STS, 25 de Septiembre de 1985

PonenteMARTIN JESUS RODRIGUEZ LOPEZ
ECLIES:TS:1985:983
Fecha de Resolución25 de Septiembre de 1985
EmisorTribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal

Núm. 1.293.-Sentencia de 25 de septiembre de 1985

PROCEDIMIENTO: Quebrantamiento de forma e infracción de ley.

RECURRENTE: El procesado.

FALLO

Ha lugar a recurso contra sentencia de la Audiencia de Lugo de 15 de marzo de 1983.

DOCTRINA: Delito de desobediencia. No lo comete el Alcalde que se niega a dar posesión a un

Secretario nombrado por el Gobernador Civil, cuando previamente la Corporación Local había

nombrado a otro Secretario.

El Capítulo II del Título VIII de la Constitución consagra que las relaciones de las Corporaciones

locales con la Administración del Estado se regirán por los principios de autonomía en la gestión de

sus intereses, en el carácter democrático y representativo de sus órganos de gobierno y en la

autosuficiencia de las Haciendas Locales; el Real Decreto-Ley 3/1981, de 16 de enero, desarrolla

parte de estos principios, disponiendo su artículo 5-1.° "que quedan sin efecto los procedimientos

de fiscalización, intervención o tutela que actualmente ejerce el Ministerio de Administración

Territorial sobre las corporaciones locales en materia de personal propio de las mismas...»; la

disposición transitoria 5.a ordena que los expedientes sobre esta materia de personal sean

devueltos a las Corporaciones Locales; y el artículo 8.° sobre la facultad del Gobernador Civil sobre

suspensión de acuerdos de las mismas, recorta el artículo 365 de la Ley de Régimen Local, en el

sentido de limitarla: a) a materias que afecten directamente a la competencia del Estado; y b) que

constituyan infracción de las leyes. Este último apartado ha sido interpretado por la sentencia del

Tribunal Constitucional de 29 de abril de 1981 en el sentido de que no cualquier infracción legal da

base a la Administración estatal para suspender el acto, sino sólo "las que excedan del límite de la

competencia propia para la gestión de los intereses de la Entidad Local». Dicho lo anterior, se ha

de hacer constar que cuando dictó la sentencia la Audiencia Provincial el Gobernador Civil carecía de competencia para inmiscuirse en las decisiones que sobre personal adoptara la Corporación Local quepresidía el Alcalde procesado, por lo que malamente al incumplir sus órdenes - negándose a dar posesión al Secretario habilitado nombrado- pudo incidir en el delito de desobediencia por el que ha sido condenado, y porque a mayor abundamiento cuando se Hizo el nombramiento que determinó la desobediencia, ya estaba dictada la Constitución, cuya disposición derogatoria, apartado 3), deroga las disposiciones que se opongan a ella, lo que comporta la aplicación directa e inmediata de la misma. La Ley 7/1985, de 2 de abril; de Bases del Régimen Local, pone especial énfasis en el principio de autonomía de los Municipios, hasta llegar a afirmar que "como demuestra nuestra historia y proclama hoy la Constitución decir régimen local es decir autonomía».

En la villa de Madrid, a veinticinco de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco.

En él recurso, de casación por quebrantamiento, de forma e infracción de ley, que ante Nos pende, interpuesto por Jose Pablo , contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Lugo, que le condenó por delito de desobediencia, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan, se han constituido para vista, bajo la Presidencia del primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr don Martín Jesús Rodríguez López, siendo parte como recurrido el Excmo. Sr. Fiscal del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

  1. El Juzgado de Instrucción de Monforte de Lemos, instruyó sumario con el número 6 de 1982, contra Jose Pablo , y una vez concluso, lo elevó a la Audiencia Provincial de Lugo, que con fecha quince de marzo de 1983 , dictó sentencia que contiene el siguiente fallo: Que debemos condenar y condenamos al procesado Jose Pablo , como autor de un delito de desobediencia, ya definido y sin la concurrencia de circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a las penas de seis años y un día de inhabilitación especial, para su cargo de Alcalde y de multa de 25.000 pesetas, con arresto sustitutorio, en caso de impago de la misma, de un día por cada dos mil pesetas que dejare de satisfacer y al pago de las costas, aprobándose por sus propios fundamentos y con la cualidad ordinaria de sin perjuicio el auto que dictó y consulta el Instructor declarando solvente al procesado de referencia y una vez firme esta resolución, remítase testimonio de la misma al Ayuntamiento de Bóveda y a la Dirección General de Administración Local.

