STS, 6 de Octubre de 1995

La sentencia de la Audiencia condenó al acusado Abelardo como autor de sendos delitos de contrabando y contra la salud pública en cuanto a sustancias gravemente perjudiciales a la salud, en cantidad de notoria importancia, junto con otros dos acusados no recurrentes , mientras que Marí Trini , también impugnante ahora, fue condenada como cómplice de ambas infracciones. Jose Ignacio , tercero de los recurrentes, aparece condenado como autor de un delito contra la salud pública, por sustancias igualmente perjudiciales, llevado a cabo en establecimiento abierto al público. Finalmente Francisco , cuarto de los aquí recurrentes, fue condenado, junto a otra persona que consintió la resolución de la instancia, por un simple delito contra la salud pública en referencia a sustancias nocivas para la salud, sin que en ninguno de los supuestos indicados se apreciaran circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

El contenido de los distintos recursos aconseja seguir el orden que a continuación figura.

RECURSO DE Jose Ignacio

El primer motivo se basa en el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para denunciar la vulneración del artículo 18.3 de la Constitución Española en relación con el artículo 11.1 de la citada Ley Orgánica. Sustancialmente se aduce, junto a otras irregularidades, la ausencia de motivación en la resolución que intervino los dos teléfonos que se indican. En realidad propugna la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones con la consecuencia de llegar a la nulidad de la prueba articulada en relación a la escucha de los teléfonos así como también de las que directa o indirectamente de ella se deriven. Se afirma por último que con apoyo en esta intervención no puede hablarse de legítima prueba de cargo, razón por la que además se conculcó entonces el derecho a la presunción de inocencia.

Es cierto que la "jurisprudencia penal", como muy bien apunta el Ministerio Fiscal, advierte claramente que esa motivación argumental es condición esencial en todas las resoluciones, más todavía cuando, tal en este caso, se produce la restricción de un derecho fundamental, lo que significa que el auto que autoriza aquella intervención polémica debe estar debidamente motivado para, tras la petición llevada a cabo por la Policía de manera fundada , explicar las razones de esa intromisión (Sentencia de 20 de mayo de 1994).

La doctrina de la Sala Segunda en orden a las citadas escuchas es abundante y reiterada. A través de la misma se trasluce la seriedad rigurosa con la que el derecho fundamental y sus limitaciones se contemplan (ver, entre las últimas, las Sentencias de 1 de junio y 28 de marzo de 1995, 17 y 8 de noviembre, 11 de octubre, 12 de septiembre, 20 de julio y 20 de marzo de 1994, 27 de octubre, 15 de julio y 25 de junio de 1993, todas las cuales tuvieron como punto de partida el Auto de 18 de junio de 1992, también las Sentencias del Tribunal Constitucional de 4 de marzo de 1994, 16 de noviembre de 1992 y 16 de junio de 1990, incluso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en las fechas de 24 de abril de 1993, que son dos, y 12 de junio de 1988 y 2 de agosto de 1984).

Las grabaciones magnetofónicas de las conversaciones realizadas a través del teléfono ha sido objeto de un profundo estudio especialmente después del Auto de 18 de junio de 1992 dictado que fue en el comunmente denominado "caso Naseiro" (ver también las Sentencias de 12 de enero de 1995, 20 y 9 de mayo y 18 de abril de 1994).

