STS 374/2024, 4 de Marzo de 2024

JurisdicciónEspaña
Fecha04 Marzo 2024
EmisorTribunal Supremo, sala tercera, (Contencioso Administrativo)
Número de resolución374/2024

T R I B U N A L S U P R E M O

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Tercera

Sentencia núm. 374/2024

Fecha de sentencia: 04/03/2024

Tipo de procedimiento: R. CASACION

Número del procedimiento: 7418/2022

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Vista: 20/02/2024

Ponente: Excmo. Sr. D. Diego Córdoba Castroverde

Procedencia: AUD.NACIONAL SALA C/A. SECCION 1

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Luis Martín Contreras

Transcrito por:

Nota:

R. CASACION núm.: 7418/2022

Ponente: Excmo. Sr. D. Diego Córdoba Castroverde

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Luis Martín Contreras

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Tercera

Sentencia núm. 374/2024

Excmos. Sres. y Excma. Sra.

D. Eduardo Espín Templado, presidente

D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat

D.ª María Isabel Perelló Doménech

D. José María del Riego Valledor

D. Diego Córdoba Castroverde

En Madrid, a 4 de marzo de 2024.

Esta Sala ha visto por los magistrados indicados al margen, en su Sección Tercera, el recurso de casación número 7418/2022, interpuesto por la procuradora de los tribunales Dña. Felisa María González Ruiz, en nombre y representación de D. Eliseo, bajo la dirección letrada de don Ignacio Arias López, contra la sentencia de 17 de junio de 2022, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso ordinario nº 140/2020.

Han intervenido como partes recurridas, el Abogado del Estado, en la representación legal y asistencia letrada que ostenta, y la procuradora de los tribunales Dña. Gracia López Fernández, en nombre y representación de Google LLC, bajo la dirección letrada de D. Javier Martínez Bavière.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Diego Córdoba Castroverde.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

La Procuradora de los Tribunales don Dña. Felisa Mª González Ruíz, actuando en nombre y representación de D. Eliseo, interpone recurso de casación contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional de 17 de junio de 2022 (rec. 140/2020) por la que se desestimó el recurso interpuesto por el hoy recurrente en casación contra la resolución de la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos de 3 de diciembre de 2019 desestimatoria del recurso de reposición frente a la resolución de 6 de septiembre de 2019.

Las resoluciones administrativas desestimaron la reclamación formulada por D. Eliseo frente a Google LLC por no haber sido atendido su derecho de supresión relacionada con 18 URL en las que se muestran los datos personales de su padre fallecido como secretario judicial del Juzgado Militar de Prensa que condenó al poeta Hugo, solicitando que el nombre de su padre no se asociara a 18 URLs relacionadas.

SEGUNDO

Mediante Auto de 2 de febrero de 2023 se admitió el recurso de casación declarando que la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en precisar o completar la jurisprudencia sentada en la STS n.º 12/2019, de 11 de enero (rec. 5579/2017) e interpretar el artículo 3.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, a fin de determinar si la legitimación de las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho y de sus herederos para solicitar al responsable o encargado del tratamiento la supresión de los datos personales del fallecido, altera o no la ponderación de los intereses concernidos -derecho al olvido y derecho a la información-, todo ello a la luz de los artículos 18 y 24 CE y la doctrina constitucional y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Siendo, en principio, las normas jurídicas objeto de interpretación los artículos 3.1 y 93 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como el artículo 17 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras normas si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso.

TERCERO

El recurso aduce, en síntesis, los siguientes motivos de impugnación:

  1. Infracciones de Derecho de la Unión Europea.

    1.1. Infracción de los articulo 17 y 89 del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) en conexión con los considerandos 27,158 y 160 del RGPD.

    Argumenta que la sentencia se basa en el art. 17 del RGPD como fundamento de la decisión cuando dicha norma no se refiere al contenido del derecho de supresión de datos de personas fallecidas sino de personas físicas, cuando debería haberse basado en los articulo 3.1 y 96.1.a) y 2) de la LOPD. Según el considerando 27 del RGPD no se aplica a los datos de las personas fallecidas por lo que los datos de la persona fallecida no se sujetan al art. 17 del Reglamento de la Unión Europea, por lo que no se pueden desestimar el derecho de supresión de los datos de su padre solicitada al contener datos inexactos de documentos históricos depositados en archivos públicos, ni invocar los fines de archivo o investigación.

    Invoca la doctrina fijada en la sentencia del TJUE de 8 de diciembre de 2022 (Asunto C-460/20) que establece que cuando se procede a la ponderación de derechos se deben retirar los enlaces a información que figura en el contenido indexado cuando el solicitante prueba que es manifiestamente inexacta, afirmándose que "dicha retirada no está condicionada a una aclaración al menos provisional de la cuestión de la exactitud del contenido indexado en el marco de un recurso interpuesto por dicha persona contra el proveedor de contenidos" y concretando en su apartado 65, que prevalece el derecho de supresión (derecho al olvido) cuando al menos una parte de la información por la que se ejerce el derecho de supresión es inexacta.

    1.2 Infracción de la jurisprudencia del TJUE.

    Considera que la sentencia impugnada vulnera la sentencia del TJUE de 13 de mayo de 2014 (Asunto C-131/12) al interpretar, a su juicio, de forma errónea al invocar las directrices del Grupo de trabajo del art. 29 que se disolvió cuando entró en vigor el actual Reglamento (UE) 2016/679.

