STS, 26 de Mayo de 2014

JurisdicciónEspaña
PonenteOCTAVIO JUAN HERRERO PINA
Fecha26 Mayo 2014

S E N T E N C I A

TRIBUNAL SUPREMO.

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN: SEXTA

Excmos. Sres.:

Presidente:

D. Octavio Juan Herrero Pina

Magistrados:

Dña.Margarita Robles Fernández

D. Juan Carlos Trillo Alonso

D. José María del Riego Valledor

D. Wenceslao Olea Godoy

D. Diego Córdoba Castroverde

Dña. Inés Huerta Garicano

__________________________________________________________

En la Villa de Madrid, a veintiséis de mayo de dos mil catorce.

Vistos por esta Sección Sexta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo los recursos de casación que bajo el número 5157/2011, se interponen por el Letrado de la Comunidad de Madrid y por la Procuradora de los Tribunales Dª. María Isabel Herrada Martín, en nombre y representación del Consorcio Urbanístico Los Molinos-Buenavista de Getafe, contra la sentencia de 12 de julio de 2011, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso- administrativo número 1422/2007 , en el que se impugna la resolución del Jurado Territorial de Expropiación Forzosa de Madrid de 9 de octubre de 2007, dictada en el expediente número CP 747 1A 06/PV00890.0/2007, correspondiente a la finca número 155 (50%) de la expropiación relativa al Proyecto de Delimitación y Expropiación del ámbito correspondiente al Sector S.U.S. P.P. 03 "Buenavista" de Getafe, en dicho término municipal. Intervienen como partes recurridas ambas recurrentes, recíprocamente, y el Procurador de los Tribunales D. Javier Zabala Falco, en nombre y representación de Getafe Cuna de la Aviación Española, Sociedad Cooperativa Madrileña.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 12 de julio de 2.011 , objeto de este recurso, contiene el siguiente fallo:

"Que ESTIMAMOS PARCIALMENTE el recurso contencioso-administrativo interpuesto por GETAFE CUNA DE LA AVIACIÓN ESPAÑOLA, SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA, representada por el Procurador D. Javier Zabala Falco, contra la resolución dictada el 9 de octubre de 2007 del Jurado Territorial de Expropiación de la Comunidad de Madrid, recaída en el expediente nº CP 747- 06/PV00890.0/2007, correspondiente a la finca 155 (50%) del proyecto de expropiación "DELIMITACIÓN Y EXPROPIACIÓN DEL ÁMBITO CORRESPONDIENTE AL SECTOR S.U.S. P.P. 03 "BUENAVISTA" EN GETAFE (MADRID), la cual anulamos y fijamos el justiprecio de los bienes y derechos expropiados en la suma de 892.745,29 euros, más los intereses legales correspondientes".

SEGUNDO

Notificada dicha sentencia se presentaron escritos por Letrado de la Comunidad de Madrid, por la representación procesal del Consorcio Urbanístico Los Molinos-Buenavista de Getafe, y por la representación procesal de Getafe Cuna de la Aviación Española, Sociedad Cooperativa Madrileña, manifestando su intención de preparar recurso de casación, que se tuvieron por preparados por resolución de 27 de septiembre de 2011, emplazando a las partes ante esta Sala del Tribunal Supremo.

TERCERO

El Letrado de la Comunidad de Madrid presentó escrito de interposición del recurso, en el que se hacen valer dos motivos, al amparo de la letra d) del artículo 88.1 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción , solicitando la revocación de la sentencia recurrida; y, por su parte, la representación procesal del Consorcio Urbanístico Los Molinos-Buenavista de Getafe, formula en su escrito de interposición tres motivos de casación, el primero al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley procesal y los otros dos de la letra d) de dicho precepto, solicitando que se revoque la sentencia recurrida y se confirmen las actuaciones administrativas impugnadas.

Por Auto de fecha 27 de enero de 2012 se declara desierto el recurso de casación preparado por la representación procesal de Getafe Cuna de la Aviación Española, Sociedad Cooperativa Madrileña.