Es cierto que el artículo 18.3 de la Constitución establece, con el carácter de derecho fundamental, elsecreto de las comunicaciones, mas fue en su inicio la Declaración Universal de Derechos Humanos la que ya señaló en 1948 que nadie sería objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, en su familia, en su domicilio o en su correspondencia, principios después acogidos tanto en el Convenio Europeo de Roma de 1950 como en el Pacto Internacional de Nueva York de 1966. Sustancialmente se admite el respeto a esa intimidad frente a las injerencias extrañas, incluso de las propias Autoridades, no obstante lo cual excepcionalmente priman otros intereses cuando se trata de defender valores superiores, de ahí que la injerencia esté prevista legalmente cuando constituya una medida necesaria en la sociedad democrática *para la protección de una serie de intereses colectivos o generales como son, entre otros, la seguridad nacional, la defensa del orden y la protección de los derechos y las libertades de los demás. De ahí también que la Constitución Española se cuide muy mucho de indicar que el secreto que proclama ha de *ceder en el caso de resolución judicial. Otra cosa es que esta resolución haya de acomodarse a reglas y exigencias imprescindibles puesto que, sobre constituir la excepción, implica la restricción de un derecho fundamental.

Tales exigencias, tales prevenciones, tales reglas hacen referencia a requisitos necesarios para adoptar la medida judicial sobre la intervención telefónica. Unas anteriores o coetáneas a la resolución, otras posteriores. Las primeras dentro de la legalidad constitucional, las segundas de legalidad ordinaria.

1) La proporcionalidad de la medida en cuanto sólo los delitos graves pueden dar lugar a una intervención telefónica, y por supuesto únicamente durante el tiempo indispensable (ver la Sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de enero de 1994). En este sentido se habla de necesidad social o de transcendencia social para justificar la debida proporcionalidad entre la limitación del Derecho y esa "sagrada" intimidad.

2) Motivación de la autorización porque, al margen del artículo 120.3 de la Constitución, cuando se coarta el libre ejercicio de los derechos fundamentales, es preciso encontrar una causa suficientemente explicada que haga comprender al titular del derecho limitado, las razones por las que ese sacrificio necesario se consuma (Sentencia del Tribunal Constitucional de 14 de mayo de 1987).

3) Especialidad de la materia a investigar porque no cabe decretar la intervención telefónica para propiciar el descubrimiento genérico de posibles infracciones penales , lo que supondría conceder autorizaciones en blanco, antes al contrario se precisa indicar el tipo delictivo que se está investigando que algunas veces puede incluso modificarse posteriormente, no por novación de dicho tipo sino por adición o suma de otras peculiaridades penales.

4) La adopción de la medida exige la previa existencia de indicios delictivos, no equivalentes a las meras sospechas o conjeturas , en tanto que es la probabilidad de la presunta infracción la que marcará la pauta a seguir, que en eso precisamente consiste la proporcionalidad, todo lo cual descarta desde luego las escuchas "predelictuales" o de "prospección" si van desligadas de la realización de hechos delictivos concretos, sin perjuicio de la aparición de otras figuras delictivas sobre todo cuando están conectadas, por hechos comunes u homogéneos, a la inicialmente considerada.

5) La necesidad de una medida a la que sólo cabe acudir si es real- mente imprescindible tanto desde la perspectiva de la probable utilidad como de la cualidad de insustituible , porque si no es probable que se obtengan datos esenciales, o si estos se pueden lograr por otros medios menos gravosos, el principio de proporcionalidad vetaría la intervención (Sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de enero de 1985).