  2. Infracciones de normas sustantivas de derecho estatal.

    2.1 Infracción del art. 96 de la LPOPD.

    Considera que la sentencia impugnada infringe el art. 96.1.a) y 2) de la LOPD referido al derecho al testamento digital.

    Se trata del derecho de los familiares del fallecido para ejercer el derecho de supresión de datos del fallecido, habiendo identificado datos inexactos o falsos (art. 4 LOPDPGDD), frente al motor de búsqueda y responsable del tratamiento de datos (Google, LLC). El precepto del art. 96 LOPDPGDD obliga al motor de búsqueda atender sin dilación la solicitud de supresión de datos personales de su familiar fallecido en los enlaces como también obliga en los supuestos del art. 4.2 LOPDPGDD ante datos inexactos.

    Invoca de nuevo la doctrina contenida en la STJUE de 8 de diciembre de 2022 (asunto C-460/20) en donde prevalece el derecho de supresión frente al derecho a la información y a la libertad de expresión cuando los datos resultan inexactos.

    La Ley 20/22 de Memoria Democrática establece en su Disposición adicional décima , a la que queda sujeta Google, LLC, en relación a la Protección de Datos de Carácter Personal vinculada a la LOPDPGDD, sobre el derecho de supresión, responsabilidad de tratamiento y exactitud de datos que: "1. [...] en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Los derechos de acceso, rectificación y supresión se ejercitarán conforme a la normativa referida en el párrafo anterior, sin perjuicio de las especificidades que se recojan en su caso en los apartados siguientes [...]. El responsable del tratamiento garantizará la exactitud de los datos tanto por la fuente de procedencia en virtud de lo establecido en la normativa de aplicación al patrimonio documental, como por aplicación para los facilitados por otras fuentes de un proceso de verificación historiográfica.".

    2.2 Infracción del art. 3.1 LOPD

    Considera que la sentencia infringe dicho precepto, que fue invocado en la instancia, pero la sentencia se desliga del contenido de dicho precepto y funda su decisión en el art. 17 RGPD, que no es aplicable a personas fallecidas ni a familiares de estas, y al art. 93 LOPDPGDD sobre derecho al olvido digital.

    2.3 Infracción del art. 93 de la LOPD.

    Considera que la aplicación del art. 93 de la LOPD, anudada al contenido del art. 17 RGPD, es improcedente, dado que dicho precepto no se aplica a personas fallecidas, conforme a los Considerandos 27, 158 y 160 RGPD en relación con el art 93 LOPD, ya que resulta jurídicamente imposible realizar, sobre la base de ese supuesto, un juicio de ponderación entre derechos, atribuyendo la aplicación del derecho al olvido de personas fallecidas al art. 17 RGPD y a su vez al art. 93 LOPD, cuando debe aplicarse los artículos 3.1 y 96.1.a) y 96.2 LOPD.

    Por todo ello solicita:

    1) que se estime el legítimo derecho de supresión de datos del familiar fallecido del recurrente, solicitado a Google, LLC, sobre las URLs expuestas en el procedimiento, de acuerdo a los artículos 3.1 y 96.1.a) y 2 LOPDPGDD;

    2) que, mediante ponderación, se dé prevalencia al derecho de supresión (derecho al olvido) del recurrente sobre las URLs indexadas por Google, LLC, cuando contienen datos inexactos, probados documentalmente por el recurrente, frente al derecho de información, expresión e investigación histórica.

    3) que se estime que el motor de búsqueda y responsable del tratamiento de datos, el codemandado Google, LLC, incurrió en infracción de la LOPD, al vulnerar los derechos del recurrente.

CUARTO

El Abogado del Estado se opone al recurso de casación.

Considera que la exposición que realiza la recurrente es, en cierto modo, contradictoria, pues persigue convencer al Tribunal de que no resultan aplicables al caso los artículos 17 y 89 RGPD, pero al mismo tiempo invoca en su favor la doctrina contenida en la STS de 11-1- 2019 y en la sentencia del TJUE 8-12-2022, asunto C-460/20, más arriba citadas, sentencias que toman en consideración el art. 17 RGPD.

En virtud de lo dispuesto en el Considerando 27 RGPD, las normas del Reglamento se aplican a la protección de datos personales de las personas vivas, pero un Estado de la UE puede dictar normas sobre el tratamiento de datos de las personas fallecidas, y ese tratamiento puede quedar sometido a las mismas reglas que se aplican a las personas vivas, entre las que se encuentra el RGPD.

El art. 2.2 LOPDGGD viene a reiterar la regla contenida en el Considerando 27, negando la aplicación de la Ley al tratamiento de datos de personas fallecidas, "sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3". Por su parte, el art. 3.1 LOPD faculta al heredero para que pueda dirigirse al responsable o encargado del tratamiento y solicitar "el acceso a los datos personales del fallecido" y "en su caso, su rectificación o supresión".

En virtud de esa remisión a las leyes de los Estados miembros es perfectamente posible que las normas del RGPD se apliquen al tratamiento de datos de las personas fallecidas, pues el Considerando 27 no lo prohíbe. Dicho de otro modo, en virtud de lo dispuesto en el Considerando 27 RGPD, las normas del Reglamento se aplican a la protección de datos personales de las personas vivas, pero un Estado de la UE puede dictar normas sobre el tratamiento de datos de las personas fallecidas, y ese tratamiento puede quedar sometido a las mismas reglas que se aplican a las personas vivas, entre las que se encuentra el RGPD. Avanzando en esta línea, hemos visto que el art. 2.2 LOPDGGD viene a reiterar la regla contenida en el Considerando 27, negando la aplicación de la Ley al tratamiento de datos de personas fallecidas, "sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3".

