SAP Vizcaya 6/2003, 9 de Enero de 2003

PonenteFERNANDO GRANDE-MARLASKA GOMEZ
ECLIES:APBI:2003:21
Número de Recurso313/2002
ProcedimientoPENAL
Número de Resolución6/2003
Fecha de Resolución 9 de Enero de 2003
EmisorAudiencia Provincial - Vizcaya, Sección 6ª

SENTENCIA N U M . 6/03

Ilmos/as. Sres/as.

Presidente D. FERNANDO GRANDE MARLASKA GOMEZ

Magistrado Dª. MARIA JOSE MARTÍNEZ SAINZ

Magistrado Dª. MARIA JESUS REAL DE ASUA LLONA

En BILBAO, a 9 de Enero de 2.003.

VISTOS en segunda instancia, por la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Bilbao, los presentes autos de Procedimiento Abreviado, seguidos con el número 106/02 ante el Jdo. de lo Penal nº 4 (Bilbao) por presunto delito de ROBO CON FUERZA contra Victor Manuel nacido el 22-12-1975, en Bilbao (Vizcaya) hijo de Arturo y Rita , con D.N.I. NUM000 , representado por la Procuradora Sra. Iratxe Pérez Sarachaga y defendido por la letrada Sra. Ana Fernández Negro,siendo parte acusadora el Ministerio Fiscal.

Expresa el parecer de la Sala, como Magistrado Ponente, el Ilmo. Sr. D. FERNANDO GRANDE MARLASKA GOMEZ.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Por el Juzgado de lo Penal nº 4 (Bilbao), se dictó con fecha 17 de Septiembre de 2.002 sentencia en la que se declaran probados los siguientes Hechos: "ÚNICO.- Probado, y así se declara, que Victor Manuel , mayor de edad y ejecutoriamente condenado, entre otras, por sentencia de 20 de Enero de

2.000, firme el 23 de Enero de 2.000 del Juzgado de lo Penal nº 4 de Bilbao por robo con fuerza en las cosas a la pena de nueve meses de prisión; por sentencia de 21 de Junio de 1.999, firme el 28 de Febrero de 2.000 del Juzgado de lo Penal de Avilés por robo con fuerza en las cosas a la pena de arresto de 32 fines de semana y por sentencia de 6 de Julio de 1.999, firme el mismo día del Juzgado de lo Penal nº 7 de Bilbao por robo con fuerza en las cosas a la pena de un año de prisión, sobre las 6.10 horas del día 28 de Agosto de 1.999, se dirigió con un ánimo de ilícito enriquecimiento al turismo Citroen XANTIA , M-2422-XY,propiedad de la empresa NATIONAL ATESA y que se encontraba estacionado en la c/ Arechaga de esta Villa y, tras romper el cristal de la puerta trasera izquierda, penetró en su interior sin que conste que se apoderara de objeto alguno, siendo detenido por efectivos de la Ertzaintza en las proximidades del lugar. Como consecuencia del hecho descrito el vehículo resultó con daños pericialemnte tasados en 95.93 euros, renunciando la mercantil propietaria a ser indemnizada.

La parte dispositiva o Fallo de la indicada sentencia dice textualmente: "FALLO: Que debo condenar y condeno a Victor Manuel como autor responsable de un delito de robo con fuerza en las cosas en grado de tentativa de los artículos 237, 238.2, 240, 16 y 62, a la pena de seis meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el mismo período , así como al pago de las costas causadas".

SEGUNDO

Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por la representación de Victor Manuel , en base a los motivos que en el correspondiente escrito se indican y que serán objeto del fondo del recurso.

TERCERO

Elevados los Autos a esta Audiencia, se dió traslado de los mismos al Magistrado Ponente a los efectos de acordar sobre celebración de vista y, en su caso, sobre admisión de la prueba propuesta.

CUARTO

No estimándose necesaria la celebración de vista, quedaron los autos vistos para sentencia.

Se dan por reproducidos los Antecedentes de la sentencia apelada.

