STC 189/2012, 29 de Octubre de 2012

STC 189/2012

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por don Ramón Rodríguez Arribas, Presidente, don Pablo Pérez Tremps, don Francisco José Hernando Santiago, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel y doña Encarnación Roca Trías, Magistrados, ha pronunciadoEN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 8559-2010, promovido por don Miguel Ángel López Rodríguez, representado por el Procurador de los Tribunales don Jorge Vázquez Rey y asistido por el Abogado don Valentín J. Aguilar Villuendas, contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 2010, que desestima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla) de 10 de junio de 2009, que revocó la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 4 de Córdoba, de 17 de marzo de 2008, sobre reclamación de derechos y cantidad. Ha sido parte el Letrado de la Junta de Andalucía, en la representación que ostenta. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Luis Ignacio Ortega Álvarez, quien expresa el parecer del Tribunal.I. ANTECEDENTES

1. Mediante escrito recibido por fax en este Tribunal el día 9 de diciembre de 2010 y registrado el siguiente día 10, el Letrado don Valentín J. Aguilar Villuendas, actuando en nombre de don Miguel Ángel López Rodríguez, anunció su intención de interponer recurso de amparo contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 2010, que desestimó el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla) de 10 de junio de 2009, que revocó la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 4 de Córdoba, de 17 de marzo de 2008, solicitando para ello la designación de Procurador del turno de oficio y aportando su renuncia a los honorarios.

2. Producida la designación por el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, mediante diligencia de ordenación de la Secretaría de Justicia de la Sala Segunda de 11 de marzo de 2011 se tuvo por designado por el turno de oficio al Procurador de los Tribunales don Jorge Vázquez Rey, concediendo al mismo un plazo de treinta días para formalizar la demanda.

3. Mediante escrito registrado el día 29 de abril de 2011, el Procurador de los Tribunales don Jorge Vázquez Rey, en representación de don Miguel Ángel López Rodríguez, presentó recurso de amparo constitucional contra las resoluciones citadas en el encabezamiento.

4. Los hechos de los que trae causa la demanda, relevantes para la resolución del recurso, son, en síntesis, los siguientes:

   1. El demandante de amparo tenía reconocida por la Delegación provincial de Córdoba de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía una pensión de invalidez no contributiva, por estar afectado por un grado de minusvalía superior al 65 por 100. Habiendo estado interno en el centro penitenciario de Córdoba y, desde marzo de 2003, en el de Sevilla, desde noviembre de 2005 la Junta de Andalucía le redujo el importe de su pensión de 301,55 € a 147,71 €/mes. La razón de esta minoración es la consideración como renta por parte de la Consejería del importe de su manutención en el centro penitenciario, ascendente a 2.062,25 €/año.

   2. Disconforme con la minoración, el demandante presentó reclamación administrativa previa, que fue desestimada, y posteriormente demanda judicial, que fue parcialmente estimada por Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 4 de Córdoba, de 17 de marzo de 2008, que revocó la resolución administrativa y condenó a la Junta de Andalucía a seguir abonando la prestación en su cuantía de 301,55 €/mes y a abonar los atrasos correspondientes. Considera en síntesis la Sentencia que el suministro forzoso de alojamiento y comida en el centro penitenciario no constituye una renta, ni de capital ni de trabajo, sino un deber de la Administración penitenciaria como consecuencia de la situación de privación de libertad en la que se encuentra quien lo recibe.

   3. Contra dicha Sentencia interpuso recurso de suplicación la Junta de Andalucía, siendo estimado el mismo por Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla) de 10 de junio de 2009, que revocó la de instancia y desestimó la demanda del pensionista. La Sentencia se basa en el criterio, ya establecido por la Sala, siguiendo una previa Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 2000, que unificó doctrina al respecto, estableciendo que la manutención en prisión debe ser computada a efectos del límite de acumulación de recursos en la invalidez no contributiva, integrándose en el concepto de bienes y derechos de naturaleza prestacional contemplado en el art. 144 de la Ley general de la Seguridad Social.

   4. El demandante interpuso finalmente recurso de casación para la unificación de doctrina. Admitido a trámite el recurso y con informe del Ministerio Fiscal proponiendo su estimación, el recurso fue desestimado por Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 2010, dictada en Sala General de quince Magistrados y con el Voto particular discrepante de siete de ellos. La Sentencia de unificación considera que la doctrina correcta es la de la Sentencia recurrida y no la de la Sentencia de contraste, siguiendo para ello la doctrina que había sido establecida, modificando la jurisprudencia anterior, por el Pleno de la propia Sala en su Sentencia de 20 de diciembre de 2000, seguida por otras posteriores.