Llegamos así a la conclusión de que el régimen aplicable al derecho de supresión mencionado en el art. 3.1 LOPDGGD es el mismo que con carácter general se contiene para los datos de las personas físicas en esa Ley. Y si esto es así, hemos de tener presente que el art. 15.1 LOPDGGD, por el que se regula el derecho de supresión, dispone que ese derecho "se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento (UE) 2016/179".

La remisión que el art. 15 LO 3/2018 hace al art. 17 RGPD, no contiene excepción alguna, por lo que se entiende hecha tanto a los presupuestos para el ejercicio del derecho como a los límites o exclusiones del derecho regulados en su apartado 3, entre otros los derivados del ejercicio de la libertad de expresión e información (art. 17.3.a) RGPD), y los vinculados a los fines de la investigación científica o histórica (art. 17.3.d) RGPD).

Basta leer el FD. Séptimo de la sentencia de la Audiencia Nacional para comprobar que las apreciaciones efectuadas por la Sala se ajustan en todos sus extremos a los criterios de ponderación de la STJUE 8-12-2022, otorgando a la veracidad de la información la relevancia que tiene en el presente caso, y valorando expresamente que la existencia de algunos errores no tiene la trascendencia que le atribuye la parte recurrente porque "no afectan a la esencia de lo informado".

Por lo que respecta a la infracción del artículo 96 LOPDGDD, el Abogado del Estado sostiene que dicho precepto regula el acceso "a contenidos gestionados por prestadores de la sociedad de la información sobre personas fallecidas" y permite a las personas vinculadas al fallecido o a sus herederos impartir instrucciones sobre su utilización, destino o supresión. Como se ha dicho, el art. 96 afecta a los "contenidos gestionados" por los prestadores de servicios de la sociedad de la información, entre los cuales la Ley 34/2002 incluye a los motores de búsqueda, expresión que parece referirse a los datos personales del fallecido que maneja o de los que dispone o tiene alojados el propio prestador de servicios, en este caso, Google LLC. En ese sentido, las definiciones del testamento digital hacen referencia a la voluntad del causante sobre el destino de los contenidos que ha facilitado o ha incorporado a prestador de servicios de la sociedad de la información.

El art. 96 LO 3/2018 queda limitado a aquellos "contenidos digitales" de los que el fallecido puede disponer por haber utilizado de manera activa los servicios facilitados por un prestador de servicios de la sociedad de la información, facilitando o incorporando voluntariamente, los datos personales necesarios para la prestación del servicio o la propia presencia en los dispositivos del prestador.

Por eso, hemos de insistir en que el derecho al olvido, aun cuando se trate de personas fallecidas, queda sujeto a las reglas generales de la LO 3/2018, conforme a la interpretación que defendemos del art. 3.1 de la misma ley, lo que reconduce el asunto a lo dispuesto en los artículos 17 RGPD y 93 LO 3/2018, que son los preceptos expresamente mencionados por el auto de admisión al fijar la cuestión de interés casacional.

Por ello, solicita en relación con la cuestión planteada en el auto de admisión propugnamos la siguiente doctrina: La legitimación de las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho y de sus herederos para solicitar al responsable o encargado del tratamiento la supresión de los datos personales del fallecido, reconocida en el artículo 3 LOPDGGD, no altera la ponderación de los intereses concernidos -derecho al olvido y derecho a la información-, aplicándose al caso los artículos 15 y 93 LOPDGGD y 17 RGPD.

QUINTO

La entidad Google LLC se opone al recurso de casación.

El recurso trae causa de una solicitud que el Sr. Eliseo dirigió a Google LLC para el bloqueo de dieciséis resultados de búsqueda que aparecían en la lista de resultados del buscador Google al consultar el nombre de su padre, D. Nemesio, fallecido en 1998. Los resultados de búsqueda disputados remiten a trabajos científicos, archivos históricos, publicaciones, artículos de opinión y noticias relacionados con un hecho de relevancia pública e incuestionable interés histórico: la intervención del Sr. Nemesio en el proceso en el que se condenó a muerte al poeta Hugo en 1940.

A juicio de la Audiencia Nacional concurren aquí las siguientes circunstancias:

i. Que las informaciones históricas sobre el papel del Sr. Nemesio como secretario del juzgado Especial de Prensa que condenó a muerte a Hugo revisten incuestionable interés público.

ii. Que las informaciones se refieren a la vida profesional del Sr. Nemesio, no a su vida personal.

iii. Que no hay inexactitudes sustanciales en las informaciones disputadas.

iv. Que el transcurso del tiempo no ha hecho decaer el interés suscitado, como así lo demuestra la repercusión que han tenido tanto la investigación del Catedrático de Literatura de la Universidad de Alicante, Ríos Carratalá, que reveló el papel del padre del recurrente en el procedimiento contra el poeta, como las informaciones publicadas posteriormente sobre los procedimientos judiciales civiles iniciados por el Sr. Nemesio tanto frente a distintos medios de comunicación, como frente al mencionado profesor Ríos Carratalá y la Universidad de Alicante, y sobre el particular proceso de "derecho al olvido" que nos ocupa. No consta a esta parte ningún pronunciamiento favorable al recurrente en ninguno de esos procedimientos.

v. "La contribución sustancial que realizan las hemerotecas digitales a la preservación de noticias e informaciones que constituyen una fuente importante para la educación e investigación histórica", como lo son las publicaciones que el Sr. Nemesio pretende retirar del buscador de mi representada.

