STS, 18 de Julio de 2000

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, por Auto de 7 de mayo de 1997, se declaró competente para el conocimiento de la querella formulada por el Excmo. Sr. Fiscal-Jefe del Tribunal Superior de Andalucía contra la Sra. Juez de Primera Instancia e Instrucción de DIRECCION000 , Dª Araceli , en relación con la posible comisión de un delito contra la libertad personal, constando en escrito de 5 de mayo de 1997 del Ministerio Fiscal que la señora querellada, actuando en su condición de Juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de DIRECCION000 (Málaga), recibió el 10 de abril de 1997 en calidad de detenido por la Guardia Civil del puesto de dicho partido judicial a Agustín , nacido el 12 de febrero de 1978, que había sido aprendido por dicha fuerza el día anterior como presunto autor, con otra persona, de un robo violento de unas 7.000 a

10.000 pesetas, perpetrado en la persona de D. Pedro Miguel . Tras recibir declaración al detenido el día 10 en presencia del Letrado y negar los hechos, la señora Juez dictó con igual fecha Auto de prisión comunicada sin motivación, salvo la resultante del impreso que notificó al interesado sin citarle para la audiencia-comparecencia del artículo 504 bis.2 de la L.E.Cr. al Ministerio Fiscal, Letrado y detenido, como exige dicho precepto, en garantía a la libertad y a un proceso debido. Realizó, posteriormente, diligencias hasta el día 16, en que advirtió que debía celebrar la comparecencia y llamó telefónicamente a la señora Fiscal encargada del servicio, la cual se trasladó al Juzgado e instruyó las actuaciones sin que pudiera celebrarse la comparecencia por haber sido trasladado el preso desde el Centro Penitenciario del Juzgado de Coín y acordar la señora Juez por Auto de esa misma fecha la libertad del imputado, pudiendo ser los hechos constitutivos, inicialmente, de un delito previsto en el artículo 530 o eventualmente, 532 del Código Penal.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, el 27 de mayo de 1997, acusó recibo al Presidente de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de la Comunidad de Andalucía de las comunicaciones de 7 y 20 de mayo de 1997, en las que se acompañaba testimonio del Auto de la Sala, admitiendo a trámite la querella interpuesta por el Ministerio Fiscal contra la Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de DIRECCION000 , por un presunto delito contra la libertad individual, interesando la resolución que en su día se dictase sobre apertura de juicio oral y medidas que pudieran adoptarse a los fines previstos en los artículos 383.1 y 384.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985.TERCERO.- Por Auto de 17 de septiembre de 1997 se acordó la continuación del procedimiento por los trámites establecidos en el capítulo II, título III del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en posterior Auto de la misma Sala de lo Civil y Penal de 29 de septiembre de 1997, se acordó la apertura del juicio oral ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Andalucía, requiriéndose a la acusada para que en término de una audiencia, prestase fianza en cantidad bastante a cubrir la suma de 200.000 pesetas para hacer frente a responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse procedentes y caso de no prestarla, se procedería al embargo de bienes en cantidad bastante a cubrir dicha suma, formándose la correspondiente pieza separada con encabezamiento de la resolución y librando el correspondiente exhorto al Juzgado de Instrucción de DIRECCION000 .

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión de 7 de octubre de 1997, acusó recibo al instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de la Comunidad Autónoma de Andalucía de la comunicación de 29 de septiembre de 1997, a la que adjuntaba testimonio del Auto dictado en el procedimiento abreviado 1/97, seguido contra la Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de DIRECCION000 , Dª Araceli , por un presunto delito de detención ilegal, en virtud de querella del Ministerio Fiscal y acordando la apertura de juicio oral.

La Comisión Permanente del Consejo del Poder Judicial, en reunión de 23 de octubre de 1997, propuso al Pleno del Consejo hacer efectiva la suspensión provisional en ejercicio de sus funciones de la Juez Dª Araceli , lo que se resuelve por el Pleno del Consejo del Poder Judicial, en Acuerdo de 29 de octubre de 1997, que es el acto administrativo recurrido en el presente recurso contencioso-administrativo.

