STSJ Comunidad de Madrid 743/2023, 19 de Julio de 2023
| Jurisdicción | España |
| Emisor | Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid, sala social |
| Ponente | ANGELA MOSTAJO VEIGA |
| ECLI | ECLI:ES:TSJM:2023:9298 |
| Fecha | 19 Julio 2023 |
| Número de resolución | 743/2023 |
| Recurso número | 1326/2022 |
| Categoría | cargas familiares,prestación por desempleo |
Tribunal Superior de Justicia de Madrid - Sección nº 01 de lo Social
Domicilio: C/ General Martínez Campos, 27, Planta Baja - 28010
Teléfono: 914931977
Fax: 914931956
34002650
NIG : 28.079.00.4-2022/0008821
Procedimiento Recurso de Suplicación 1326/2022
ORIGEN: Juzgado de lo Social nº 41 de Madrid Seguridad social 99/2022
Materia : Desempleo
Sentencia número: 743/2023
D
Ilmo. Sr. D. JOSE LUIS ASENJO PINILLA
Ilmo. Sr. D. EMILIO PALOMO BALDA
Ilma. Sra. Dª ÁNGELA MOSTAJO VEIGA
Ilma. Sra. DÑA. CONCEPCIÓN MORALES VÁLLEZ
En la Villa de Madrid, a diecinueve de julio de dos mil veintitrés, habiendo visto en recurso de suplicación los presentes autos la Sección Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, compuesta por los Ilmos. Sres. citados, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución española de 27 de diciembre de 1.978,
EN NOMBRE DE S.M. EL REY
Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE
EL PUEBLO ESPAÑOL
ha dictado la siguiente
S E N T E N C I A
En el recurso de suplicación número 1326/2022, formalizado por Dª Luisa contra la sentencia de fecha 22 de septiembre de dos mil veintidós, dictada por el Juzgado de lo Social número 41 de los de Madrid, en
sus autos número 99/2022, seguidos a instancia de la recurrente frente al SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL en materia de DESEMPLEO, siendo Magistrada-Ponente la Ilma. Sra. Dª ANGELA MOSTAJO VEIGA, y deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes
Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra la mencionada parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, tras los pertinentes actos procesales de tramitación y previa celebración de los oportunos actos de juicio oral, en el que quedaron definitivamente configuradas las respectivas posiciones de las partes, dictó la sentencia referenciada anteriormente.
En dicha sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos probados:
La actora percibía prestación por desempleo desde el 1-10- 2019 al 30-7-2021.
La demandante es madre de dos hijas, Mercedes, nacida el NUM000 -2005, y Milagrosa, nacida el NUM001 -2016, con las que convive en el mismo domicilio, junto con D. Raúl, padre de Milagrosa ; estando divorciada del padreade Mercedes (f. 18 del expediente).
El 1-9-2021, con 35 años de edad, solicitó subsidio de desempleo, que fue denegado por resolución de 4-10-2021 alegando que no tiene a su cargo al menos al cónyuge, hijos menores de 26 años o mayores discapacitados o menores acogidos. Formulada reclamación previa fue desestimada, porque siendo menor de 45 años no acredita tener a su cargo al menos al cónyuge, ya que (no) acredita los ingresos percibidos por sus hijas alegadas como cargas por parte de sus progenitores a efectos de determinar si están o no a su cargo.
En dicha sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva:
Que DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO la demanda formulada por DOÑA Luisa contra EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL, DECLARANDO ajustada a derecho la resolución recurrida.
Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte demandante, formalizándolo posteriormente; tal recurso no fue objeto de impugnación por la contraparte.
Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la pieza separada de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social de Madrid, tuvieron los mismos entrada en esta Sección Primera en fecha 28 de noviembre de dos mil veintidós, dictándose la correspondiente y subsiguiente providencia para su tramitación en forma.
Nombrada la Magistrada-Ponente, se dispuso el pase de autos al mismo para su conocimiento y estudio, señalándose el día diecinueve de julio de dos mil veintitrés para los actos de votación y fallo.
En la tramitación del presente recurso de suplicación no se ha producido ninguna incidencia.
