ATS, 30 de Enero de 2014
| Ponente | LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNANDEZ |
| ECLI | ES:TS:2014:927A |
| Número de Recurso | 1641/2012 |
| Procedimiento | SOCIAL |
| Fecha de Resolución | 30 de Enero de 2014 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
Excmos. Sres.:
D. Aurelio Desdentado Bonete D. Luis Fernando de Castro Fernández D. Miguel Ángel Luelmo Millán
AUTO
En la Villa de Madrid, a treinta de Enero de dos mil catorce.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Luis Fernando de Castro Fernández
Por Auto de 23/05/13, dictado en el recurso de casación 1641/12, esta Sala acordó declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la representación de Generali España de Seguros y Reaseguros S.A. contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 9/04/12 [rec. 6167/11 ], por falta de contradicción entre la decisión recurrida y la ofrecida como contraste.
La parte recurrente ha formalizado incidente de nulidad de actuaciones, denunciando la "vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE ), en relación con el derecho a la libertad sindical ( art. 28 CE ) y al principio de seguridad jurídica ( art. 9.3 CE ), así como del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley consagrado en el art. 14 de la Constitución en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva incardinado en el art. 24.1 de nuestra Carta Magna ".
Dado traslado a la parte recurrida y al Ministerio Fiscal, interesan la inadmisión del incidente en base a razones que se tienen por reproducidas.
1.- Como ha recordado la Sala en múltiples ocasiones -así, ATS 17/01/12 rcud 3421/10 -, el art. 241.1 LOPJ [redacción dada por la DF Primera LO 6/2007, de 24/Mayo ], el legislador es consciente del elevado coste procesal que la nulidad comporta y dispone que «[n]o se admitirán con carácter general incidentes de nulidad de actuaciones», pero «[s]in embargo, excepcionalmente, quienes sean parte legítima o hubieran debido serlo podrán pedir por escrito que se declare la nulidad de actuaciones fundada en cualquier vulneración de un derecho fundamental de los referidos en el artículo 53.2 de la Constitución , siempre que no haya podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y siempre que dicha resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario».
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- Por otra parte, como hemos indicado en precedentes ocasiones [así, ATS 13/03/2012 -rcud 147/10 -], en la resolución del procedimiento instado ha de partirse de dos consideraciones básicas: a) que el «incidente de nulidad de actuaciones es ...un remedio procesal de carácter extraordinario que permite a los órganos judiciales subsanar ellos mismos aquellos defectos que supongan, una limitación de los medios de defensa producida por una indebida actuación de dichos órganos, en relación con los vicios formales causantes de indefensión» (en tal sentido, la STS 09/07/08 -inc. 5456/05 -); y b) que el art. 11.2 LOPJ contempla la obligación de los Juzgados y Tribunales de rechazar fundadamente las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal» (así lo recordaba la STS 24/02/11 -rec. 4536/09 -, a propósito de otro incidente de nulidad).
1.- Por lo que se refiere a la invocada tutela judicial, ha de tenerse en cuenta que el derecho a obtener una resolución fundada en Derecho, favorable o adversa, es garantía frente a la arbitrariedad e irrazonabilidad de los poderes públicos. Ello implica, en primer lugar, que la resolución ha de estar motivada, es decir, contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión; y en segundo lugar, que la motivación debe contener una fundamentación en Derecho, que conlleva la garantía de que la decisión no sea consecuencia de una aplicación arbitraria de la legalidad, no resulte manifiestamente irrazonada o irrazonable o incurra en un error patente ya que, en tal caso, la aplicación de la legalidad sería tan sólo una mera apariencia» ( SSTC 262/2006, de 11/Septiembre, FJ 5 ; y 74/2007, de 16/Abril , FJ 3. Y las muchas que en ellas se citan).
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- En último término no puede pasarse por alto que esa tutela judicial efectiva -derecho de los litigantes a obtener una resolución motivada, fundada en Derecho y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes- también puede ser de inadmisión si concurre causa legal para ello y así se aprecia razonadamente por el órgano judicial ( SSTC 63/1999, de 26/Abril , FJ 2 ... 19/2006, de 30/Enero, FJ 2 ; 247/2006, de 24/Julio, FJ 5 ; 330/2006, de 20/Noviembre FJ 2 ; y 52/2007, de 12/Marzo , FJ 2).