  2. El referido fallo, se basó en el hecho probado del tenor literal siguiente: 1.° resultando: Probado y así se declara: Que incoado expediente administrativo para cubrir la plaza de Secretario del Ayuntamiento de Bóveda en régimen de acumulación temporal, la citada corporación en trámite de audiencia previa, propuso para tal cargo al Secretario del Ayuntamiento de Corgo, don Jose Ramón , y elevado que fue tal expediente al Gobierno Civil de la provincia, por éste se remitió a los efectos procedentes a la Dirección General de la Administración Local, la que en vista de que en la documentación obrante en el mismo figuraba también como aspirante a dicho cargo don Rosendo , Secretario del Ayuntamiento de Saviñas, y dado que existían disparidad de criterios en cuanto a la determinación de a cuál de los dos debía de ser acumulada dicha plaza, devolvió el expediente al Gobierno Civil, para que por el Excmo. Sr. Gobernador Civil se adoptara la resolución pertinente, lo que se le comunicó por escrito de 28 de marzo de 1981, quien haciendo uso de las facultades que se le conferían expresamente por dicha Dirección General, acordó designar para tal cometido al citado don Rosendo , quien compareció el día 20 de abril de 1981, en el Ayuntamiento de Bóveda a los fines de posesionarse' del cargo; siéndole negada tal posesión, por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, el procesado, Jose Pablo , mayor de edad y sin antecedentes penales, alegando que contra tal nombramiento se había interpuesto recurso de reposición y no obstante hacérsele saber por el funcionario dicho el carácter ejecutivo de su nombramiento, actitud aquella que reiteró con igual negativa en 6 de mayo siguiente, amparándose esta vez, en acuerdos corporativos adoptados con posterioridad a la primera fecha y no obstante la reiteración de la orden par parte del Gobierno Civil de fecha 24 de abril, en la que se hacía constar, tanto la delegación conferida por la Dirección General de Administración Local a su Autoridad para efectuar el nombramiento, como el carácter ejecutivo del acuerdo y la advertencia de que de persistir en tal negativa se exigirían las responsabilidades del orden penal a que hubiera lugar.

  3. Formado el rollo correspondiente, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, tuvo por personadas a las partes dentro de plazo, formalizándose el recurso en los siguientes términos y motivos: Motivo primero: Al amparo del número 1.° del artículo 851 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por quebrantamiento de forma, ya que la Sala sentenciadora consigna como hechos probados conceptos que, por su carácter implican la predeterminación del fallo. Motivo segundo: al amparo del número 3.° del artículo 851 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por quebrantamiento de forma, ya que la sentencia incurre en defecto "in procedendo». Motivo tercero: Al amparo del número 2.° del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por infracción de ley , al incurrir la sentencia impugnada en error de hecho en la apreciación de laspruebas. Motivo cuarto: Al amparo del número 2.° del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por infracción de ley , al incurrir la sentencia en error de hecho en la apreciación de las pruebas. Motivo quinto: Al amparo del número 1.° del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por infracción de ley , ya que se ha infringido por indebida aplicación del párrafo primero del artículo 1.° del Código Penal . Motivo sexto: Al amparo del número 1.° del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por infracción de ley , ya que se ha infringido el párrafo primero del artículo 369 del Código Penal , por indebida aplicación. Motivo séptimo: Al amparo del número 1.° del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por infracción de ley , ya que se ha infringido el párrafo 3.° del artículo 369 del Código Penal , por indebida aplicación o inaplicación. Motivo octavo: Al amparo del número Ifi del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por infracción de ley , ya que se ha infringido por inaplicación el párrafo undécimo del artículo octavo del Código Penal.