Se impone conocer en primer lugar de la petición de nulidad de lo actuado hasta el momento previo al acto del juicio al amparo del artículo 193 a) de la LRJS al entender la parte actora que se ha vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías puesto que se resolvió su reclamación basándose en datos y alegaciones que fueron realizadas en vía administrativa
Como ha señalado el Tribunal Supremo, "la nulidad es un remedio último y de carácter excepcional que opera, únicamente, cuando el Tribunal que conoce el recurso no puede decidir correctamente la controversia planteada", añadiéndose que la nulidad de actuaciones constituye una medida excepcional que debe quedar reservada para casos extremos de una total indefensión, de modo que no basta que se produzca una vulneración de normas procesales sino que es preciso que ello haya determinado una indefensión material a la parte que la invoca, ya que la nulidad no deriva de cualquier infracción o vulneración de normas procesales sino de que esta vulneración le haya producido al interesado un efectivo y real menoscabo del derecho de defensa. Lo que sí debe recordarse es que "la indefensión que prohíbe el art. 24.1 de la Constitución no nace de la sola y simple infracción de las reglas procesales por parte de los órganos competentes, sino que se produce cuando la vulneración de las normas procesales lleva consigo la prohibición del derecho a la defensa, con el consiguiente perjuicio real y efectivo para los intereses del afectado" ( STC 199/1992, de 19 de noviembre (FJ 2); añadiendo que, con referencia al Auto del TC 3/1996, de 15 de enero que recuerda la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 2020, recurso 36/2020, "Para que las irregularidades procesales produzcan el radical efecto de nulidad de actuaciones es preciso que...... la indefensión que produzcan ha de
ser material y efectiva y no simplemente posible", es decir, que el citado defecto haya causado un perjuicio real y efectivo para el demandado en sus posibilidades de defensa ( STC 43/1989) pues el concepto de indefensión con relevancia constitucional no coincide necesariamente con cualquier indefensión de carácter meramente procesal, ni menos con cualquier infracción de normas procesales.
Pues bien, la parte actora sostiene que el único motivo de rechazo de su petición fue no tener cónyuge o hijos menores de 26 años a cargo y la Sentencia resuelve la denegación basándose en la falta de prueba de las rentas de la unidad familiar.
La cuestión ha sido resuelta por la Sentencia de instancia en su fundamento segundo y señala:
La solicitud de la actora fue denegada en primer término por no tener cargas familiares, y en la reclamación previa se aclara que aun teniendo menos de 45 años, no acredita los ingresos que pueden corresponder a las hijas por parte de los progenitores para constatar si están o no a su cargo. De forma que no se están exigiendo en el momento del juicio nuevos requisitos o presupuestos, que en todo caso son los que forman parte del derecho que se interesa y son hechos constitutivos de la pretensión. Es más, al margen de que se tratase de una alegación no plasmada directamente en las resoluciones administrativas, no puede olvidarse que al accionante corresponde en todo caso acreditar los hechos constitutivos de su acción y que la constatación de los mismos puede apreciarse de oficio, aunque no estén indicados en la resolución administrativa ( STS 16-12-96 ), porque es claro que no puede prosperar una acción si no concurren los presupuestos legales habilitantes, y esa comprobación no puede causar indefensión, sino que es supone simplemente velar por el cumplimiento de la ley (TS 30-4-07, 28-6-94, TSJ Madrid 12 de julio de 2011, rec. 2881/11 ).
En ningún caso puede estimarse que el hecho de valorar si se han acreditado las rentas percibidas por las hijas menores supone alterar las bases de la Litis desde el momento que inciden directamente en la consideración de la existencia de cargas familiares.
El artículo 274 de la LGSS es claro:
Serán beneficiarios del subsidio los desempleados que, figurando inscritos como demandantes de empleo durante el plazo de un mes, sin haber rechazado oferta de empleo adecuada ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales, carezcan de rentas en los términos establecidos en el artículo siguiente y se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:
-
Haber agotado la prestación por desempleo y tener responsabilidades familiares.
Y el artículo 275 señala:
-
A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá por responsabilidades familiares tener a cargo al cónyuge, hijos menores de veintiséis años o mayores incapacitados, o menores acogidos, cuando la renta del conjunto de la unidad familiar así constituida, incluido el solicitante, dividida por el número de miembros que la componen, no supere el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.
No se considerará a cargo el cónyuge, hijos o menores acogidos, con rentas de cualquier naturaleza superiores al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.
Por tanto, las cargas familiares se determinan por el hecho de que existan hijos menores de veintiséis años y por las rentas que pudieran incluirse a través de esos hijos en la unidad familiar y así determinar si están a cargo o no de la demandante.
Por lo tanto, la sola mención a la inexistencia de hijos a cargo implica que se va...
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