STS, 5 de Octubre de 1988

PonenteRamón López Vilas.
ProcedimientoJuicio declarativo ordinario de menor cuantía.
Fecha de Resolución 5 de Octubre de 1988
EmisorTribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil

En la villa de Madrid, a cinco de octubre de mil novecientos ochenta y ocho.

En los Autos de juicio declarativo de menor cuantía, promovidos ante el Juzgado de Primera Instancia de Yecla por don Martín Navarro Cañáls, mayor de edad, casado, jubilado y vecino de Jumilla, contra Caja Rural Cooperativa Agrícola «San Isidro», de Jumilla, sobre reclamación de cantidad; seguidos en apelación ante la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Albacete, que ante nos, penden en virtud de recurso de casación interpuesto por la parte demandada, representada por el Procurador Sr. don Albito Martínez Diez y con la dirección del Letrado Sr. don Jesús Castrillo Alabro, habiéndose personado la parte actora, representada por el Procurador Sr. don Tomás Cuevas Villamaña y bajo la dirección del Letrado Sr. don José Marco Carreres.

Antecedentes de hecho

Primero

El Procurador Sr. don Antonio Ortega Ortega, en representación de don Martín Navarro Cañáls, formuló ante el Juzgado de Primera Instancia de Yecla demanda de mayor cuantía contra Caja Rural Cooperativa Agrícola «San Isidro», de Jumilla, sobre reclamación de cantidad, estableciendo los hechos, fundamentos de derecho que tuvo por convenientes, y terminó suplicando al Juzgado Sentencia declarando el derecho que corresponde a mi patrocinado de extraer de su cuenta de ahorro en la entidad demandada. Caja Rural, el saldo de su libreta núm. 387. ascendente a 6.225.000 pesetas, como dispuso incluso por medio de talón de reintegro que se protestó notarialmente, y condene a la entidad demandada al pago de dicha cantidad y al de los intereses convenidos al 15 por 100 anula desde la última fecha en que fueron satisfechos y hasta el pago total de la cantidad adeudada y para el caso de que voluntariamente no lo hiciese, a que se haga exacción de las sumas reclamadas sobre los bienes y derechos que fueron trabajos mediante el embargo preventivo y condenando a la demandada al pago de las costas del juicio por ser todo ello de justicia, que pido.

Segundo

Admitida la demanda y emplazada la demandada, compareció en los Autos en su representación el Procurador Sr. don Manuel Vicente Juan, que contestó a la demanda, oponiendo a la misma los hechos, fundamentos de derecho que estimó de aplicación y terminó suplicando Sentencia desestimando la demanda y absolviendo de ella a mi mandante, con expresa imposición de costas a la parte actora.

Tercero

Las partes evacuaron los traslados que para réplica y dúplica les fueron conferidos, insistiendo en los hechos, fundamentos de derecho y súplica de sus escritos de demanda y contestación.

Cuarto

Recibido el pleito a prueba se practicó la propuesta por la partes, fue declarada pertinente y figura en las respectivas piezas.

Quinto

Unidas a los Autos las pruebas practicadas se entregaron los mismos a las partes por su orden para conclusiones, trámite que evacuaron en respectivos escritos en los que solicitaron se dictase Sentencia de acuerdo con lo que tenian interesado en los Autos.

Sexto

El Sr. Juez de Primera Instancia de Yecla dictó Sentencia con fecha 12 de enero de 1985. cuyo fallo es como sigue: «que estimando como estimo parcialmente la demanda interpuesta por don Martín Navarro Cañáls, representado por el Procurador Sr. García Ortega y asistido del Letrado Sr. Ortuño Quintanilla. contra la Caja Rural Cooperativa Agrícola "San Isidro", de Jumilla. respectivamente, digo representada por el Procurador Sr. Vicente Juan y asistida del Letrado Sr. Martínez Useroa, debo condenar y condeno a la demandada a que, tan pronto sea firme esta resolución, abone a la actora la cantidad de 6.225.000 pesetas, por la reclamación de Autos, así como al cumplimiento de lo dispuesto en el art. 921-4.° de la Ley de Enjuiciamiento Civil

Séptimo

La Sentencia fue aclarada por Auto del Juzgado de Primera Instancia de Yecla con fecha 15 de enero de 1985, con la siguiente parte dispositiva: «que debía aclarar y aclaraba la Sentencia de fecha 12 de enero de 1985, en el sentido de anular el quinto considerando de la misma, subsistiendo en cuanto a los intereses y con carácter exclusivo al sexto considerando, cuyo tenor literal es el siguiente: "Considerando que en cuanto a los intereses reclamados en la demanda no ha sido probado el porcentaje que se alega como convenido, por lo que no procede su estimación, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 921, párrafo 4.°, de la Ley de Enjuiciamiento Civil".»

