STS 1017/2005, 12 de Septiembre de 2005

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, en sentencia de once de mayo de dos mil cuatro, condenó a los acusados Rafael y Esperanza , como autor y cómplice, respectivamente, de un delito contra la salud pública, por tráfico ilícito de drogas susceptibles de causar grave daño a la salud, por habérseles intervenido 49,65 gramos de cocaína, con una pureza del 45 %, y 5.401,58 gramos de hachís, y tres balanzas, con restos de cocaína.

La representación de los acusados ha interpuesto recurso de casación contra la anterior sentencia, articulándolo en dos motivos distintos.

1. El motivo primero, por el cauce procesal del art. 851-1, 2, 3 y 4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , denuncia: 1. Que en la sentencia no se expresan clara y terminantemente cuáles son los hechos que se declaran probados y los que no lo están. 2. Que la sentencia no expresa con claridad si el arresto sustitutorio, en caso de impago de la multa, se impone a ambos acusados o sólo a la condenada. 3. Que la sentencia no expresa si la condenada ha sido condenada, o no, a la privación del derecho de sufragio pasivo. 4. Que la sentencia no especifica la disposición legal en virtud de la que se condena a la mujer en concepto de cómplice. 5. Que se han impuesto multas distintas a los acusados sin razonamiento alguno. Y, 6. Que se ha condenado a los acusados al pago de las costas, cuando en ellos concurren niveles de responsabilidad diferentes.

2. El motivo carece de todo fundamento y debe ser desestimado, por las siguientes razones: 1. Porque el relato fáctico de la sentencia es perfectamente comprensible para cualquier persona de cultura media, y, por otra parte, los recurrentes no han precisado -como es obligado, según la jurisprudenciacuáles son los términos, las frases o las expresiones del factum que, por su oscuridad, ambigüedad o dudoso significado, impidan -en su opinión- conocer qué fue lo realmente ocurrido y, en consecuencia, hagan imposible su adecuada calificación jurídica. 2. Porque, al imponerse a los acusados penas privativas de libertad diferentes, el arresto sustitutorio por impago de la multa impuesta sólo puede afectar a la acusada, por cuanto el acusado fue el único condenado a pena de prisión superior a cuatro años (v. art. 53.4 C.P ., según la redacción vigente hasta el 30 de septiembre de 2004). 3. Porque la falta de toda referencia en el fallo de la sentencia recurrida a la pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, respecto de la acusada, como dijo el Ministerio Fiscal, al evacuar el trámite de instrucción, trae causa de que no fue pedida por la acusación. 4. Porque, por su notoriedad y consiguiente obviedad, la falta de cita del precepto penal que define la complicidad debe considerarse irrelevante. 5. Porque las diferentes penas de multa impuestas a los acusados son simple consecuencia de la distinta participación de los mismos en los hechos de autos. Y, 6. Porque, al haberse cometido un único delito, del que son responsables los dos acusados, la decisión del Tribunal de instancia debe estimarse ajustada a Derecho.

Por las razones expuestas, el motivo debe ser desestimado.

1. El segundo motivo, al amparo del art. 852 de la LECrim . en relación con el art. 5.4 de la LOPJ , denuncia infracción de precepto constitucional ("una serie de violaciones en cadena"), por haberse impuesto a los acusados penas superiores a las interesadas por la acusación, pese a la conformidad mostrada por la defensa con la calificación definitiva del Ministerio Fiscal, lo que les ha causado la consiguiente indefensión, por lo que ahora se ven abocados a atacar el proceso en su propia esencia.

Desde la perspectiva indicada, la parte recurrente denuncia la vulneración del derecho de presunción de inocencia ( art. 24.2 C.E .), así como del derecho de defensa y a un proceso con todas las garantías y del principio acusatorio, "dado el hecho de que la acusación pactó con la defensa, tras la celebración de la fase probatoria en juicio y tras verse impedido el Fiscal de llevar a cabo una acusación en toda regla ..", habiéndose centrado el pacto Fiscal-defensa "en este caso en particular en el alcance de las penas"; sin que la Sala de instancia hiciera uso de la facultad excepcional del art. 733 de la LECrim. En último término, la parte recurrente denuncia también "falta de motivación de la resolución judicial del art. 120.3 C.E ., que se entronca en el derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales, prevista constitucionalmente en el art. 24.1 de la C.E .".

