STS 61/2009, 20 de Enero de 2009

En el primer motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 850 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca quebrantamiento de forma por indebida denegación de prueba propuesta en tiempo y forma que se considera pertinente.

En concreto se refiere a la denegación de una prueba pericial médico forense a fin de que se informase sobre el estado psiquiátrico y psicológico del acusado.

La defensa del recurrente, en el escrito de conclusiones provisionales, solicitó dictamen pericial psiquiátrico de este acusado. El Tribunal de instancia, en Auto de fecha 17 de septiembre de 2007 -folio 22 del Rollo de Sala -, acuerda admitir todas las pruebas solicitadas por las partes incluida, por consiguiente, mencionada pericial psiquiátrica, y para tal fin se remitieron citaciones a los peritos psiquiatras Doctor Enrique y Doctora Remedios -folios 29 y 30-, designados por la defensa, quienes habían reconocido psiquiátricamente al acusado, para que emitieran dictamen en el acto del juicio oral, señalado para el 6 de noviembre de 2007, requiriéndoles para que aporten la historia clínica del acusado Esteban, citación y requerimiento que se hicieron efectivos personalmente como consta a los folios 57 y 58 del Rollo de Sala. Llegado el momento del acto del juicio oral, al inicio del mismo, el acusado Esteban manifiesta que no acepta a su abogado y es su deseo que se designe un nuevo Letrado, a lo que accede el Tribunal suspendiendo el juicio. El acusado hace una nueva designación de Letrados en escrito presentado con fecha 21 de noviembre de 2007 y en Providencia de fecha 30 de noviembre de 2007 -folio 117- se señala de nuevo el juicio para el día 29 de enero de 2008, ordenándose el libramiento de los despachos correspondientes para citaciones de acusados, testigos y peritos y así consta, a los folios 127 y 128, la citación de los peritos Don Enrique Doña Remedios, lo que tuvo lugar personalmente como consta a los folios 179 y 180. En escrito presentado con fecha 7 de enero de 2008, los nuevos letrados designados por el acusado renuncian a su defensa y solicitan se proceda a un nuevo nombramiento de letrado. Al folio 195 consta que la nueva letrada designada de oficio solicita, en escrito presentado el 23 de enero de 2008, que se le de traslado de las actuaciones, incluido el historial clínico del acusado. En fecha 24 de enero de 2008 se presenta escrito con otro Letrado distinto, que dice haber sido designado por el acusado Esteban, que dice haber solicitado la venia a la anterior designada y solicita traslado de todo lo actuado. Llegado el acto del juicio oral señalado para el día 29 de enero de 2008, la defensa del acusado Esteban solicita la suspensión del juicio dada la premura con la que ha tenido que preparar la defensa, accediendo el Tribunal a dicha suspensión y señalándose el juicio par el día 26 de febrero de 2008. Al folio 221 consta incorporado informe psiquiátrico emitido por Don Enrique, designado por la defensa, emitido el día 29 de enero de 2008, en el que se dice que visitó a Esteban y que presentaba un síndrome ansioso-depresivo que el paciente atribuía a discusiones familiares y que prescribió fármacos adecuados a sus manifestaciones clínicas recomendándole una nueva visita que no llegó a producirse, dictamen que se emitió al haber sido requerido para ello, según consta al folio 222, en el día del juicio anteriormente suspendido. Al folio 274 consta nueva citación personal Don Enrique para que comparezca al acto del juicio señalado para el día 26 de febrero. Lo mismo respecto a Doña Remedios al folio 275 En el acto del juicio oral consta que se renuncia a los dictámenes de los peritos Doctora Remedios y Enrique.

Así las cosas, lo alegado en defensa del motivo no se corresponde con lo acontecido, habiéndose admitido las pruebas periciales solicitadas y que fueron en parte practicadas, sin que se hubiera ampliado ese dictamen en el acto del plenario al renunciar la defensa del ahora recurrente a los dictámenes periciales previamente interesados.

El motivo carece de todo fundamento y debe ser desestimado.

En el segundo motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción, por aplicación indebida, de los artículos 163.1, 163.1 y 165, 153.1 y 3 y 169.2 del Código Penal.