CUARTO

Admitidos a trámite los recursos, se dio traslado a las partes recurrentes entre sí y a la recurrida para que formalizaran escrito de oposición, oponiéndose la representación de los expropiados, que solicita la desestimación de los recursos interpuestos. La Comunidad de Madrid presenta escrito en el que manifiesta adherirse al recurso interpuesto por el Consorcio Urbanístico Los Molinos-Buenavista de Getafe. Por su parte, la representación de la sociedad cooperativa expropiada presenta escrito en el que solicita se declare no haber lugar a los recursos interpuestos.

QUINTO

Conclusas las actuaciones quedaron pendientes de señalamiento para votación y fallo, a cuyo efecto se señaló el día 21 de mayo de 2014, fecha en que tal diligencia ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Octavio Juan Herrero Pina, Magistrado de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Con fecha 9 de octubre de 2007, el Jurado Territorial de Expropiación Forzosa de Madrid procedió a fijar el justiprecio de la finca número 155 (50%) del Proyecto de Delimitación y Expropiación del ámbito correspondiente al Sector S.U.S. P.P. 03 "Buenavista" de Getafe, correspondiente a suelo clasificado en el PGOU como suelo urbanizable incluido en ámbitos delimitados y con condiciones de desarrollo, aplicando el método residual dinámico, al considerar que no son de aplicación las ponencias catastrales, determinando de esta manera el valor unitario para el suelo de 107,73 €/m2.

No conforme con ello el expropiado formuló recurso contencioso administrativo, solicitando en la demanda la fijación de un justiprecio superior a razón de 340,60 €/m2, cuestionando al efecto el valor de mercado del producto inmobiliario acogido por el Jurado y defendiendo unos valores superiores que le llevan, en aplicación del mismo método residual, a la valoración que solicita.

La sentencia de instancia comienza por referirse a la aprobación del planeamiento urbanístico de Getafe y la constitución (entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Getafe) del Consorcio Urbanístico "Los Molinos-Buenavista", para la ejecución urbanística por el sistema de expropiación de los Sectores 02 "Los Molinos" y 03 "Buenavista", señalando las determinaciones del planteamiento respecto de los usos y aprovechamiento y la tramitación del procedimiento expropiatorio por el sistema de tasación conjunta, recogiendo el contenido del acuerdo del Jurado.

Señala la Sala de instancia que, estando conformes las partes sobre la no aplicación de las ponencias catastrales por modificación de las condiciones urbanísticas, debe aplicarse el método residual dinámico, de conformidad con el artículo 27 de la Ley 6/98 , analizando seguidamente el alcance de este método de valoración, con referencia a la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, indicando los requisitos que de acuerdo con el artículo 35 de la misma deben concurrir para la utilización de este método de valoración, que pueden sintetizarse en la disponibilidad de datos ciertos sobre los valores que han de tomarse en consideración.

Entiende la Sala, analizando la prueba existente, que no concurren en el supuesto de autos los elementos esenciales para la aplicación del método residual. Ante el cuestionamiento por la parte expropiada del valor en venta del producto inmobiliario acogido por el Jurado, la Sala examina tal actuación y entiende que el Jurado no tuvo en cuenta la edificabilidad y concreta tipología constructiva del Plan Parcial, vigente al momento de la valoración en 2006, sino una anterior correspondiente a 2004, razonando sobre la incidencia que ello tiene en el resultado de la promoción y su justiprecio. Refiere que los valores en venta de VPP establecidos por el Jurado no tienen en cuenta el factor 0,80 en cuanto metro cuadrado útil. Añade que no se justifica la fuente de los valores en venta de vivienda libre que utiliza el Jurado, que no son válidos al efecto los que puedan provenir de bases imponibles del ITP y AJD de la Comunidad de Madrid, y concluye en modo alguno se acredita que respondan a concretas valoraciones de fincas próximas, siendo que el método de valoración exige partir de valores reales, cercanos en el tiempo y similares al terreno expropiado. Y concluye sobre la falta de justificación de las fuentes de los datos de valoración aplicados por el Jurado.

La Sala de instancia entiende que, no obstante, la aceptación de este motivo de impugnación no conduce a la aceptación de los valores considerados por la recurrente, rechazando las conclusiones del informe en que se apoya la misma.