  4. El Ministerio Fiscal, quedó instruido del recurso formalizado.

  5. Hecho el señalamiento para vista, se celebró el día 17 de septiembre de 1985, con asistencia del Letrado recurrente don Alejandro Fernández Pumariño.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

  1. Que por ley penal a efectos del artículo 24 del Código Penal , debe entenderse todo precepto del cual resultan consecuencias penales. Por tanto no sólo los que se refieren a la pena o definen figuras concretas del delito, sino también los de otras ramas jurídicas, que dan contenido ajas llamadas leyes penales en blanco; son modificaciones extrapenales de la ley penal, pues forman parte del conjunto de presupuestos de lps qué, depende la pena. La modificación puede aumentar o restringir el ámbito de a tutela penal, dando mayor o menor amplitud al precepto partir del momento en que la modificación se produce; en rigor estamos en presencia de una ley nueva a la que es de aplicación lo que es prevenido el artículo 24 citado; es criterio unánime, en la doctrina recogida en sentencias de 13 de diciembre de 1966, 26 de junio de 1963, 8 de noviembre de 1963, 9 de marzo de 1964.

  2. Que el Capítulo II del Título VII de la Constitución , consagra que las relaciones de las Corporaciones Locales con la Administración del Estado se regirán por los principios de autonomía en la gestión de sus intereses, en el carácter democrático y representativo de sus órganos de gobierno y en la suficiencia de las Haciendas Locales; el Real Decreto-Ley 3/1981, de 16 de enero, desarrolla parte de esos principios, y por lo que ahora interesa el artículo 5 .°l, dispone "que quedan sin efecto los procedimientos de fiscalización, intervención o tutela que actualmente ejerce el Ministerio de Administración Territorial sobre las Corporaciones Locales en materia de personal propio de las mismas...», la disposición transitoria 5 .a ordena que los expedientes referentes a esta materia de personal sean devueltos a las Corporaciones Locales; y el artículo 8 .° sobre la facultad del Gobernador Civil sobre suspensión de, acuerdos de estas Corporaciones recorta el artículo 365 de la Ley de Régimen Local , en el sentido de limitarla: a) a materias que afecten directamente a la competencia del Estado, y b) que constituyan infracción de las leyes. Este último apartado ha sido interpretado por la sentencia del Tribunal Constitucional de 29 de abril de 1981 en el sentido de que, no cualquier infracción legal da base a la Administración estatal para suspender el acto, sino sólo "las que excedan del límite de la competencia propia para la gestión de los intereses de la Entidad Local». Aunque el caso enjuiciado no es propiamente de suspensión de acuerdos de entidades locales, la sentencia es esclarecedora respecto a las competencias de los Gobernadores en el control de la legalidad de aquellos acuerdos. En definitiva, que ya cuando dictó su sentencia la Audiencia provincial (15 de marzo de 1983 ) el Gobernador Civil de Lugo, carecía de competencia para inmiscuirse, en las decisiones que sobre personal, adoptara la Corporación Local que presidía el Alcalde procesado, por lo que malamente al incumplir sus órdenes -negándose a dar posesión al Secretario Habilitado nombrado- pudo incidir en el delito de desobediencia por el que ha sido condenado, y porque a mayor abundamiento cuando se hizo el nombramiento (acuerdos del Gobernador de fecha 28 de marzo y 24 de abril de 1981) que determinó la desobediencia, ya estaba dictada la Constitución, cuya disposición derogatoria apartado 3 ) deroga las disposiciones que se opongan á ella, lo que comporta la aplicación directa e inmediata de la misma. La Ley 7/1985, de 2 de abril , de Bases del Régimen Local, pone especial énfasis en el principio de autonomía de los Municipios hasta llegar a afirmar que "como demuestra nuestra historia y proclama hoy la Constitución decir régimen local es decir autonomía».

  3. Con la orientación que proporcionan los antecedentes jurídicos expuestos, es posible examinar con mejor conocimiento, los motivos de impugnación formulados por el recurrente señor Jose Pablo . El primer motivo se interpone por quebrantamiento de forma del artículo 851-1 .° por contener el resultando de hechos conceptos jurídicos predeterminantes de fallo, son éstos según el recurrente: no obstante la reiteración de la orden por parte del Gobierno Civil», y haciendo uso de las facultades que se le conferían expresamente por dicha Dirección General»; Pero claramente sé advierte que tales expresiones no sonconceptos jurídicos, - sino- expresiones de uso vulgar rió utilizadas en el articuló 369 por él que se condena al impugnante; rió pudiéndose eludir que el "théma decidendi» es más jurídico que de hecho, pues en definitiva ha de resolverse previamente como determinante de la absolución o la condena, quien tiene, conforme a la normativa actual, competencia para el nombramiento de Secretario en régimen de acumulación temporal, los Secretarios de determinados Ayuntamientos. Finalmente la sentencia recurrida, no se limita a hacer en el factum las transcritas afirmaciones, sino que en su considerando primero proporciona la legislación que según su criterio respaldan aquellas, afirmaciones de hecho, lo que es procesalmente correcto.