En primer lugar se denuncia la indebida aplicación de los delitos de detención ilegal, alegándose que de la prueba practicada no ha quedado acreditada la concurrencia de los elementos que integran tales delitos, realizándose, a continuación una propia valoración de la prueba.

Si partiéramos del relato fáctico de la sentencia recurrida, a lo que obliga el cauce procesal utilizado para formalizar el presente motivo, éste no podría prosperar ya que en dicho relato se describe una prolongada privación de la libertad de movimientos de la esposa e hijos del acusado. Lo cierto es que en el desarrollo del motivo más que una infracción legal lo que se invoca es la ausencia de prueba que permita sustentar los delitos de detención ilegal y como en el cuarto de los motivos se hace una expresa referencia a esa vulneración constitucional utilizándose el cauce procesal adecuado, procedemos a examinar si ha existido prueba de cargo, legítimamente obtenida que permita construir el relato fáctico en el que se sustentan los delitos de detención ilegal.

La detención ilegal es una forma del delito de coacciones destacada por el legislador -como señaló la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de marzo de 1994 -, y el elemento específico está constituido por la privación de la libertad de movimientos o de trasladarse libremente de un lugar a otro, con una cierta duración en el tiempo.

En consustancial a esta figura delictiva que la privación de libertad de movimientos se produzca en contra de la voluntad de quien la sufre.

El tipo básico de detención aparece definido en el artículo 163.1 del Código Penal y lo comete "el particular que encerrare o detuviere a otro, privándole de su libertad".

La acción típica se concreta en las conductas de encerrar y detener, que con diferente significado coinciden, sin embargo, en su contenido: la privación de la libertad.

Tiene declarado esta Sala, en sentencia de 25 de enero de 1997, que "el bien jurídico protegido en los delitos de detención ilegal es una de las libertades básicas de la persona como es la libertad de deambulación de la que se ve privado el sujeto pasivo ante la actuación del sujeto activo encerrándole o deteniéndole. El encierro conlleva el aislamiento en un lugar del que no se puede salir sí no es con la anuencia del autor del delito y la detención supone una simple acción retentiva privando a la persona de su capacidad de movimientos sin necesidad de recluirla en un lugar cerrado".

En el supuesto que examinamos queda acreditado, por los testimonios de las víctimas, corroborados por las declaraciones depuestas por los funcionarios policiales que acudieron al domicilio de aquéllas, a requerimiento de unos vecinos, que el acusado había cerrado con llave la puerta del domicilio en el que se encontraban su esposa e hijos, sin que éstos tuvieran una propia llave que les permitiera abrir dicha puerta, y se hace preciso analizar si ese acto constituye, en este caso, una conducta que pueda subsumirse en delitos de detención ilegal, al poderse afirmar que se ha producido el encierro o detención a los que se refiere el artículo 163.1 del Código Penal.

Consta igualmente acreditado, como reconoció la esposa del acusado en el acto del juicio oral, que en la vivienda también tenían su domicilio varias inquilinas y que una de ellas, concretamente la llamada María Milagros, estaba los días en los que se denuncia se produjo la privación de libertad de movimientos y en concreto manifestó que no aprovechó su presencia para salir del domicilio porque tenía miedo a las represalias y que no le dijo nada a María Milagros por miedo. Al mismo tiempo igualmente ha quedado acreditado, por los testimonios de los funcionarios policiales, que el domicilio tenía una ventana que daba a un patio interior del inmueble y un balcón a la calle sin que se utilizaran para pedir ayuda y evitar el encierro.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el acusado, al cerrar la puerta del domicilio y no dejar una llave a su esposa e hijos, estaba impidiendo que estos pudieran abrir dicha puerta, cuestión distinta es que pueda afirmarse que estaban encerrados o retenidos, en los términos a que antes se ha hecho mención, para integrar el delito de detención ilegal. El encierro supone imposibilidad de salir sí no es con la anuencia del autor del delito, y eso no se produjo en cuanto tuvo a su alcance medios o posibilidades para que cesara tal situación y tampoco concurrió retención por parte del acusado. El temor a represalias y el miedo a su marido, son elementos que tienen trascendencia a los efectos de una distinta calificación jurídica y en relación con las otras conductas delictivas que se atribuyen al acusado, pero no pueden sustentar la detención ilegal que ahora estamos examinando.

