STS 91/2014, 7 de Febrero de 2014

El segundo y el tercer motivo del recurso interpuesto por la citada representación de los condenados Higinio y Milagrosa , también por supuesta vulneración constitucional al amparo del art 852 de la Lecrim , alegan infracción del derecho a la presunción constitucional de inocencia, en el segundo motivo en relación con el derecho a un proceso con todas las garantías y en el tercero en relación con la valoración de la prueba indiciaria.

Las cuestiones probatorias suscitadas por el delito de blanqueo de capitales han sido analizadas reiteradamente por esta Sala.

Recuerda la STS núm. 811/2012, de 30 de octubre que la prueba directa resulta de escasa utilidad en el delito de blanqueo de capitales, en general, y en el blanqueo de dinero procedente de tráfico de estupefacientes en particular, dado el hermetismo con que actúan las redes clandestinas de fabricación y distribución de drogas y su capacidad de camuflaje para el "lavado" del dinero procedente del tráfico, por lo que ordinariamente resulta necesario acudir a la prueba indiciaria, que es la más usual en estos procedimientos.

El propio art. 3 apartado 3º de la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 20 de Diciembre de 1988 (BOE, 10 de Noviembre de 1990) prevé la utilización y reconoce la legalidad de la prueba indiciaria para obtener el juicio de certeza sobre el conocimiento, intención o finalidad requeridos como elemento de los delitos que se describen en el párrafo primero de dicho artículo, entre los que se encuentra el blanqueo de dinero, art. 3, apartado primero epígrafe b).

Según reiterada y constante doctrina jurisprudencial tanto del Tribunal Constitucional como de esta Sala de Casación el derecho a la presunción de inocencia no se opone a que la convicción judicial en un proceso penal pueda formarse sobre la base de una prueba indiciaria, siempre que existan indicios plenamente acreditados, relacionados entre sí y no desvirtuados por otras pruebas o contraindicios y se haya explicitado el juicio de inferencia, de un modo razonable.

Sobre el modo en que debe analizarse la prueba indiciaria en el blanqueo de capitales y los parámetros e indicios que deben ser considerados, la doctrina de esta Sala se inicia en la STS núm. 755/1997, de 23 de mayo , y se reitera en las sentencias ya clásicas núm. 356/1998, de 15 de abril , núm. 774/2001, de 9 de mayo , y núm. 2410/2001, de 18 de diciembre , que señalaban lo siguiente:

En los supuestos en que la acusación se formula por delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de estupefacientes ( art. 546 bis. f, Código Penal 73 ; Art. 301.1.2º Código Penal 95), los indicios más determinantes han de consistir:

1. en primer lugar en el incremento inusual del patrimonio o el manejo de cantidades de dinero que por su elevada cantidad, dinámica de las transmisiones y tratarse de efectivo pongan de manifiesto operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias;

2. en segundo lugar en la inexistencia de negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias; y,

3. en tercer lugar, en la constatación de algún vínculo o conexión con actividades de tráfico de estupefacientes o con personas o grupos relacionados con las mismas.

En la doctrina más moderna de esta Sala se sigue el mismo criterio, reiterando por ejemplo la sentencia núm. 578/2012, de 26 de junio , que una muy consolidada jurisprudencia (por todas, sentencias de 7 de diciembre de 1996 , 23 de mayo de 1997 , 15 de abril de 1998 , 28 de diciembre de 1999 , 10 de enero y 31 de marzo de 2000 , 28 de julio , 29 de septiembre , 10 de octubre , 19 de noviembre y 18 de diciembre de 2001 , 10 de febrero de 2003 , 9 de octubre y 2 de diciembre de 2004 , 19 y 21 de enero , 1 de marzo , 14 de abril , 29 de junio y 14 de septiembre de 2005 , etc.) ha consagrado un triple pilar indiciario sobre el que puede edificarse una condena por el delito de blanqueo de capitales procedentes de delitos contra la salud pública:

1. Incrementos patrimoniales injustificados u operaciones financieras anómalas.

2. Inexistencia de actividades económicas o comerciales legales que justifiquen esos ingresos.

3. Vinculación con actividades de tráfico ilícito de estupefacientes.

Que es el mismo arsenal indiciario ya señalado en la citada sentencia clásica en esta materia de 23 de mayo de 1997 .