  4. Al amparo del número tres del artículo 851 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , formula el recurrente su segundo motivo de casación. Entiende el condenado que la sentencia no examinó ni resolvió sobre estas pretensiones formuladas en los escritos de conclusiones y objeto de debate en el juicio oral: a) que la resolución del Excmo. Sr Gobernador Civil de la provincia de Lugo era nula de pleno derecho, careciendo de eficacia; b) que tal resolución de 6 de abril de 1981 no contiene mandato alguno; c) que el procesado actuó en todo momento conforme al artículo 116 b) de la Ley de Régimen Local ; d) que los acuerdos de la Corporación Municipal de Bóveda alcanzaron carácter de firmeza; e) que resulta de aplicación el párrafo 3.° del artículo 369 del Código Penal ; f) que en todo caso seria de aplicación la eximente del número 11; del artículo 8.° del mismo Código Penal, pues el procesado tenía que dar cumplimiento a los acuerdos adoptados por la Corporación que presidía que mantenía el nombramiento de otro Secretario distinto. La apreciación del vicio de forma denunciado exige que además de tratarse de puntos o temas de derecho y no de hecho, y de que sean propuestos a la discusión en la instancia en el momento procesal oportuno -lo que sin duda se ha cumplido en el caso enjuiciado-- que la sentencia, no los resuelva de modo directo o con manifestación explícita, o de manera indirecta o con pronunciamiento implícito, ya que la aceptación o negación de determinada pretensión lleva consigo la aceptación o negación de la contraria. Por ello son muchas las sentencias que declaran que la sentencia que absuelve o condena, resuelve sobre todas las cuestiones que fueron objeto de debate, sin que sea preciso que se haga pronunciamiento especial sobre aquellas alegaciones y peticiones que pugnan con la esencia del fallo. Pero es que a mayor abundamiento la sentencia contiene en su primer considerando relación de las disposiciones legales, que según su criterio, han servido para afirmar la competencia del Sr. Gobernador para hacer el nombramiento, frente a la que opuso el recurrente, que quedan transcritas. Razones que llevan a la desestimación del motivo.