El que no concurran los elementos que caracterizan el delito de detención ilegal no supone, en este caso, que esa conducta sea atípica y quede impune.

Procedemos a examinar si concurren los elementos precisos para subsumir esa conducta, de la que fueron víctimas su mujer y sus tres hijos, en delitos de coacciones.

No sufre el principio acusatorio cuando se condena por delito de coacciones, que no ha sido objeto de acusación, cuando la acusación lo ha sido por delito de detención ilegal y el relato fáctico de la calificación acusatoria incluye todos los elementos precisos para apreciar tal delito de coacciones.

Ciertamente, tiene declarado esta Sala, como es exponente la Sentencia 493/2006, de 4 de mayo, que el principio acusatorio, íntimamente vinculado al derecho constitucional de estar debidamente informado de la acusación y por extensión, estrechamente relacionado con el derecho fundamental a la defensa, que se protegen en el artículo 24 de la C. E., tiene su regla de oro, en casos como el presente, en la exigencia de identidad fáctica entre los hechos imputados y los que fundamentan la calificación jurídica efectuada por el Tribunal y homogeneidad en dicha calificación respecto a la realizada por la acusación. Desarrollando esta máxima, debe señalarse que el principio acusatorio no se vulnera, siempre que concurran los siguientes requisitos: a) que el Tribunal respete el apartado fáctico de la calificación acusatoria, que debe ser completo, con inclusión de todos los elementos que integran el tipo delictivo sancionado y las circunstancias que repercutan en la responsabilidad del acusado, y específico, en el sentido de que permita conocer con precisión cuáles son las acciones que se consideran delictivas. Pero estándole radicalmente vedado al Tribunal valorar hechos con relevancia jurídico penal no incluidos en el acta de acusación. b) que entre el tipo penal objeto de acusación y el calificado por el Tribunal exista una relación de homogeneidad en relación con el bien jurídico protegido en uno y otro, en el sentido de que todos los elementos del delito sancionado estén contenidos en el tipo delictivo de acusación, de modo que en el calificado por el Tribunal no exista un componente concreto del que el condenado no haya podido defenderse.

Y en relación a los delitos de detención ilegal y coacciones, es asimismo doctrina reiterada de esta Sala, como es exponente la Sentencia de esta Sala 403/2006, de 7 de abril, el que en ambos casos se trata de conductas que afectan negativamente a la libertad de la víctima, limitándola, restringiéndola o, incluso, suprimiéndola, contra su voluntad, si bien el delito de coacciones tiene una configuración más general, mientras que la detención ilegal afecta a aspectos concretos de la libertad individual. El delito de coacciones se comete cuando el sujeto, sin estar legítimamente autorizado, impide a otro, con violencia, hacer lo que la ley no prohíbe o le compele a hacer lo que no quiere, sea justo o injusto. Y el delito de detención ilegal, de carácter más específico que el delito de coacciones, y de mayor gravedad lo que se traduce en una mayor pena, se comete cuando el sujeto encierra o detiene a otro privándole de su libertad, refiriéndose por lo tanto a la libertad deambulatoria o ambulatoria, es decir, a la capacidad del sujeto de decidir libremente su acceso, permanencia o alejamiento en relación con un determinado lugar. En otras palabras, se comete cuando, fuera de los casos permitidos, se obliga a una persona a permanecer en un determinado lugar en contra de su voluntad o sin ella, encerrándola en él, o impidiéndole de cualquier otra forma abandonarlo o trasladarse a otro.

