STSJ Comunidad de Madrid 922/2011, 14 de Diciembre de 2011
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 14 Diciembre 2011 |
| Número de resolución | 922/2011 |
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Quinta
C/ General Castaños, 1 - 28004
33009710
NIG: 28.079.33.3-2009/0133642
Procedimiento Ordinario 702/2009
Demandante: VIVANCO SERVICIOS INMOBILIARIOS, S. L.
PROCURADOR D./Dña. MANUEL JOAQUIN BERMEJO GONZALEZ
Demandado: Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid. Ministerio de Economía y Hacienda
Sr. ABOGADO DEL ESTADO
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE
MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
SENTENCIA 922
RECURSO NÚM.: 702-2009
PROCURADOR D./DÑA.: MANUEL JOAQUIN BERMEJO GONZÁLEZ
Ilmos. Sres.:
Presidente
D. José Alberto Gallego Laguna
Magistrados
D. José Ignacio Zarzalejos Burguillo
Dña. Maria Rosario Ornosa Fernández
Dña. Maria Antonia de la Peña Elias
D. Francisco Javier Gonzalez Gragera
------------------------------------------------------------- En la Villa de Madrid a 14 de Diciembre de 2011
VISTO por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el recurso contencioso administrativo núm. 702/2009, interpuesto por VIVANCOS SERVICIOS INMOBILIARIOS
S. L., representada por el Procurador D. Manuel Joaquín Bermejo González contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de fecha 23 de abril de 2009 en la reclamación 28/15501/08, en la que ha sido parte la Administración General del Estado representada por el ABOGADO DEL ESTADO.
Por el Procurador D. MANUEL JOAQUIN BERMEJO GONZÁLEZ actuando en nombre y representación de la parte actora, se interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución citada.
Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley de esta Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación, en cuyos escritos respectivos en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación de los actos objeto del recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en los mismos.
Continuando el proceso su curso por los trámites que aparecen en autos, se señaló día y hora para la votación y fallo, diligencia que tuvo lugar en la fecha fijada.
En la sustanciación del presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.
Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dª Maria Rosario Ornosa Fernández, quien expresa el parecer de la SALA.
Se recurre por la parte actora la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de fecha 23 de abril de 2009 en la reclamación 28/15501/08, efectuada contra sanción impuesta a la recurrente por infracción tributaria grave, consistente en dejar de ingresar en todo o en parte dentro de los plazos la deuda tributaria correspondiente al Impuesto de Sociedades, ejercicio 2002, por cuantía de 6.547,34 #.
La parte actora alega contra la sanción impuesta que su conducta estaba ausente de culpabilidad, sin que exista motivación en la liquidación impugnada. Además, entiende que su conducta debería ser calificada en todo caso como leve al no existir ocultación.
La defensa de la Administración General del Estado solicita la confirmación de la resolución recurrida.
Como se deduce del expediente administrativo, la administración tributaria considera que la entidad actora incurrió en una infracción tributaria grave, motivando la imposición de la sanción en que "el obligado tributario no había presentado liquidación-declaración por el concepto y periodo comprobado, con la consecuencia de no haber ingresado la deuda tributaria."
Procede, pues, examinar la cuestión litigiosa planteada consistente en la adecuación a derecho de la sanción impuesta, respecto a la que se argumenta como motivo impugnatorio la inexistencia e culpabilidad en conducta infractora del actor, lo cual está ligado a la necesidad de motivación respecto del elemento subjetivo de la infracción es decir, de la conducta culpable del sujeto pasivo.
La apreciación de la culpabilidad en la conducta del sujeto infractor es una exigencia que surge directamente de los principios constitucionales de la seguridad jurídica y de legalidad en cuanto al ejercicio de potestades sancionadoras de cualquier naturaleza. El principio de culpabilidad constituye un elemento básico a la hora de calificar la conducta de una persona como sancionables, es decir, es un elemento esencial en todo ilícito administrativo, y es un principio que opera no sólo a la hora de analizar la conducta determinante de la infracción, sino también sobre las circunstancias agravantes.
En la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de febrero de 1986 se señaló que "el ejercicio de la potestad punitiva, en cualquiera de sus manifestaciones, debe acomodarse a los principios y preceptos constitucionales que presiden el ordenamiento jurídico penal en su conjunto, y, sea cual sea, el ámbito en el que se mueva la potestad punitiva del Estado, la Jurisdicción, o el campo en que se produzca, viene sujeta a unos mismos principios cuyo respeto legitima la imposición de las penas y sanciones, por lo que, las infracciones administrativas, para ser susceptibles de sanción o pena, deben ser típicas, es decir, previstas como tales por norma jurídica anterior, antijurídicas, esto es, lesivas de un bien jurídico previsto por el Ordenamiento, y culpable, atribuible a un autor a título de dolo o culpa, para asegurar en su valoración el equilibrio entre el interés público y la garantía de las personas, que es lo que constituye la clave del Estado de Derecho".
Por su parte la Sala Especial de Revisión del Tribunal Supremo (del artículo 61 de la Ley Orgánica del...
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