STS, 10 de Marzo de 2014

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de 15 de marzo de 2011 , con los siguientes pronunciamientos en su parte dispositiva:

"Que ESTIMAMOS PARCIALMENTE el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Dª Manuela y la mercantil Monesterio Desarrollo, S.L., representados, respectivamente, por los Procuradores D. Gonzalo Ruiz de Velasco Martínez de Ercilla y D. Ramón Rodríguez Nogueira, contra la desestimación del recurso de reposición presentado contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid adoptado en sesión de 3 de marzo de 2005, por el que se declaraba la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por el Proyecto de Mejora de la tubería de aducción a "Monte Encinar", el cual anulamos por no ser conforme a Derecho, con el alcance y los efectos jurídicos previstos en el punto sexto de la fundamentación jurídica de la presente. Sin Costas."

Notificada la sentencia, se presentaron escritos por la representación procesal de Dª Manuela y por el Letrado de la Comunidad de Madrid, ante la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, manifestando su intención de interponer recurso de casación y la Secretaria Judicial, en diligencia de ordenación de 17 de mayo de 2011, tuvo por preparados los recursos, con emplazamiento de las partes ante esta Sala del Tribunal Supremo.

Con fecha 5 de julio de 2011 la representación de Dª Manuela presentó escrito de interposición del recurso de casación, en el que expuso los motivos en que se fundamentaba, y solicitó a esta Sala que, previos los trámites procesales procedentes, dicte sentencia que estime los motivos del recurso, case y anule la sentencia recurrida, estime el recurso contencioso administrativo y dicte sentencia de conformidad plena con el suplico de la demanda deducida por la parte, anule el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, de 2 de agosto de 2005, desestimatorio del recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de marzo de 2005, por el que se declara la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por el Proyecto de Mejora de la tubería de aducción a "Monte Encinar" en el término de El Escorial, y por tanto, acuerde la nulidad del referido acuerdo por el que se declara de urgente ocupación los bienes y derechos afectados por el citado Proyecto de Mejora, decretándose la nulidad del expediente expropiatorio y declarando el derecho de la parte a no ser expropiada, excluyéndose la finca de su titularidad de la relación de bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa.

El 15 de julio de 2011 el Letrado de la Comunidad de Madrid presentó su escrito de interposición del recurso de casación, en el que efectuó las alegaciones que estimó convenientes a su derecho, y solicitó a la Sala que tenga por interpuesto el recurso de casación frente a la sentencia de la Sección Segunda del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 15 de marzo de 2011 , dictando sentencia revocatoria de la misma y confirmatoria por tanto de la resolución administrativa recurrida.

Admitido a trámite el recurso, se dio traslado a las partes recurridas para que formalizara su oposición, lo que verificó la representación de Dª Manuela , en escrito de 29 de noviembre de 2011, en el que solicitó a esta Sala que dicte sentencia de desestimación del recurso formulado por el Letrado de la Comunidad de Madrid, declarando no haber lugar al mismo, y la estimación del recurso interpuesto por dicha parte, y el Letrado de la Comunidad de Madrid, en escrito de 30 de noviembre de 2011, en el que solicitó a la Sala que en su día dicte sentencia desestimando el recurso interpuesto de contrario.

Por diligencia de ordenación de 12 de diciembre de 2011 se tuvieron por presentados los citados escritos de oposición al recurso y se declaró caducado el trámite de oposición concedido a la representación de Monesterio Desarrollos S.L.

Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo el día 4 de marzo de 2014, fecha en que tal diligencia ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Jose Maria del Riego Valledor, Magistrado de la Sala.

Se interpone recurso de casación contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 15 de marzo de 2011 , que estimó en parte el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación de Dª Manuela , también ahora parte recurrente, contra la desestimación del recurso de reposición contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de 3 de marzo de 2005, que declaró la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por el Proyecto de Mejora de la tubería de aducción a "Monte Encinar", que anuló por no ser conforme a derecho, con el alcance y los efectos jurídicos previstos en el punto sexto de la fundamentación jurídica.

