STS 652/2025, 8 de Julio de 2025

1. - La sentencia núm. 174/2005, 14 de junio, dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia, condenó al acusado Everardo como autor responsable de los siguientes delitos:

   1. Un delito de agresión sexual violenta y consumada, de los arts.178.1 y 2, 179 y 180.1.3ª del CP (texto derivado de su reforma de la Ley Orgánica 10/2022), cometido contra Nicolasa, con la agravante de discriminación por razones de género - artículo 22, regla cuarta, del CP-, a la pena de 12 años de prisión. Igualmente, por ese delito, se le impuso una pena accesoria de inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena y la medida de seguridad de libertad vigilada, postpenitenciaria, por un tiempo superior en 10 años al de la pena de prisión que se ha impuesto. Fue asimismo condenado a la pena de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, por un tiempo superior en 10 años al de la pena de prisión impuesta por este delito; y a las penas de prohibición de aproximación, a menos de mil metros, del hijo y las dos hijas de la víctima, a saber, de Gabino, de Lorenza y Marcelina, en cualquier lugar donde se encuentren, domicilios actuales o futuros, lugares de estudio o de trabajo actuales o futuros, o cualquier otro lugar donde se hallen o que sea frecuentado por los mismos, y de prohibición de comunicación, por cualquier medio, oral, visual, gestual, telefónico, por mensajes, por redes sociales, telemático, postal, por persona interpuesta o demás imaginables con Gabino, Lorenza y Marcelina, en ambos casos por un periodo de 10 años superior al de la pena de prisión impuesta por este delito de agresión sexual.

   2. Un delito de asesinato consumado de los arts.139.1.1ª y 4ª y 140.1.2ª del CP, asesinato con alevosía para evitar que se descubra otro delito, cometido contra Nicolasa, por el que se le impuso la pena de prisión permanente revisable. Además, fue condenado a la pena accesoria de inhabilitación absoluta durante un plazo de 10 años. También se le impuso la medida de seguridad de libertad vigilada, postpenitenciaria, por un tiempo superior en 10 años al periodo de cumplimiento efectivo de la pena de prisión permanente revisable aquí impuesta.

   Contra esta resolución fue interpuesto recurso de apelación por la defensa del acusado, que fue desestimado por el Tribunal Superior de Justicia en la sentencia núm. 30/2024, 14 de junio.

   Se formaliza ahora recurso de casación. Se hacen valer dos motivos. El Ministerio Fiscal y la acusación particular recurrida los impugnan e interesan la desestimación del recurso.

2. - La primera de las quejas se apoya en el art. 849.1 de la LECrim . Considera la defensa indebidamente aplicados los arts.178.1 y 2, 179, 180.1.3ª, 139.1.1ª y 4ª, 140.1.2ª y 21.1 del CP.

   2.1.- El desarrollo del motivo mediante el que la defensa intenta justificar el error de derecho en la aplicación de estos preceptos citados no se detiene en el análisis del juicio de subsunción, sino que se adentra en consideraciones probatorias que, como es lógico, desbordan el estrecho cauce impugnativo que autoriza el art. 849.1 de la LECrim.

   Se infringe así una premisa metodológica que ha de presidir la argumentación del recurrente, que no es otra que la aceptación del hecho probado. No se aquieta la defensa de Everardo a esta exigencia. Baste para ello la transcripción del párrafo nuclear que anima el motivo, en el que se reprocha al Tribunal de instancia y al órgano de apelación la forma en que han sido valoradas las contradicciones del acusado en su declaración.

   Así, para demostrar el error en la calificación de los hechos como constitutivos de un delito de agresión sexual se alega lo siguiente: "... el hecho de que mi patrocinado vertiera diferentes declaraciones, no viene a determinar ni a concretar, en absoluto, sobre el alcance de los hechos que constituyen el delito de agresión sexual por el que ha sido condenado; si no que lo relevante aquí es que, a pesar de existan tales versiones, lo cierto es que hay elementos claves del ilícito penal por el que ha sido condenado respecto del que han quedado dudas y extremos sin concretar ni demostrados; lo que conlleva a una aplicación incorrecta de los artículo 178, 179 y 180 del Código Penal, en relación con el derecho de presunción de inocencia y el principio in dubio pro reo".