Desarrollando este criterio inicial, la STS 801/2010, de 23 de septiembre resume la doctrina probatoria en esta materia señalando que para el enjuiciamiento de delitos de "blanqueo " de bienes de procedencia ilegal, como el presente, la prueba indiciaria, a partir de la afirmación inicial de que no es precisa la condena previa del delito base del que proviene el capital objeto de blanqueo ( SSTS de 27 de enero de 2006 y de 4 de junio de 2007 , entre otras), aparece como el medio más idóneo y, en la mayor parte de las ocasiones, único posible para tener por acreditada su comisión ( SSTS de 4 de julio de 2006 y de 1 de febrero de 2007 ), designándose como indicios más habituales en esta clase de infracciones:

1. La importancia de la cantidad del dinero blanqueado.

2. La vinculación de los autores con actividades ilícitas o grupos o personas relacionados con ellas.

3. Lo inusual o desproporcionado del incremento patrimonial del sujeto.

4. La naturaleza y características de las operaciones económicas llevadas a cabo, por ejemplo, con el uso de abundante dinero en metálico.

5. La inexistencia de justificación lícita de los ingresos que permiten la realización de esas operaciones.

6. La debilidad de las explicaciones acerca del origen lícito de esos capitales.

7. La existencia de sociedades "pantalla" o entramados financieros que no se apoyen en actividades económicas acreditadamente lícitas." ( SSTS 202/2006, de 2 de marzo , 1260/2006, de 1 de diciembre y 28/2010, de 28 de enero ).

Esta doctrina no puede ser entendida como una relajación de las exigencias probatorias; sino como otra forma de probanza que puede conducir al siempre exigible grado de certeza objetiva preciso para un pronunciamiento penal condenatorio. Se enlaza así con declaraciones de textos internacionales ( Art. 3.3 de la Convención de Viena de 1988 , art. 6.2.c) del Convenio de Estrasburgo de 1990 o art. 6.2.f) de la Convención de Nueva York contra la Delincuencia Organizada Trasnacional) que destacan que la lucha contra esas realidades criminológicas exige esta herramienta de valoración probatoria, que, por otra parte, es clásica y no exclusiva de esta modalidad criminal.

En consecuencia, para resolver los motivos interpuestos por presunción de inocencia, tratándose de un delito de blanqueo, debemos atender a tres reglas básicas conforme a nuestra consolidada doctrina jurisprudencial:

1. -No es precisa la condena previa del delito base del que proviene el capital objeto de blanqueo.

2. - La prueba indiciaria constituye el medio más idóneo y, en la mayor parte de las ocasiones, único posible para acreditar su comisión.

3. - Los indicios que deben concurrir son los siguientes, sin perjuicio de otros adicionales que ratifiquen la convicción:

1. El incremento inusual del patrimonio o el manejo de cantidades de dinero que por su elevada cantidad, dinámica de las transmisiones y tratarse de efectivo pongan de manifiesto operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias;

2. La inexistencia de negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias; y,

3. La constatación de algún vínculo o conexión con actividades de tráfico de estupefacientes o con personas o grupos relacionados con las mismas.

En el caso actual concurren de modo manifiesto los referidos indicios, por lo que deben ser desestimados los motivos interpuestos por supuesta vulneración de la presunción de inocencia.

En efecto, el incremento inusual del patrimonio de los acusados viene acreditado por la prueba practicada conforme a los dictámenes emitidos en el propio acto del juicio oral por el Servicio de Vigilancia Aduanera, Unidad operativa de Madrid, y por la Unidad de Delincuencia Fiscal y Económica, del Cuerpo Nacional de Policía (UDEF), complementados con prueba documental referida a la adquisición de inmuebles e ingresos en las cuentas.

Los servicios policiales especializados han realizado una completa investigación patrimonial de los acusados de la que se deduce que en los años investigados ingresaron en sus cuentas bancarias cantidades inusuales y muy elevadas de dinero en efectivo, adquirieron vehículos de alta gama, compraron viviendas y plazas de garaje, suscribieron fondos de inversión a nombre de su hija, etc. es decir manejaron cantidades muy importantes de dinero en efectivo, que solo pueden justificarse racionalmente por su procedencia del tráfico ilícito de estupefacientes.

Consta asimismo acreditada la inexistencia de negocios lícitos que justifiquen el referido incremento patrimonial y las elevadas transacciones dinerarias. El dictamen pericial ha identificado las fuentes lícitas de ingresos posibles del matrimonio acusado, que se limitan a una muy esporádica actividad laboral del recurrente Alfredo , y no justifican en absoluto las elevadas cantidades de efectivo manejadas por ellos.

Como señala el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, en las sentencias dictadas en los casos Murray contra el Reino Unido ( STEDH de 6 de febrero de 2006 ) y Telfner contra Austria ( STEDH de 20 de marzo de 2001 ), cuando existen indicios suficientemente relevantes por si mismos de la comisión de un determinado delito, y el acusado no proporciona explicación lógica alguna de su conducta, el Tribunal puede deducir racionalmente que esta explicación alternativa no existe y dictar sentencia condenatoria fundada en dichos indicios.

