Magistrados relacionados al margen, los autos del
recurso de apelación número 352/03, interpuesto por la Procuradora de los Tribunales doña Victoria
Pérez-Mulet Díez-Picazo, en nombre y representación de FERROVIAL, S.A., contra la Sentencia
dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo núm.
10 en fecha 28 de abril de 2003, recaída en el procedimiento ordinario núm. 65/02, por la que se
desestimó el recurso formulado contra la resolución de 16 de septiembre de 2002 de la Dirección
General del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, que se desestimó la solicitud del
pago de intereses de demora por certificaciones de obra. Ha sido parte apelada EL ABOGADO DEL
ESTADO.
Con fecha 28 de abril de 2003 recayó sentencia dictada en el procedimiento ordinario 65/02 por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo núm. 10, cuyo fallo es el siguiente: "QUE DEBO DESESTIMAR COMO DESESTIMO EL PRESENTE RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO INTERPUESTO POR LA REPRESENTACIÓN DE LA MERCANTIL FERROVIAL, S.A. CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2002 DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DE LAS FUERZAS ARMADAS EN VIRTUD DE LA CUAL SE PROCEDE A DESESTIMAR LA SOLICITUD POR LA QUE SE RECLAMAN DIVERSAS CANTIDADES EN CONCEPTO DE INTERESES DE DEMORA CORRESPONDIENTES AL ABONO DE CERTIFICACIONES DE OBRAS REFERENTES A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 96 VIVIENDAS, LOCALES Y GARAJES EN LA AVENIDA DE SAN LUIS C/V ESTACIÓN DE HORTALEZA (B-1) MANOTERAS, MADRID. SIN COSTAS".
Notificada dicha sentencia a las partes, contra la misma se interpuso recurso de apelación por la parte demandante, mediante escrito razonado, que fue admitido, dándose traslado a las demás partes para que en plazo legal formalizaran su oposición, lo que efectuaron, sin que se propusiera prueba.
Recibidos los autos en esta Sección y no habiéndose solicitado la celebración de vista, ni siendo necesaria a juicio de la Sala, se señaló para votación y fallo el día 5 de febrero del presente año, fecha en que tuvo lugar.
SIENDO PONENTE el Magistrado Ilmo. Sr. Don Fernando de Mateo Menéndez.
Se recurre en apelación por la parte demandante la Sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo núm. 10 en fecha 28 de abril de 2003, recaída en el procedimiento ordinario núm. 65/02, por la que se desestimó el recurso formulado contra la resolución de 16 de septiembre de 2002 de la Dirección General del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, que se desestimó la solicitud del pago de intereses de demora por certificaciones de obra.
El 17 de julio de 2002 la sociedad aquí apelante solicitó del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas la cantidad de 23.589,94 euros, correspondiente al interés legal devengado por retraso en el pago de las certificaciones núms. 4, 10, 11, 13, 14, 15, 1(16) y Revisión de Precios por la obra denominada "Construcción de 96 viviendas, locales y garajes en AVD. San Luis C/V Estación de Hortaleza (B-1) Manoteras (Madrid)".
La Administración mediante resolución la resolución de 16 de septiembre de 2002 de la Dirección General del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, desestimó dicha solicitud por dos motivos. El primero de ellos porque por la parte apelante no se había realizado la intimación previa y por escrito del cumplimento de la obligación, tal y como se prevé en los arts. 47 de la Ley de Contratos del Estado de 8 de abril de 1965, y 144 del Reglamento de Contratos del Estado de 25 de noviembre de 1975, ambos aplicables a la sazón. El segundo motivo de desestimación fue por haber transcurrido el plazo de prescripción de los cinco años recogido en el art. 46 de la Ley General Presupuestaria, en relación con el art. 57 de la Ley de Contratos del Estado de 1965, contados a partir de los tres meses de la fecha de la expedición de las certificaciones.
El juez de instancia desestima el recurso contenciosos-administrativo en base al primer argumento esgrimido por la Administración, desestimando que la acción haya prescrito.
Basa el recurso de apelación la sociedad apelante en que conforme a la jurisprudencia la finalización del plazo para que la Administración incurra en mora actúa "ope legis", de modo que, aunque la intimación sea posterior en el tiempo al transcurso de esos plazos, el devengo los intereses se produce ya desde el día siguiente a ese transcurso, y...
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