El Fundamento de Derecho Sexto de la sentencia, al que se remite el fallo, acogió el motivo de nulidad de la declaración de urgencia invocado por la parte recurrente, al no concurrir los presupuestos exigidos por el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa , con el siguiente alcance y efectos:

En consecuencia, en este punto, debe de acogerse la nulidad postulada por el actor. Ahora bien, a la hora de determinar la eficacia jurídica de la nulidad de la declaración de urgencia, debemos traer a colación la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de enero de 2007 , según la cual, dicha declaración "sólo afecta al procedimiento a seguir y no a la expropiación en sí misma que debe continuar su tramitación conforme a las normas del procedimiento ordinario y a salvo de cuantas reclamaciones pudieran hacer quienes habiendo sido efectivamente expropiados, se consideren perjudicados por la tramitación que se hubiere seguido". Por lo tanto, de dicha nulidad no puede deducirse, sin más, la alteración del trazado pretendida por la actora, ni la exclusión de su finca de la relación de bienes y derechos afectados por la expropiación. No existe una retroacción de actuaciones en los supuestos en los que ya se haya producido la ocupación de los bienes. El efecto jurídico, como nos recuerda la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de junio de 2004 , se traduce en una eventual indemnización de la ocupación ilegal que haya podido ocasionar a los afectados. Cuestión ésta no suscitada en el presente procedimiento, quedando a salvo, en su caso, a la actora un eventual e hipotético ejercicio de la acción tendente a obtener el correspondiente resarcimiento de los daños y perjuicios que se le haya podido ocasionar, si estima ser merecedor de ello.

El recurso de casación formulado por la representación de Dª Manuela se articula en cuatro motivos, formulados, el primero al amparo de la letra c) del artículo 88.1 de la Ley de la Jurisdicción, y los otros tres motivos por el cauce de la letra d) del mismo precepto legal .

El primer motivo denuncia infracción de los artículos 33.1 , 67 y 71 de la Ley de la Jurisdicción , el articulo 218 LEC y el artículo 24.1 CE , al ser la sentencia incongruente, el segundo motivo alega infracción de los artículos 15 LEF y 33.3 CE , el tercer motivo refiere vulneración del artículo 17.1 LEF y el cuarto motivo denuncia infracción del artículo 52 LEF , en relación con el artículo 33.3 CE , así como de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que determina los efectos derivados de la nulidad de la declaración de la urgente ocupación de los bienes y derechos e infracción del artículo 24 CE .

El recurso de casación del Letrado de la Comunidad de Madrid se basa en un único motivo de la letra d) del artículo 88.1 de la Ley de la Jurisdicción , en el que se denuncia la infracción de los artículos 52 LEF , 56.1 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa y 54 de la Ley 30/1992.

El primer motivo del recurso de la propietaria de los terrenos expropiados expone que la sentencia recurrida es incongruente, pues el suplico de la demanda incorporó la pretensión de que la Sala de instancia anulase el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de marzo de 2005, por el que se declararon de urgente ocupación los bienes y derechos afectados por el Proyecto de Mejora de la tubería de aducción a "Monte Encinar", en El Escorial, decretándose la nulidad del expediente expropiatorio y el derecho de la recurrente a no ser expropiada, excluyéndose la finca de su propiedad de la relación de bienes y derechos afectados por la expropiación, y la sentencia impugnada, que estimó la nulidad del indicado Acuerdo del Consejo de Gobierno, debió acceder a las pretensiones de nulidad del expediente expropiatorio y exclusión de la finca de la relación de bienes y derechos, pero determinó, fuera de las pretensiones deducidas por las partes, que el efecto jurídico de la nulidad decretada era la eventual indemnización de la ocupación ilegal, cuando ninguna de las partes lo había solicitado.

Esta Sala ha considerado el vicio de incongruencia, en sus distintas modalidades, como un desajuste entre los términos en los que las partes formularon sus pretensiones y el fallo judicial, que concede más, menos, o cosa cosa distinta (incongruencia por desviación o extra petita) de lo pedido, y también se incluyen entre las modalidades de incongruencia la que se produce por silencio, al omitir la sentencia la decisión de un asunto cuya resolución formó parte del debate y la incongruencia interna, en los supuestos en los que la sentencia carece de coherencia o lógica interna.