No cabe duda de que el derecho fundamental a las libertades de información y expresión y la libertad de creación científica ha de prevalecer sobre el "derecho al olvido" del Sr. Nemesio. En consecuencia, la pretensión del recurrente de silenciar y ocultar al público noticias, publicaciones e investigaciones académicas veraces y de interés general no puede prosperar.

El recurrente pretende eludir el régimen del "derecho al olvido" con el pretexto infundado de que sería inaplicable en el caso de las personas fallecidas. Según alega, en el caso de las personas fallecidas debería procederse de manera automática al bloqueo de los resultados de búsqueda disputados, sin detenerse a realizar la ponderación entre las libertades del artículo 20 CE y el derecho a la protección de datos. El recurrente trata de justificar esa insólita pretensión en los artículos 3.1 y 96 LOPD como si esos artículos establecieran en favor de las personas fallecidas un derecho de supresión reforzado u absoluto, que hubiera de prevalecer siempre frente a cualquier otro derecho fundamental.

El RGPD -que por defecto no sería aplicable a las personas fallecidas (Considerandos 27, 158 y 160)- faculta a los Estados Miembros de la UE para incluirlas en el ámbito de aplicación subjetivo de las normativas nacionales de protección de datos. El legislador español optó por incluirlas (artículo 3.1 LOPDGDD) y, por tanto, no hay duda de que el régimen de los artículos 17 RGPD y 93 LOPDGDD es extensible a las personas fallecidas.

El argumento del Sr. Nemesio de que el fundamento de su pretensión no es el "derecho al olvido" regulado en el artículo 17 RGPD, sino un pretendido derecho autónomo de los herederos supuestamente regulado en el artículo 3.1 LOPDGDD, es insostenible. El artículo 3.1 LOPDGDD no establece ningún derecho sustantivo autónomo, sino únicamente la legitimación activa de los herederos de personas fallecidas para ejercitar los derechos del RGPD tal y como están configurados con carácter general. El Sr. Nemesio está legitimado, de acuerdo con el artículo 3.1 LOPDGDD para ejercitar, entre otros, el derecho de supresión de los datos personales de su padre fallecido, pero el contenido material de esos derechos no lo define el artículo 3.1 LOPDGDD, sino los artículos 15 al 17 RGPD, a los que se remite la LOPDGDD.

A nuestro juicio, la cuestión debe ser resuelta en el sentido de que, en atención a la normativa española de protección de datos -artículo 3.1 LOPDGDD-, los familiares de personas fallecidas pueden ejercitar el derecho de supresión, si bien en todo caso conforme al régimen general del "derecho al olvido" previsto en el artículo 17 RGPD. La legitimación activa de los herederos no justificaría en ningún caso alterar los límites de los derechos fundamentales según vienen siendo interpretados por los tribunales nacionales y europeos.

Además, cabe aclarar que, mientras en la Sentencia de 11 de enero de 2019 este Tribunal concluyó que la información presentaba inexactitudes sustanciales que justificaron el bloqueo de resultados de búsqueda, cuando las inexactitudes alegadas no afectan a la esencia de lo informado, no determinarían la supresión de los resultados disputados. Esta conclusión es plenamente acorde con la reciente Sentencia del TJUE de datos inexactos, según la cual resulta desproporcionado "proceder a la retirada de enlaces de artículos, con la consecuencia de dificultar el acceso a la versión íntegra de dichos artículos en Internet, en el supuesto de que solo resultara inexacta determinada información de menor importancia en el conjunto del contenido que figura en dichos artículos".

Así mismo se opone a la pretendida infracción de la jurisprudencia del TJUE en materia de derecho al olvido. El régimen del "derecho al olvido" resulta aplicable a datos de fallecidos. El fallecimiento no altera la necesidad de ponderación entre los derechos y libertades en conflicto. Inexistencia de infracción de los artículos 17 y 89 RGPD, y 3.1 y 93 LOPDGDD.

El juicio de ponderación realizado en la Sentencia recurrida es conforme a derecho y no es contrario a la jurisprudencia del TJUE, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, según las cuales cabe ordenar el bloqueo cuando la información en cuestión es sustancialmente inexacta, es muy conveniente precisar que el bloqueo sólo procede cuando se trata de inexactitudes significativas que, teniendo en cuenta el conjunto de la información, afectan a la esencia de lo informado.

En este caso, es evidente que no es así. Las posibles imprecisiones sobre la fecha en la que el Sr. Nemesio obtuvo su plaza de funcionario en la Administración, sobre si era licenciado en derecho, o sobre el concreto órgano en el que ejercía como secretario judicial, serían en todo caso inexactitudes menores con respecto al conjunto de la información y que "no afectan a la esencia de lo informado. [...] por cuanto su intervención como secretario judicial en el Juzgado Especial de Prensa que instruyó el sumario de Hugo, realizando diligencias de todo tipo, de instrucción e indagación, y dando fe de las actuaciones practicadas, ha quedado acreditada de la prueba documental aportada por la codemandada y en dichas publicaciones no se le atribuye un papel distinto del de secretario del órgano judicial".