La parte actora, al interponer el recurso y en el posterior escrito de demanda, imputa a la resolución recurrida la vulneración del derecho a la presunción de inocencia previsto en el artículo 24.2 de la Constitución y la infracción de los principios de independencia e inamovilidad, recogidos en el artículo 117 de la Constitución.

Por su parte, el Abogado del Estado se opone a la prosperabilidad del recurso y solicita la desestimación del recurso y declarar la conformidad al ordenamiento jurídico de los actos administrativos recurridos.

Cumplidas las prescripciones legales, se señaló para votación y fallo el día 11 de julio de 2000.

El objeto del recurso se centra en determinar la conformidad al ordenamiento jurídico del acto administrativo recurrido, que es el Acuerdo adoptado por el Pleno del Consejo del Poder Judicial de 29 de octubre de 1997, cuyo tenor literal es el siguiente: "Hacer efectiva la suspensión provisional en el ejercicio de sus funciones judiciales de la Juez Dª Araceli , titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de DIRECCION000 (Málaga), una vez evacuado por el Ministerio Fiscal el trámite de audiencia previsto en el artículo 384.1 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, al haberse dictado Auto en fecha 29 de septiembre de 1997 en el procedimiento abreviado 1/97, seguido contra la Juez ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por presunto delito de detención ilegal, en virtud de querella del Ministerio Fiscal por el que se acuerda la apertura de juicio oral, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 383.1 y 384.1 de la citada Ley Orgánica. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 359.1 y 360 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Juez suspensa quedará privada temporalmente del ejercicio de sus funciones, con derecho a percibir durante el período de suspensión el 75 por ciento de las retribuciones básicas y la totalidad de las retribuciones por razón familiar, a partir del día siguiente al de su cese en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de DIRECCION000

, remitiéndose a este fin por el expresado órgano una certificación del mismo a la Gerencia correspondiente, así como a este Consejo para constancia en su expediente personal".

Constan incorporados a las actuaciones los siguientes actos:

1. El Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo del Poder Judicial en su reunión de 4 de noviembre de 1997, que acusa recibo de la comunicación del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Andalucía, en la que participa que en el procedimiento abreviado 1/97 se ha acordado por Auto de 15 de octubre de 1997 la comparecencia de Dª Araceli , Juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de DIRECCION000 ante la expresada Sala, para el día 1 de diciembre de 1997, a fin de asistir en concepto de acusada a las sesiones del juicio oral.b) Consta también que con fecha 3 de noviembre de 1997, el Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía notificó en legal forma el Acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial de 29 de octubre de 1997 a Dª Araceli , haciendo efectiva la suspensión provisional en el ejercicio de sus funciones como titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de DIRECCION000 , adoptado en relación al Auto de fecha 29 de septiembre de 1997 (procedimiento abreviado nº 1/97), seguido en su contra ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 383.1 y 384.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, haciéndole saber que contra dicho Acuerdo cabía recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

En el escrito de demanda, la parte recurrente entiende, en primer lugar, que la medida de suspensión viola su derecho a la presunción de inocencia y atenta a los principios de independencia e inamovilidad judicial. La parte actora, en este punto, invoca el Auto de 7 de diciembre de 1994 de la Sección Segunda de este Tribunal, sobre suspensión automática de los actos impugnados, siempre que se preste fianza prevenida en el artículo 81 del Decreto de 20 de agosto de 1981. Alude al artículo 383.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la sentencia del Tribunal Constitucional 108/86 sobre el carácter provisional de la suspensión en base a una presunción de culpa que atenta la independencia y la inamovilidad, considerando la aplicación del artículo 359.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial contraria a los derechos contenidos en los artículos 24.2 y 117.1 de la Constitución.