Pero con posterioridad a la resolución judicial, ya desde el punto de vista de la legalidad ordinaria , constatado que la medida adoptada no es inconstitucional, la concurrencia de vicios o defectos puramente procedimentales pueden afectar a la eficacia probatoria de la escucha telefónica. En este sentido todo cuanto afecta al desarrollo de la intervención constitucionalmente autorizada ha de apoyarse en el más riguroso control judicial , con una ya inicial aplicación analógica de cuanto en el artículo 586 de la norma adjetiva referida se indica para el registro de los paquetes postales. Todo ello implica la selección de las conversaciones trascendentes para la causa, así como la transcripción mecanográfica de su contenido con el cotejo subsiguiente y la actuación legitimadora que la fé pública judicial comporta , sin perjuicio de que en el plenario, independientemente de que quienes llevaron a cabo la prueba preconstituida ratifiquen o rectifiquen las peculiaridades de la misma , puedan ser oídas las voces intervenidas para la deseable actuación pericial de los técnicos en la materia, a salvo siempre los derechos de defensa que al letrado designado han de corresponder en todo momento. Al respecto ha de decirse ya de la escrupulosidad de una intervención que llevó incluso a su audición en el plenario, oidas las cintas por los Magistrados con un respeto absoluto a la inmediación, oralidad y contradicción. Audición que facilitó indudablemente un estudio comparativo de las grabaciones en cuanto a todos los acusados afectantes. En el primer aspecto reseñado o "constitucionalidad" de la medida, y dejando aparte la necesidad de esa motivación indicada quegenéricamente se establece en el artículo 120.3 de la Constitución, adquiere singular relevancia la proporcionalidad antes dicha que, según la idea del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se basa en la satisfacción de una necesidad imperiosa "proporcionada a la finalidad legítima perseguida", lo que supone, en la idea de la Sala Segunda, la necesidad de poner el acento no sólo en la gravedad de la pena fijada al presunto delito investigado sino también la transcendencia social del tipo, lo que tendría que excluir cualquier autorización judicial puesta en blanco, sin especificación delictiva , en tanto ello supondría la imposibilidad de valorar aquel "juicio de equilibrio y ponderación".

En lo que afecta a la legalidad ordinaria cabe resaltar el control judicial referido, que tiene que ser exquisito y riguroso, de ahí que el Secretario Judicial se convierta en protagonista de legalidad para recibir las cintas íntegras y originales , para la transcripción mecanográfica ya repetida y para la selección, en función coadyuvante al propio Juez , de los pasajes esenciales con exclusión de aquellos que, sin tener nada que ver con la investigación, afecten a la intimidad del presunto imputado o de terceros ajenos al proceso.

Ha de quedar claro al respecto que la prueba ilegítimamente obtenida puede no viciar a las restantes investigaciones siempre que sea posible la consiguiente desconexión causal entre unas y otras. Pudo pues existir una línea de investigación ilegítima, que no es este caso, pero ello no empece para que otras pruebas, sin relación con la ineficaz, acrediten suficientemente los hechos acaecidos, ya sea en la legalidad constitucional, ya sea en la legalidad ordinaria.

La Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 11.1 sólo previene la ineficacia de las pruebas obtenidas que, directa o indirectamente, violenten derechos fundamentales porque en tal caso, artículo 238.3, se supone que a la vez se prescinde de normas esenciales del procedimiento con causación de indefensión .

De todas formas es evidente, a) que como dice el artículo 242 de igual Ley Orgánica, la nulidad del acto no implica la de los sucesivos que fueran independientes ; y b) que cuando la ineficacia del acto se alege en base a la legalidad ordinaria y procedimental, las prevenciones acabadas de señalar han de matizarse en los casos en los que el derecho fundamental no se infringió , lo que no es óbice para que, con vulneración o sin vulneración de tal derecho, el acto nulo deba transmitir también su ineficacia a cuanto de él se derive directa o indirectamente, como se viene diciendo.

Con base en todo lo acabado de exponer no cabe duda alguna la sinrazón de lo que el recurrente alega que evidentemente no se ajusta exactamente a lo acontencido. Las actuaciones evidencian la escrupulosidad con que en este caso se procedió tanto por la Policía Judicial como por el Juzgado.

La Policía no partió de simples conjeturas o de conjeturas infundadas sino que aportó datos elocuentes sobre la ilegítima actividad que se estaba investigando, a la vez que por parte de la Autoridad Judicial se acordó lo oportuno para que la intervención telefónica se ajustara a Derecho ciertamente que a través de una resolución escueta y concisa, también clara, en cualquier caso legítima y constitucional. La proporcionaldiad de la medida adoptada y el control judicial de la misma garantizan el acuerdo adoptado.