HECHOS PROBADOS

UNICO.- Se admite íntegramente y se da por reproducido el relato de hechos probados obrante a la sentencia dictada en la instancia.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO

La representación procesal de Victor Manuel se alza contra la sentencia dictada en la instancia alegando substancialmente vulneración del principio de presunción de inocencia y errónea valoración de la prueba. Alega como de las manifesatciones vertidas en el acto del juicio oral por el agente de la Policía Autónoma nº NUM001 en modo alguno puede inferirse que su representado fracturara la ventanilla del vehículo, ni que a tal fin utilizara al hacha de la que supuestamente tratara de desasirse. Alega lo ilógico de arrojar el hacha, si pretendía deshacerse de efectos o útiles que pudieran incriminarle, y no realizara lo propio con la mochila en cuyo interior se depositaban otros de ajena pertenencia. Subsidiariamente interesa que se tenga en cuenta como circunstancia modificativa de la responsabilidad la toxicomanía padecida por aquél.

El M.F. interesa la confirmación íntegra de la sentencia dictada en la instancia por encontrarla ajustada a derecho.

SEGUNDO

El motivo en su doble planteamiento debe desestimarse: el derecho a la presunción de inocencia exige que la acusación aporte prueba de cargo válida y lícita, de contenido incriminador sobre el hecho material imputado y sobre la intervención que en el hecho haya tenido el acusado. Corresponde a la apelación, no obviando que se trata de un novum iudicium, constatar que el juzgador a quo dispuso de ese material probatorio, pero no proceder a una nueva valoración de la prueba practicada, que es facultad exclusiva y excluyente del Tribunal de instancia (art. 741 LECr.) a cuya presencia se practica la prueba bajo los principios de inmediación y contradicción, siempre que no se constate un error manifiesto o una inferencia ajena a los criterios de la lógica razonabilidad.

La presunción de inocencia es un derecho subjetivo publicó, que despliega su eficacia en un doble plano; por una parte, opera en situaciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir el trato de no autor o m partícipe en hechos de carácter delictivos; de otro lado, el referido derecho incide fundamentalmente en el campo procesal con influjo decisivo en el régimen jurídico de la prueba. Significa que toda condena debe ir siempre precedida de actividad probatoria válida e incriminatoria impidiendo que se produzca la condena sin pruebas, en base a inferencias, sospechas o suposiciones que se aparten de las reglas de la lógica, los principios de la experiencia y de los conocimientos científicos.Mas, llegados a este punto, no es ocioso completar la delimitación de la presunción constitucional cuya vulneración se denuncia en el motivo con la doctrina que sobre la estructura y funcionalidad de dicho propio ha elaborado Sala 2ª del Tribunal Supremo -de acuerdo con los parámetros marcados por el máximo interprete de la Carta Magna- y de la que es exponente, por todas, la S 11 julio 1996: el derecho fundamental a la presunción de inocencia es un derecho reaccional y por ello no precisado de un comportamiento activo por parte de su titular. Así resulta el art. 11,1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 diciembre 1948 ("Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa"); del art. 14,2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 16 diciembre 1966, según el cual "toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presume su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley"; y del art. 6,2 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Públicas, conforme al cual: "toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada". De tales textos resulta la precisión de que la parte acusadora tenga la carga de la prueba de la culpabilidad del acusado y así se declara en la jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional (entre muchas, SS 31/1981, 107/1983, 17/1984, 76/1990, 138/1992, 303/1993, 107/1994 y 34/1996) como de esta Sala (por todas, la reciente STS 473/1996 de 20 mayo); lo que es consecuencia de la norma contenida en el art. 1251 CC, al tener la presunción de inocencia la naturaleza de "iuris tantum".

Su verdadero espacio abarca dos extremos fácticos: la existencia real del ilícito penal y la culpabilidad del acusado, entendido el término "culpabilidad" (y la precisión se hace obligada dada la polisemia del vocablo en lengua española, a diferencia de la inglesa) como sinónimo de intervención o participación en el hecho y no en el sentido normativo de reprochabilidad jurídico- penal (entre otras, SSTS 9 mayo 1989...

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