Y es que, contra lo alegado de contrario, esta parte consiguió acreditar ante la Audiencia Nacional que el nombre y la firma del Sr. Nemesio aparecen reiteradamente a lo largo del expediente del procedimiento sumarísimo de urgencia frente a Hugo. Por tanto, no parece ajustado a la realidad mantener, como hace el recurrente, que la intervención de su padre en el proceso no tuvo relevancia

QUINTO

Quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento para votación y fallo, acordándose la celebración de vista pública, que tuvo lugar el día 20 de febrero de 2024, y cuyo contenido quedó documentado en la correspondiente acta y en el soporte digital (CD) que obra unido a las actuaciones, procediendo en Sala a continuación a la deliberación y votación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

El presente recurso de casación impugna la sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de 17 de junio de 2022 (rec. 140/2020), por la que se desestimó el recurso interpuesto por el hoy recurrente en casación contra la resolución de la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos, de 3 de diciembre de 2019, desestimatoria del recurso de reposición frente a la resolución de 6 de septiembre de 2019.

Las resoluciones administrativas desestimaron la reclamación formulada por D. Eliseo frente a Google LLC por no haber sido atendido su derecho de supresión relacionada con 18 URLs en las que se muestran los datos personales de su padre fallecido como secretario judicial del Juzgado Militar de Prensa que condenó al poeta Hugo, solicitando que el nombre de su padre no se asociara a 18 URLs relacionadas.

La sentencia impugnada relata cual es el contenido de las páginas respecto de las que se pretende que no sean indexadas por el buscador de internet: "[...] varias de las URLs, [...] remiten a artículos de opinión y noticias publicadas por diversos medios y publicaciones de la Universidad que informan del Sr. Nemesio como secretario judicial en el Juzgado Especial de Prensa que condenó al poeta Hugo. Otro de dichos enlaces conduce a una noticia publicada en 1966 por el periódico Ardave que informa sobre el nombramiento de dicho Sr. como Interventor y Vice- Interventor de los Fondos Provinciales de diversos Ayuntamientos. Una de las URLs remite a la página web de los "Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional" en la que se publicó el nombramiento de D. Nemesio como interventor del Ayuntamiento de Córdoba el 2 de julio de 1966. Y dos de los enlaces controvertidos remiten a webs institucionales del BOE de enero 1968 y del Boletín de la Diputación de Córdoba de abril de 1958, que informan sobre la participación del Sr. Nemesio, como vocal, en unas oposiciones a interventor técnico del Ayuntamiento de Córdoba y sobre el nombramiento de dicho Sr. como Vice- Interventor de la Diputación de Córdoba.".

SEGUNDO

La presente controversia, tal y como se afirmó en el Auto de admisión, se centra en precisar o completar la jurisprudencia sentada en la STS n.º 12/2019, de 11 de enero (rec. 5579/2017) e interpretar el artículo 3.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, a fin de determinar si la legitimación de las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho y de sus herederos para solicitar al responsable o encargado del tratamiento la supresión de los datos personales del fallecido, altera o no la ponderación de los intereses concernidos -derecho al olvido y derecho a la información-, todo ello a la luz de los artículos 18 y 24 CE y la doctrina constitucional y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

TERCERO

Sobre la protección de datos de personas fallecidas.

Antes de cualquier otra consideración es preciso determinar la normativa aplicable en España para establecer los límites del derecho de supresión de datos de una persona fallecida.

El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, dispone en su considerando 27 que "El presente Reglamento no se aplica a la protección de datos personales de personas fallecidas". Pero ese mismo apartado añade seguidamente que "Los Estados miembros son competentes para establecer normas relativas al tratamiento de los datos personales de estas".

De modo que, si bien las previsiones del Reglamento de la Unión Europea no son, en principio, aplicables para la protección de datos de personas fallecidas se deja libertad a los Estados miembros para que puedan regular esta materia.

En España, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, establece en su art. 2.2 que esta ley no se aplicará a los tratamientos de datos de personas fallecidas, pero añade "sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3". Y el art. 3.1 faculta a "las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho, así como sus herederos" para que puedan dirigirse al responsable o encargado del tratamiento "al objeto de solicitar el acceso a los datos personales de aquella y, en su caso, su rectificación o supresión". Y ello con independencia del derecho al testamento digital regulado en el art. 96 de dicha norma.

En definitiva, en España se regula el derecho de acceso, rectificación o supresión de los datos de las personas fallecidas, reconociéndose legitimación a los familiares y herederos del fallecido. Derechos que en este caso aparecen en gran medida vinculados a la protección del honor de la persona fallecida.

En este punto, el recurrente defiende que el derecho de supresión de datos de personas fallecidas tiene un régimen jurídico propio y distinto al régimen general. De modo que cuando se ejercita el derecho de supresión de datos de personas fallecidas debe procederse de manera automática al bloqueo de los resultados de búsqueda solicitados sin detenerse a realizar la ponderación entre las libertades del artículo 20 CE y el derecho a la protección de datos cuando los datos no son inexactos. Se trataría, por tanto, de un derecho de supresión reforzado o absoluto, que debe prevalecer siempre frente a cualquier otro derecho fundamental invocado.

Esta afirmación le lleva a considerar que la sentencia debería haberse basado en el artículo 3.1 de la LOPD, pero sin que le fuesen de aplicación los límites y los criterios de ponderación previstos en el art. 17 del RGPD o las disposiciones que regulan el derecho al olvido en búsquedas de internet, previsto en el art. 93 de la LOPD.