La intervención telefónica es una medida de investigación que normalmente va precedida de indicios, de rango superior al de las meras suposiciones o conjeturas, cuya racionalidad es lo que debe ponderar y reflejar el Instructor , como aquí aconteció, con la sobriedad expresiva que esa fase procesal requiere, bien entendido que como normalmente la medida no es posterior al descubrimento del delito sino medio para ello

, el "fumus boni iuris" tiene en este caso una intensidad menor que sólo exige la racionalidad antes dicha. Finalmente como dicen las Sentencias de 23 y 22 de diciembre y 20 de julio de 1994, no puede negarse la existencia de motivación cuando explicita e implicitamente se conoce la razón y el porqué del acuerdo, aunque venga expuesta en la forma ciertamente repudiable del impreso , prueba en suma que tal aquí acontece se desborda cualitativa y cuantitativamente por medio de otras, distintas a la referida grabación. Otra cosa son las alegaciones que los recurrentes hacen, cuando critican las escuchas, respecto de una serie de datos, circunstancias o peculiaridades que, si no son ridículas, dificilmente pueden tacharse de trascendentes.

El segundo motivo se interpone a través del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para alegar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia del artículo 24.2 constitucional.

Tal ha sido dicho hasta la saciedad, no se vulnera la presunción cuando existe una prueba efectiva, directa o indirecta, o mínima actividad probatoria, como prueba suficiente de cargo que lleve y llegue a los hechos esenciales objeto de la investigación judicial, por supuesto practicada con respeto a los principiosconstitucionales tantas veces consignados (ver la Sentencia de 22 de mayo de 1995). La existencia de esa mínima actividad probatoria, de la valoración exclusiva de los jueces de la instancia, impide al Tribunal casacional, incluso al Tribunal Constitucional, establecer conclusiones sobre la misma. La Audiencia ejerce entonces las propias funciones jurisdiccionales que los artículos 711 procedimental y 117.3 constitucional les confiere.

El motivo se ha de desestimar. De un lado porque las escuchas telefónicas arrojan datos singularmente relevantes, de carácter incriminatorio, disimuladas en el entorno de unas conversaciones en clave enigmática y secreta, el lenguaje criptico de quienes desean ocultar una realidad. De otro las propias manifestaciones de una de las acusadas no recurrentes, oida que fue en el plenario, valoradas también por los Magistrados en el entorno de la doctrina establecida reiteradamente por la Sala Segunda que les permite dar credibilidad a las declaraciones de la coimputada, cuando no responden a sentimientos deleznables, incluso acogiendo la versión que estiman más ajustada a la verdad, cuando en el transcurso del proceso se produjeran contradicciones entre las distintas declaraciones vertidas a lo largo del mismo.

El tercer motivo trae a colación un supuesto novedoso e interesante aunque carente de razón. Con base en el citado artículo 5.4 orgánico alega la infracción del artículo 24 de la Constitución porque la resolución impugnada no tuvo en cuenta la tutela judicial efectiva, con proscripción de indefensión, ni el derecho de defensa. Tal conclusión es obligada ya que, se dice en el motivo, fué planteada con carácter previo a la celebración del juicio oral la cuestión referente a la nulidad de la intervención telefónica. Aún tratándose de procedimiento ordinario debió la Audiencia pronunciarse "in limine litis" sobre aquella nulidad.

El trámite previsto en el artículo 793.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se refiere exclusivamente al procedimiento abreviado. En el entorno del mismo, y cuando se alega la vulneración de derechos fundamentales al iniciarse la vista oral, ha sido ya dicho (Sentencia de 7 de abril de 1995) la diferencia de criterio jurisprudencial al respecto. Porque si inicialmente el Auto del Tribunal Supremo de 18 de junio de 1992 (caso Naseiro) venía a decir que la audiencia preliminar, tratando de evitar incidencias o problemas posteriores, debería propiciar la resolución inmediata , y previa, sobre esas pretendidas infracciones , posteriormente, a través del Auto del mismo Tribunal de 3 de febrero de 1993, también la Sentencia del Tribunal Constitucional de 13 de diciembre de 1992 y la Sentencia del Tribunal Supremo acabada se señalar, se impuso la doctrina consistente en afirmar que el trámite del artículo reseñado no es preclusivo , es decir, que la vulneración de los derechos fundamentales podía ser resuelta al iniciarse el juicio o, aplazada tal decisión, en el momento de dictarse sentencia, si existen para ello razones objetivas suficientes