En este motivo expone la parte recurrente que la sentencia impugnada incurrió en una doble incongruencia, la primera de carácter interno, porque apreció la nulidad del acuerdo de Consejo de Gobierno de 3 de marzo de 2005, que declaró la urgencia de la ocupación, pero no decretó la nulidad del procedimiento expropiatorio, y la segunda una incongruencia extra petita o por desviación, al resolver una cuestión no traída a debate por ninguna de las partes.

Es cierto que la parte recurrente solicitó en su demanda la nulidad del acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, de 2 de marzo de 2005, que declaró la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación, así como la nulidad del expediente expropiatorio, con exclusión de la finca de su propiedad de la relación de bienes y derechos afectados, y la Sala acordó la nulidad de la declaración del acuerdo del Consejo de Ministros de declaración de nulidad, pero sin extender la declaración de nulidad al expediente expropiatorio, y en particular a la inclusión de la finca de la recurrente en la relación de bienes y derechos afectados, pero la Sala de instancia no ha incurrido en el vicio de incongruencia interna o de lógica que denuncia la parte recurrente, sino que resuelve la pretensión de la parte recurrente dentro de los límites del debate, delimitando el alcance y los efectos de la nulidad que declara, que no coincide con los términos interesados por la parte recurrente en su demanda, pero sin que dicha delimitación de efectos pueda ser considerada incoherente o ilógica, sino que se basa en un criterio jurisprudencial que cita, recogido en la sentencia de esta Sala de 29 de enero de 2007 (recurso 2461/2004 ), que estima aplicable en el presente caso, conforme al cual la nulidad de la declaración de urgencia sólo afecta al procedimiento a seguir, pero no a la expropiación en sí misma, que debe continuar su tramitación conforme a las normas del procedimiento ordinario.

No cabe por tanto imputar incoherencia o falta de lógica interna a la sentencia recurrida, pues la delimitación del alcance y efectos de la nulidad que declara en su parte dispositiva es el resultado de los razonamientos de la Sala, que consideraron aplicable el criterio jurisprudencial de este Tribunal a que se ha hecho referencia, siendo cuestión distinta la procedencia o no de la aplicación del repetido criterio jurisprudencial en este caso, que ha de hacerse valer en su caso como un motivo de la letra d) del artículo 88.1 LJCA , por infracción de la jurisprudencia que fuera aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate.

Tampoco cabe apreciar incongruencia extra petita o por desviación, al resolver la sentencia recurrida sobre una cuestión no traída a debate, cuál era la indemnización por la ocupación ilegal, pues se insiste en que la sentencia recurrida decidió las cuestiones planteadas en la demanda, estimando la nulidad del acto impugnado con el alcance y efectos que estimó ajustados a derecho. Ni siquiera efectúa la sentencia un pronunciamiento concreto que reconozca a la parte recurrente una indemnización no solicitada, sino que el Fundamento de Derecho Sexto, al que la parte dispositiva se remite, precisamente omite la fijación de una indemnización por la ocupación ilegal, por ser esta una cuestión no suscitada, y se limita a dejar a salvo a la parte recurrente el ejercicio de la acción indemnizatoria por los daños y perjuicios ocasionados, si lo estima procedente.

Por lo razonado se desestima el primero de los motivos del recurso de la propietaria del suelo expropiado.

El segundo motivo del recurso de casación aprecia infracción del artículo 15 LEF , conforme al cual, declarada la utilidad pública o el interés social, la Administración resolverá sobre la necesidad concreta de ocupar los bienes o adquirir los derechos que sean estrictamente necesarios para el fin de la expropiación, y del artículo 33.3 CE , que dispone que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización, pues la sentencia ha basado su fallo en que la parte recurrente ha ofrecido un trazado alternativo, cuando lo que ha esgrimido es la innecesariedad de la expropiación, al existir una previa ocupación en régimen de servidumbre de paso, por lo que no era necesaria o indispensable la expropiación del pleno dominio.