Es cierto que el art. 3 de la LOPD reconoce en España la protección de los datos de las personas fallecidas, admitiendo el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación o supresión, pero ello no implica que el alcance de la protección concedida sea distinto del régimen general existente para ponderar la viabilidad de estos derechos. O, dicho de otra forma, no se establece un régimen independiente y autónomo del derecho de supresión de datos, distinto del establecido para las personas físicas. Así, el artículo 15 de la LOPD, que regula el derecho de supresión, se remite expresamente a lo dispuesto en el art. 17 del Reglamento de la Unión ("1. El derecho de supresión se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento (UE) 2016/679") por lo que, por vía de esta remisión, el alcance y los límites del derecho de supresión ("derecho al olvido") de las personas fallecidas en España, se regula por las mismas disposiciones que el Reglamento de la Unión Europea establece para las personas vivas.

Ello, desde un punto de vista positivo, incluye la aplicación de los supuestos en los que el derecho de supresión o derecho al olvido es procedente (los datos no son necesarios en relación con los fines, los datos han sido tratados ilícitamente, cumplimiento de una obligación legal), y la toma en consideración de las previsiones contenidas en otros preceptos de la ley, como la exactitud de los datos tratados a los efectos de su supresión ( art. 4 de la LOPD). Obviamente, habrá que tomar en consideración las peculiaridades propias que implica que se trate de datos de una persona fallecida, lo que condicionará la aplicación de algunos supuestos como la retirada del consentimiento u otros similares, que por lógica no pueden producirse.

Pero esta remisión también opera respecto de la ponderación de intereses y la aplicación de los límites que pueden oponerse al ejercicio de este derecho (defensa de la libertad de expresión e información, cumplimiento de una obligación legal, datos tratados con fines de archivo o investigación científica o histórica, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, entre otros).

Si se afirmase, como pretende el recurrente, que la protección de datos de una persona fallecida debe ser acogido cuando se demuestre que la información es inexacta, cualquiera que fuese el alcance de la inexactitud, sin poder ponderar otros derechos o intereses concurrentes, nos llevaría al absurdo de que las personas fallecidas tendrían no solo una mayor protección que las personas vivas, sino una protección automática y absoluta frente a cualquier otra consideración y frente a las libertades y derechos de los demás. Por otra parte, esta ausencia de límites permitiría suprimir la localización de los datos de personas fallecidas con independencia del interés público del personaje y/o de la noticia publicada, generando una historia selectiva y sesgada a voluntad de los familiares o herederos del difunto.

Por otra parte, tal y como recuerda el Abogado del Estado en su contestación, la pretensión de la parte recurrente es contradictoria, pues al mismo tiempo que afirma que no resultan aplicables al caso los artículos 17 y 89 RGPD invoca en su favor la doctrina contenida en la sentencia del TJUE 8-12-2022, asunto C-460/20, que se fundan precisamente en el art. 17 RGPD.

En definitiva, establecida la posibilidad de extender la regulación de la protección de datos también para las personas fallecidas, la regulación sustantiva en lo relativo al ejercicio del derecho de acceso, y supresión de las personas fallecidas es el mismo que para los vivos, siendo de aplicación los mismos límites y la ponderación de intereses en conflicto con las inevitables adaptaciones propias de este tipo de protección. Ello implica la aplicación de aquellos preceptos de la LOPD que regulan el tratamiento de datos y sus límites, incluidos la exigencia de que los datos sean exactos y actualizados ( art. 4), las previsiones contenidas respecto del derecho de supresión de datos ( art. 15 LOPD) y las especialidades que se establecen en la eliminación de enlaces gestionados por motores de búsqueda en internet (artículo 93).

Es por ello que ningún reproche, sino todo lo contrario, merecen en este extremo los acertados razonamientos contenidos en la sentencia de la Audiencia Nacional impugnada.

Por lo que respecta a la aplicación del art. 96 LO 3/2018 el Abogado del Estado afirma que lo previsto en el testamento digital queda limitado a aquellos "contenidos digitales" de los que el fallecido puede disponer por haber utilizado de manera activa los servicios facilitados por un prestador de servicios de la sociedad de la información, facilitando o incorporando voluntariamente, los datos personales necesarios para la prestación del servicio o la propia presencia en los dispositivos del prestador.

CUARTO

Sobre la supresión de los datos parcialmente inexactos.

Sentada esta premisa corresponde ahora analizar si la ponderación realizada por la sentencia de instancia es conforme con los criterios fijados en la ley y en la jurisprudencia de este Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La sentencia impugnada analiza las noticias cuyo enlace se pretende suprimir desde diferentes perspectivas: su veracidad, el hecho de que se trate de una investigación histórica y científica, el interés público de la información, la circunstancia de que los datos cuya supresión se pretende se refieran a la vida personal y no a la vida personal y el transcurso del tiempo.

El recurso de casación cuestiona que pueda realizarse una ponderación entre el derecho de supresión de datos del fallecido y otros derechos fundamentales, especialmente los derechos de información y expresión y, así mismo, destaca la inexactitud de los datos contenidos en estos enlaces, invocando la doctrina sentada en la STJUE de 8 de diciembre de 2022 (asunto C-460/20), lo que obligaría, a su juicio, a suprimir del motor de búsqueda los enlaces a esas noticias.