. También pervive una tercera orientación que admite ese estudio previo incluso antes del plenario, durante la instrucción , que evitaría o que podría evitar la denominada "pena de banquillo" (ver Voto Particular al Auto del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 1993). Interesantes puntualizaciones que abundan en la desestimación del motivo si además ahora ni tan siquiera cabría hablar de esas posibilidades a la vista de un procedimiento ordinario como el presente. Fue pues correcta la argumentación de los jueces "a quo" cuando en la sentencia recurrida razonaron adecuadamente la inexistencia de la pretendida vulneración.

Tampoco cabe ampararse en el artículo 240.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, precepto éste que parece prestar atención a los defectos de forma más que a las pruebas nulas a las que expresamente se refiere el artículo 11.1 de la repetida Ley Orgánica. De todas maneras la resolución de oficio por el Tribunal de la supuesta nulidad, antes de la sentencia no deja de ser sino una facultad discrecional del mismo.

El cuarto motivo , por los cauces de la infracción de Ley del artículo 849.1 procesal, denuncia la aplicación indebida del artículo 344 bis a).2 del Código que contempla el subtipo referido al tráfico de drogas cuando se produzca en establecimientos abiertos al público, por parte de los responsables o empleados del mismo.

El "factum" recurrido, de obligado acatamiento aquí, es suficientemente claro a estos efectos. El recurrente desde el Mesón que se indica abastecía la cocaína "a aquellas personas que se lo solicitaban", pero en ningún lugar de las actuaciones consta el carácter en virtud del cual el acusado operaba en tal establecimiento público. Salvo la indicación, en alguno de los razonamientos jurídicos de la recurrida, de que se reuniera periodicamente una peña quinielistica en dicho Mesón "aglutinada" por el recurrente, no se dice que éste fuera realmente empleado o responsable del establecimiento.

No cabe la interpretación extensiva del precepto que por esta parte guarda relación con una circunstancia de carácter personal y no como agravante fundamentada exclusivamente en el lugar donde se realiza la acción (Sentencia de 5 de mayo de 1994). No constando pues que el acusado fuera responsable oempleado del establecimiento procede estimar el motivo, lo que significa la aplicación al recurrente del tipo normal contenido en el artículo 344 del Código.

El quinto motivo , también por los cauces del artículo 5.4 orgánico, vuelve a denunciar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, aunque esta vez para centrarse en el subtipo establecido en el antes dicho artículo 344 bis a).2 de la repetida Ley sustantiva.

El recurrente no deja de tener razón en tanto que el carácter, cualificador del subtipo, con que el acusado suministraba la cocaína desde el Mesón no ha quedado acreditado, como efectivamente ha sido dicho anteriormente cuando se ha estimado el motivo anterior, si bien lo fue entonces con base en la indefinición que en ese sentido figura en el propio relato histório.

En un caso la fundamentación estimatoria de antes está apoyada en el "factum" recurrido, ahora lo es con base en la inexistencia de prueba. El motivo, pues, se ha de estimar igualmente.