   El mismo exceso argumental se observa en el momento de censurar las inferencias probatorias obtenidas en la instancia acerca de esa agresión sexual y del supuesto carácter violento de las relaciones entabladas entre el agresor y su víctima: "...teniendo en cuenta la realidad de dichas circunstancias, es totalmente improcedente que se pretenda realizar una comparativa de las circunstancias que se dan en los supuestos en los que dos personas adultas mantienen relaciones sexuales consentidas, totalmente plenas y conscientes de sus actos; en comparación con el presente caso. De manera que las conclusiones a las que se llegan en este apartado de la sentencia en la que se concluyen una serie de supuestos imaginarios que se entiende que se deberían haber dado de haberse tratado de relaciones sexuales consentidas y, en sensu contrario, al no haberse producido se entiende rotundamente que las relaciones fueron inconsentidas no puede tratarse ni incluirse en la sentencia como uno de los motivos que llevan a confirmar la concurrencia de un delito de agresión sexual".

   Y lo propio puede afirmarse cuando la queja sobre la no apreciación de la atenuante de drogadicción, prevista en el art. 21.2 del CP, se hace valer a partir no de lo que afirma el hecho probado, sino de la particular apreciación probatoria que la defensa hace del informe pericial.

   El juicio histórico no deja resquicio para apreciar las alteraciones en la imputabilidad que demanda el recurrente: "...ese día 6-X-2021 y en esos locales de hostelería, consumió en el bar ' DIRECCION000' al menos un cubata, y cerveza en el bar ' DIRECCION002' y también luego cerveza, en los primeros minutos del día 7-X-2021 y ya en su domicilio con Nicolasa (antes de la agresión a Nicolasa), pero en cantidades inferiores de alcohol en todo caso a las ingeridas por Nicolasa. La ingesta previa de bebidas alcohólicas por parte de Everardo, no le afectó especialmente al mismo su capacidad de entender y de obrar conforme a ese entendimiento, no estando especialmente perturbado en esas capacidades y no estándolo en ningún caso tan afectado como lo estaba Nicolasa.

   Esa ingesta previa de bebidas alcohólicas por parte de Everardo, aunque se considerare acompañada del consumo de algo de cocaína y/o de algo de marihuana, tampoco le afectó especialmente su capacidad de entender y de obrar conforme a ese entendimiento, no estando especialmente perturbado en esas capacidades y no estándolo en ningún caso tan afectado como lo estaba Nicolasa. En todo caso, no existe probanza alguna de que Everardo, durante el 6-X- 2021 y/o al comienzo de la madrugada del día 7-X-2021, hubiere consumido cocaína alguna, si bien sí de que sobre las 22:00 horas del 6-X-2021, y estando aún en la zona exterior del bar ' DIRECCION000', Everardo se fumó un 'canuto' de marihuana".

   La defensa, pues, reprocha las conclusiones probatorias proclamadas por la Audiencia Provincial y avaladas por el órgano de apelación. Y lo hace, insistimos, sin ajustarse a las exigencias impuestas por la vía casacional que ofrece el art. 849.1 de la LECrim. Así se desprende, por ejemplo, de un argumentario construido a partir del desacuerdo del recurrente con el hecho de que no haya sido aceptada su versión de los hechos, esto es, que su reacción violenta estuvo motivada por la conducta desproporcionada de Nicolasa, que como consecuencia de la ingesta desmedida de alcohol, sus cambios de humor y su inestabilidad emocional, determinaron un ataque del que Everardo hubo de defenderse.

   2.2.- En definitiva, el motivo que se anuncia por la vía del art. 849 de la LECrim es, si bien se mira, un alegato defensivo que se construye con absoluta distancia respecto de los hechos que han sido declarados probados a partir del veredicto del jurado.