La homogeneidad es expresamente reconocida en Sentencias de esta Sala. Así en la Sentencia 167/2007, de 27 de febrero - se dice que ambas figuras delictivas son homogéneas y al tener señalada pena inferior el delito de coacciones, su apreciación no vulnera el principio acusatorio. Y con ese mismo criterio se pronuncia la Sentencia 448/2004, de 2 de abril, en la que se expresa que es de meridiana claridad que el hecho de que se condene por una infracción más leve, cual es la de coacciones frente a la detención ilegal, por mucho que ambas figuras delictivas típicamente difieran, dada la homogeneidad de ese sustento fáctico común, hace que no se advierta, en este caso, la existencia de obstáculo alguno al ejercicio del derecho de defensa del recurrente, ni perjuicio procesal derivado de la calificación definitiva llevada a cabo por los Jueces "a quibus". También en esa línea se pronuncia la Sentencia 1984/2002, de 9 de diciembre, en la que se declara la posibilidad de condenar por coacciones cuando se ha acusado por detención ilegal, teniendo en cuenta el carácter general y residual del tipo de coacciones, del que tan sólo se excluyen por su especialidad las que consisten en la privación de la libertad ambulatoria, que son una peculiar forma de coacción, sin que se haya causado mengua ni menoscabo alguno a los derechos de los acusados a defenderse y a la vigencia del principio de contradicción en el proceso al que han sido sometidos, ni se les ha causado perjuicio alguno si se les imponen las correspondientes al delito de coacciones que son notablemente inferiores.

No se plantea, pues cuestión alguna relacionada con el principio acusatorio, ya que en el supuesto que examinamos, para analizar su posible subsunción en el delito de coacciones, además de la homogeneidad de ambas figuras delictivas, se va a partir del relato fáctico de la acusación, del que el ahora recurrente tuvo puntual conocimiento pudiendo defenderse del mismo sin traba ni restricción alguna.

Por otra parte, en el caso enjuiciado, tal subsunción es posible por las razones que se exponen a continuación.

De acuerdo a nuestra jurisprudencia -cf. Sentencia 626/2007, de 5 de julio - el delito de coacciones aparece caracterizado por: a) Una conducta violenta de contenido material, como vis física, o intimidación, como vis compulsiva, ejercida sobre el sujeto pasivo, ya sea de modo directo o de modo indirecto. b) La finalidad perseguida, como resultado de la acción, es la de impedir lo que la ley no prohíbe o efectuar lo que no se quiere, sea justo o injusto. c) Intensidad suficiente de la acción como para originar el resultado que se busca, pues de carecer de tal intensidad, se podría dar lugar a la falta. d) La intención dolosa consistente en el deseo de restringir la libertad ajena, lógica consecuencia del significado que tienen los verbos impedir o compeler. e) que el acto sea ilícito -sin estar legítimamente autorizado- que será examinado desde la normativa exigida en la actividad que la regula.

En términos similares se pronuncia la Sentencia 1427/2005, de 2 de diciembre, en la que se declara que el delito de coacciones, tipificado en el artículo 172 del Código Penal, requiere como presupuestos legales: a) una conducta violenta de contenido material como vis física, o intimidación como vis compulsiva, ejercida sobre el sujeto pasivo, ya sea de modo directo o de modo indirecto; b) la finalidad perseguida, como resultado de la acción, es impedir lo que la ley no prohíbe o efectuar lo que no se quiere, sea justo o injusto; c) intensidad suficiente de la acción como para originar el resultado que se busca, pues de carecer de tal intensidad, podría dar lugar a la falta; d) intención dolosa consistente en el deseo de restringir la libertad ajena, lógica consecuencia del significado que tienen los verbos "impedir" o "compeler" y e) ilicitud del acto desde la perspectiva de las normas referentes a la convivencia social y al orden jurídico. Y a los efectos de diferenciar el delito de la falta de coacciones, añade que es necesario valorar la mayor o menor trascendencia del acto de coacción, la intensidad de la presión ejercida y el grado de malicia y culpabilidad del agente.

Y esas notas que caracterizan el delito de coacciones, tipificado en el artículo 172 del Código Penal, pueden afirmarse en la conducta del recurrente, en relación a su esposa y a sus tres hijos.