El sexto motivo se interpone en infracción de Ley del artículo 849.1, alegando la indebida aplicación del artículo 344 bis d) del Código Penal, precepto éste que, redactado y modificado respectivamente por las Leyes Orgánicas de 24 de marzo de 1988 y 23 de diciembre de 1992, establece unas reglas interpretativas destinadas a los jueces para que sepan valorar las circunstancias concurrentes en el momento de establecer la cuantía de las multas a imponer. Se trata en definitiva de ayudar a la proporcionalidad que debe ser eje de todo el acontecer judicial en la esfera penal. De ahí que se indique que la determinación de la multa atenderá preferentemente al valor económico del producto o a la ganancia que se hubiera podido obtener , entre otros supuestos. El motivo se ha de desestimar porque el Tribunal se atuvo proporcionalmente a las advertencias que el precepto indica, dadas las enormes posibilidades económicas que la venta del producto "al menudeo" ofrecía, que nada tiene que ver juridicamente con la circunstancia de que finalmente se impidiera tal expansión por la intervención policial.

En cualquier caso la denuncia casacional tiene aquí menos transcendencia para el recurrente desde el momento en que desaparece el subtipo agravado ya razonado más arriba. El artículo 344 bis d) supone una regla interpretativa sólo a los jueces atinente, dificilmente revisable en casación si los jueces se atuvieron, como en este caso, a las directrices que la proporcionalidad de la pena comporta dentro de las facultades discreccionales que la parte general del Código contiene .

RECURSO DE Marí Trini

La acusada, condenada sólo como cómplice, aduce dos motivos por infracción de precepto constitucional primero, y por infracción de Ley en segundo término.

En el primer caso se alegan los artículos 24.2, 18.2y3 y 117 de la Constitución Española, para a través de los mismos denunciar la ilegalidad constitucional de las intervenciones telefónicas y del registro domiciliario efectuado. En cuanto a las escuchas telefónicas sólo cabe aquí hacer remisión a lo explicado al principio para ratificar la legalidad, ordinaria y constitucional, de las grabaciones magnetofónicas llevadas a cabo.

En cuanto a los registros domiciliarios, uno de ellos en el domicilio de la recurrente, se aduce su incorrección porque no hubo, en cuanto a éste , consentimiento de la titular, detenida en la Comisaría en esos momentos, ni asistieron los testigos que en su caso han de suplir la ausencia de aquéllos que nominalmente designa el legislador como representantes domiciliarios, tampoco el Letrado recurrente.

Al respecto ha de advertirse que el artículo 569 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha sido ya objeto de dos reformas, la de la Ley Orgánica de 3 de abril de 1992 y la de la Ley de 17 de julio de 1995. Atendiendo a la primera, y en la línea que de siempre mantuvo el precepto, es imprescindible, para la viabilidad constitucional del registro, el consentimiento del titular o, en su defecto, la asistencia de los "testigos representantes" antes dichos, distintos de los "testigos presenciales" que la normativa anterior a las reformas exigía acompañaran inexcusablemente a quienes efectuaban la diligencia, aunque ya la doctrina de esta Sala Segunda había declarado tal presencia innecesaria si era el Secretario Judicial el que directamente actuaba de fedatario, dada la prevalencia de lo que, en cuanto a las funciones de tal funcionario, se dice en el artículo 281.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (ver la reciente Sentencia de 28 de septiembre de 1995).

Es evidente que al faltar el representante del domicilio, o su consentimiento , o al faltar los testigos que habrían de suplirlo, se incurrió en un grave defecto que tuvo que ver con la esenciade la diligencia , vulneración transcendental que directamente llega a afectar, en su raices constitucionales, al mismo derecho fundamental de la inviolabilidad domiciliaria (Sentencias de 28 de octubre y 13 de junio de 1992). Por otra parte el consentimiento del ocupante ha de ser claro y contundente si por medio del mismo se soporta, se permite, se tolera y se otorga la autorización precisa para la entrada policial. Es una aprobación, una aquiesciencia, un asentimiento o una venia que soslaya cualquier otra exigencia procesal (Sentencias de 24 de enero de 1995, 28 de noviembre de 1994 y 21 de julio de 1993, entre otras).

Consentimiento que en modo alguno puede concurrir cuando la persona que lo presta se encuentra detenida en las dependencias correspondientes (Sentencias de 2 de julio de 1993 y 14 de noviembre de 1992).