El primero de los argumentos que utiliza la parte actora no resulta estimable en el presente recurso contencioso- administrativo, al referirse al criterio de la suspensión en relación con la liquidación de deudas tributarias, pues es el Pleno de esta Sala Tercera, en el Auto de 30 de septiembre de 1998, el que resuelve casos anteriores que afectan a la suspensión del acto administrativo de gestión o ejercicio tributario, en el caso de que el recurrente haya obtenido la suspensión en vía administrativa y alegue que se le producen perjuicios de la ejecución durante el desarrollo de la vía jurisdiccional, habiendo garantizado el pago de la deuda tributaria con la amplitud que señala el artículo 58 de la Ley General Tributaria y en los términos establecidos en el artículo 124 de la Ley de 27 de diciembre de 1956, se mantiene el criterio de la suspensión de la ejecución, pero referida a un acto de naturaleza fiscal que nada tiene que ver con el tema planteado, al tratarse de una reiterada y notoria doctrina del Tribunal Supremo que admite la suspensión de los actos administrativos de gestión tributaria mediante la constitución de caución, aval o fianza.

En el caso examinado, no es de aplicación la referida doctrina jurisdiccional, máxime cuando en relación con la ejecutividad de los actos administrativos, la inicial posición mantenida por la antigua Sala Quinta del Tribunal Supremo, especialmente en la sentencia de 17 de julio de 1982 y en posterior sentencia de 20 de junio de 1985 de la antigua Sala Tercera, fue modificado por la sentencia de 7 de abril de 1986 de la Sala Tercera y por el Auto del Tribunal Supremo en Pleno de 17 de octubre de 1986, partiendo del postulado que la tutela jurisdiccional plena no implicaba por sí la derogación del artículo 122 de la Ley Jurisdiccional en cuanto a las sanciones disciplinarias impuestas en una relación especial de sujeción, como es la que aquí se examina, sino que únicamente requiere que la decisión ejecutoria, antes que aquélla cobre firmeza, pueda ser examinada debidamente y en la ponderación de los intereses contrapuestos en la petición de suspensión, es decir, los del particular y los generales, según la consideración en que los tiene el propio ordenamiento, se llegue a la conclusión de que al no concurrir las circunstancias previstas en el número dos del artículo 122 de la Ley Jurisdiccional Contencioso-Administrativa, por ocasionarse daños o perjuicios de reparación imposible o difícil, debe seguirse la regla general de la ejecutoriedad del acto o disposición dictado por la Administración siendo, en todo caso, doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que lo decisivo es que la ejecutoriedad del acto se someta a la decisión de un Tribunal y éste, con la debida imparcialidad y la necesaria contradicción, resuelva sobre la suspensión.

La parte recurrente imputa al Acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial que resuelve la suspensión provisional de la recurrente, sometida a un procedimiento con apertura de juicio oral por la posible comisión de un delito de detención ilegal, la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, que es compatible con la aplicación de medidas cautelares siempre que se adopten, como sucede en la cuestión examinada, por resolución fundada en derecho, que en este caso es reglada, y se base en un juicio de razonabilidad acerca de la finalidad perseguida y teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes, sin que se aprecie que la medida adoptada fuera desproporcionada o irrazonable, pues en ese caso, no sería una medida propiamente cautelar, sino que tendría un auténtico carácter punitivo en cuanto a su exceso.