   Como indicábamos en las SSTS 986/2024, 7 de noviembre y 746/2023, 5 de octubre, con cita de la STS 684/2021, 15 de septiembre, el recurso de casación cuando se articula por la vía del artículo 849.1 ha de partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos datos, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el Tribunal sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza se acepten los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de la juridicidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. En definitiva, no puede darse una versión de los hechos en abierta discordancia e incongruencia con lo afirmado en los mismos, olvidando los motivos acogidos al artículo 849.1º de la LECrim ha de respetar fiel e inexcusablemente los hechos que como probados se consignan en la sentencia recurrida (en el mismo sentido, cfr.SSTS 849/13, 12 de noviembre y 614/22, 22 de junio, entre otras muchas).

   El rechazo del motivo viene impuesto por los arts.884.3 y 4 y 885.1 de la LECrim.

3. - El segundo de los motivos, al amparo de los arts. 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECrim, denuncia vulneración de los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías, junto con el principio in dubio pro reo ( art. 24.2 de la CE).

   3.1.- La línea argumental que inspira la censura de la defensa reitera parte de la argumentación que se ha hecho valer en el motivo precedente. En síntesis, se denuncia la ausencia de una verdadera prueba de cargo. La relación sexual fue consentida, no hay motivos para apreciar una especial vulnerabilidad de Nicolasa, a la vista de las declaraciones testificales que no la vieron en el estado de intoxicación que describieron los facultativos. Y si no hubo delito contra la libertad sexual porque la relación fue consentida, se desmorona la acusación por un delito de asesinato subsiguiente a un delito contra la libertad sexual, tal y como exige el art. 140.2. No puede afirmarse tampoco la alevosía, pues no existió la vulnerabilidad sobre la que la sentencia construye este elemento agravatorio.

   El motivo no puede prosperar.

   3.2.- Conviene traer a colación la consolidada doctrina de esta Sala acerca de nuestra capacidad de revisión de la prueba valorada por el Tribunal del Jurado y que ha sido ya objeto de examen mediante un recurso de apelación.

   Cuando se trata del recurso de casación en procedimientos seguidos conforme a la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, la valoración de la prueba efectuada por el jurado y concretada por el Magistrado Presidente en la sentencia del Tribunal, ya ha sido previamente revisada por el Tribunal Superior de Justicia al resolver el recurso de apelación, donde deberá haber procedido a las comprobaciones antes mencionadas. En consecuencia, en estos aspectos, ya se ha dado cumplimiento a la exigencia contenida en el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en cuanto reconoce el derecho de toda persona declarada culpable de un delito a someter el fallo condenatorio y la pena a un Tribunal superior.

   De otro lado, la sentencia contra la que se interpone el recurso de casación es la dictada por el Tribunal Superior de Justicia, que no ha presenciado la práctica de la prueba y, por lo tanto, no ha dispuesto de la inmediación que sí ha tenido el Tribunal del jurado.

   Desde esta perspectiva, el control que corresponde al Tribunal Supremo, cuando se alega vulneración de la presunción de inocencia, se concreta, en realidad, en verificar si la respuesta que ha dado el Tribunal de apelación ha sido racional y ha respetado la doctrina del Tribunal Constitucional y de esta Sala Segunda sobre el alcance de la revisión, sobre la motivación y sobre la validez de las pruebas. En definitiva, se concreta en cuatro puntos: a) en primer lugar, si el Tribunal Superior de Justicia, al examinar la sentencia del Tribunal del Jurado, se ha mantenido dentro de los límites de revisión que le corresponden; b) en segundo lugar, si ha aplicado correctamente la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional sobre la necesidad de motivar la valoración de la prueba, tanto al resolver sobre la queja de falta de motivación, en su caso, como al fundamentar sus propias decisiones; c) en tercer lugar, si ha respetado la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional acerca de las garantías y reglas relativas a la obtención y práctica de las pruebas, con objeto de determinar su validez como elementos de cargo; d) en cuarto lugar, si el Tribunal de la apelación ha resuelto las alegaciones del recurrente sobre la existencia de prueba de forma racional, es decir, con sujeción a las reglas de la lógica, a las máximas de experiencia y a los conocimientos científicos (cfr.SSTS 557/2024,6 de junio; 346/2023, 11 de mayo; 150/2023, 3 de marzo; 821/2022, 17 de octubre; 678/2020, 11 de diciembre; 418/2020, 21 de julio; 97/2020, 5 de marzo; 196/2019, 9 de abril; 45/2014, 7 de febrero y 154/2012, 29 de febrero, con cita de la STS 390/2009, 21 de abril).