5. En su demanda, el recurrente aduce la vulneración por la Sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (Sala General) el 29 de septiembre de 2010, que desestima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 17 de marzo de 2008, de los arts. 14, 24.1 y 25.2 CE.

   Señala, en primer lugar, que las resoluciones recurridas vulneran los derechos fundamentales a la igualdad (art. 14 CE) respecto de otras personas en situación idéntica amparada en la misma normativa con la única diferencia del territorio; respecto a los ciudadanos también presos no perceptores de prestaciones no contributivas; y respecto a personas en libertad, que pueden disfrutar de alimentación en centros similares, como hospitales o comedores sin reducción. Todo ello en relación con el art. 25.2 CE.

   Recuerda que este último artículo establece que las personas privadas de libertad gozarán de todos los derechos fundamentales, entre los cuales debe entenderse la manutención, y añade que en todo caso gozarán de los beneficios correspondientes a la Seguridad Social. El art. 3 de la Ley general penitenciaria señala incluso que se adoptarán las medidas necesarias para que los internos y sus familiares conserven sus derechos a las prestaciones de Seguridad Social adquiridas antes de su ingreso en prisión, siendo evidente que la interpretación judicial aquí cuestionada no respeta este extremo. Además, señala que el Comité contra la tortura de la ONU, organismo creado para velar e interpretar la Convención contra la tortura de la ONU, ratificada por el Estado español, expresó en sus observaciones finales sobre la República Checa 2004, documento de Naciones Unidas CAT/C/CR/32/2, párrafo 5, su preocupación por el sistema en virtud del cual los internos tienen que pagar parte de los gastos que originan su encarcelamiento.

   El que se descuente por estos gastos en prisión y no se haga igual en centros hospitalarios o de acogida es, a juicio del recurrente, evidentemente discriminatorio, en base a una determinada condición personal y social. Por ello, la Comunidad Autónoma Andaluza, siguiendo la recomendación del Defensor del Pueblo Andaluz, ha decidido en junio de 2008 poner fin a esta desigualdad, modificando el criterio al respecto.

   La alimentación en prisión es un deber, un servicio público. No considera, por ello, lógico que se impute la manutención como una prestación, cuando es obligatoria. Se trata de un derecho fundamental del que no ser puede ser privado, condicionado o limitado en modo alguno. Siendo así que debe considerarse una privación el mismo el hecho de su abono por la vía indirecta de reducción de una prestación.

   Finalmente, entiende ilógico e incoherente, violando el art. 24.1 CE, que la Sentencia del Tribunal Supremo considere que son prestaciones de la Administración penitenciaria “la asistencia sanitaria, la higiene y manutención, la acción social complementaria y la asistencia religiosa”, y que sin embargo no considere que todas esas prestaciones deben ser descontadas de la pensión, sino sólo la manutención. Es incoherente señalar que la prestación no contributiva tiene como finalidad cubrir un estado de necesidad de subsistencia ante una situación de insuficiencia de recursos, y a continuación afirmar que la alimentación se facilita a los internos sin condición de insuficiencia de recursos. Si la alimentación es una prestación y no es no contributiva, por no estar ligada a la insuficiencia de recursos, se llegaría al absurdo de configurarla como contributiva, pues las prestaciones sólo pueden ser contributivas y no contributivas.

6. Por providencia de 16 de febrero de 2012 la Sala Segunda acordó admitir a trámite el presente recurso de amparo y, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), dirigir atenta comunicación a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede en Sevilla, a fin de que, en plazo que no excediera de diez días, remitieran certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al recurso de casación para la unificación de doctrina número 3386-2009, y al recurso de suplicación número 1940-2008, respectivamente, y dirigir igualmente atenta comunicación al Juzgado de lo Social número 4 de Córdoba a fin de que, en plazo que no excediera de diez días, remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al procedimiento número 1025-2006, debiéndose previamente emplazar, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer, si lo desearan, en el recurso de amparo a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo.

7. Mediante escrito registrado el día 23 de marzo de 2012, el Letrado de la Junta de Andalucía, en la representación que por su cargo ostenta, solicitó que se le tuviera por personado como parte en el procedimiento.