La sentencia impugnada se pronunció sobre la innecesariedad de la expropiación, en los términos que había planteado la parte recurrente. En su demanda (Fundamento de Derecho Octavo), la parte recurrente había sostenido la no concurrencia o justificación de la causa expropiandi, al considerar innecesaria la expropiación de la franja de terreno de su propiedad, toda vez que ya existía constituida a favor de "Monte Encinar" una servidumbre de acueducto, denunciando además el cambio de trazado sin justificación (página 14 de la demanda), concluyendo dicho apartado de la demanda con el argumento de que "para cumplir los fines de abastecimiento no es preciso expropiar en pleno dominio, bastando la constitución de una servidumbre de paso, resultando aún menos necesario tramitar un expediente expropiatorio cuando ya existe previamente constituida una servidumbre de acueducto".

La sentencia no hace sino examinar y pronunciarse sobre las alegaciones entremezcladas de la parte recurrente, sobre el cambio de trazado de la nueva tubería y la innecesariedad de expropiación del domino, por estimar la recurrente que la constitución de una servidumbre de paso era suficiente para la finalidad que justificaba la expropiación.

El Plan Especial de "Proyecto de mejora de la tubería de aducción a Monte Encinar", contemplaba la instalación de una tubería de fundición dúctil de 300 milímetros de diámetro, cuyo trazado se detalla en el apartado II del Plan Especial, con una afección de 10 metros de ocupación temporal, en total 43.000 m² y 5 metros de ocupación permanente (en total 21.000 m²) en todo su recorrido, atravesando la finca de la recurrente y otras pertenecientes a otros propietarios.

Si la parte recurrente, como era el caso, estaba en desacuerdo con el trazado en la parte que atravesaba la finca de su propiedad, y con la necesidad de la ocupación permanente, dispuso de la oportunidad de probar en vía judicial la procedencia de sus alegaciones, demostrando la existencia de un trazado alternativo que sirviera a los fines de la expropiación y la innecesariedad de la expropiación del pleno dominio, por ser suficiente para los fines perseguidos por la expropiación la constitución de una servidumbre de paso, pero como resalta la sentencia impugnada, lo cierto es que la parte recurrente no acreditó tales extremos, pues si bien en su demanda, en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 60 LJCA , incluyo como punto de hecho necesitado de prueba, entre otros, "la no concurrencia o justificación de la causa expropiandi" en el expediente expropiatorio objeto de impugnación" , lo cierto es que llegada la fase probatoria del procedimiento no interesó prueba sobre dicho extremo.

Por tal razón la Sala de instancia declaró que la parte recurrente nada había acreditado sobre la idoneidad de un trazado por la finca de su propiedad alternativo al descrito por el Plan Especial del Proyecto de mejora de la tubería.

En cuanto a la necesidad de expropiación del dominio de los terrenos afectados, en una franja de 5 metros de anchura sobre el trazado de la tubería, la sentencia recurrida valoró la prueba practicada en el procedimiento a instancia de la entidad Monesterio Desarrollos, S.L., propietaria de otra finca afectada por el mismo proyecto expropiatorio, y llegó a la conclusión de que la finalidad perseguida por la expropiación exigía la plena disponibilidad de la franja de terreno a lo largo de todo el trazado de la tubería.

Nos referimos a la prueba pericial llevada a cabo por el perito D. Eloy , Ingeniero Técnico de Obras Públicas, designado por el Tribunal de instancia, que en respuesta a la pregunta formulada por la propia parte que lo propuso, Monesterio Desarrollos SL., sobre si una servidumbre de paso era suficiente para realizar todas las tareas de mantenimiento de la instalación, contestó que "la banda de cinco metros de anchura...debe quedar libre para la futura conservación, explotación y vigilancia de la nueva instalación", y que el fin último de la expropiación exigía para dicha franja de terreno el "libre acceso, autonomía de funcionamiento y operatividad por parte del Canal de Isabel" .