El reconocimiento al derecho al olvido digital comporta otorgar al interesado la facultad de solicitar, conforme a lo dispuesto en el art. 15 de la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos personales, que se suprima aquellos datos de la lista de resultados proporcionada por el motor de búsqueda, obtenidos a partir de su nombre, que se revelen inexactos, tal y como exige el art. 4 de dicha norma.

Ahora bien, ni el ejercicio de este derecho es absoluto, sino que está sujeto a límites, entre ellos los derivados de la ponderación con otros derechos fundamentales -singularmente el derecho de libertad de expresión y de información y, también, en este caso, la creación y producción científica y técnica ( art. 20.1.b) C.E)-, ni es posible pretender la supresión de toda noticia o información referida a una persona sin ponderar el alcance y trascendencia de la inexactitud en el conjunto de la información que se pretende suprimir.

Por lo que respeta a los limites debe recordarse que el reconocimiento expreso del derecho al olvido, como facultad inherente al derecho a la protección de datos personales, y por tanto como derecho fundamental, supone la automática aplicación al mismo de la jurisprudencia relativa a los límites de los derechos fundamentales. En el fundamento jurídico 11 de la STC 292/2000, reiterado después en el fundamento jurídico 4 de la STC 17/2013, de 31 de enero, se estableció que: "[E]l derecho a la protección de datos no es ilimitado, y aunque la Constitución no le imponga expresamente límites específicos, ni remita a los poderes públicos para su determinación como ha hecho con otros derechos fundamentales, no cabe duda de que han de encontrarlos en los restantes derechos fundamentales y bienes jurídicos constitucionalmente protegidos, pues así lo exige el principio de unidad de la Constitución". ( STC 58/2018, de 4 de junio).

Y en lo relativo a la exactitud de la información, el TJUE en su sentencia de 8 de diciembre de 2022 (asunto C-460/20), referida también a la solicitud de retirada de ciertos artículos críticos por entender que contenían una información parcialmente inexacta, ha sostenido que "De ese modo, en el supuesto de que quien haya formulado una solicitud de retirada de enlaces aporte pruebas pertinentes y suficientes, que sean idóneas para fundamentar su solicitud y acrediten la inexactitud manifiesta de la información que figura en el contenido indexado o, al menos, de una parte de esa información que no es menor en el conjunto del referido contenido, el gestor del motor de búsqueda estará obligado a acceder a dicha solicitud de retirada de enlaces. Lo mismo ocurrirá cuando el interesado presente una resolución judicial adoptada contra el editor del sitio de Internet que se base en que la información que figura en el contenido indexado, que no es menor en el conjunto de este, es, al menos a primera vista, inexacta".

"73 En cambio, en el supuesto de que la inexactitud de tal información que figura en el contenido indexado no resulte manifiesta a la vista de las pruebas suministradas por el interesado, el gestor del motor de búsqueda no estará obligado, si no media tal resolución judicial, a acceder a tal solicitud de retirada de enlaces. Cuando, por sus características, la información en cuestión pueda contribuir a un debate de interés general, procederá, habida cuenta del conjunto de circunstancias del caso, conceder una importancia particular al derecho a la libertad de expresión e información.

74 Es preciso añadir que, conforme a lo expuesto en el apartado 65 de la presente sentencia, sería igualmente desproporcionado proceder a la retirada de enlaces de artículos, con la consecuencia de dificultar el acceso a la versión íntegra de dichos artículos en Internet, en el supuesto de que solo resultara inexacta determinada información de menor importancia en el conjunto del contenido que figura en dichos artículos".

De modo que, si bien es posible solicitar del motor de búsqueda la retirada de una información cuando el que lo solicita acredite que es inexacta, debe tomarse en consideración otros elementos relevantes: en primer lugar si la información contribuye a un debate de interés general, atendiendo a las circunstancias del caso; y, en segundo lugar, si la inexactitud afecta a toda la información o a una parte que puede considerarse sustancial de la misma o, por el contrario, tan solo incide sobre aspectos accesorios y de menor importancia en el conjunto de la información.

Cabe añadir un último factor: cuando la información referida a una persona fallecida se integra en una investigación histórica o científica. En este caso, la exigencia de exactitud de lo afirmado se aminora porque, tal y como ha afirmado el STC 43/2004, de 23 de marzo (f.j 5), -aunque referido al derecho al honor pero de aplicación al caso que nos ocupa-, "[...] la información y libre expresión a los efectos del art. 20.1 a) y d) CE- se refiere siempre a hechos del pasado y protagonizados por individuos cuya personalidad, en el sentido constitucional del término [...] se ha ido diluyendo necesariamente como consecuencia del paso del tiempo y no puede oponerse, por tanto, como límite a la libertad científica con el mismo alcance e intensidad con el que se opone la dignidad de los vivos al ejercicio de las libertades de expresión e información de sus coetáneos. Por lo demás, sólo de esta manera se hace posible la investigación histórica, que es siempre, por definición, polémica y discutible, por erigirse alrededor de aseveraciones y juicios de valor sobre cuya verdad objetiva es imposible alcanzar plena certidumbre, siendo así que esa incertidumbre consustancial al debate histórico representa lo que éste tiene de más valioso, respetable y digno de protección por el papel esencial que desempeña en la formación de una conciencia histórica adecuada a la dignidad de los ciudadanos de una sociedad libre y democrática". Afirmando también que "[...] la distancia en el tiempo diluye la condición obstativa de la personalidad frente al ejercicio de las libertades del art. 20 CE. De otro, porque el encuadramiento de una actividad en el ámbito de la investigación histórica y, por tanto, en el terreno científico supone ya de por sí un reforzamiento de las exigencias requeridas por el art. 20 CE en punto a la veracidad de la información ofrecida por el investigador, esto es, a su diligencia. Por todo ello, la investigación sobre hechos protagonizados en el pasado por personas fallecidas debe prevalecer, en su difusión pública, sobre el derecho al honor de tales personas cuando efectivamente se ajuste a los usos y métodos característicos de la ciencia historiográfica".