Como resultado de todo ello y ante la falta de determinación de uno de los elementos esenciales para la aplicación del método residual dinámico, la Sala razona que debe acudirse a la aplicación del que denomina método objetivo, basado en los precios de venta de viviendas de protección oficial, de acuerdo con el criterio jurisprudencial, en cuanto resulta más idóneo cuando no existe certeza suficiente de una realidad comercial de transacciones que conduzca a la aplicación del método residual.

Termina la Sala fijando el justiprecio en aplicación del indicado método objetivo, con el resultado antes indicado.

SEGUNDO

El recurso de casación interpuesto por la representación de la Comunidad de Madrid se funda en dos motivos:

El primero, formulado al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción , se refiere a la infracción del artículo 27.1 de la Ley 6/98 , tras la modificación operada por la Ley 10/2003, que dispone la aplicación del método residual dinámico para la valoración del suelo urbanizable, y que a su vez exige la deducción de los gastos del artículo 30 , lo que no se ha observado en este caso al aplicar por la sentencia el método objetivo.

En el segundo motivo, también al amparo del artículo 88.1.d), se denuncia la infracción de la jurisprudencia que establece la presunción de acierto y veracidad de los acuerdos de valoración del Jurado de Expropiación Forzosa, por cuanto la sentencia cuestiona el informe pericial aportado de contrario y resta todo valor a la prueba practicada en el proceso, por lo que debe prevalecer la presunción de acierto del Jurado.

Por su parte, la representación procesal del Consorcio Urbanístico "Los Molinos-Buenavista" invoca en su escrito de interposición del recurso los siguientes motivos de casación:

En el primero, formulado al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley de la Jurisdicción , se alega motivación defectuosa ( artículos 67.1 LJCA y 218 LEC ), porque la sentencia reconoce que la valoración de los bienes y derechos sujetos expropiación se ha de realizar conforme a los preceptos de LRSV y Orden ECO/805/2003 que cita y, contradictoriamente, después aplica el "método de valoración objetivo", infringiendo los artículos 23 , 27 y 30 de la referida Ley 6/98 .

En el segundo motivo, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley procesal , se denuncia la infracción del artículo 61.5 de la misma y 24 de la Constitución , al fundarse la sentencia, para determinar el justiprecio, en la aplicación de unos criterios y procedimientos ajenos a las partes y no como requiere el citado apartado 5, que reproduce. Se añade que la sentencia lleva a cabo una elaboración técnica y justificativa para la obtención de un justiprecio, con aplicación de normativa estatal (RD 3148/78) ajena a los preceptos de aplicación legal que no son otros que el artículo 23 y siguientes de la Ley 6/98 y la Orden ECO/805/2003.

El tercer motivo, también al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley jurisdiccional , se refiere a la vulneración de la jurisprudencia que establece la presunción de acierto de las resoluciones del Jurado, con examen de la jurisprudencia, concluyendo que en este procedimiento dicha presunción no se ha destruido con prueba alguna.

TERCERO

Entrando en el examen del primer motivo de casación invocado por la Comunidad de Madrid, se denuncia en él la improcedente aplicación del denominado en la sentencia método objetivo de valoración, pues entiende la recurrente que en el presente caso procede la aplicación del método residual dinámico, que es precisamente el aplicado por el Jurado.

Pues bien, en los términos que se plantea el motivo no puede prosperar por las siguientes razones:

La Sala de instancia cuestiona los términos en que se aplicó el método residual dinámico en el acto impugnado y, más en concreto, los valores tomados en consideración, que la Sala valora, de acuerdo con los elementos de prueba de que ha dispuesto en el proceso, como carentes de la certeza necesaria para la aplicación de dicho método. Es decir, que la Sala de instancia no ignoró el método valorativo cuya aplicación impone el artículo 27 de la Ley 6/98 . Efectivamente, en la sentencia recurrida se indica que resulta de aplicación el método residual dinámico, pero razona que para ello es preciso que concurran los requisitos que se establecen en la Orden ECO/805/2003, llegando la Sala a quo a la conclusión de que uno de tales presupuestos no concurre, lo que impide su recta aplicación.