La Sala de instancia, en la valoración de la prueba practicada, concluyó que los citados fines de conservación, explotación y vigilancia de la instalación requerían la plena disponibilidad de la franja de terreno por la beneficiaria, y conllevaban la práctica anulación de las facultades de disposición del propietario, por lo que estimó razonable y adecuada la decisión de la Administración de expropiación del pleno dominio.

Hemos de recordar en este momento que, conforme señala doctrina reiterada de esta Sala, la formación de la convicción sobre los hechos en presencia para resolver las cuestiones objeto del debate procesal está atribuida al órgano judicial que, con inmediación, se encuentra en condiciones de examinar los medios probatorios, sin que pueda ser sustituido en tal cometido por este Tribunal de casación, puesto que la errónea valoración no ha sido incluida como motivo de casación en el orden Contencioso-Administrativo en la LJCA, sin que la parte recurrente haya alegado que la Sala de instancia haya incurrido en arbitrariedad o utilización de criterios erróneos que, excepcionalmente, nos hubieran permitido revisar la apreciación de la prueba efectuada por la Sala de instancia.

Se desestima por las razones expuestas el segundo motivo del recurso de casación.

El tercer motivo del recurso de casación considera infringido el artículo 17.1 de la Ley de Expropiación Forzosa , en relación con el artículo 15 LEF , que ordena que el beneficiario de la expropiación formule una relación de los bienes y derechos que considere de necesaria ocupación, pues es clara la existencia de unos derechos adquiridos por el recurrente, recogidos en la escritura de constitución de acueducto, que deben ser respetados y mantenidos, y que no pueden ser ajenos al expediente expropiatorio, porque su cumplimiento atañe al Canal de Isabel II y porque si la sustitución de la tubería lleva al incumplimiento o denegación de los mismos, se estaría privando o expropiando, de manera injustificada, otro derecho o interés patrimonial legítimo a consecuencia del expediente expropiatorio.

Los artículos 15 y 17 de la LEF ; que la parte recurrente estima infringidos por la sentencia recurrida, establecen que la Administración deberá resolver "sobre la necesidad concreta de ocupar los bienes o adquirir los derechos que sean estrictamente indispensables para el fin de la expropiación".

La sentencia impugnada examinó las alegaciones de la parte recurrente, relativas a su derecho de toma de agua dimanante del acuerdo de constitución de una servidumbre de acueducto sobre la finca de su propiedad, en favor de la asociación de propietarios de "Monte Encinar", que no figura incluido entre los bienes y derechos afectados por la expropiación, indicando lo siguiente:

Dicha argumentación deberá ser desestimada toda vez que el proyecto expropiatorio que nos ocupa no supone una expropiación o privación de los derechos y obligaciones derivados de la constitución de la servidumbre constituida a favor de la Urbanización. Precisamente, el trazado de la tubería proyectado discurre por una superficie que en nada afecta ni interfiere a la servidumbre constituida. Cuestión distinta será la referida a los conceptos y cuantías indemnizables como consecuencia del proyecto expropiatorio, que deberán ser objeto del oportuno tratamiento en el expediente de determinación del justiprecio a iniciativa, en su caso, de la parte expropiada al formular la correspondiente hoja de aprecio.

Por tanto, la Sala de instancia, a la vista de lo actuado en el procedimiento, no considera que el proyecto expropiatorio exija, con el carácter de imprescindible para el fin de la expropiación a que se refiere el artículo 15 LEF , la privación o expropiación de los derechos que haya adquirido la propietaria recurrente por la constitución por la asociación de propietarios de la urbanización Monte Encinar de una servidumbre de acueducto sobre la finca de su propiedad. Dicha conclusión de la Sala de instancia, que esta Sala comparte, se deduce, con claridad, del proyecto expropiatorio que justifica la expropiación, que tiene por objeto la mejora del abastecimiento de agua a la urbanización Monte Encinar, mediante la instalación de una nueva conducción de agua, a través de una tubería de fundición dúctil, y la expropiación de la banda de terreno en una anchura de 5 metros a lo largo del trazado de la nueva instalación, siendo dicha nueva instalación independiente de la antigua tubería de fibrocemento, que no elimina.

De acuerdo con lo razonado, no cabe apreciar la infracción de los artículos 15 y 17 LEF que denuncia el tercer motivo del recurso de casación, lo que lleva a la desestimación del motivo.

El cuarto motivo del recurso de casación estima que la sentencia impugnada ha infringido el artículo 52 LEF , en relación con los artículos 24 y 33.3 CE , así como la jurisprudencia de esta Sala sobre los efectos derivados de la nulidad de la declaración de urgente ocupación de los bienes y derechos.

La sentencia impugnada estimó parcialmente el recurso contencioso administrativo formulado por la aquí también recurrente, al no concurrir los presupuestos exigidos por el artículo 52 LEF para la declaración de urgencia, por lo que anuló el acuerdo impugnado del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, de 3 de marzo de 2005, con el alcance y efectos jurídicos previstos en el Fundamento de Derecho Sexto de la sentencia impugnada, que ha quedado transcrito en el Fundamento de Derecho Primero de esta sentencia, que señala en síntesis, que la anulación afecta al procedimiento a seguir, pero no a la expropiación en sí misma, que debe continuar su tramitación conforme a las normas del procedimiento ordinario, y excluye de la declaración de nulidad la alteración del trazado y la exclusión de la finca de la actora de la relación de bienes y derechos afectados por la expropiación.

Esta limitación del alcance y efectos de la declaración de nulidad que efectúa la sentencia impugnada es conforme al criterio jurisprudencial establecido por esta Sala, en sentencias de 18 de enero de 2001 (recurso 6377/1996 ), 11 de octubre de 2006 (recurso 5909/2003 ), 29 de enero de 2007 (recurso 2461/2004 ), 1 de febrero de 2008 (recurso 10747/2004 ) y 4 de junio de 2008 (recurso 1390/2005 ), que se refieren a supuestos, como el presente, en el que la anulación se limita al acuerdo que declara la urgente ocupación, pero no alcanza a la declaración de necesidad de ocupación, lo que determina que tal anulación solo afecta al procedimiento a seguir, pero no a la expropiación en sí misma, que está válidamente acordada y debe continuar su tramitación, si bien conforme a las normas del procedimiento ordinario y por tanto debe procederse a justipreciar los bienes respecto de los que se ha declarado la necesidad de ocupación.

Se desestima el motivo cuarto del recurso de casación.

Tratamos seguidamente del recurso de casación de la Comunidad de Madrid, que se basa en un único motivo, formulado al amparo de la letra d) del artículo 88.1 LJCA , en el que denuncia la infracción de los artículos 52 de la Ley de Expropiación Forzosa , 56.1 del Reglamento de la LEF y 54 de la Ley 30/1992, pues considera la Comunidad de Madrid que el acuerdo impugnado contaba con la necesaria motivación, al exponer las razones que justificaban acudir al procedimiento de urgencia.

El artículo 52 LEF , que se considera infringido por la parte recurrente, establece que "...Excepcionalmente, y mediante acuerdo del Consejo de Ministros, podrá declararse urgente la ocupación de los bienes afectados por la expropiación a que dé lugar la realización de una obra o finalidad determinada..."

Este procedimiento de urgencia, que la LEF califica de excepcional, tiene como principal efecto la alteración de la regla tradicional, prevista en el artículo 51 LEF , de pago del justiprecio con carácter previo a la ocupación, al facultar los apartados 6 y 7 de este artículo 52 LEF a la Administración, concurriendo las circunstancias de urgencia, a proceder a la ocupación antes de tramitar el expediente para la determinación del justiprecio.

Esta Sala viene señalando, entre otras en sentencias de 25 de enero de 2012 (recurso 521/2010 ), 8 de octubre de 2012 (recurso 145/2011 ), 26 de noviembre de 2012 (recurso 936/2010 ) y 24 de febrero de 2014 (recurso 3140/2011 ), que para que pueda acordarse el procedimiento de urgencia son necesarios dos requisitos, la concurrencia de las causas de carácter excepcional que justifiquen la utilización de este procedimiento, y además, que se expresen o se justifiquen dichas causas en el acuerdo que declare la urgencia.