Esta doctrina ha sido reiteradamente puesta de manifiesto en la jurisprudencia constitucional, pudiéndose citar:a) La sentencia 108/84 del Tribunal Constitucional, que teniendo en cuenta los precedentes jurisprudenciales contenidos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los precedentes legales contenidos en los artículos 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 6.2 del Convenio de Roma sobre la misma materia, llega a la conclusión de que la presunción de inocencia es compatible con la aplicación de medidas cautelares, concurriendo unas resoluciones fundadas en derecho, de modo que no puede afirmarse que en la cuestión examinada se haya vulnerado, ni el derecho a la tutela judicial efectiva, ni el derecho a la presunción de inocencia, partiendo de que éste, con arreglo a la reiterada aplicación normativa de los preceptos anteriormente invocados y teniendo en cuenta la aplicación jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (sentencias de 27 de junio de 1968, casos Wemhof y Neumeister, y de 10 de noviembre de 1969, casos Stögmüller y otros) reconocen el derecho a la presunción de inocencia compatible con la adopción de medidas cautelares, entre las cuales, los Convenios y Tratados internacionales se refieren específicamente a aquéllos que afectan a la libertad personal, a los derechos a ser juzgados en un plazo razonable, a ser puestos en libertad durante el procedimiento o en cualquier otro momento en diligencias procesales y en su caso, a la ejecución del fallo.

2. Este criterio jurisprudencial se reitera por el Tribunal Constitucional, entre otras, en la sentencia constitucional 66/89, en la que se pone de manifiesto que la posición adoptada por este Tribunal, de manera reiterada, es que la presunción de inocencia es compatible con la aplicación de medidas cautelares, siempre que se adopten por resoluciones fundadas en derecho, que cuando son regladas han de basarse en un juicio de razonabilidad acerca de la finalidad perseguida, lo que realmente ha sucedido en la cuestión examinada.

El segundo motivo de la parte recurrente se fundamenta en la consideración de que el Acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial atenta a la independencia y la inamovilidad judicial, siendo así que la responsabilidad disciplinaria jurisdiccional de los Jueces y Magistrados no afecta, en principio, a su independencia, puesto que las exigencias del procedimiento no van en contra de dicha independencia y así es de destacar, respecto de este punto, que ha sido también la jurisprudencia constitucional, en sentencia nº 108/86, en especial en el fundamento jurídico sexto, donde se ha desarrollado la idea de que la independencia judicial de cada Juez o Tribunal en el ejercicio de su jurisdicción, ha de ser respetada tanto en el interior de la organización judicial como por todos, puesto que la Constitución prevé diversas garantías para asegurar esa independencia, en primer término, la inamovilidad como garantía esencial, pero también la reserva a Ley Orgánica para determinar la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales y el Estatuto Jurídico de los Jueces y Magistrados, que en este caso aparece suficientemente garantizado con la aplicación de los preceptos de los que se hace referencia en el Acuerdo impugnado: artículos 359.1 y 383 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En efecto, el primero de ellos prevé que el Juez o Magistrado declarado suspenso queda privado temporalmente del ejercicio de sus funciones y el segundo de ellos establece que la suspensión sólo tendrá lugar cuando se hubiere declarado haber lugar a proceder contra Jueces y Magistrados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones (apartado primero), encomendando el artículo 384.1 al Consejo General del Poder Judicial, la efectividad de la suspensión previa audiencia del Ministerio Fiscal, lo que ha sucedido en la cuestión examinada.

Así, consta el dictamen emitido por el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, que con fecha 14 de octubre de 1997, entiende que son de pertinente aplicación los artículos 383.1 y 384.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo que procede que fuera el Consejo del Poder Judicial quien hiciera efectiva la suspensión de la Juez querellada, adoptando las medidas que considerase pertinentes para atender al servicio, que quedaría sin cubrir como consecuencia de la suspensión, teniendo en cuenta que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, como Sala de lo Penal, continuaba las diligencias previas 4/97, en virtud de querella de la Fiscalía contra la Juez titular y que aquellas actuaciones se transformaron en el procedimiento abreviado 1/97, de las que el Ministerio Fiscal solicitó la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación contra la querellada y calificando los hechos como constitutivos de un delito del artículo 530 del Código Penal, interesando la pena de cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. También por Auto de 29 de septiembre de 1997, el Magistrado instructor acordó la apertura de juicio oral y que se pusiera en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial.