El vicio procedimental es patente, se vulnere o no el derecho fundamental. Prescindiendo del alegato que a la asistencia del Letrado se refiere (como recuerda la Setencia de 7 de diciembre de 1994, frente a algunas dudas suscitadas al respecto, tal presencia no es necesaria para la validez, constitucional o de legalidad ordinaria, de la repetida diligencia), prescindiendo pues de ello, el problema fundamental entonces es saber de los efectos que esa ineficacia probatoria acarrea y lleva consigo (ver las Sentencias de 28 y 10 de marzo de 1995). Conforme a estas resoluciones, la prueba ilegitimamente obtenida no puede viciar a las restantes investigaciones siempre que sea posible, cual aquí acontece y como se ha dicho más arriba, la consiguiente desconexión causal entre una y otras. Los artículos 11.1, 238.3 y 242 de la Ley Orgánica del Poder Judicial permiten afirmar que la nulidad del acto no implica la de los sucesivos que fueran independientes del mismo, sólo los que directa o indirectamente se deriven del ineficaz, haya o no haya vulneración del derecho fundamental que unicamente influirá en cuanto a la mayor o menor expansión de los efectos anulatorios.

En el caso presente no se contó, como prueba incriminatoria, con tales registros domiciliarios. Por el contrario existen otras pruebas abundantes, tal la Audiencia pone de relieve en sus Fundamentos Jurídicos Cuarto, apartado cuarto, y Quinto, párrafo último.

El motivo se ha de desestimar. No se infringió la presunción de inocencia porque sus propias declaraciones en cuanto a los contactos que tuvo con la compañía aérea de navegación que se cita y las evidencias encontradas en su vehículo de motor, también las declaraciones de uno de los acusados no recurrente, forman una base suficiente, que ciertamente partió de las cintas grabadas policialmente.

III.

FALLO

Que debemos declarar y declaramos HABER LUGAR a la estimación parcial del recurso de casación por infracción de preceptos constitucionales e infracción de Ley, interpuesto por el procesado Jose Ignacio , contra sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, con fecha catorce de julio de mil novecientos noventa y cuatro, en causa seguida contra el mismo por delito contra la salud pública, estimando sus motivos cuarto y quinto, y en su virtud casamos y anulamos la sentencia dictada por dicha Audiencia con declaración de oficio las costas del presente recurso.

Así mismo debemos declarar y declaramos NO HABER LUGAR a la estimación de los recursos de casación por infracción de preceptos constitucionales, quebrantamiento de forma e infracción de Ley, interpuestos por los procesados Marí Trini , Abelardo y Francisco , contra sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, con fecha catorce de julio de mil novecientos noventa y cuatro, en causa seguida contra los mismos por delitos de contrabando y contra la salud pública, condenándoles al pago de las costas correspondientes a sus recursos.

Comuníquese esta resolución y la que seguidamente se dicta al Tribunal Sentenciador a los efectos procedentes, con devolución de la causa que en su día remitió, interesándose acuse de recibo.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos

SEGUNDA SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a seis de Octubre de mil novecientos noventa y cinco.

En la causa que en su día fue tramitada por el Juzgado de Instrucción número 10 de los de Palma de Mallorca, y fallada posteriormente por la Audiencia Provincial de la misma capital, y que por sentencia decasación ha sido casada y anulada en el día de la fecha, y que fue seguida por delito contra la salud pública contra Jose Ignacio , titular del D.N.I. número NUM002 , natural de Tocón (Granada), vecino de Santa Ponsa (CAlviá), nacido el 12 de junio de 1951, hijo de Adolfo y Marta , soltero, restaurador, sin antecedentes, en libertad provisional, la Sala Segunda dle Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. expresados al margen y bajo Ponencia del Excmo. Sr. don José Augusto de Vega Ruiz, hace constar los siguientes: