STS, 11 de Abril de 1997
| Ponente | RAFAEL FERNANDEZ MONTALVO |
| Número de Recurso | 10496/1990 |
| Fecha de Resolución | 11 de Abril de 1997 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a once de Abril de mil novecientos noventa y siete.
Visto el recurso de apelación núm. 10.496/90, interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Carlos de Zulueta Cebrian, en nombre y representación de D. Victor Manuel , " Hacienda de la Plata S.A.", Dª Inés , " Explotaciones Agrícolas Vida S.A.", D. Carlos , D. Cristobal , D. Emilio , D. Federico , Dª Paula y Dª Regina , contra sentencia, de fecha 6 de abril de 1990, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en el recurso de dicho orden jurisdiccional núm. 1292/87, contra la aprobación definitiva de la clasificación de suelos de la Comarca de Reforma Agraria de la Vega de Sevilla. Ha sido parte apelada la Junta de Andalucía, representada por Letrado del correspondiente servicio jurídico.
En el proceso contencioso administrativo antes reseñado recayó sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, de fecha 6 de abril de 1990, cuyo fallo es del siguiente tenor literal: "Desestimamos la demanda formulada en relación con el acto que ha quedado identificado en el antecedente primero de esta sentencia, el cual declaramos conforme a derecho, sin imposición de costas". Y, notificada la referida sentencia a las partes, por la representación procesal del actor se interpuso recurso de apelación que fue admitido en ambos efectos, acordándose elevar a esta Sala las actuaciones con emplazamiento de las partes para que, en el término de treinta días, pudieran personarse para hacer valer sus derechos.
La representación procesal de D. Victor Manuel y otros, en el escrito de personación ante este Tribunal por medio de otrosi, solicitó el recibimiento a prueba del recurso de apelación, petición que fue desestimada por Auto de 5 de junio de 1991, contra el que no se interpuso recurso, por el que se acordó, igualmente, entregar las actuaciones a la representación de los recurrentes para que, en el plazo de veinte días, formularan sus alegaciones. El trámite fue evacuado por medio de escrito presentado el 24 de julio de 1991, en el que se interesa "dicte Sentencia por la que revoque la recurrida y se estime el Recurso de Apelación interpuesto contra la Sentencia dictada, con fecha 6 de Abril de 1.990, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, sobre la Orden Resolutoria del Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, que desestimó el Recurso de Alzada que mis representados interpusieron contra la Resolución del Presidente del I.A.R.A. de 2 de Junio de 1.986, que aprobó con carácter definitivo la Tabla de Equivalencias entre las distintas clases de Suelo de Comarca de Reforma Agraria de la Vega de Sevilla, y en consecuencia declare nulo y sin efecto esta Resolución, con expresa condena en costas a la Administración demandada". Por otrosi, se solicitó de nuevo el recibimiento del recurso a prueba.
Por Providencia de 17 de febrero de 1992, se da traslado a la parte apelada para que, en el plazo de 20 días, evacuara el trámite de alegaciones, presentando su representación procesal, con fecha 1 de abril de 1992, escrito en el que interesa dicte sentencia confirmando la Sentencia impugnada por sus propios fundamentos.CUARTO.- Concluida la tramitación del recurso, por providencia de 13 de marzo de 1997, se señaló para deliberación y fallo el 9 de abril de 1997, en cuyo día tuvo lugar el referido acto.
Constituye el objeto del presente recurso determinar si debe confirmarse o, como pretende los apelantes, debe ser revocada la sentencia dictada en su día por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia a la que se atribuye, al no estimar la pretensión actora, distintas infracciones del ordenamiento jurídico, que pueden agruparse para su análisis distinguiendo dos grupos. El primero deriva de que los actos administrativos que confirma dicha sentencia (aprobación de la clasificación de suelos de las explotaciones agrícolas afectadas por la reforma agraria de la Vega de Sevilla), se tramitaron y aprobaron bajo la vigencia del Reglamento de ejecución de la Ley de Reforma Agraria Andaluza (LARA), aprobado por Decreto 276/84, de 30 de octubre, que fue declarado nulo, por haberse dictado sin el preceptivo dictamen del Consejo de Estado, por decisión judicial confirmada por sentencia de este Tribunal Supremo de 6 de junio de 1988, contra la que se interpuso recurso extraordinario de revisión que fue desestimado por sentencia de la Sala Especial, de 19 de octubre de 1989, resultando de aplicación el art. 90 de la LJCA. El segundo grupo de infracciones invocadas está integrado por un conjunto vulneraciones del procedimiento para la aprobación de la clasificación de suelos y de la tabla de equivalencias, poniendo de manifiesto la existencia de un inadecuado ejercicio de la discrecionalidad; no hubo prueba en vía administrativa, (art. 88 LPA) lo que le ha producido indefensión, todos los actos administrativos del expediente de aprobación de la clasificación de suelos y de la tabla de equivalencias se han realizado por publicaciones y no por notificaciones, con infracción del art. 79 LPA, y, además, carecen de motivación.