Por otra parte, y como se deduce de lo ya expuesto, lo que hace la Sala de instancia es, constatada la improcedencia de aplicación del método residual dinámico, aplicar correctamente un método que, en realidad, es variante del residual y que, como en la misma sentencia recurrida se dice, ya ha sido seguido en reiteradas ocasiones por esta Sala, para supuestos de análoga naturaleza. Y es que la Jurisprudencia ha establecido un método inspirado en el Real Decreto 3148/1978, de 10 de diciembre, de acuerdo con las Órdenes ministeriales correspondientes que establecen para cada año y para cada área geográfica, los precios para Viviendas de Protección Oficial, al que acude cuando en aplicación del método residual, la situación existente no permite atender a valores en venta ciertos y correspondientes a la zona o área. Así se indica en sentencias como la de 20 de junio 2006 , cuando señala que para operar sobre precios de mercado "es imprescindible que los mismos sean obtenidos de fuentes ciertas y seguras que resulten debidamente contrastadas, pues de no ser así es preferible, como dice la sentencia de 23 de mayo de 2000 , aplicar un porcentaje sobre el valor de la edificación con arreglo al precio de venta de las viviendas de protección oficial, pues el primer método se aproxima con más rigor a las circunstancias reales del suelo, ya que en el suelo urbano el valor por metro cuadrado edificable puede ser perfectamente conocido y no ser fruto de meras especulaciones, mientras que el segundo apela al carácter objetivo del valor fijado administrativamente para las viviendas de protección oficial ". Como señala la sentencia de 26 de octubre de 2005 , "la aplicación del método residual fundado en valores de mercado ha de apoyarse en la acreditación de la certeza y seguridad de los mismos, de manera que lleve al convencimiento de la Sala sobre su realidad y que su aplicación conduzca a un resultado adecuado para reponer el sacrificio patrimonial que la expropiación supone en los términos legalmente establecidos y no a resultados desproporcionados, de ahí que se ponga en relación con los supuestos en que la consolidación urbana y el consiguiente desarrollo del mercado permitan una apreciación cierta y segura de los valores por los que aquel discurre".

Por lo demás, las escuetas alegaciones sobre la infracción del artículo 27 de la Ley 6/98 en relación con el artículo 30 de la misma, por entender aplicable el método residual dinámico y las deducciones a que se refiere el citado artículo 30, carecen de virtualidad si no se atacan convenientemente las razones expuestas por la Sala de instancia para descartar la aplicación de dicho método de valoración, que además en este caso se fundan en apreciaciones fácticas de las que necesariamente ha de partirse mientras no se desvirtúen haciendo valer un motivo de casación que cuestione la valoración de la prueba, por alguno de los cauces que la jurisprudencia establece, lo que en este caso no se plantea.

Ello conduce a la desestimación de este motivo de casación.

CUARTO

Tampoco puede prosperar el segundo motivo de casación que se hace valer por la Comunidad de Madrid, en el que se alega la vulneración de la jurisprudencia sobre la presunción de acierto de los acuerdos de valoración de los Jurados de Expropiación, pues esa misma jurisprudencia tiene establecido igualmente, que siendo tal presunción de naturaleza iuris tantum , puede y debe ser revisada en vía jurisdiccional y quiebra cuando en la adopción de sus acuerdos el Jurado incurre en errores notorios o en una desajustada apreciación de los datos fácticos probatorios o infracción de preceptos legales ( Sentencias de esta Sala y Sección de 27 de febrero y 25 de septiembre de 1999 , 22 de enero y 8 de abril de 2000 , 7 de abril , 21 de julio y 22 de septiembre de 2002 ), apreciación que efectúa la Sala de instancia mediante la valoración de los elementos de prueba de los que ha dispuesto, razonando ampliamente su conclusión acerca de la falta de justificación por el Jurado del dato esencial para aplicar adecuadamente y con garantías de acierto el método residual dinámico, sin que el hecho de que la misma valoración de la prueba lleve a considerar igualmente faltos de la necesaria certeza los valores defendidos por la parte allí recurrente, impida apreciar la desvirtuación de la presunción de acierto efectuada por la Sala.

En consecuencia también este segundo motivo debe ser desestimado y por las mismas razones el motivo tercero invocado por el Consorcio Urbanístico "Los Molinos-Buenavista", cuya fundamentación se limita, tras invocar jurisprudencia, a afirmar que en este caso no se ha destruido la presunción de acierto por la prueba desarrollada en juicio, sin ninguna justificación o explicación de tal afirmación.

