ATS, 2 de Febrero de 2005

PonenteAURELIO DESDENTADO BONETE
ECLIES:TS:2005:1175A
Número de Recurso1106/2004
ProcedimientoSOCIAL
Fecha de Resolución 2 de Febrero de 2005
EmisorTribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social

AUTO

En la Villa de Madrid, a dos de Febrero de dos mil cinco. HECHOS

PRIMERO

Por el Juzgado de lo Social Nº 1 de los de Castellón se dictó sentencia en fecha 15 de julio de 2003, en el procedimiento nº 258/03 seguido a instancia de D. Claudio contra SOCIEDAD DE RIEGO SANTA CECILIA y la AGRUPACION DE REGANTES LA PINELLA, SOCIEDAD CIVIL, sobre despido, que estimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO

Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en fecha 28 de enero de 2004, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO

Por escrito de fecha 6 de abril de 2004 se formalizó por el Letrado D. Joaquín Ramón Pitarch, en nombre y representación de D. Claudio, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO

Esta Sala, por providencia de fecha 20 de septiembre de 2004 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de una relación precisa y circunstanciada de la contradicción y por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en el plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO

Es doctrina de esta Sala, sentada al interpretar y aplicar el art. 217 de la Ley de Procedimiento Laboral que la contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales; y aunque el precepto no exige una identidad absoluta, sí es preciso, como en el mismo se señala, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales". Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos iguales ( sentencias, entre otras muchas, de sentencias de 27 y 28 de enero de 1.992, 18 de julio, 14 de octubre, 17 de diciembre de 1997, 17 de mayo de 2000 y las más recientes de 14 de abril y 14 de noviembre de 2003 ).

La sentencia de instancia estima parcialmente la demanda declarando procedente el despido objetivo del actor por razones económicas, técnicas, organizativas y de producción y condenando a la empresa al abono de unas diferencias en concepto de indemnización y preaviso, pronunciamiento confirmado en suplicación por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 28 de enero de 2004 .

Recurre la parte actora en casación para la unificación de doctrina, señalando tres puntos o materas de contradicción. El primero en relación con la puesta a disposición de una indemnización claramente inferior a la que correspondía, lo que debe acarrear la declaración de nulidad del despido, el segundo acerca de la existencia de una sucesión empresarial entre las dos empresa demandadas, y el tercero por no haberse acreditado la adecuación de la medida extintiva adoptada.

En el supuesto enjuiciado el actor prestaba servicios con la categoría profesional de maquinista regador para la demandada Sociedad de Riego Santa Cecilia que el 15 de febrero de 2003 le notificó por escrito el despido con efectos de 28 de febrero de 2003 por causas objetivas de tipo económico técnico, organizativo y de producción. Según el hecho probado séptimo, junto con la carta al actor le fue entregada la indemnización por despido y un mes de preaviso mediante dos talones, por importe de 3.409 y 596,10 euros respectivamente, que el actor rechazó manifestando que tenía que asesorarse previamente, motivo por el que se le ingresaron en su cuenta el 4 de marzo de 2003.

La sentencia rechaza la declaración de nulidad del despido por cuanto -conforme al citado hecho séptimo que el recurso de suplicación intenta modificar sin éxito-, junto con la carta de despido al actor le fue entregada la indemnización y un mes de preaviso mediante dos talones, por importe antes citado que el actor rechazó. En cuanto a la diferencia entre la cantidad ofrecida en concepto de indemnización y la que en realidad correspondía, se produce como consecuencia de un también diferente criterio respecto de la calificación jurídica de la relación mantenida entre las partes acerca de si se trataba de una trabajador fijo discontinuo o no, diferencia de criterio que es debatida en juicio y resuelta por la sentencia de instancia y que la sentencia ahora recurrida considera razonable, por todo lo cual, como se ha dicho, rechaza calificar el despido como nulo.

En relación con esta cuestión se propone de contraste la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 2 de abril de 1996 .

La contradicción es inexistente porque la citada sentencia de contraste declara nulo el despido por causas económicas y organizativas en un supuesto que no guarda identidad con el de autos y en el que la empresa puso a disposición del trabajador al momento del despido únicamente la mitad del importe de la indemnización, y es en el acto de conciliación y después en el juicio cuando intenta subsanar dicho comportamiento para el que no alega mas que un error de cálculo, sin que hubiera surgido entre las partes diferencia alguna que pudiera incidir en el importe de la indemnización como ocurre en el caso de autos, donde la diferencia aunque cuantitativamente importante -1252,87 euros- no alcanzaba a la mitad de lo ofrecido de forma simultánea con el despido y obedecía a unos criterios diferentes entre los litigantes que fueron discutidos y resueltos en la instancia.

Por lo que se refiere al segundo punto de contradicción, la demanda inicial de las presentes actuaciones se dirige contra la Sociedad de Riego Santa Cecilia -para quien el actor realizaba las tareas de "riego a manta" de las tierras de los socios integrantes- y contra la Agrupación de Regantes Pinella Sociedad Civil que quedó integrada por distintas sociedades civiles entre las que se encontraba la de Santa Cecilia codemandada y cuyo objeto social, según el artículo dos de sus Estatutos, consistía en "... la gestión, administración, y reparto equitativo del agua entre los regantes, según el Proyecto de Riego Localizado, realizado por la Consellería de Agricultura de la Generalitat Valenciana, para la zona La Pinella, del término municipal de Vila-Real (Castellón), efectuando a su vez el abonado básico centralizado".

En el caso enjuiciado, dice la sentencia recurrida, no se trata de una transmisión de elementos patrimoniales o personales entre empresas, y ni siquiera de una situación de sucesión en la actividad de una empresa por otra, sino de una agrupación de diversas sociedades de riego que deciden poner en común la gestión, administración y reparto del agua entre los distintos regantes que las integran, actuación que encuentra su justificación en la necesidad de sustituir el viejo sistema de riego "a manta" o por inundación de tradicional utilización en las huertas de la Comunidad Valenciana, por otro más moderno, eficaz y económico, como es el de goteo.

En relación con una posible sucesión empresarial entre las dos codemandadas, se propone como contradictoria la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 30 de octubre de 2001 .

En ese caso la actora había prestado servicios desde 1977 para un agente de seguros, persona física, que en 1989 acordó con la aseguradora "Caja de Previsión y Socorro" la cesión del negocio de seguros que hasta entonces explotaba, por lo que trasladó toda la documentación que ello requería al domicilio de la citada compañía, incorporándose también la actora a su plantilla. El 1 de febrero de 1997 la citada aseguradora se integró en Aegón Unión Aseguradora de Seguros y Reaseguros S.A. que en marzo de 2001 comunicó a la actora el despido por causa objetivas. De la exposición que antecede -y no obstante las alegaciones de la parte recurrente- se evidencia la absoluta falta de identidad entre los supuestos enjuiciados, no sólo por lo que se refiere a los distintos supuestos contemplados (mera agrupación de empresas con fines instrumentales en un caso y cesión del negocio en otro) sino por la distinta configuración de las controversias, pues en el caso de la sentencia de contraste la demanda se dirige únicamente contra la aseguradora Aegón que es quien despide a la actora, y la cuestión debatida se centra exclusivamente en el reconocimiento de una determinada antigüedad a efectos indemnizatorios.

Por último, en relación con la adecuación de la decisión extintiva adoptada, se propone como contradictoria la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 16 de marzo de 2001, que confirma la improcedencia del despido de los actores, pero tampoco en este punto concurre la necesaria identidad entre los supuestos de hecho enjuiciados.

La actividad desarrollada en la sentencia de contraste es la de la hostelería y el despido de los trabajadores se justifica por la renovación de los servicios técnicos de mantenimiento -fontanería, saneamiento, electricidad, telefonía, circuito cerrado de televisión, sonido, megafonía, climatización, etc.- del hotel que la demandada explota. Tras dicha renovación la demandada procede a contratar dichos servicios con una empresa externa y a comunicar a los actores, por una parte el ofrecimiento de un puesto de trabajo en la citada empresa, y por otra a notificarles el despido aduciendo razones técnicas, organizativas o de producción, pero alegando una falta de cualificación técnica.

La situación que enjuicia la sentencia recurrida es por completo distinta, pues aquí lo que se produce es la integración de la demandada en una agrupación de diversas sociedades de riego con la finalidad de implantar el riego localizado o a goteo reduciendo así el consumo de agua, energía eléctrica, ahorro de abonos e insecticidas, reducción de personal y abaratamiento de gastos de cultivo, y por ello procede al despido del actor invocando causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

Por tanto las actividades de las demandadas son distintas y también los son las circunstancias en las que se enmarca el cese de los trabajadores; renovación de servicios de mantenimiento que pasan a externalizarse, con ofrecimiento de un puesto de trabajo en la empresa que va a gestionarlos en la sentencia de contraste, e integración de la demandada en una agrupación de regantes en la sentencia recurrida.

Además, en la sentencia de contraste se alegan para el despido razones técnicas, organizativas o de producción, sin embargo la causa final del cese aparece vinculada a una falta de capacitación de los trabajadores, causa ajena a la invocada para despedir.

SEGUNDO

La Sala también ha reiterado la exigencia del artículo 222 de la Ley de Procedimiento Laboral de que el escrito de interposición del recurso de casación para la unificación de doctrina contenga una relación precisa y circunstanciada de la contradicción alegada. Para cumplir este requisito la parte recurrente debe establecer la identidad de los supuestos a partir de los que afirma la existencia de contradicción mediante una argumentación mínima sobre la concurrencia de las identidades del artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral, a través de un examen comparativo que, aunque no sea detallado, sea suficiente para ofrecer a la parte recurrida y a la propia Sala los términos en que el recurrente sitúa la oposición de los pronunciamientos ( sentencias 27 de mayo de 1.992 y 18 de julio de 1997 ).

El presente recurso no cumple el anterior requisito respecto a ninguna de las sentencias de contraste que invoca, pues se refiere a los supuestos de hecho enjuiciados en términos genéricos sin realizar una exposición pormenorizada de los mismos y sin efectuar una efectiva comparación con el caso de autos que evidenciara la sustancial identidad que la Ley exige.

En su escrito de alegaciones la parte recurrente también se opone a dicha causa de inadmisión, pero lo cierto es que el recurso omite toda referencia a las concretas circunstancias que se han relacionado en el anterior razonamiento y que evidencian la falta de identidad necesaria para acreditar el requisito de la contradicción.

TERCERO

Por lo expuesto, procede declarar la inadmisión del recurso conforme a lo establecido en los artículos 217 y 223 de la Ley de Procedimiento Laboral . sin imposición de costas a la parte recurrente.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado

D. Joaquín Ramón Pitarch, en nombre y representación de D. Claudio contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de fecha 28 de enero de 2004, en el recurso de suplicación número 3384/03, interpuesto por D. Claudio, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de los de Castellón de fecha 15 de julio de 2003, en el procedimiento nº 258/03 seguido a instancia de D. Claudio contra SOCIEDAD DE RIEGO SANTA CECILIA y la AGRUPACION DE REGANTES LA PINELLA, SOCIEDAD CIVIL, sobre despido.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

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