  5. El número 2.° del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , permite -como dice entre otras la sentencia de 8 de junio de 1966 - no sólo rectificar afirmaciones de hecho del relato histórico, que se demuestran erróneas por el contenido de un documento auténtico que acredita otro hecho contrario, sino también para completar aquel relato con otros hechos silenciados -desde luego contenidos en documentos auténticos- con transcendencia en la calificación jurídica, grados de participación, grados de ejecución y circunstancias modificativas. En los folios 34 y siguientes del sumario aparece incorporado el expedienté administrativo para la provisión, en régimen de acumulación temporal de la Secretaría del Ayuntamiento de Bóveda , documento que, ha de estimarse como auténtico, formal e intrínsecamente y qué obliga a que se incorporen al resultando fáctico completándole con los siguientes datos: 1) Que el Pleno de la Corporación Municipal de Bóveda en su sesión extraordinaria de 19 de enero de 1981, con anterioridad, por tanto, a iniciarse el expediente de acumulación se hiciese en favor de don Santiago , titular de la Secretaría del Ayuntamiento de Corgo. Obra al folio 3 del primer documento auténtico referido y al folio 55 del rollo de Sala en el segundo de los documentos. 2) Que la Comisión Municipal Permanente del mismo Ayuntamiento en su sesión de 27 de febrero de 1981, acordó facultar al inculpado para realizar las gestiones necesarias a fin de que a la mayor brevedad posible se haga cargo de la Secretaría el titular de Corgo, don Santiago . Obra al folio 10 del documento auténtico obrante al folio 34 del sumario, y al folio 55 vuelto del rollo de Sala. 3) Que la misma Comisión Municipal Permanente, en su sesión de 6 de marzo de 1981, acuerda informar desfavorablemente al aspirante a la acumulación temporal de la Secretaría y titular de la de Saviñao, don Rosendo . Obra al folio 12 del referido documento auténtico unido al sumario a su folio 34, y en el obrante en el rollo de Sala a su folio 55 vuelto. 4) Que el Pleno de la Corporación Municipal del mismo Ayuntamiento en su sesión extraordinaria del 15 de abril de 1981, acuerda interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia de fecha 6 de abril de 1981, al estimar que ésta "vulnera el artículo 140 de la Constitución, supone grave ingerencia en la autonomía municipal consagrada por el Real Decreto-Ley 3/1981 , de 16 de enero, que viene a garantizar, entre otras cosas, un funcionamiento autónomo y eficaz de las Corporaciones Locales. El Estatuto de los Gobernadores Civiles, Real Decreto-Ley 3117/80, de 22 de diciembre , y otras disposiciones sobre la materia, debe entenderse la resolución citada como anticonstitucional...». Obra a los folios 17 y 19 del documento auténtico unido al folio 34 del sumario, y en el unido al rollo de Sala, al folio 56 de éste. 5) Que el mismo pleno municipal en su sesión de 24 de abril siguiente acuerda no dar posesión al Sr. Secretario designado con base a que la resolución en que se le nombra es un acto ilegal, anticonstitucional y un abuso del cargo, así como que no existe relación jerárquica entre las Corporaciones Locales y el Gobernador Civil. Obra al folio 26 deldocumento auténtico incorporado al sumario a su folio 34, y en el único al rollo de Sala, folio 56 vuelto, de éste. 6) Que en sesión de 4 de mayo siguiente el mismo pleno municipal acuerda aplazar cualquier decisión sobre la toma de posesión del funcionario designado por el Gobernador Civil de la provincia, que por la Alcaldía se recabe asesoría jurídica, de Letrado, al tiempo que se ratifican las alegaciones expuestas por el inculpado en el recurso de reposición interpuesto. Obra al folio 27 del documento auténtico unido al sumario al folio 34 de éste, y a los folios 2 vuelto y 3 del unido al folio 55 del rollo de Sala. 7) Qué ninguno de estos acuerdos fué objeto de suspensión por el Gobernador Civil de la provincia. Obra acreditado así en el documento auténtico unido a los folios 55 a 57 del rollo de Sala, al folio 3 del mismo. 8) Que el inculpado había plasmado en el recurso de reposición interpuesto, ejecutando el acuerdo del pleno municipal, contra la resolución del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia, las alegaciones que el correspondiente escrito recoge, entre las que destaca la de que no es competente el Gobernador Civil para efectuar él nombramiento a que dicha resolución se contrae. Obra al folió 23 vuelto, del documento autenticó incorporado al sumario a! folió 34 de éste. 9) Que el inculpado alegó en la primera comparecencia para la toma de posesión del cargo por parte del funcionario designado por el Gobernador Civil de la provincia, que "dado que hay entablado un recurso tal nombramiento por estimar que no es competencia del Sr. Gobernador Civil el efectuar estos nombramientos, estima oportuno no dar posesión del cargo». Obra al folio 24 del documento auténtico unido al folio 34 del sumario.

  6. El cuarto motivo del recurso se interpone, como el anterior, al amparo del artículo 849-2.° de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , pero en él no sé pretende la incorporación al factum de nuevos hechos, sino que se dedica a deducir consecuencias favorables a su tesis de los hechos incorporados en virtud de haber prosperado el motivo 3.°. No es ésta la finalidad reservada á esta forma de impugnación por la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