Si bien, con carácter previo, en relación con la alegación de que el expediente está incompleto porque tan solo aparezcan en él los recursos de alzada, los informes a los mismos y las resoluciones del Consejero de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, debe señalarse que los recurrentes pudieron hacer uso de la posibilidad que les otorgaba el art. 70 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y no lo hicieron, por lo que ninguna relevancia puede anudarse a tal circunstancia (SSTS 3 de diciembre y 6 de junio de 1991).
Los actos administrativos impugnados se tramitaron y aprobaron bajo la vigencia del Reglamento de ejecución de la Ley de Reforma Agraria Andaluza (LARA), aprobado por Decreto 276/84, de 30 de octubre, que fue declarado nulo, por haberse dictado sin el preceptivo dictamen del Consejo de Estado, por decisión judicial confirmada por sentencia de este Tribunal Supremo de 6 de junio de 1988, contra la que se interpuso recurso extraordinario de revisión que fue desestimado por sentencia de la Sala Especial, de 19 de octubre de 1989. Ahora bien, sobre dicha cuestión ha tenido ocasión esta Sala de pronunciarse rechazando la pretendida consecuencia invalidante de los actos administrativos dictados concretamente en aplicación del referido Decreto, no solo en su proyección especifica a la propia Comarca de Sevilla, sino también relación con otras Comarcas Andaluzas afectadas por la reforma agraria regulada en la Ley andaluza 8/84, de 3 de julio, (LARA), cuya constitucionalidad fue objeto de análisis en la STC 37/1987, de 26 de marzo; criterio que por mor del principio de unidad de doctrina y del efecto vinculante de lo decidido debe mantenerse en el presente supuesto. Así, en Sentencia de 3 de diciembre de 1991, la Sala atendió a varias razones "Primero porque la Disposición Transitoria tercera del Decreto 402/1986 de 30 diciembre que deroga el citado Decreto 276/1984 de 30 de octubre, señala lo siguiente: "Los actos administrativos dictados en aplicación del Reglamento aprobado por Decreto 276/1984 de 30 octubre (citado), que no hubiesen sido dejados sin efecto, con anterioridad a la entrada en vigor de este Reglamento, seguirán subsistentes". Segundo, porque la Ley de Reforma Agraria tiende a la consecución de objetivos y fines concretos, para cuya satisfacción se hace necesario articular una serie de medidas para el cumplimiento de aquéllos, medidas que, con independencia de su previa regulación normativa, tienen una habilitación directa a través de la aplicación de la Ley de la que traen causa, siendo válidas sí además de venir sometidas a los principios y normas generales resultan realizadas conforme a las normas básicas procedimentales y a los requisitos que deben reunir cualquier acto administrativo". Con igual resultado, en Sentencia de 22 de marzo de 1993, la Sala atendió a lo que establecía el art. 120 LPA proyectándolo al ámbito jurisdiccional para señalar que "la estimación de un recurso interpuesto contra una disposición de carácter general implicará la derogación o reforma de dicha disposición, establece a continuación, literalmente, que será sin perjuicio de que subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la misma, lo que quiere decir que la nulidad del Reglamento no determina automáticamente la de todos los actos adoptados al amparo de aquél, sino que, por el contrario, han de entenderse subsistentes los actos que hayan ganado firmeza en vía administrativa, adoptados con arreglo a la Disposición dejada sin efecto".
En definitiva, como ya declaró la Sentencia de 20 de octubre de 1993, las resoluciones impugnadastienen también, con independencia del Reglamento invalidado, engarce indiscutible en el art. 17 de la Ley andaluza 8/1984, de 3 de julio (cuya regularidad constitucional fue examinada en STC 37/1987, de 26 de marzo), sin que se aprecie que la nulidad del Reglamento 276/1984 -por el vicio forma de omisión del dictamen del Consejo de Estado- arrastre en cadena a los actos administrativos impugnados en este proceso.
Una de las formas más acusada de intervención administrativa sobre la propiedad agraria es el conjunto de actuaciones que tradicionalmente se han caracterizado como de reforma agraria, que comporta, como consecuencia de la "función social" elemento estructural de la definición misma del derecho de propiedad privada o factor determinante de la delimitación legal de su contenido, según resulta del art. 33.1 y 2 y de la doctrina del Tribunal Constitucional (STC 37/87) el sometimiento a un plan obligatorio de mejoras y, en su caso, al impuesto sobre tierras infrautilizadas y a la propia eventual expropiación del uso y del dominio de las fincas que contemplan los artículos 15 a 41 de la LARA, que se ha inclinado por el sistema de Planes Comarcales de Mejora, donde se fijan los criterios para los Planes Individuales, cuyo incumplimiento determina las medidas indicadas. No puede, por tanto, negarse la importancia del procedimiento para la elaboración y aprobación de la clasificación de suelos de las explotaciones afectadas por la reforma agraria a los efectos de fijar la potencialidad productiva. Sin embargo, de ello no puede extraerse necesariamente la pretendida consecuencia invalidante derivada de que no fueron tenidas en cuenta la serie de circunstancias que se aducen. Así, la alegación de que no se tomaron en consideración, la existencia de cultivos leñosos, situación de la explotación respecto al caudal, distinto sistema de cultivo y de riego, existencia de microclimas, produciéndose discriminaciones e implicando discrecionalidad, al tratarse de un procedimiento estimativo no puede acogerse puesto que en el presente caso, se cumplen las finalidades perseguidas para la objetivización de las distintas clases de suelos, como pone de manifiesto el tribunal a quo.