   3.3.- Con esta perspectiva, por consiguiente, hemos de analizar la aproximación crítica que el Tribunal Superior de Justicia ha hecho a las conclusiones probatorias del Tribunal del Jurado, para analizar su coherencia y su acomodo al canon constitucional de valoración probatoria.

   Con apreciable vocación de síntesis, el órgano de apelación enlaza en el FJ 2º de la sentencia recurrida las aseveraciones fácticas de los jurados con las respectivas fuentes de prueba de las que esas afirmaciones se habrían derivado: "...y en tal sentido debe destacarse que el jurado declaró probado, siempre por unanimidad, que la víctima estaba consumiendo cervezas en el bar DIRECCION000 (testimonio de Rebeca) cuando sobre las 20.30 horas llegó el acusado (testimonio de Rebeca, Jose Augusto y Ángel Daniel, padre del acusado). Que consumieron juntos alcohol en el bar DIRECCION000 y en el bar DIRECCION002 (testigos Rebeca y Luis Francisco, dueños respectivamente de esos bares). De allí, el acusado y Nicolasa se fueron juntos a la casa de aquél. Nicolasa había bebido aproximadamente 4 litros de cerveza (testimonio de Rebeca y el informe de análisis clínico toxicológico), lo que motivó que Nicolasa estuviera en un estado de intoxicación etílica severa (3.14 gramos de alcohol en sangre, según el informe toxicológico). En tanto que el acusado solo tomo un cubata en el bar DIRECCION000 y una cerveza en el bar DIRECCION002, donde compraron ambos unos botes de cerveza para llevárselos a casa del acusado (testigos Rebeca y Luis Francisco). El acusado no estaba afectado por el alcohol ni por drogas (testigo Luis Francisco y porque nadie lo vio tomar droga, salvo un canuto en la puerta del bar según el testigo Anton). Nicolasa no estaba en sus plenas capacidades mentales y físicas para consentir una relación sexual o defenderse (informes periciales de toxicología, que determinan su estado de intoxicación etílica severa)) lo que aprovechó Everardo para tener relaciones sexuales completas vía vaginal y anal. Posteriormente el acusado estranguló a Nicolasa (informe forense acerca de muerte por asfixia mecánica y marcas en el cuello). Y la mató para evitar que descubriera la violación y la víctima lo denunciase. A continuación, arrastró el cuerpo sin vida de Nicolasa a una calle cercana, semidesnudo y tapado (declaración del agente nº NUM003 e informe s periciales). El acusado se deshizo de la ropa de Nicolasa (actas de inspección ocular). Se marchó a continuación a casa de Hortensia, con la que mantenía una relación no oficial, donde se cambió de ropa ensangrentada y se puso una que le prestó dicha testigo, metiendo aquella ropa ensangrentada en una bolsa para arrojarla por un terraplén (testimonio de Hortensia y cámaras del juzgado). Hortensia y el acusado se fueron a continuación a casa del padre del acusado (testimonios de Hortensia y el padre del acusado Everardo). Finalmente, la penetración queda acreditada por pruebas biológicas que no dejaron lugar a dudas que había restos de ADN en el cuerpo de la fallecida que pertenecían al acusado".

   Y En el FJ 3º se da respuesta a la tesis defensiva acerca de la existencia de distintas versiones por parte del acusado que, desde luego, no son suficientes para debilitar la fortaleza de los elementos de cargo valorados por el órgano de enjuiciamiento:

   "...Sobre todos esos extremos, los jurados se pronunciaron expresamente, señalando la fuente probatoria en la que fundaron su convicción, tal y como resulta del acta del veredicto y de la fundamentación jurídica complementaria consignada por el magistrado presidente en la sentencia. En nuestra respuesta a las alegaciones del recurrente no podemos, por tanto, sino remitirnos a lo que ya hemos indicado sobre la completitud y razonabilidad de las conclusiones fácticas alcanzadas por los jurados. Y así, en cuanto a las declaraciones del condenado, el 17 de mayo de 2024 manifestó que era la primera vez que quedaron, no hubo sexo ni violencia por su parte, salvo el estrangulamiento. El resto de las versiones dadas por el acusado se concretan esencialmente en no recordar lo que pasó o no saber qué decir. En cualquier caso, el jurado no condenó por sus contradicciones. En cuanto al hallazgo del cadáver a 50 metros del domicilio del acusado donde se cometieron los hechos, tirado en la calle, semidesnuda de cintura para abajo y tapado, queda acreditado por la testifical de los agentes de policía que acudieron a esa calle y por la posterior inspección ocular efectuada. El jurado por unanimidad declaró probado que el acusado, aunque había bebido se encontraba en plenas facultades físicas y mentales, a diferencia de la víctima por la ingesta de alcohol que le ocasiono una intoxicación etílica severa (prueba testifical y pericial). En cuanto a la ropa de una y otro, el acusado tiró por un terraplén la ropa que le faltaba a Nicolasa y en cuanto a la suya tras la comisan de los delitos se marchó a casa de Hortensia, donde le contó que iba manchado y con sangre en su ropa porque había tenido una pelea con otras personas en la calle, para ocultar que era por razón de los hechos cometidos. Y una vez cambiado de ropa se marcharon dirección al domicilio del acusado, pero al ver en sus inmediaciones a la policía decidieron Hortensia volver a su casa y el acusado a la de su padre. (pruebas testifícales de Hortensia, del padre del acusado, de los agentes de policía y la de vídeo cámaras de seguridad y por las propias manifestaciones de Everardo). Respecto a la falta de lógica y credibilidad en que la relación sexual fue consentida y que fue la víctima quien atacó al acusado, debe señalarse que se ha descartado que la víctima diera su consentimiento, dado el estado de embriaguez en que se encontraba (3.14 g/l de alcohol en sangre), según lo acredita el informe pericial de toxicología, además de las pruebas testificales de Gabino, Elisabeth, Jose Augusto, Segundo, Rebeca y Luis Francisco, que vieron a Nicolasa beber durante toda la tarde casi 4 litros de cerveza. Por el contrario, el acusado se encontraba bien en sus facultades intelectivas y volitivas, a tenor de la prueba testifical de su padre y de Hortensia (su pareja sentimental no oficial) y la pericial relativa a su imputabilidad realizada por los médicos forenses Marina y Juan Pedro, que fue ratificada en el plenario. En cuanto a los signos de violencia, la proporción entre las lesiones de ella y las del acusado no tienen comparación, pues mientras en la víctima aparecen en la cara interna y externa de ambos brazos, en toda la cara, especialmente en nariz, boca, y mentón, en brazos y sobre todo en cuello, propias de una violencia extrema que evidencia la superioridad del agresor y la vulnerabilidad de la víctima, en el acusado aparecen en manos, brazos y parte del tórax, como consecuencia evidentemente de la defensa presentada por la víctima cuando iba a ser violada y principalmente cuando estaba siendo estrangulada, según los forenses que realizaron la autopsia a Nicolasa y la declaración de la médico forense Belinda, que determina la compatibilidad de las mismas con actos de la víctima. Sin que sean creíbles las manifestaciones del acusado sobre que fue ella quien le atacó, pues no hay la más mínima prueba de ello".

   La condena de Everardo se ha basado en prueba lícita, netamente incriminatoria y valorada conforme a las exigencias impuestas por el canon constitucional que define los principios de contradicción y defensa. No ha existido ninguna de las vulneraciones constitucionales que se reivindican.

   El motivo decae ( art. 885.1 de la LECrim).

4. - La desestimación del recurso conlleva la condena en costas, en los términos establecidos en el art. 901 de la LECrim.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

Que debemos declarar y declaramos NO HABER LUGAR al recurso de casación, interpuesto por la representación legal de D. Everardo contra la sentencia núm. 30/2024, 5 de diciembre, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia al resolver el recurso de apelación entablado contra la sentencia 174/2024, 14 de junio, dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia en el procedimiento 3/2023 del Tribunal del Jurado.

Condenamos al recurrente al pago de las costas causadas.

Comuníquese la presente resolución, al mencionado Tribunal, con devolución de la causa en su día remitida.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.