2. El examen de las actuaciones pone de manifiesto que el Ministerio Fiscal, en sus conclusiones provisionales, inculpó a los acusados por un delito contra la salud pública de los artículos 368 y 369.2º delCódigo Penal , solicitando se les impusiera a cada uno de ellos la pena de prisión de once años y multa de cincuenta mil euros", en tanto que la defensa de los acusados solicitó su libre absolución; y, llegado el juicio oral, tras la práctica de las pruebas solicitadas por las partes y admitidas por el Tribunal, en el trámite de calificación definitiva, el Ministerio Fiscal modificó sus conclusiones provisionales para imputar a los acusados la comisión de un delito contra la salud pública del art. 368 del Código Penal , en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, solicitando se impusiera al acusado, en concepto de autor de tal delito, las penas de tres años de prisión, accesorias, y multa de 30.000 euros, con arresto sustitutorio caso de impago, y a la acusada, como cómplice del mismo delito, las penas de dos años de prisión y multa de 20.000 euros, y dos meses de arresto. Tras de lo cual, la defensa se adhirió a la calificación definitiva del Ministerio Fiscal.

   Es evidente, pues, que la defensa de los acusados se ha conformado con la acusación formulada contra ellos por el Ministerio Fiscal, por lo que hemos de estimar que nos encontramos en un supuesto de conformidad de las partes, y buena prueba de ello es que el Tribunal de instancia omite en su sentencia toda motivación sobre la prueba de los hechos que declara probados y, también, toda fundamentación sobre la calificación jurídica de los mismos, y sobre participación de los acusados y concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad, afirmando a este respecto que "la admisión, por parte de la defensa, de la calificación jurídica que la acusación pública realizada en el trámite del juicio oral (...) releva a este Tribunal de toda consideración jurídica .." (v. FJ 1º), limitándose, en definitiva, a tratar de fundamentar su decisión de imponer a los acusados unas penas superiores a las solicitadas por el Ministerio Fiscal.

3. En materia de sentencias dictadas por conformidad de las partes (v. arts. 655, 694, 784.3, 787.1, 8º1.2 y concordantes de la LECrim .), la jurisprudencia consolidada de esta Sala sostiene que la conformidad de las partes es vinculante tanto para el acusado como para las partes acusadoras, que han de pasar tanto por la índole de la infracción como por la clase y extensión de la pena mutuamente aceptada; vinculación que también alcanza al Juez o Tribunal, que no podrá imponer al condenado pena superior a la pedida por la acusación (v. SSTS de 20 de junio de 1966, 19 de noviembre de 1974, 29 de enero de 1977, 30 de septiembre de 1993 y 17 de noviembre de 2000 y las citadas en ellas), por estimar que la imposición de pena mayor que la solicitada, aparte de la infracción del artículo 655, párrafo segundo, de la LECrim ., vulnera los valores superiores encarnados en el principio acusatorio y en el derecho de defensa.

4. La aplicación de la anterior doctrina al presente caso conduce llanamente a la estimación de este motivo, sin necesidad de mayor argumentación.

   III.

   FALLO

   Que debemos declarar y declaramos HABER LUGAR, por el motivo SEGUNDO, con desestimación del primero, al recurso de casación por quebrantamiento de forma e infracción de ley interpuesto por Rafael y Esperanza , contra sentencia de fecha once de mayo de 2.004, dictada por la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Cuarta , en causa seguida a los mismos por delito de tráfico de drogas; y en su virtud, casamos y anulamos dicha sentencia con declaración de las costas de oficio. Comuníquese esta resolución y la que seguidamente se dicte a la mencionada Audiencia a los efectos legales oportunos, con devolución de la causa.

   Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos Carlos Granados Pérez Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre Luis-Román Puerta Luis

   SEGUNDA SENTENCIA

   En la Villa de Madrid, a doce de Septiembre de dos mil cinco.

   En la causa incoada por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Sueca, y seguida ante la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Cuarta, con el nº 2 de 2.000, por delito de tráfico de drogas contra Rafael , con DNI nº NUM006 , hijo de Antonio y María, nacido en Cullera (Valencia) el 3 de julio de 1.962, y vecino de Cullera, domiciliado en c/ DIRECCION001 NUM005 , con instrucción, sin antecedentes penales, insolvente; y contra Esperanza , con D.N.I. nº NUM007 , hija de Juan y Ascensión, nacida en Cullera el 11 de diciembre de 1.969, vecina de Cullera, con domicilio en c/ DIRECCION001 NUM005 , y en cuya causa se dictó sentencia con fecha once de mayo de 2.004 , que hasido casada y anulada porla pronunciada por esta Sala Segunda el Tribunal supremo en el día de la fecha, bajo la Presidencia del primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Luis-Román Puerta Luis, hace constar lo siguiente:I. ANTECEDENTES

   ÚNICO.- Se aceptan y dan por reproducidos los hechos declarados probados en la sentencia de instancia.