Octavo

Interpuso recurso de apelación contra la Sentencia de primera instancia por la representación de la Cooperativa demandada y tramitado el

recurso con arreglo a derecho, la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Albacete dictó Sentencia con fecha 23 de diciembre de 1986, con la siguiente parte dispositiva: que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de la demandada, Caja Rural Cooperativa Agrícola «San Isidro», de Jumilla, contra la Sentencia dictada en 12 de enero de 1985 por el Sr. Juez de Primera Instancia de Yecla, debemos confirmar y confirmamos íntegramente dicha resolución, impugnada, con expresa imposición a la recurrente de las costas originadas en alzada.

Noveno

Previo depósito de 25.000 pesetas, el Procurador don Albito Martínez Diez, en representación de Caja Rural Cooperativa Agrícola «San Isidro», de Jumilla, ha interpuesto recurso de casación contra la Sentencia pronunciada por la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Albacete, con apoyo en los siguientes motivos: Primero. Al amparo del núm. 4, del art. 1.692, de la Ley de Enjuciamiento Civil, por incurrir la Sentencia recurrida en error de hecho en la apreciación de la prueba basado en documentos que obran en Autos, que demuestran la equivocación del juzgador, sin resultar contradichos por otros elementos probatorios. Ciertamente la nueva normativa del recurso de casación, al tratar del error, no distingue expresamente entre error de hecho y error de derecho como el antiguo núm. 7, del art. 1.692, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de acuerdo con el criterio más flexible de la nueva regulación, si bien es obvio que antes y ahora los errores en la percepción de la prueba se han de refrir tanto a los hechos considerados, como a la valoración jurídica a los mismos en la Sentencia que se recurre. Segundo. Al amparo del núm. 5, del art. 1.692, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico relativo a la responsabilidad patrimonial del deudor en cumplimiento de sus obligaciones. Establece el art. 1.753 del Código Civil que «el que recibe en préstamo dinero u otra cosa fungible adquiere su propiedad y está obligado a devolver al acreedor otro tanto de la misma especie y calidad». Igualmente el artículo 1.911 del Código Civil establece que «del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes presentes y futuros». Se definen por ambos preceptos la relación jurídica de préstamo estableciendo que el prestatario está obligado a restituir al pretamista lo recibido, y que esta obligación de restitución la garantiza el prestatario con sus bienes. Tercero. Al amparo del núm. 5, del art. 1.692, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de la jurisprudencia que aplica indebidamente la Sentencia recurrida, relativa a la doctrina de los actos propios y contenida en las Sentencias de 5 de diciembre de 1984 y 5 de febrero de 1985, entre otras. Cuarto. Al amparo del núm. 5, del art. 1.692, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de la jurisprudencia que la Sentencia cita, relativa al abuso de la personalidad jurídica, de 28 de mayo de 1984, que igualmente no es de aplicación a la presente litis.

Décimo

Admitido el recurso e instruida la recurrente, los Autos se mandaron traer a la vista con las debidas citaciones.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Ramón López Vilas.

Fundamentos de Derecho

Primero

En el correlativo del recurso se denuncia error de hecho en la apreciación de la prueba basado en documentos que obran en Autos que demuestran la equivocación del juzgador, sin resultar contradichos por otros elementos probatorios. «De los citados documentos -afirma el recurrente- se evidencia que la Caja Rural Cooperativa Agrícola de Jumilla es una entidad cooperativa con personalidad jurídica independiente de la también Cooperativa llamada Caja Rural de Jumilla. Ambas entidades tuvieron una distinta fecha de creación. Ambas entidades se rigen por estatutos distintos. Ambas entidades tienen un número en el Registro Especial de Coopeíativas del Ministerio de Trabajo, también distinto. Ambas entidades tienen distinta naturaleza, siendo una de ellas la Agrícola de "San Isidro", Cooperativa de Campo, y la otra, Caja Rural de Jumilla, Cooperativa de Crédito. Ambas entidades tienen objeto

distinto, siendo también por tanto distintos el patrimonio de ellas puesto al servicio del objeto social que desarrollan.»