La necesidad de motivación de la declaración de urgencia no sólo deriva de la regla general de motivación de los actos administrativos que establece el artículo 54 de la Ley 30/1992 , sino de forma más específica del artículo 56.1 del Reglamento de la LEF , aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957, también invocado como infringido por la parte recurrente, que establece que: "...El acuerdo en que se declare la urgente ocupación de bienes afectados por una expropiación deberá estar debidamente motivado, con la exposición de las circunstancias que, en su caso, justifican el excepcional procedimiento previsto en el artículo 52 de la Ley..."

La jurisprudencia de esta Sala ha venido exigiendo, de forma uniforme, la motivación del acuerdo de declaración de urgencia, esto es, la exposición de las circunstancias que justifiquen acudir al procedimiento de urgencia, pues no en vano se trata de un acuerdo que la propia LEF considera excepcional, en el que la urgencia justifica la desposesión de los bienes sin el previo requisito del pago del justiprecio, a diferencia de lo que ocurre en el procedimiento expropiatorio ordinario.

En este sentido, las sentencias de esta Sala de 3 de diciembre de 1998 (recurso de casación núm. 5821/1994 ), 19 de julio de 1999 (recurso 451/1995 ) y las ya citadas de 8 de octubre de 2012 y 24 de febrero de 2014 , han señalado "...que la declaración de urgencia necesita de un razonamiento preciso, detallado y objetivamente convincente en cada caso y para cada caso..."

La motivación o explicación de las razones de urgencia del acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, de 3 de marzo de 2005, es la siguiente:

En la actualidad, el abastecimiento de agua se regula mediante un depósito en la propia urbanización. La aducción al depósito se realiza a través de una tubería de fibrocemento de 300 mm. de diámetro y 4.250 m de longitud. Dicho abastecimiento de agua potable a la URBANIZACIÓN000 " es manifiestamente deficitario e insuficiente para satisfacer las necesidades de suministro de dicha urbanización.

La urgencia de la ocupación de los bienes afectados por el proyecto de referencia está justificada por la necesidad inaplazable de garantizar en todo momento, tanto cuantitativamente como cualitativamente, el abastecimiento y la continuidad del servicio a la URBANIZACIÓN000 ".

La Sala de instancia no considera que la anterior motivación justifique la urgente ocupación, porque las circunstancias que se citan de "necesidad inaplazable de garantizar en todo momento...el abastecimiento y la continuidad del suministro a la urbanización" únicamente ponen de relieve la concurrencia de un interés que explica la necesidad de la expropiación, pero no que la misma necesariamente deba llevarse a cabo por el procedimiento de urgencia, y tal conclusión es compartida por esta Sala, pues como hemos indicado en ocasiones anteriores, así en las sentencias de 18 de mayo de 2002 (recurso 628/1998 ) y 1 de febrero de 2008 (recurso 10747/2004 ), entre otras, la excepcionalidad para declarar la urgente ocupación que exige el artículo 52 LEF no deriva de circunstancias de orden público o cualquier otra ajenas al proyecto, sino de la imperiosa necesidad de ejecutar inmediatamente unas obras, que no permite emplear el procedimiento común u ordinario, sin que en este caso se hayan justificado las razones por las que el procedimiento ordinario no es suficiente para garantizar el abastecimiento y continuidad del suministro a la urbanización y es necesario acudir a la urgente ocupación de la finca expropiada.

En conclusión, el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid justifica la necesidad de realizar unas obras de mejora de la tubería de aducción a la URBANIZACIÓN000 , pero no expresa las razones concretas y de carácter excepcional, en los términos requeridos por los artículos 52 LEF y 56 del Reglamento de la LEF, que exijan la urgente ocupación.

Se desestima, por tanto, el recurso de casación del Abogado del Estado.

De conformidad con el artículo 139.2 LJCA , las costas se impondrán a la parte recurrente si se desestima totalmente el recurso, si bien en este caso no se efectúa condena en costas, al haber intervenido la Administración expropiante y la expropiada como partes recurrentes y, al mismo tiempo partes recurridas, y ser por tanto recíprocamente acreedoras y deudoras la una de la otra en materia de costas.