  7. Fundamentos jurídicos quinto y sexto: Estos dos motivos siguientes deben estudiarse conjuntamente ya que por el sexto motivo se pretende acreditar que conforme a la nueva normativa por aplicación de los artículos 137 y 140 de la Constitución, y del Decreto 3/1981, de 16 de enero, el Gobernador Civil de Lugo, carecía de competencia para hacer el nombramiento de Secretario en régimen de acumulación temporal, y sí el Ayuntamiento de Bóveda, afirmación que aparece correcta por lo que se tiene dicho en el fundamentó jurídico segundo de la presente resolución, doctrina que ya se mantuvo por esta Sala por sentencia de 26 de septiembre de 1983 , resolviendo supuesto esencialmente idéntico al presente, con lo que el delito de desobediencia se desvirtúa, por no aparecer el mandato dentro de las competencias o atribuciones del mandante como exige el artículo 359 del Código Penal, o al menos (argumento mantenido en el motivo 5 .° del recurso) hay que estimar que el procesado obró en la racional creencia de que podía y debía oponerse al mandato recibido, aunque la interpretación jurídica de que no ha hecho mérito fuera equivocada. A mayor abundamiento, el recurrente razona: Aunque estuviera vigente el artículo 72-2 del Decreto 3046/1977, de 6 de octubre , y no se estima derogado por inconstitucionalidad sobrevenida, por el que los nombramientos de secretarios en régimen de acumulación temporal se defieren a la Dirección General de Administración Local, tal delegación no aparece justificada por parte alguna pues las autoridades y organismos tienen sus propias competencias, indelegables, a no ser en los supuestos a que se refiere el artículo 22 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado en cuyo apartado 5, permite a Los Directores Generales delegar en los Jefes de Sección y autoridades dependientes de aquéllos previa la aprobación del Ministro, que no aparece acreditada.

    ,- 8.. Formula el recurrente su motivo séptimo de impugnación por infracción de ley sustantiva del artículo 849-1.° de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por inaplicación del número 3. Entiende el recurrente que por coincidir en el mismo la circunstancia de ser autoridad dada su condición de Alcalde, está exento de toda responsabilidad por la desobediencia. No es ésta la interpretación que la doctrina ha dado a tal precepto, que no tiene otra finalidad que ampliar el ámbito de los supuestos de excepción de la desobediencia: Así como la oposición de un funcionario al mandato recibido ha de suponer infracción de una ley (por ser más evidente y grave la infracción) a las autoridades se les permite también oponerse válidamente a los mandatos que supongan infracción de una disposición general o reglamentaria, pero también concurriendo los requisitos que justifican la desobediencia; no permite por tanto una exculpación automática para el desobediente. Son razones por las que el motivo debe ser desestimado.

  8. El último motivo por infracción de ley del artículo 849-1 .°, alega la infracción, por no aplicación de la eximente de ejercicio legítimo de un derecho, o cumplimiento de un deber, oficio o cargo (11.a del art. 8) del Código Penal . Según el condenado al ejercitar el cargo de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Bóveda y al realizar el acto enjuiciado lo hace ajustando sus actos a las disposiciones que lo reglamentan; la actuación perseguida por el inculpado no es otra que dar cumplimiento a los acuerdos adoptados por la Corporación por él presidida, todos ellos de signo contrario al acuerdo del Gobernador Civil que se estima desobedecido. El artículo 116 b) de la Ley de Régimen Local obliga al Alcalde a ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento, mucho más si éstos eran firmes y ejecutivos, pues el Gobernador ni los habíasuspendido, ni los había impugnado. No deja de ser aguda la argumentación sobre todo a la vista, de la normativa actual sobre el alcance de estas facultades de suspensión de los Gobernadores Civiles de los que se hizo mérito en el Fundamento Jurídico primero, pero no deja de ser una petición de principio, pues en definitiva lo que se está pretendiendo dilucidar es precisamente, si la negativa de la Corporación es legalmente válida frente al mandato del Gobernador. Por todo ello es motivo que debe desestimarse.

    FALLAMOS

FALLAMOS

, que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación por quebrantamiento de forma e infracción de ley, interpuesto por la representación del procesado Jose Pablo , estimando los motivos tercero, quinto y sexto, al amparo de los números 1.° y 2.° del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y desestimando los restantes, y en su virtud casamos y anulamos la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Lugo con fecha quince de marzo de mil novecientos ochenta y tres , en causa seguida contra el mismo, por delito de desobediencia, declaramos de oficio las costas.

Comuníquese esta resolución y la que seguidamente se dicta al Tribunal sentenciador a los efectos procedentes, con remisión de la causa.

ASI, por esta nuestra sentencia, que se publicará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- José Hijas Palacios.- José Augusto de Vega Ruiz.- Martín Jesús Rodríguez López.-Carlos Alvarez.- Rubricados.

Publicación:

Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente don Martín Jesús Rodríguez López, en la audiencia pública que se ha celebrado en el día de hoy en la Sala Segunda de este Tribunal Supremo, de lo que cómo Secretario, certifico

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