Pero como acertadamente argumenta la resolución recurrida, «teniendo en cuenta en este concreto caso que se enjuicia el resultado que ofrece la conjunta apreciación de lo actuado y pruebas practicadas, racionalmente valoradas de acuerdo con sus normas propias, claramente expresivo, sin duda, de que aun habiendo titularidades jurídicas distintas, era una sola la entidad real, por unas mismas personas dirigidas la una y la otra, con igual gerente y los mismos empleados, que la denominada Caja Rural de Jumilla. Cooperativa de Crédito, constituía en verdad una sección de la entidad demandada... que no puede evadirse de su responsabilidad deudora con la ineficaz e inaceptable alegación de su falta de legitimación pasiva». A tal desestimación llega el Tribunal a quo en base a la doctrina mantenida por esta Sala en reiteradas Sentencias, de las que es una muestra expresiva la de 28 de mayo de 1984, en la que se expresa «que ya desde el punto de vista civil y mercantil la más autorizada doctrina, en conflicto entre seguridad jurídica y mercantil, valores hoy consagrados en la Constitución (arts. 1 y 9.3), se ha decidido prudencialmente, y según casos y circunstancias por aplicar por vía de equidad y acogimiento del principio de la buena fe (art. 7.1 del Código Civil), la tesis y práctica de penetrar en el substratum personal de las entidades o sociedad a las que la ley confiere personalidad jurídica propia con el fin de evitar que al socaire de esa ficción o forma legal (de respeto obligado, por supuesto) se puedan perjudicar intereses privados o públicos o bien ser utilizada como camino de fraude (art. 6.4 del Código Civil), admitiéndose que los Jueces puedan penetrar (levantar el velo jurídico) en el interior de esas personas cuando sea preciso para evitar el abuso de esa independencia (art. 7.2 del Código Civil) en daño ajeno o de "los derechos de los demás" (art. 10 de la Constitución), o contra interés de los socios, es decir, de un mal uso de su personalidad, de un "ejercicio antisocial" de su derecho (artículo 7.2 del Código Civil), lo cual no significa que haya de soslayarse o dejarse de lado la personalidad de ambas entidades, sino sólo constatar, a los efectos de tercero de buena fe (el actor y recurrido perjudicado), cuál sea la auténtica y "constitutiva" personalidad social y económica de la misma, el substrato real de su composición personal y negocial a los efectos de la determinación de su responsabilidad contractual o aquiliana, porque como se ha dicho por la doctrina extranjera "quien maneja internamente de modo unitario y total un organismo no puede invocar frente a sus acreedores que existen exteriormente varias organizaciones independientes" y menos "cuando el control social efectivo está en manos de una sola persona, sea directamente o a través de testaferros o de una sociedad", según la doctrina patria».

La doctrina expuesta tiene plena aplicación al caso de Autos porque, como analiza la Sentencia de primera instancia (cuyos fundamentos jurídicos acepta la recurrida), «se observa que, a pesar de ser inscrita la Caja Rural de Jumilla como entidad distinta de aquella en cuyo seno surgió, la Caja Rural Cooperativa y Agrícola "San Isidro", de Jumilla. no sólo es creada en una junta general de dicha Cooperativa, sino que en el acta de su constitución refleja claramente que se crea como sección de la misma, que de esta forma y a su servicio queda constituida, y sus estatutos, que son aprobados por unanimidad, establecen en el extremo b) del art. 2, entre sus objetos, el de facilitar a la Cooperativa de la que forma parte como sección de la misma las cantidades que necesite para el desenvolvimiento y realización de sus fines reglamentarios en sus distintas secciones. Y es precisamente ese carácter de sección de crédito de la Cooperativa el que se mantiene a partir de ese momento en que su distinta personalidad jurídica no tiene un reflejo material, puesto que ni se rige por distintos órganos, ni, por tanto, las deliberaciones y decisiones que le afectan son realizadas por otro organismo que la junta de la Cooperativa, que en todo momento se refiere a "nuestra sección de crédito", a "nuestra caja"; y así vemos el más claro reflejo de dicha confusión en el documento obrante al folio 167, en el que don Francisco Marcos Terol García, "como apoderado de la Cooperativa Agrícola 'San Isidro', de Jumilla", expide una certificación en torno al saldo de "un socio de esta entidad c impositor de nuestra sección de crédito", y en el que existe un sello de la Caja Rural de Jumilla. De todo lo cual se desprende que la independencia

que existe entre la Caja Rural Cooperativa Agrícola "San Isidro", de Jumilla, y la Caja Rural de Jumilla no es otra que la que existe entre una entidad y una sección de la misma, entendiéndola como parte de un todo».

Procede, pues, la desestimación del primer motivo y como obligada consecuencia la del cuarto, en el que se acusa a la Sentencia recurrida de haber aplicación indebida de doctrina contenida en la citada Sentencia de 28 de mayo de 1984.