La independencia judicial tiene como contrapeso la responsabilidad y el estricto sometimiento de los Jueces y Tribunales en su función jurisdiccional a las garantías expresamente atribuidas en la Ley, especialmente en defensa de cualquier derecho (artículo 117.4 de la Constitución), disposición que garantiza, en suma, la separación de poderes, pero además, no se advierte que en lacuestión examinada se haya producido atentado no ya a la independencia, sino a la inamovilidad judicial, que se inserta también como una garantía esencial de la función judicial, en el sentido de que los Jueces no pueden ser trasladados, suspendidos, sancionados o jubilados sino en virtud de una causa legal, que en la cuestión examinada está suficientemente desarrollada, puesto que la exigencia del procedimiento, como recuerda la sentencia constitucional nº 110/90 no va en contra del principio de independencia del Poder Judicial, cuando éstos actúan por razón de las competencias que les son atribuidas, pudiendo incurrir en actuaciones constitutivas de delito, como sucede en la cuestión examinada.

A mayor abundamiento, es de tener en cuenta sobre esta materia, el reiterado criterio jurisprudencial puesto de manifiesto por esta Sala, siendo exponente fundamental de la misma, el ya manifestado por la precedente sentencia de 20 de diciembre de 1996, que recuerda el Abogado del Estado y que determina el carácter de aplicación reglada e inexorable de la medida de suspensión en el caso aquí contemplado, al señalar esta sentencia que las alegaciones del recurrente son insuficientes a los fines que aquel pretende, pues, en contra de lo que afirma, la adopción de la medida de suspensión cuya efectividad se cuestiona viene impuesta, no como una mera posibilidad o facultad que se concede al Consejo en los casos en que se hubiera declarado haber lugar a proceder contra los Jueces o Magistrados por un delito cometido en el ejercicio de sus funciones, sino como una consecuencia reglada e inexorable, dados los términos imperativos, tanto del párrafo último del art. 775 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como del inciso inicial del art. 383 de la L.O.P.J.. Y porque respecto de la presunción de inocencia, no cabe decir que haya sido desconocida por el Acto del Consejo general, por cuento que, como se ha dicho, la medida cautelar que se cuestiona aparece adoptada como una consecuencia administrativa derivada de la aplicación reglada e inexorable, de unas normas imperativas que la imponen -arts. 775 Ley Enjuiciamiento Criminal y 383.1º de la L.O.P.J.- cuando se da el supuesto de hecho que discuten -admisión de la querella por delito cometido por un Juez en el ejercicio de sus funciones-.

También subraya la invocada sentencia que el reproche de inconstitucionalidad que hace la actora, fundado en el art. 24 de la Constitución, hay que entenderlo referido a esas normas legales que determinan la suspensión, pero sin que a este Tribunal se planteen dudas sobre su constitucionalidad, lo que, como es sabido, suscitaría la necesidad del planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad -art. 163 de la Constitución y art. 35, de la Ley O. del Tribunal Constitucional-, y, respecto de la racionalidad y proporcionalidad exigida por la doctrina del Tribunal Constitucional que cita la Abogacía del Estado en relación a las medidas cautelares en proceso penal o procedimiento sancionador -sentencia T.C. del 26 de Noviembre de 1984-, porque la suspensión durante la causa penal seguida contra un Juez, por delito cometido en el ejercicio de sus funciones, aparece como adecuada para preservar los derechos de los justiciales y el prestigio general de la Administración de Justicia, que quedará a salvo apartando provisionalmente del ejercicio de su función jurisdiccional, al Juez que con su conducta, procesalmente comprobada, ha dado lugar a la existencia de al menos indicios suficientes para que le fuera imputado un delito relacionado en su función judicial.

Así, se concluye estimando por esta Sala que no se trata, en definitiva, de una sanción anticipada, sino de una medida cautelar, que tiene su propia razón de ser, en concordancia con la Constitución y que se adopta, tras un procedimiento en que se garantizan los derechos constitucionales del Juez afectado.

Los razonamientos precedentes conducen a la desestimación del recurso contencioso-administrativo, sin hacer expresa imposición de costas.