8. Por diligencia de ordenación del Secretario de Justicia de la Sala Segunda de 27 de marzo de 2012 se tuvo por personado y parte en el procedimiento al Letrado de la Junta de Andalucía, acordándose dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal por plazo común de veinte días, dentro de los cuales podrían presentar las alegaciones que estimaran convenientes, conforme determina el art. 52.1 LOTC.

9. Mediante escrito registrado el día 27 de abril de 2012 la representación procesal del demandante de amparo presentó sus alegaciones, reiterando las consideraciones de la demanda.

10. El Letrado de la Junta de Andalucía presentó sus alegaciones mediante escrito registrado el día 8 de mayo de 2012, solicitando la desestimación del recurso de amparo.

    En primer lugar, pone de manifiesto el Letrado la existencia de un óbice procesal para la procedencia del recurso de amparo en lo relativo a la falta de invocación temporánea del derecho fundamental a la igualdad, vulneración que no fue invocada ni en vía administrativa, ni en la demanda, ni en el recurso de suplicación, realizándola por primera vez y de manera residual en el recurso de casación para la unificación de doctrina, mientras que con el presente recurso de amparo el recurrente introduce ex novo determinados términos de comparación que tampoco fueron aludidos ni acreditados en la instancia, lo que produce una modificación del objeto del procedimiento. Pero es que, además, considera que, bajo la invocación formal del derecho a la igualdad, lo que realmente se están planteando son cuestiones meramente interpretativas de legalidad ordinaria, que son las que han centrado el debate tanto en la vía administrativa como en la vía judicial precedentes.

    En segundo lugar, señala el Letrado que es inexacta la afirmación categórica realizada por el recurrente de que lo que ha concluido la Sala General del Tribunal Supremo es que “las personas privadas de libertad beneficiarias de prestaciones no contributivas deben abonar los gastos de manutención”. La Sala no ha adoptado en modo alguno tal conclusión, sino la de que la referida manutención constituye un ingreso en especie de naturaleza prestacional que ha de computarse a los efectos del cálculo de la prestación no contributiva. Entiende, por ello, que ha de estarse a la verdadera naturaleza de la prestación no contributiva y a su finalidad para determinar si el cómputo de la consignación presupuestaria por alimentos, como recurso propio, supone, como pretende el recurrente, la vulneración del principio de igualdad.

    Desde esta perspectiva, en tercer lugar, y en relación con la supuesta discriminación respecto de otras personas en idénticas circunstancias pero en diferente Comunidad Autónoma, considera el Letrado que la afirmación en tal sentido del recurrente parte de una premisa errónea, puesto que lo que hace la Sentencia del Tribunal Supremo que se recurre es precisamente establecer la doctrina jurisprudencial unificada, vinculante en todo el territorio nacional, por lo que la misma no sólo no vulnera el principio de igualdad sino que viene a establecer un criterio uniforme, y, por tanto, igual, en todo el territorio nacional. Cuestión distinta puede ser el que alguna Comunidad Autónoma no haya tenido en cuenta con anterioridad dicho criterio jurisprudencial, pero la desigualdad o discriminación por razón del territorio de aplicación, en su caso, no sería imputable a la doctrina del Tribunal Supremo, ni tampoco a la actividad administrativa desarrollada por la Junta de Andalucía. En definitiva, no puede pretenderse la anulación de la Sentencia recurrida que fija la doctrina unificada por el hecho de que en la Comunidad Autónoma de Andalucía se aplique dicha doctrina y en otras no (lo que, además, debió ser objeto de prueba en el proceso).

    Respecto de la vulneración, en cuarto lugar, del derecho a la igualdad en relación con otros presos no perceptores de prestaciones no contributivas, entiende que tampoco se produce la alegada vulneración, que se podría producir, pero en forma inversa, de acogerse la tesis del recurrente, produciendo desigualdad en quienes, siendo reclusos con un grado de discapacidad superior al 65 por 100 y no teniendo pensión contributiva, ni trabajo remunerado, ni otros ingresos, carezcan de pensión no contributiva, mientras que en la tesis del recurrente éste continúe percibiendo íntegramente la prestación aun cuando sus necesidades básicas estén cubiertas.

    Respecto de otros reclusos que tengan reconocida una pensión contributiva, considera que no puede haber jamás discriminación, por cuanto resulta patente que los términos de comparación son completamente inadecuados, al no guardar identidad en la naturaleza de las prestaciones.

