Introducción
| Autor | Alicia Fernández-Peinado Martínez |
| Páginas | 21-25 |
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La protección de la maternidad ha ocupado un lugar fundamental en los sistemas de protección social de los países de nuestro entorno desde sus orígenes. En efecto, la maternidad biológica –entendida como el proceso biológico que supone la gestación, el parto y el puerperio– fue una de las primeras situaciones objeto de protección y, desde comienzos del siglo XX, prácticamente en todos los países europeos se tuteló esta situación mediante el establecimiento de medidas que limitaran la prestación de servicios tanto durante las semanas previas al parto como las inmediatamente posteriores, además de procurar la asistencia sanitaria y el sustento económico durante dicho periodo de tiempo1. Desde entonces hasta la actualidad, la tutela de la maternidad ha experimentado una constante evolución, intensificándose el alcance de las medidas que en torno a ella se articulan y ampliándose las situaciones objeto de protección más allá de la maternidad biológica.
El alto índice de mortalidad y morbilidad materna e infantil que la prestación de trabajo durante el periodo de gestación y puerperio ocasionaba fue la razón inicial que motivó la protección de la maternidad por parte de los países de nuestro entorno2. Y eso explica porqué, en su origen, la protección se centraba en prestar asistencia sanitaria y en la implementación de medidas preventivas. No obstante, la creciente
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incorporación de la mujer al mercado de trabajo, sobre todo, a partir de la segunda mitad del siglo XX, pronto evidenció la necesidad de que la protección de la maternidad no se limitara únicamente a medidas de índole preventiva y sanitaria 3. En efecto, en la actualidad, como reconoce la OIT, “la importancia que tiene el trabajo remunerado en la vida de la mayoría de los adultos en la sociedad hace que la intersección entre la maternidad y el trabajo sea un elemento central particularmente decisivo en los esfuerzos por conseguir mejoras tanto de salud como de igualdad” 4. De modo que, en consecuencia, las medidas de protección de la maternidad tienen que estar dirigidas a salvaguardar el empleo de la mujer y la seguridad de sus ingresos durante la maternidad y después de ella, además de procurar su recuperación física tras el parto.
Más allá de una concepción estrictamente protectora, tanto desde el punto de vista sanitario como económico, también empieza a ser una constante la consideración de la maternidad como un elemento a tener en cuenta por las políticas familiares incentivadoras de la natalidad de cara al sostenimiento económico de los sistemas de protección social.
En efecto, dado el drástico descenso que ha experimentado la tasa de fecundidad en las últimas décadas del siglo pasado “existe una necesidad ineludible y apremiante de promover la natalidad”5, puesto que está en peligro el futuro de los sistemas de protección social.
Como se sabe, puede decirse que la totalidad de los sistemas de pensiones de los países de nuestro entorno económico se basan, principalmente, en un sistema de reparto o de solidaridad entre generaciones, de modo que un descenso...
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