Asimismo en la Sentencia de 23 de septiembre de 2008, Caso Grayson y Barnham contra Reino Unido, el TEDH se refiere a sus pronunciamientos sobre el uso de presunciones en el ámbito del comiso, materia muy relacionada con el blanqueo de capitales, concluyendo que no considera " en ningún caso, que sea incompatible con el concepto de juicio equitativo, de conformidad con el artículo 6, invertir la carga de prueba sobre el demandante, un vez que ha sido condenado por un delito grave de tráfico de drogas, y que le corresponda a él demostrar que la fuente de la que procede el dinero o los activos que se ha probado que ha poseído en los años precedentes al delito era legítima ". En el mismo sentido, no cabe estimar que la exigencia de que una persona relacionada con el tráfico de estupefacientes acredite el origen lícito de cuantiosos e injustificados incrementos patrimoniales debidamente acreditados, o su procedencia de fuentes ajenas a dicho tráfico, pueda ser contrario a lo dispuesto en el referido art 6º.

Como señala la STS 1310/2003, de 15 de octubre , constituye una norma de experiencia que la aparición de ingentes y desproporcionadas sumas de dinero en el entorno personal y familiar de quienes se dedican al tráfico de estupefacientes, sin explicación racional alguna de su procedencia, permite racionalmente inferir su procedencia del tráfico. En el caso enjuiciado la vinculación con el tráfico de drogas es manifiesta, pues ambos recurrentes han sido condenados por dicho delito.

Concurren en consecuencia los datos indiciarios necesarios para acreditar objetivamente la concurrencia de un delito de blanqueo de capitales, por lo que es procedente la desestimación de los motivos de casación interpuestos por presunción de inocencia.

El cuarto motivo, también por vulneración constitucional al amparo del art 852 de la Lecrim , alega infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, por falta de proporcionalidad de la pena impuesta.

El art 305 CP párrafo segundo establece que cuando los bienes objeto del blanqueo de capitales tengan su origen en alguno de los delitos relacionados con el tráfico de drogas, como sucede en el caso actual, la pena se impondrá en su mitad superior. Dado que la pena señalada al tipo va de seis meses a seis años, la mitad superior empieza en tres años, tres meses y un día, que es la pena impuesta. En consecuencia, habiéndose aplicado el mínimo legal, no puede hablarse de pena desproporcionada.

Se alega también la posibilidad de que se aprecie la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada. La Sala la ha apreciado como atenuante simple, imponiendo la pena en su límite mínimo, sin que la complejidad de la causa permita apreciar que la dilación sea tan extraordinaria que justifique la apreciación de la atenuante como especialmente cualificada.

La apreciación de esta atenuante como muy cualificada requiere una paralización que pueda ser considerada superior a la extraordinaria, o bien que ésta, dadas las concretas circunstancias del penado y de la causa, pueda acreditarse que ha ocasionado un perjuicio muy superior al ordinariamente atribuible a la dilación extraordinaria necesaria para la atenuante simple.

En el caso, la parte recurrente no designa periodos de paralización injustificados o un exceso de tiempo invertido en la práctica de diligencias de investigación cuya inutilidad resultara patente desde un primer momento. Aunque ha de tenerse en cuenta la duración total del proceso también ha de tenerse en cuenta su complejidad, que en el caso actual resulta tanto de la propia naturaleza del delito investigado, como de la existencia de varios imputados, y de la necesidad de practicar diligencias de investigación que requieren periodos dilatados de tiempo, como las periciales relativas al incremento patrimonial de los acusados.

De lo expuesto se desprende que, si bien es posible la apreciación de la atenuante simple, como ha hecho el Tribunal de instancia, no queda justifica la atribución a la duración total del proceso de los efectos propios de una atenuante muy cualificada.

El motivo, en consecuencia, debe ser desestimado

El único motivo del recurso interpuesto por la representación de la condenada María Inmaculada , al amparo del art 5 4º LOPJ , alega vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia. Considera la parte recurrente que, al no haber sido condenada en ninguna ocasión como responsable de un delito de tráfico de estupefacientes, no ha que dado acreditada su relación con el tráfico. Estima que el hecho de tener a su nombre bienes inmuebles o compartir una cuenta corriente con su padre, no es acreditativo de la comisión de este tipo delictivo.

El motivo carece de fundamento. La recurrente es titular nada menos que de tres viviendas en Badajoz, adquiridas al contado, la última en 2005, por más de cien mil euros. Es titular de varios vehículos, entre ellos un Mercedes Benz que dice que le fue regalado, por una persona que no identifica, pero cuyo pago consta que ha realizado su padre, también condenado, por lo que es razonable deducir que actúa como testaferro del mismo, para ocultar la verdadera titularidad del coche. A su vez comparte con su padre, cuya dedicación al tráfico de drogas esta manifiestamente acreditada, una cuenta bancaria, donde se han realizado importantes ingresos en efectivo, y es titular de varias cuentas con ingresos muy elevados, que no se justifican. Solo en 2004, ha adquirido fondos de inversión por más de 269.000 euros, sin que le consten actividades lícitas que justifiquen dichos ingresos, que puede inferirse racionalmente que proceden de la actividad de tráfico de estupefacientes a la que se dedican sus padres, cooperando con ellos para ocultar los beneficios.

