STS, 23 de Noviembre de 1999

PonenteMANUEL DELGADO-IRIBARREN NEGRAO
Número de Recurso5670/1992
Fecha de Resolución23 de Noviembre de 1999
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintitrés de Noviembre de mil novecientos noventa y nueve.

Visto por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida en Sección por los Señores al margen reseñados, el recurso de apelación nº 5.670 del año 1.992, que ante la misma pende de resolución, interpuesto por la Administración General del Estado, contra sentencia de 18 de marzo de 1.992, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sobre compensación al transporte de mercancías con origen o destino en las Islas Canarias.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Dicho Tribunal dictó sentencia de fecha 18 de marzo de 1.992, en el que aparece el Fallo que literalmente copiado dice: "FALLO: En atención a lo expuesto, la Sala ha decidido: PRIMERO.- Estimar el recurso contencioso- administrativo interpuesto por la entidad "COMPAÑIA CANARIENSE DE TABACOS, S.A.", contra las resoluciones de las que se hacen mención en los Antecedentes de hecho primero y segundo de esta sentencia, las que anulamos por considerarlas no ajustadas a Derecho. SEGUNDO.-Reconocer a la entidad recurrente su derecho a ser compensado hasta el 35 por ciento en el transporte marítimo, en los fletes por mercancías tipo "tabaco elaborado" correspondiente a su solicitud registrada con fecha 29 de septiembre de 1.989 en la Dirección Provincial del Ministerio de Transporte, Turismo y Comunicaciones en Las Palmas, que acompañaba doce relaciones de envíos debidamente certificados por la empresa transportista, así como a las concretadas en su solicitud de 11 de mayo de 1.990, referidas a las mismas mercancías; sin intereses de demora. TERCERO.- No hacer especial pronunciamiento sobre costas."

SEGUNDO

Contra dicha sentencia, interpuso el Abogado del Estado, recurso de apelación que fue admitido en ambos efectos, y en cuya virtud se elevaron los autos y expediente administrativo a este Tribunal, con emplazamiento de la parte apelante, habiéndose sustanciado por su trámite legal. Solicitando dicha parte dicte Sentencia por la que se estime el presente recurso de apelación y revoque la apelada, confirmando en definitiva los actos administrativos impugnados por ser conformes a derecho.

TERCERO

Conclusas las actuaciones, se acordó su señalamiento para deliberación y fallo el día ONCE DE NOVIEMBRE DE 1.999, fecha en que ha tenido lugar el referido acto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

La única cuestión que se ha debatido en primera instancia es la relativa a la legalidad del inciso final del art. 2º de los Reales Decretos 1405/1988 y 1689/1989 de 19 de diciembre, sobre compensación al transporte de mercancías con origen o destino en las Islas Canarias, así como de las Ordenes Ministeriales que los desarrollan y actos de aplicación consiguientes (singularmente los que han dado origen a la iniciación del presente pleito).

SEGUNDO

Es notorio, y la parte apelante no puede menos de reconocerlo en su primera alegación, que esta cuestión ha sido examinada y resuelta por esta Sala, en constante y reiteradísima jurisprudencia, que se contiene en sentencias de 20 de enero de 1.989, 20 de junio de 1.989, 7 de febrero de 1.992, 3 de julio de 1.996 y 15 de junio de 1.998. La sentencia apelada se limita a recoger esta doctrina jurisprudencial, uniforme y reiterada, y hacer una muy correcta aplicación de la misma al caso concreto examinado.

TERCERO

El Sr. Abogado del Estado, para fundamentar su recurso de apelación, se limita a decir que los RR. DD. 1405/88 y 1698/89 y las OO.MM. consiguientes "no han sido objeto de impugnación que sepamos" y que por ello "resultan perfectamente ajustadas a derecho e inatacables... los actos dictados en ejecución de unas disposiciones generales no recurridas en tiempo y forma". En primer lugar, es de señalar que parte de una premisa no ajustada a la realidad, puesto que todas las disposiciones susodichas habían sido impugnadas y posteriormente han sido anuladas por esta Sala (sentencia de 3 de julio de 1,996). Pero, sobre todo, se olvida de lo dispuesto en el art. 39.2 de la Ley Jurisdiccional de 1.956, que decía: "también será admisible la impugnación de los actos que se produjeren en aplicación de las mismas, fundada en que tales disposiciones no son conformes a Derecho"; añadiéndose, en el punto 4 del mismo Artículo: "la falta de impugnación directa... no impedirá la impugnación de los actos de aplicación individual". Preceptos cuyo contenido, en términos sustancialmente idénticos, han sido mantenidos por la vigente Ley Jurisdiccional 29/1.998, en su art. 26.

CUARTO

Es visto, pues, que el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Abogado del Estado carece de fundamento legal y debe, por ende, ser desestimado, y confirmada la Sentencia apelada en sus propios términos. En cuanto a costas, estima esta Sala que, por lo que se desprende del anterior fundamento, y en aplicación de lo dispuesto en el art. 131 de la Ley Jurisdiccional, las causadas en la presente instancia deben ser impuestas a la parte apelante, cuya recurso ha sido interpuesto con acusada temeridad.

En nombre del Rey,

FALLAMOS

Que desestimamos el recurso interpuesto por el Sr. Abogado del Estado contra Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 18 de marzo de 1.992, a que se refieren los presentes autos; la cual confirmamos en sus propios términos y condenamos a la Administración apelante al pago de las costas causada en la presente instancia.

Así por esta nuestra sentencia, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Manuel Delgado-Iribarren Negrao, Magistrado Ponente de esta Sala, de todo lo cual, yo, la Secretaria. Certifico.

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