Causas de inadmisión que ciertamente no pueden ser arbitrarias y que los jueces han de interpretar sin excesos formalistas, procurando su subsanación ( STC 12/2003, de 28/Enero ), pero sin que el criterio antiformalista conduzca a prescindir de los requisitos establecidos por las Leyes que ordenan el proceso y los recursos en garantía de los derechos de todas las partes ( SSTC 17/1985, de 09/Febrero, FJ 3 ; 157/1989, de 5/Octubre, FJ 2 ; 64/1992, de 29/Abril, FJ 3 ; y 203/2004, de 16/Noviembre , FJ 2), por lo que las decisiones judiciales de cierre del proceso son constitucionalmente asumibles cuando respondan a una interpretación de las normas legales de conformidad con la Constitución y en el sentido más favorable para la efectividad del derecho fundamental ( SSTC 39/1999, de 22/Marzo, FJ 3 ; 259/2000, de 30/Octubre, FJ 2 ; y 126/2004, de 19/Julio FJ 3). Aparte de que el principio pro actione tiene una fuerza muy distinta cuando se trata de decidir sobre el derecho de acceso a la jurisdicción - admisión o inadmisión de una demanda -, frente a lo que ha de interpretarse cuando de lo que se trata es de decidir sobre la admisión o inadmisión de un recurso, en la medida en que el derecho al recurso sólo se integra en el art. 24 en la medida en que sean admitidos por una ley ordinaria [ SSTC 134/2001, de 13/Junio ; 181/2001, de 17/Septiembre ; 62/2002, de 11/Marzo ; 139/2003, de 14/Julio ] ( STS 03/05/06 -rcud 1684/05 -), de forma que el principio de tutela judicial efectiva no puede conducir a que los órganos judiciales prescindan de los requisitos que las Leyes procesales establecen, ya que «el derecho al recurso, como garantía de las partes en el proceso y no sólo de una de ellas, ha de acomodarse a lo establecido en las Leyes procesales, sin limitaciones infundadas, pero también sin concesiones que los eliminen» ( SSTC 157/1989, de 05/Octubre ; 165/1989, de 16 de octubre ; y 18/1990, de 12 de febrero . Doctrina citada por los AATS 20/02/04 -rec. 2688/03 - y 07/01/09 -rec. 3363/06 -).
Sentado ello ha de coincidirse plenamente con el Ministerio Fiscal cuando en su informe sostiene que en el fondo del incidente de nulidad late la intención de revisar los hechos declarados probados en la sentencia recurrida, poniendo de manifiesto una divergencia interpretativa de la parte recurrente sobre los hechos y preceptos aplicables recogidos en la sentencia de suplicación y a su vez en el Auto recurrido, para así demostrar que si existe contenido casacional (lo que califica la parte impugnadora del recurso como fraude procesal); que el recurrente intentar forzar con ello una nueva instancia que ponga intempestivamente en cuestión las conclusiones de la resolución recurrida, mostrando una discrepancia en la fijación de los hechos y la interpretación del derecho, pero en ningún caso ha demostrado que se haya vulnerado ningún precepto constitucional de los aludidos en el recurso por parte del Auto combatido; que cómo explica el referido Auto las resoluciones comparadas no son contradictorias; y que los argumentos esgrimidos por la parte recurrente carecen de cualquier base jurídica mínimamente sólida y aceptable.
Del examen del escrito planteando el incidente de nulidad de actuaciones en relación con el escrito de interposición del recurso de casación unificadora y con las alegaciones de la propia parte en el trámite de inadmisión, resulta que los motivos invocados ahora por la parte que insta el incidente para obtener la pretendida nulidad de actuaciones se plantearon en la interposición del recuso de casación para la unificación de doctrina al postular la identidad de los supuestos sometidos al juicio de identidad. Y, en respuesta a tales argumentos, este Tribunal inadmitió el recurso de casación unificadora por las causas que constan en el Auto de 23/05/13 . La Sala, con la conformidad del Ministerio Fiscal, no apreció contradicción entre la sentencia recurrida y la invocada para comparación, explicando las razones de dicho juicio de no contradicción. Cuestión diferente es que los razonamientos de nuestra resolución no coincidan con las opiniones de la parte recurrente; pero sobre esta discrepancia nada habría que decir en un trámite excepcional, cual sería, de resultar adecuado, el incidente de nulidad de actuaciones. Lo que la parte recurrente pretende realmente ahora, a través de esta inadecuada vía procesal, es la reiteración de los motivos y argumentos que fracasaron ya en la tramitación ordinaria del propio recurso de casación para la unificación de doctrina, y ello ha de ser rechazado.
Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Desestimar el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la representación de Generali España de Seguros y Reaseguros S.A. frente al Auto de esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo de fecha 23 de mayo de 2013 , por el que se decidió inadmitir el recurso de casación para unificación de la doctrina interpuesto por dicha parte procesal. Sin costas.
Contra esta resolución no cabe recurso alguno.
Así lo acordamos, mandamos y firmamos.