    Y, finalmente, con respecto a otros perceptores de prestaciones no contributivas, ciertamente se produce discriminación, pero en el caso de acogerse la tesis del recurrente, a quienes no han sido condenados ni privados de libertad, puesto que si la finalidad de la prestación no contributiva es la atención de las necesidades básicas de subsistencia (la primera, la de alimentación) no parece un trato igual que los no privados de libertad deban satisfacer sus necesidades alimenticias con su prestación no contributiva, mientras que los privados de libertad, teniendo su necesidad satisfecha, la continúan percibiendo íntegramente.

    Se afirma de contrario que también se produce discriminación respecto de quienes reciben alimentación, por ejemplo, durante su atención hospitalaria, o en comedores sociales o en otras instituciones, pero tampoco el término comparativo es equiparable, puesto que, siendo revisable anualmente la prestación en función de los ingresos y rentas en cómputo anual, cuando se ha computado como ingreso la prestación alimenticia ha sido cuando el internamiento es ejecución de una Sentencia condenatoria y por un determinado período de tiempo, y no por ingresos puntuales como puedan ser los hospitalarios. Y respecto de la posible alimentación en comedores sociales, ello se trataría de un problema de prueba, de imposible prueba, lo que impide que pueda ser computado como ingreso. Por lo demás, en el caso considerado la computación como ingreso dimana de una prestación a favor del interno, mientras que la alimentación en un comedor social ni constituye un derecho subjetivo, ni genera derecho a su mantenimiento y prestación, por lo que nuevamente los términos comparativos no guardan igualdad.

    Por otra parte, se afirma por el recurrente que la referida desigualdad se produce en relación con el art. 25.2 CE, siendo así que en nada se ve afectado el derecho a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, máxime cuando continúa el régimen legal previsto para las prestaciones no contributivas de invalidez, en los propios términos legales.

    Finalmente, entiende que la queja de vulneración del art. 24.1 CE carece de cualquier fundamentación jurídica y motivación, no aportándose argumento alguno. El recurrente confunde tutela judicial efectiva con estimación de su pretensión.

11. El Fiscal ante el Tribunal Constitucional presentó sus alegaciones mediante escrito registrado el día 14 de mayo de 2012, solicitando la denegación del amparo.

    Por lo que se refiere, en primer lugar, a la pretendida lesión del derecho a la igualdad en la ley, señala el Fiscal que el recurrente establece a tal efecto un doble término de comparación: de una parte, el referido a la existencia de otras Comunidades Autónomas distintas de la andaluza en las que no se produce la minoración de la cuantía de la pensión no contributiva; de otra, el diferente tratamiento recibido respecto de los demás internos del centro penitenciario, desde el momento en que la percepción de la prestación alimenticia que aquellos reciben en prisión carece de efecto negativo alguno sobre sus hipotéticos patrimonios. Pues bien, tras recordar el alcance de la doctrina constitucional sobre el derecho a la igualdad, considera el Fiscal que debe compartirse la fundamentación recogida sobre este punto en la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en el sentido de que la invocación referida a la actuación de otras Comunidades Autónomas no puede entenderse más que como un alegato retórico e hipotético, pues ni se ofrece constancia de ello, ni se recoge tal circunstancia en los hechos probados de la Sentencia de instancia, mientras que, en lo que se refiere a la situación de los demás internos, entiende evidente que el término de comparación resulta inadecuado, ya que no se trata de situaciones iguales, pues el hecho a comparar no es el supuesto abono del importe de la manutención, sino la minoración de la cuantía de la prestación no contributiva, que sólo el demandante percibe.

    Y en lo relativo, en segundo lugar, a la supuesta lesión del derecho a la tutela judicial efectiva, no aprecia tampoco el Ministerio Fiscal el pretendido razonamiento ilógico e incoherente que atribuye el demandante a la posición mayoritaria de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Considera, por el contrario, que en ella se han argumentado las razones por las que se entiende que el concepto de “prestación” comprende cualquiera de origen público, y entre ellas las que pueda procurar la Administración penitenciaria, criterio que se puede compartir o no desde el punto de vista de la legalidad ordinaria pero que no puede estimarse vulnerador del art. 24.1 CE.

12. Por providencia de 25 de octubre de 2012 se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 29 del mismo mes y año.