De modo que, la sentencia impugnada acierta al considerar como elementos relevantes, obstativos del derecho de supresión ejercitado, que las informaciones revistiesen un interés público incuestionable al versar sobre la intervención del padre del recurrente, como secretario judicial del Juzgado Especial de Prensa que instruyó la causa penal contra el poeta Hugo; que la información aparecida formara parte de una investigación histórica y científica, contenida en publicaciones de la Universidad; y que el transcurso del tiempo no hubiese hecho decaer el interés que suscita todo lo que rodea a la muerte del famoso poeta.

Así mismo, resulta acertado que, al tiempo de valorar las inexactitudes aducidas por los recurrentes, se tuviese en consideración que se trababan de errores circunstanciales que no afectaban a la esencia de lo informado ni a la exactitud del conjunto de la información tratada. A tal efecto, la sentencia razona "Las incorrecciones alegadas por el demandante, tales como que su padre fallecido en contra de lo que se decía, en esas fechas (1940) sí era licenciado en derecho y que no fue funcionario hasta 1944 cuando obtuvo plaza en la Administración Local, no afectan a la esencia de lo informado. Asimismo, de la prueba aportada con la demanda se ha constatado que el Sr. Nemesio no fue secretario del consejo de guerra que falló la sentencia de muerte, y así se ha reconocido por Google en la contestación. Sin embargo, la incorrección también alegada en la demanda, sobre el órgano exacto del que dicho Sr fue secretario judicial, no afecta tampoco a la esencia de lo informado, por cuanto su intervención como secretario judicial en el Juzgado Especial de Prensa que instruyó el sumario de Hugo, realizando diligencias de todo tipo, de instrucción e indagación, y dando fe de las actuaciones practicadas, ha quedado acreditada de la prueba documental aportada por la codemandada (documento 1 de la contestación) y en dichas publicaciones no se le atribuye un papel distinto del de secretario del órgano judicial.

[...]".

Y añade "El hecho de que el Sr. Nemesio, Alférez de Complemento honorífico del Cuerpo Jurídico Militar, no tuviera aprobada en aquellas fechas ninguna oposición y no fuera funcionario público, carece de la trascendencia que la parte pretende otorgarle, por cuanto lo relevante es que, por ser licenciado en Derecho, ejerció como secretario judicial del Juzgado Especial de Prensa que instruyó el sumario del encartado Hugo, y por esa razón y a los efectos ahora examinados de ponderar la relevancia del ejercicio del derecho de información y expresión, cabe entender que ejerció funciones públicas y en un asunto de indudable relevancia pública".

Consideramos, por tanto, que la sentencia de la Audiencia Nacional aplicó correctamente tanto la legislación como la jurisprudencia existente cuando frente al ejercicio del derecho de supresión ejercido por los familiares del difunto se ponderaron otros derechos e intereses concurrentes y se valoró, acertadamente, el alcance de la inexactitud en relación con el conjunto y contexto de la información tratada.

QUINTO

Doctrina jurisprudencial que se establece en respuesta a las cuestiones planteadas en el auto de admisión del recurso de casación.

La cuestión que presentaba interés casacional aparece referida a determinar si la legitimación de las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho y de sus herederos para solicitar al responsable o encargado del tratamiento la supresión de los datos personales del fallecido, altera o no la ponderación de los intereses concernidos -derecho al olvido y derecho a la información-, todo ello a la luz de los artículos 18 y 24 CE y la doctrina constitucional y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El derecho de supresión (derecho al olvido) de los datos de una persona fallecida está reconocido en nuestro ordenamiento. Pero, la singularidad que implica que el derecho de supresión se ejercite respecto de datos personales correspondientes a una persona fallecida no suprime la necesidad de ponderar la protección de datos del difunto con otros derechos y libertades en conflicto a la luz de nuestras normas y de la jurisprudencia existente.

Alegada la inexactitud parcial de una información que afecta a una persona fallecida, y que aparece incorporada a una investigación histórica y científica, la exigencia de exactitud de lo afirmado se aminora y debe ponderarse también la trascendencia de la inexactitud en el conjunto de la información aparecida.

SEXTO

Costas.

De conformidad con lo dispuesto en el art 93.4 LJ cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad sin que se aprecien razones de temeridad o mala fe en el presente litigio que justifiquen la imposición de las costas a ninguna de las partes intervinientes.

F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido de acuerdo con la interpretación de las normas establecida en el fundamento jurídico quinto:

Desestimar el recurso de casación interpuesto por la procuradora de los tribunales Dña. Felisa María González Ruiz, en nombre y representación de D. Eliseo, contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional de 17 de junio de 2022 (rec. 140/2020), sin condenar en las costas de casación a ninguna de las partes.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

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