El artículo 301 del Código Penal , en la redacción vigente al tiempo de comisión de los hechos, castiga al que "adquiera, convierta o transmita bienes a sabiendas que éstos tienen su origen en un delito grave", y al que "realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito".

Como recuerda la reciente STS 942/2013, de 11 de diciembre , en la definición legal se hace referencia no solo a unas modalidades determinadas de conducta, sino también a una concreta finalidad, que es predicable tanto de "cualquier otro acto", como de las acciones consistentes en adquirir, convertir o transmitir. Así ha sido entendido por esta Sala (STS núm. 1080/2010 ): " es claro que la finalidad ha de estar presente en todo acto de blanqueo. Incluyendo la adquisición, conversión o transmisión".

Como señala la citada STS 942/2013, de 11 de diciembre , la participación en actos de blanqueo puede plantear la cuestión de la tipicidad de los llamados actos neutrales. Se trata de conductas causales desde un punto de vista natural, pero que, en tanto que pueden estar amparadas en su adecuación social, pueden no suponer un peligro (o un aumento del peligro) jurídicamente desaprobado para el bien jurídico, y, en esa medida, no resultar típicos.

Se decía en la STS núm. 34/2007 , respecto de los llamados actos neutrales que "La doctrina reciente estima que estos actos son comportamientos cotidianos, socialmente adecuados, que por regla general no son típicos. Tal es el caso del que aparece como adquirente de un inmueble en un contrato de compraventa. Lo que plantea esta cuestión es la exigencia de que toda acción típica represente, con independencia de su resultado, un peligro socialmente inadecuado. Desde este punto de partida, una acción que no representa peligro alguno de realización del tipo carece de relevancia penal. El fundamento de esta tesis es la protección del ámbito general de libertad que garantiza la Constitución ".

Y se argumenta, más adelante, que "... la teoría y algunas jurisprudencias europeas han elaborado diversos criterios para establecer las condiciones objetivas en las que un acto «neutral» puede constituir una acción de participación. En este sentido se atribuye relevancia penal, que justifica la punibilidad de la cooperación, a toda realización de una acción que favorezca el hecho principal en el que el autor exteriorice un fin delictivo manifiesto, o que revele una relación de sentido delictivo, o que supere los límites del papel social profesional del cooperante, de tal forma que ya no puedan ser consideradas como profesionalmente adecuadas, o que se adapte al plan delictivo del autor, o que implique un aumento del riesgo , etc."

Como señala la citada STS 942/2013, de 11 de diciembre , la distinción entre los actos neutrales y las conductas delictivas de cooperación puede encontrar algunas bases ya en los aspectos objetivos, especialmente en los casos en los que la aparición de los actos, aparentemente neutrales, tiene lugar en el marco de conducta del tercero en la que ya se ha puesto de relieve la finalidad delictiva. Dentro de estos aspectos objetivos se encuentra no solo la conducta del sujeto, aisladamente considerada, sino también el marco en el que se desarrolla. Y a ello ha de añadirse el conocimiento que el sujeto tenga de dicho marco. Pues resulta difícil disociar absolutamente aquellos aspectos objetivos de los elementos subjetivos relativos al conocimiento de que, con la conducta que se ejecuta, que es externamente similar a otras adecuadas socialmente por la profesión o actividad habitual de su autor, se coopera a la acción delictiva de un tercero.

En el caso actual, es claro que la conducta de la recurrente no puede acogerse a esta doctrina del acto neutral. De la sentencia se deduce que su proximidad familiar le permitía conocer que sus padres estaban procediendo a reconvertir importantes cantidades de dinero procedentes del narcotráfico en bienes muebles, inmuebles y productos financieros, con la evidente finalidad de ocultar su procedencia.

En el marco de la conducta de sus padres, que exterioriza una manifiesta finalidad delictiva, la recurrente aportó su colaboración para facilitar el tránsito de las ganancias procedentes del narcotráfico desde su condición inicial de dinero en metálico hasta su transformación en inmuebles o en productos financieros, como fondos de inversión, aceptando que los bienes resultantes se pusiesen a su nombre para facilitar la ocultación de su origen delictivo.

Con lo cual, llevó a cabo una conducta que contribuía a facilitar la lesión del bien jurídico y se ejecutó directamente un acto de blanqueo de ganancias procedentes del tráfico de drogas.

Procede, por todo ello, la integra desestimación de los recursos interpuestos, con imposición a los recurrentes de las costas de los mismos.