Ciertamente, en el supuesto que examinamos, el hecho de que el acusado hubiese cerrado con llave el domicilio, en el que se quedaba su esposa y sus tres hijos, en una situación de violencia emocional -la esposa se refirió a temor a represalias y miedo a su marido que le impidió abandonar la casa cuando hubiera podido hacerlo así como el dato objeto de la agresión física a la esposa, todo ello delante de los hijos-, permite sostener la presencia de la violencia propia del delito de coacciones cuando el recurrente impidió a su esposa y a sus tres hijos hacer aquello a lo que tenían pleno derecho, como era salir del domicilio familiar, compeliéndoles a permanecer en el mismo, a pesar de que existieran posibilidades de liberarse de ese encierro, conducta que ha de calificarse como delictiva dada la gravedad e intensidad de la intimidación y presión ejercida.

Con este alcance, este extremo del motivo, referido a los delitos de detención ilegal, debe ser parcialmente estimado, procediendo la sustitución de los cuatro delitos de detención ilegal por cuatro delitos de coacciones en los términos que se desarrollarán en la segunda sentencia.

En segundo lugar, se dice indebidamente aplicado el artículo 153.1 y 3 del Código Penal, en relación al delito de malos tratos en el ámbito familiar, negándose la existencia de prueba de cargo que sustente tal calificación.

Como se ha hecho con el anterior extremo del motivo, se va a examinar tanto la infracción legal denunciada como el invocado derecho a la presunción de inocencia.

Se declara probado que el acusado había golpeado el día 22 de enero de 2007 a su esposa Lina en la casa, la cual fue llevada al Hospital Clínico el día 24 y la doctora aprecia dolor a la palpación en ambas zonas molares y diagnosticó que obedeció a contusiones faciales que sufrió, las cuales fueron también apreciadas por la médico forense el día 26 de enero al reconocerla, informando que tardarían en curar dos días.

Tal relato fáctico se sustenta en las declaraciones de la perjudicada, en los dictámenes médicos a que se ha hecho referencia y por las declaraciones de los hijos. Ha existido, por consiguiente, prueba de cargo, legítimamente obtenida que contrarresta el derecho de presunción de inocencia invocado.

Y estos hechos que se declaran probados se subsumen, sin duda, en el artículo 153.1 y 3 del Código Penal que castiga al haberse causado a la esposa una lesión o menoscabo física lo que sucedió a presencia de los hijos menores y en el domicilio familiar, precepto que ha sido correctamente aplicado por el Tribunal de instancia.

En tercer lugar se dice producida infracción legal al apreciar el delito de amenazas previsto en el artículo 169.2, alegándose que no ha quedado acreditado que hubiese amenazado a su esposa con matarla con un cuchillo.

Se invoca tanto infracción legal como vulneración del derecho de presunción de inocencia y ambos aspectos van a ser examinados.

En los hechos que se declaran probados se recoge que el acusado amenazó a su esposa con matarla con un cuchillo y el Tribunal señala, para justificar tal conclusión fáctica, que ha tenido en cuenta las declaraciones de la víctima, cuya persistencia y reiteración sin ambigüedades proporciona credibilidad, declaración que viene corroborada por lo afirmado por un vecino que vio al acusado cuando salió al balcón, sujetando a uno de los hijos, por las declaraciones de los hijos que incluso llegaron a entregar a los funcionarios policiales el cuchillo con el que se produjo la amenaza y las declaraciones de los policías que escucharon a los menores y recibieron el mencionado cuchillo. Y estos hechos acreditados constituyen, sin duda, dados los términos empleados y el arma utilizada, un delito de amenaza no condicional.

No obstante ello, el Ministerio Fiscal, apoya este extremo del motivo porque junto a esta amenaza no condicional existió y así se apreció en la sentencia recurrida, una amenaza condicional ya que la víctima tras ser amenazada con el cuchillo se encerró en su habitación y como no atendiera los gritos de su marido para que saliera, éste cogió a su hijo José, de siete años, de edad y lo sacó al balcón cogido por los pies y boca abajo gritando a su mujer que si no salía lo tiraría a la calle. Hecho que ha quedado acreditado por las declaraciones de la esposa e hijo y especialmente por la depuesta por un vecino que observó lo acontecido en el balcón y fue quien avisó a la policía. El apoyo del Ministerio Fiscal se sustenta en que a la amenaza directa a la esposa siguió, sin solución de continuidad, la acción del acusado sacando a su hijo menor al balcón y conminando a su esposa a salir de su habitación y que todo ello constituye, en relación a la esposa, una única acción en sentido jurídico, al haberse producido en un mismo contexto espacial y temporal breve por lo que entiende que ambas amenazas deben ser sancionadas con una sola pena y como un solo delito que en este caso será la amenaza condicional tipificada en el artículo 169.1 del Código Penal, por revestir mayor gravedad. Esa unidad, en cambio, no puede afirmarse respecto a la causada al menor al tratarse de una víctima distinta, dado el carácter eminentemente personal del delito.

