STSJ País Vasco , 25 de Abril de 2006
| Ponente | MODESTO IRURETAGOYENA ITURRI |
| ECLI | ES:TSJPV:2006:1204 |
| Número de Recurso | 3080/2005 |
| Fecha de Resolución | 25 de Abril de 2006 |
| Emisor | Sala de lo Social |
SENTENCIA
En el recurso de suplicación interpuesto por Paulino contra la sentencia del Jdo. de lo Social nº 2 (Bilbao) de fecha diez de Mayo de dos mil cinco , dictada en proceso sobre SSO, y entablado por Paulino frente a DIPUTACION FORAL DE VIZCAYA .
Es Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. MODESTO IRURETAGOYENA ITURRI, quien expresa el criterio de la Sala.
La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y terminó por sentencia, cuya relación de hechos probados es la siguiente:"Primero.- D. Paulino , con DNI nº NUM000 , obtuvo el reconocimiento de una minusvalía del 17%, con carácter definitivo, por OF 48/081890, con fecha de efectos 6-5-2004, con diagnóstico: algias y rigidez poliarticulares.
Interpuesta la reclamación previa con fecha 16 de noviembre de 2.004, fue desestimada.
Por Sentencia del TSJPV, Sala de lo Social, de fecha 27 de abril de 2.004 , se declara al actor afecto de IPT, por presentar un juicio diagnóstico y valoración cervicoartrosis, discopatía degenerativa en L3-L4 y L4-L5, espondilolisis L3-L4-L5, gonartrosis bilateral, coxartrosis bilateral, tendinopatía hombros".
La parte dispositiva de la Sentencia de instancia dice:
"Que desestimando la demanda interpuesta por D. Paulino contra DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA, debo absolver y absuelvo a la demandada de las peticiones contra ella formuladas".
Frente a dicha resolución se interpuso el recurso de Suplicación, que fue impugnado porla parte contraria.
Desestimada por la sentencia de instancia la demanda en la que D. Paulino reclama frente a la Diputación Foral de Bizkaia-Departamento de Acción Social el reconocimiento de un porcentaje de minusvalía del 33%, por la representación letrada del demandante se interpone recurso de suplicación dirigido al examen del derecho aplicado. El recurso es impugnado por la Diputación demandada.
El recurso de compone de un motivo único que, al amparo del art. 191 c) de la LPL, denuncia la infracción del art. 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, así como de los arts. 9.3 de la Constitución, 3.1 y 2 del Estatuto de los Trabajadores y 1.2. y 2.2 del Código Civil. La no apreciación de la situación de incapacidad permanente total del actor para considerar que le corresponde una minusvalía del 33%, se trata de una cuestión jurídica que ya ha sido examinada por esta Sala en sentencia de 14 de junio de 2005 (recurso 416/2005 ), seguida entre otras por las dictadas en los recursos 1390/05, 1902/05, 2050/05 y 2374/05, que, separándose del criterio mantenido en otras anteriores, como por ejemplo la de 2 de febrero de 2005 (recurso 2528/2004) que se menciona tanto en la sentencia recurrida como en el escrito de impugnación presentado por la Diputación Foral de Bizkaia, se ha adoptado, mayoritariamente, como criterio a mantener en los sucesivo y en tanto se mantenga la actual normativa o no exista doctrina unificadora en otro sentido.
Siguiendo la misma, diremos que hay que tener presente, como punto de partida, que el reconocimiento del grado de minusvalía por el órgano correspondiente de las Comunidades Autónomas, o por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales en las ciudades de Ceuta y Melilla, se produce a través de la medición del grado de discapacidad que presenta la persona, al margen de su incidencia en su capacidad laboral, adicionada en su caso con la puntuación atribuida a los factores sociales complementarios, relativos entre otros aspectos, a su entorno familiar y situación laboral, educativa y cultural, que dificulten su integración social, con arreglo a los pautas técnicas incorporadas a los Anexos I y II del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre . Estos criterios difieren de los adoptados por los artículos 136 y 137 de la Ley General de la Seguridad Social para la calificación de las lesiones y menoscabos funcionales del trabajador y de su grado de invalidez a efectos del reconocimiento de la prestación de incapacidad permanente en su modalidad contributiva. Ello conlleva que, en la determinación del grado de minusvalía, los órganos competentes gozan de absoluta independencia y autonomía, no estando vinculados por la calificación del cuadro clínico del trabajador realizada por el equipo de valoración de incapacidades, como prevé expresamente el artículo 4.2 de la susodicha norma reglamentaria ,
No obstante, y dado que la acreditación de un determinado grado de minusvalía, se requiere, entre otros fines, para el reconocimiento de una pensión de invalidez no contributiva de la Seguridad Social, el Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo , con el exclusivo objeto de evitar situaciones de desprotección derivadas de la diferente valoración de unas mismas lesiones en razón a los diferentes criterios acabados de citar, su disposición adicional tercera, estableció que cuando el interesado hubiera sido declarado en situación de incapacidad permanente en los grados de absoluta o gran invalidez, se le presumiría afecto de un minusvalía igual al 65 %, o igual o superior al 75 %, respectivamente. Equiparación que lo es a los solos efectos de causar derecho a una pensión de invalidez no contributiva en los supuestos en que haya sido denegada por no acreditar el período mínimo de cotización exigido.
A diferencia de lo dispuesto específicamente para los mencionados grados de incapacidad, en la normativa anterior a la Ley 51/2003 no existía ninguna previsión sobre la posible influencia del reconocimiento de una incapacidad permanente total en la valoración de la minusvalía. No obstante, en un primer período y según recoge la sentencia de 19 de octubre de 1998 (AS 7283 ), de esta misma Sala, el criterio aplicado por el Instituto Nacional de Servicios Sociales fue el de equiparar dicho grado de incapacidad a un porcentaje de minusvalía del 33 %, si bien posteriormente se produjo un cambio de criterio como consecuencia de la asunción de competencias por parte de las Comunidades Autónomas, que se generalizó a partir de la aprobación del Real Decreto 1971/1999. Como excepción, y en el ámbito de las...
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STSJ Castilla y León 150/2007, 1 de Marzo de 2007
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