Segundo

Igual rechazo merece el motivo segundo, en el que, haciendo supuesto de la cuestión, se denuncia infracción de los arts. 1.753 y 1.911 del Código Civil, aduciendo que quien estaba obligada al pago de la cantidad reclamada no era la Caja Rural Cooperativa Agrícola «San Isidro», de Jumilla, sino la Caja Rural de Jumilla. tema ya dilucidado y resuelto en el anterior fundamento jurídico.

Tercero

El motivo tercero alega infracción de la jurisprudencia que aplica indebidamente la Sentencia recurrida, relativa a la doctrina de los actos propios, contenida en las Sentencias de 5 de diciembre de 1984 y 5 de febrero de 1985. porque, en opinión de esta doctrina, como premisa inicial, no precisa cuáles sean tales actos, produciendo la consiguiente indefensión por desconocimiento de las razones en que funda tal doctrina, impidiendo así combatirlas. Mas semejante argumentación carece de fundamento, pues con meridiana claridad se expresa (fundamento tercero) «que en tal sentido (refiriéndose a los actos propios) y teniendo en cuenta en este concreto caso que se enjuicia el resultado que ofrece la conjunta apreciación de lo actuado y pruebas practicadas racionalmente valoradas de acuerdo con sus propias normas, claramente expresivo, sin duda, de que, aun habiendo titularidades jurídicas distintas, era una sola la entidad real, por unas mismas personas dirigidas la una y la otra, con igual gerente y los mismos empleados, que la denominada Caja Rural de Jumilla, Cooperativa de Crédito, constituía en verdad una entidad de la sección demandada.» Si, pues, la entidad demandada ha creado la Caja Rural de Jumilla como una simple sección de crédito de la misma y ha actuado en sus relaciones con los cooperativistas como una sola entidad real, ciertamente no le es lícito alegar la excepción de falta de legitimación pasiva, porque a nadie le es permitido ir contra sus propios actos.

Cuarto

La desestimación de los cuatro motivos comporta el del recurso en ellos fundado en coincidencia plena con la reciente Sentencia de esta misma Sala de 16 de julio de 1987. sobre supuesto rigurosamente análogo al presente, con la consiguiente imposición de las costas a la entidad recurrente y pérdida del depósito constituido.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de casación interpuesto por la Caja Rural Cooperativa Agrícola «San Isidro», de Jumilla, contra la Sentencia de 23 de diciembre de 1986, dictada por la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Albacete. Condenamos a dicha parte recurrente al pago de las costas causadas en el recurso y a la pérdida del depósito constituido, al que se dará el destino que la ley previene.

ASI, por esta nuestra Sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y fírmamos.-Jaime Santos Briz.-Ramón López Vilas.-Eduardo Fernández Cid de Temes.-Jesús Marina Martínez Pardo.-Antonio Sánchez Jáuregui.-Rubricados.

Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia el mismo día de su fecha por el Excmo. Sr. don Ramón López Vilas, Magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, Ponente que ha sido en estas actuaciones, hallándose la misma celebrando audiencia pública, de lo que, como Secretario, certifico.

5 sentencias
  • SAP Zaragoza 544/2006, 18 de Octubre de 2006
    • España
    • 18 Octubre 2006
    ...social efectivo está en manos de una sola persona, sea directamente, o a través de testaferros o de una sociedad" (Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de octubre de 1988)". En primera instancia se desestima la demanda. Se desestima la ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO FUN......
  • SAP Madrid 403/2006, 22 de Septiembre de 2006
    • España
    • 22 Septiembre 2006
    ...a través de testaferros o de una sociedad (párrafos estos que extrae la sentencia de 10-02-2006 de la también sentencia del Tribunal Supremo de 5-10-1988 ). De la jurisprudencia que precede es fácil ya inferir que la doctrina del levantamiento del velo viene tipificada por una globalidad pa......
  • STS 143/2006, 10 de Febrero de 2006
    • España
    • 10 Febrero 2006
    ...social efectivo está en manos de una sola persona, sea directamente, o a través de testaferros o de una sociedad" ( Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de Octubre de 1988 ). Lo expuesto acredita la inoperancia de las alegaciones unilaterales alegadas a este respecto por los recurrentes, con......
  • SAP Almería 222/2009, 17 de Diciembre de 2009
    • España
    • 17 Diciembre 2009
    ...social efectivo está en manos de una sola persona, sea directamente, o a través de testaferros o de una sociedad» ( Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de octubre de 1988 )". En el presente sociedad unipersonalista y persona física demandada en esta litis son una misma cosa, presentándose c......
  • Solicita tu prueba para ver los resultados completos

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR