SAP Barcelona 546/2012, 17 de Octubre de 2012
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 546/2012 |
| Fecha | 17 Octubre 2012 |
AUDIENCIA PROVINCIAL
DE
BARCELONA
SECCION Decimotercera
ROLLO Nº 896/2011-1ª
PROCEDIMIENTO ORDINARIO NÚM. 1184/2010
JUZGADO PRIMERA INSTANCIA 7 ARENYS DE MAR
S E N T E N C I A N ú m. 546
Ilmos. Sres.
D. JOAN CREMADES MORANT
Dª. ISABEL CARRIEDO MOMPIN
Dª. M. ANGELS GOMIS MASQUE
D. FERNANDO UTRILLAS CARBONELL
En la ciudad de Barcelona, a diecisiete de octubre de dos mil doce.
VISTOS, en grado de apelación, ante la Sección Decimotercera de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de Procedimiento ordinario, número 1184/2010 seguidos por el Juzgado de Primera Instancia 7 de Arenys de Mar, a instancia de COFIDIS HISPANIA, E.F.C., S.A. contra Faustino, los cuales penden ante esta Superioridad en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la Sentencia dictada en los mismos el día 16 de junio de 2011 por el/la Juez del expresado Juzgado.
La parte dispositiva de la Sentencia apelada, es del tenor literal siguiente: "FALLO: Estimo íntegramente la demanda deducida por COFIDIS HISPANIA EFC, frente a Faustino, y en su consecuencia CONDENO al demandado a hacer pago al actor de la cantidad de SEIS MIL NOVENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (6.092, 69 euros) intereses legales de dicho importe, desde la interpelación judicial y costas procesales."
Contra la anterior Sentencia interpuso recurso de apelación la parte demandada mediante su escrito motivado, dándose traslado a la contraria ; elevándose las actuaciones a esta Audiencia Provincial.
Se señaló para votación y fallo el día 16 de octubre de 2012 .
En el presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.
VISTO, siendo Ponente el Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a D/Dª. FERNANDO UTRILLAS CARBONELL.
Apela el demandado Sr. Faustino la sentencia de primera instancia que le condena al pago a la demandante Cofidis Hispania, E.F.C., S.A. de la cantidad de 6.092'69 # en concepto de saldo deudor del contrato de venta a plazos, de 10 de mayo de 2007, y del contrato de crédito, de 16 de enero de 2008, concertados entre ambas partes, alegando la apelante haber pagado mayor cantidad de la admitida por la actora, y el carácter abusivo de los intereses y gastos.
Centrada así la primera cuestión discutida, en cuanto a las cantidades pagadas a cuenta por el demandado, para la determinación de la parte a quien corresponde la carga de probar los hechos en que funda su pretensión, habrá que estar a la norma general de distribución de la carga de la prueba del artículo 217 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que recoge en parte la doctrina reiterada en este punto, según la cual ( Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de marzo de 1991 ), si bien es cierta la vigencia de la conocida regla incumbit probatio ei qui dicit,non qui negat, la misma no tiene un valor absoluto y axiomático, matizando la moderna doctrina el alcance del principio del onus probandi que el antiguo artículo 1214 del Código Civil sancionaba, en el sentido de que incumbe al actor la prueba de los hechos normalmente constitutivos de su pretensión, y al demandado, en general, la de los impeditivos o extintivos que alegue ( Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 1985 ), no pudiendo admitirse como norma absoluta, que los hechos negativos no puedan ser probados, pues pueden serlo por los hechos positivos contrarios; que si los demandados no se limitan a negar los hechos constitutivos de la acción o pretensión ejercitada, sino que alegan otros impeditivos, extintivos, u obstativos al efecto jurídico reclamado por el actor, tendrán que probarlos ( Sentencias del Tribunal Supremo de 13 de septiembre de 1986 y 13 de diciembre de 1989 ); y que finalmente, la norma distributiva de la carga de la prueba no responde a unos principios inflexibles, sino que se deben adaptar a cada caso, según la naturaleza de los hechos afirmados o negados, y la disponibilidad o facilidad para probar que tenga cada parte ( Sentencias del Tribunal Supremo de 23 de septiembre de 1986, 18 de mayo y 15 de julio de 1988, 17 de junio y 23 de septiembre de 1989 ).
En el presente caso, de las alegaciones parcialmente conformes de las partes, la prueba documental aportada por el demandado (docs 3 y 7 de la contestación), y la ausencia de prueba en contrario, resultan unos pagos por el demandado por importe conjunto 1.672'84 #, superior en 114'96 # a la cantidad admitida en la demanda como pagada, según los extractos aportados (docs 2 y 3 de la demanda), por importe conjunto de
1.557'88 # (938'09 + 619'79), por lo que procede la rebaja de la cantidad adeudada en 114'96 #, procediendo, por consiguiente, la estimación del motivo de la apelación.
En cuanto a los intereses y comisiones, es lo cierto que el artículo 5 de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 12 de diciembre de 1989, sobre tipos de interés y comisiones, normas de actuación, información a clientes y publicidad de las Entidades de crédito, dictada en virtud de la habilitación prevista en el artículo 48.2 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, establece que los intereses y las comisiones por operaciones o servicios prestados por las Entidades de crédito serán las que éstas fijen libremente, aunque, en ningún caso, podrán cargarse comisiones o gastos por servicios no aceptados o solicitados en firme por el cliente, debiendo las comisiones o gastos repercutidos responder a servicios efectivamente prestados o a gastos habidos.
En el mismo sentido el artículo 13 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, de Defensa de los Consumidores y Usuarios, y en la actualidad los artículos 60 y ss del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, exige que los bienes, productos, y servicios, puestos a disposición de los consumidores y usuarios, deban incorporar, llevar consigo o permitir, de forma cierta y objetiva, una información veraz, eficaz, y suficiente, sobre sus características esenciales y, al menos, sobre el precio completo, y condiciones jurídicas y económicas de adquisición o utilización, indicando con claridad, y de manera diferenciada, el precio del producto o servicio, y el importe de los incrementos, o descuentos en su caso, y de los costes adicionales por servicios, accesorios, financiación, aplazamiento, o similares.
También en los artículos 1258 y 1283 del Código Civil se establece con carácter general, en materia de obligaciones y contratos, que los contratos obligan al cumplimiento de lo expresamente pactado; y que, cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato, no deben entenderse comprendidos en él cosas...
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