Como vicios formales o de procedimiento se reiteran: omisión del trámite de alegaciones y audiencia; ausencia de prueba en vía administrativa, indefensión, falta de notificación individual, y ausencia de motivación, para cuyo examen ha de tenerse en cuenta la doctrina sobre tales extremos reiterada por la jurisprudencia de esta Sala.
En cuanto a la falta de audiencia antes de dictarse la propuesta de resolución, (art. 91 LPA), según la doctrina jurisprudencial de esta Sala, se equipara la falta total de procedimiento a la omisión de trámites esenciales en la interpretación del anterior art. 47.1.c) LPA, y uno de los considerados esencialísimos y fundamentales, mencionado en el art. 105 CE, y directamente vinculado al derecho de defensa del art. 24 CE, es el trámite de audiencia del interesado, en el que cabe comprender la falta de notificaciones individuales a los interesados. Ahora bien, la anulación de los actos administrativos afectados de vicios formales se encontraba regulada por el art. 48. 2 LPA de forma claramente restrictiva -como ahora hace el art.63.2 de la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común-, al decir que sólo la determinará cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin, o dé lugar a indefensión de los interesados, razón por la que la relevancia del trámite procedimental de que se trata tiene que ser ponderada en cada supuesto específico. Y, en este sentido se constata que los apelantes tuvieron la posibilidad no sólo de formular alegaciones sino también de presentar documentos, consignar datos y aportar pruebas a través de los distintos escritos y recursos presentados, sin perjuicio de la interposición del recurso de alzada y, luego, jurisdiccional; razón por la que no puede afirmarse que se encontrase en situación de indefensión, al haber disfrutado de posibilidades de conocimiento y defensa de eficacia equivalente a la que se puede derivar de la notificación individual, lo que permite aplicar el criterio jurisprudencial de relativización de los vicios de forma expresada en el anterior art. 48.2 LPA (SSTS de 18 de mayo de 1977, 22 de abril y 3 de mayo de 1980, 7 de octubre de 1981 y 18 de marzo de 1987), sin que se trate de acudir al precepto de un reglamento nulo, el art.44, que permitía, frente al art. 79 LPA, sustituir la notificación por la publicación de los actos cuando tienen destinatarios determinados.
En relación con la prueba, no se aprecia qué medio de prueba se omitió en vía administrativa, que luego no pudiera practicarse en vía jurisdiccional con la necesaria relevancia. Y, como advierte el Tribunal a quo no puede confundirse la indefensión con la no estimación de los propios criterios. Por lo que, constatadas las posibilidades de intervención individual y colectiva en la tramitación del expediente y que la resolución impugnada se fundamenta en diversos informes, estudios, con estimación parcial, incluso, de alegaciones de los interesados, no cabe apreciar indefensión efectiva que justifique la pretendida ineficacia de los actos administrativos.
Por último, en cuanto a la motivación exigible a los actos administrativos que limitan derechos subjetivos debe indicarse, en la misma línea que se pronuncia la Sala del Tribunal Superior de Justicia, quese entiende cumplido tal requisito cuando se aceptan informes, dictámenes o memorias, como ocurre en el caso de autos, al considerarse que los mismos forman parte del texto de la resolución (SSTS de 24 de febrero de 1978, 15 de noviembre de 1984 y 18 de noviembre de 1996).
Los razonamientos expuestos fundamentan la desestimación del presente recurso de apelación, sin que, conforme al art. 131 LJCA, se aprecien motivos para una especial declaración sobre costas.
Por todo lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y por la potestad que nos confiere el pueblo español,
Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso de apelación núm. 10.496/90, interpuesto por la representación procesal de D. Victor Manuel y otros, contra sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, dictada, con fecha 6 de abril de 1990, en el recurso de dicho orden jurisdiccional núm. 1292/87; sentencia que confirmamos, sin hacer especial pronunciamiento sobre costas.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Rafael Fernández Montalvo, Magistrado Ponente de la misma, estando celebrando audiencia pública la Sala Tercera (Sección Cuarta) del Tribunal Supremo, el mismo día de su fecha, lo que certifico.
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