Los razonamientos expresados por el Ministerio Fiscal deben ser acogidos. Ciertamente tiene declarado esta Sala, como es exponente la Sentencia 580/2006, de 23 de mayo, que puede existir no una pluralidad de acciones independientes sino lo que se denomina unidad natural de acción. Este supuesto parte de la existencia de una pluralidad de actos, de acciones, que son valorados como una unidad, constituyendo un objeto único de valoración jurídica que será natural o jurídica -dice la STS. 18.7.2000 - en función del momento de la valoración, si desde la perspectiva de una realidad social que así lo percibe, o desde la propia norma. En todo caso se requiere una cierta continuidad y una vinculación interna entre los distintos actos entre si, respondiendo todos a un designio común que aglutina los diversos actos realizados. Dicho en otros términos existirá unidad de acciones y no pluralidad de acciones, entendidas ambas en el sentido de relevancia plural, cuando la pluralidad de actuaciones sean percibidas por un tercero no interviniente como una unidad por su realización conforme a una única resolución delictiva, como una misma acción natural, careciendo de sentido descomponerlo, ni varios actos delictivos (SSTS. 19.6.99, 4.4.2000, 19.4.2001, 23.6.2005 ), por cuanto la lesión delictiva solo experimente una progresión cuantitativa dentro del mismo injusto unitario y responde a la misma motivación.

Así las cosas, acorde con lo que se sostiene por el Ministerio Fiscal y la doctrina que se deja expresada, que es aplicable al supuesto que examinamos, procede estimar este extremo del motivo con el alcance de absolver al acusado de una de las amenazas no condicionales, manteniendo la amenaza condicional y aquella otra de la que fue víctima el menor.

Con este alcance, el motivo deberá ser parcialmente estimado.

En el tercer motivo del recurso, formalizado al amparo del número 2º del artículo 851 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca quebrantamiento de forma por insuficiencia en el relato de los hechos que se declaran probados.

Se dice producido tal quebrantamiento de forma al haberse omitido en los hechos que se declaran probados que la Sra. María Milagros convivía como inquilina en el mismo domicilio donde se produjeron los hechos.

Tal convivencia ha sido ya tenida en cuenta en el motivo en el que se invoca presunción de inocencia en relación al delito de detención ilegal, sin embargo, el presente motivo no puede prosperar ya que para ello sería preciso la ausencia de hechos que se declaran probados o que se exprese genéricamente que los hechos de la acusación no están probados, y ninguna de esas situaciones se han producido en el presente caso.

En el cuarto motivo del recurso, formalizado al amparo del número 2º del artículo 851 y 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se invoca vulneración del derecho a la presunción de inocencia que proclama el artículo 24.2 de la Constitución.

Se alega que no ha existido prueba que sustente las condenas por los siguientes delitos: un delito de detención ilegal del artículo 163.1 del Código Penal ; tres delitos de detención ilegal del artículo 163.1 y 165 del Código Penal ; un delito de malos tratos en el ámbito familiar del artículo 153.1 y 3 del Código Penal ; y un delito de amenazas graves del artículo 169.2 del Código Penal.

Ya se ha dado respuesta, al examinar el segundo de los motivos de este recurso, a la invocada vulneración del derecho de presunción de inocencia en relación a todos los delitos a los que se refiere el presente motivo, siendo de reiterar lo que ya se ha dejado expresado con anterioridad, y que determinó una estimación parcial del recurso interpuesto.

III.