QUINTO

En lo que atañe al motivo primero del recurso interpuesto por el Consorcio Urbanístico "Los Molinos-Buenavista", en el que se denuncia la falta de motivación de la sentencia en relación con la que, a su juicio, es improcedente aplicación del método de valoración objetivo frente al que debió aplicarse en este caso, que no es otro que el método residual dinámico, tal alegación carece de todo fundamento, como resulta de la simple síntesis del contenido de la sentencia que se ha recogido antes y que se desarrolla ampliamente en la misma, examinando la determinación legal del método de valoración aplicable (método residual dinámico), el contenido y alcance del mismo, los requisitos que deben concurrir para su recta aplicación, la falta de concurrencia de alguno de ellos que impide su adecuada aplicación y la solución dada por la jurisprudencia en tales casos aplicando el que la Sala de instancia denomina método objetivo, haciendo aplicación del mismo en los términos que resultan de la propia sentencia, valoración concreta cuya corrección, por cierto, no se cuestiona en ninguno de los motivos de casación que se hacen valer contra la sentencia recurrida.

Y en cuanto a la pretendida infracción del artículo 27 de la Ley del Suelo que también se alega en este motivo, reseñar que en la medida en que se viene a reprochar la vulneración de un precepto sustantivo, se trataría de un reproche que debería acogerse al error in iudicando y no al error in procedendo en que se acoge dicho motivo. En todo caso, nos remitimos a lo que expresado en el fundamento de derecho tercero respecto de idéntica infracción alegada por la Comunidad de Madrid.

SEXTO

Y por lo que respecta al motivo segundo, en el que se invoca la infracción de los artículos 61.5 de la Ley de la Jurisdicción y 24 de la Constitución , baste la remisión a lo ya expuesto sobre los términos en que se planteó el debate procesal en la instancia, el examen del mismo por el Tribunal a quo y las amplias razones dadas para justificar la no aplicación al caso del método residual dinámico en su formulación legal sino en la modalidad de creación jurisprudencial fundada en valores de VPO, para concluir que no se vulneran los artículos 23 y 27 que se invocan sino que son objeto de una aplicación conforme con la jurisprudencia que los ha interpretado en relación con supuestos como el presente en los que faltan los datos ciertos y fiables que permitan una aplicación con garantías de dicho método residual, además de que el Consorcio recurrente y como ya hemos indicado antes, en ningún momento ha cuestionado en casación, a través de un motivo adecuado, las apreciaciones fácticas que han conducido a la Sala de instancia a la determinación del método de valoración aplicable al caso y tampoco los datos tomados en consideración para la fijación del justiprecio finalmente establecido, sin que a tal efecto tenga virtualidad alguna la referencia a la consideración de elementos ajenos al proceso que se hace en este motivo, que no se precisa cuales sean, con cita del artículo 61.5 de la Ley procesal , relativo a la extensión de efectos de pruebas periciales, que la parte ni siquiera identifica y siendo que la Sala de instancia efectúa sus valoraciones sustancialmente con apoyo en el propio acuerdo del Jurado objeto de recurso y los informes del expediente y el proceso.

Por todo ello también este motivo de casación debe ser desestimado.

SÉPTIMO

La desestimación de ambos recursos determina la imposición legal de las costas a las partes recurrentes, si bien, la Sala, haciendo uso de la facultad que otorga el artículo 139.3 LRJCA y teniendo en cuenta la entidad del proceso y la actividad desarrollada, señala en 2.500 euros la cifra máxima, por todos los conceptos, a reclamar por la parte recurrida que formuló oposición, de cada una de las partes recurrentes.

F A L L A M O S

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar a los recursos de casación interpuestos por el Letrado de la Comunidad de Madrid y por la Procuradora de los Tribunales Dª. María Isabel Herrada Martín, en nombre y representación del Consorcio Urbanístico Los Molinos-Buenavista de Getafe, contra la sentencia de 12 de julio de 2011, dictada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo número 1422/2007 ; que queda firme; con imposición de las costas del presente recurso a las partes recurrentes, en los términos fijados en el último fundamento de derecho.

Así, por esta sentencia, que es firme y se insertará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D. Octavio Juan Herrero Pina , estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que, como Secretaria, certifico.

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