ATS, 27 de Septiembre de 2007
| Ponente | JOSE MANUEL MAZA MARTIN |
| ECLI | ES:TS:2007:12929A |
| Número de Recurso | 20637/2006 |
| Procedimiento | PENAL - APELACION PROCEDIMIENTO ABREVIADO |
| Fecha de Resolución | 27 de Septiembre de 2007 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal |
AUTO
En la Villa de Madrid, a veintisiete de Septiembre de dos mil siete. I. HECHOS
Con fecha 1 de Junio pasado, esta Sala dictó Auto en cuya parte dispositiva, DICE:
".......LA SALA ACUERDA: 1º).- Declarar su competencia para el conocimiento de la querella interpuesta
por la representación de DON Plácido, contra la Sra. Presidenta del DIRECCION000, DOÑA Marí Jose
, por supuesto delito del art. 426 del Código Penal. 2º ).- Inadmitir a trámite la referida querella, acordando el archivo de las actuaciones.....".
Notificado el anterior auto al Ministerio Fiscal y a la representación procesal del querellante, por ésta última y dentro del plazo establecido, formuló recurso de súplica contra el mismo por medio de escrito presentado en el Registro General de este Tribunal, en base a las alegaciones que en él se contienen.- Se dio traslado al Ministerio Fiscal a los efectos del art. 238, en relación con el 222, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .
El Ministerio Fiscal, en el trámite conferido, evacuo traslado con fecha 23 de Julio de 2007, interesando que, procede la desestimación del recurso interpuesto por el querellante ya que no se dan los elementos del tipo penal invocado, ni de ningún otro, y el archivo de las actuaciones...."
En el recurso de súplica contra el auto de esta Sala que acordó no admitir a trámite la querella interpuesta por la representación procesal de DON Plácido contra la Sra. Presidenta del DIRECCION000 a la que imputaba un presunto delito del art. 426 del Código Penal, el recurrente reitera argumentos de contenido sustancialmente idénticos al de los ya planteados con anterioridad, que fueron tenidos en cuenta por esta Sala para dictar el auto de fecha 1/06/07, ahora recurrido.
En síntesis, sostiene que: "el auto parece desubicado pues no se trata de condenar o absolver tras la práctica de pruebas, ya en este estado previo del procedimiento sino solo de determinar si en esta fase inicial existen indicios racionales bastantes para abrir una investigación penal por presunto delito de cohecho impropio.......Pensar, como parece deducirse del auto, que la dádiva se iba a dar desde Pelayo al descubierto
y a los cuatro vientos diciendo el Jurado de la Mutua...... en su acto de concesión que el "premio Pelayo se ha
concedido por su labor como magistrada y presidenta del DIRECCION000 " sería señal de poca mundología y andar muy errado en la previsión de estos asuntos.....el premio como jurista de reconocido prestigio, no le
ha sido concedido mientras la Sra. Marí Jose desempeñó su labor como catedrática o ya como magistrada del TC (que en este caso también habría podido caer dentro de la rubrica penal) sino justamente cuando está desempeñando tan alto cargo judicial, como lo es el de Presidenta del TC, en donde su influencia y responsabilidad tocan los intereses y utilidades de una parte procesal como es la MUTUA otorgante del premio, "cliente habitual del Tribunal presidido por la premiada".....Aceptar, como hace el auto, que el premio ha sido
otorgado por los no concretados -y ya borrados de la memoria- méritos de su labor de catedrática de derecho del trabajo, en cuya condición cesó ocho años atrás, es caer, dicho sea en términos de legítima crítica, en una visión ingenua o cándida de las cosas que no encaja ni es uso del más alto órgano jurisdiccional del estado en el ámbito penal y que constituye una lesión del deber de justicia del art. 24.1 de la CE y 14.1 del PIDCP que protege contra resoluciones patentemente erróneas o denegatorias de justicia...".
En definitiva el recurrente insiste en considerar que existen indicios racionales bastantes para abrir una investigación sobre el presunto delito de cohecho impropio.
Como decíamos en el auto, comete el delito de "cohecho impropio" del art. 426 CP, partiendo de que el bien jurídico protegido se identifica con la preservación de la confianza pública en que los funcionarios ejercen sus funciones, en un Estado de Derecho, sometidos exclusivamente al imperio de la ley; precisa para la existencia de la conducta delictiva los siguientes requisitos: Existencia de una dádiva o regalo, que el presente sea admitido por su destinatario; que el destinatario fuere Autoridad o funcionario y que la dádiva o promesa se ofrezca en consideración de la función que ejerce el receptor o que persiga la consecución de un acto no prohibido legalmente.- Y, así advertíamos que existía una dádiva, en cuantía de 30.000 euros de la Aseguradora convocante del premio, y su aceptación por la querellada, sin que tenga incidencia alguna en el tipo examinando el destino, pues ya comenzamos señalando el bien jurídico protegido en el art. 426 del Código Penal . Además la querellada es Autoridad, pero ni en la querella ni en este recurso de súplica aparecen los elementos de la conducta infractora que pueden ser o bien que la entrega se llevó a cabo en consideración a la función pública de la receptora o con objeto de conseguir la realización de un acto no prohibido legalmente, pues al margen de la opinión que la conducta de la querellante le merece al recurrente poco añade en el recurso al escrito de querella, vuelve a insistir en desconfiar de los méritos de la Sra. Presidenta del DIRECCION000, anteriores al nombramiento para el cargo actual, mostrando su disconformidad con el fallo del jurado, más como pone de manifiesto el Ministerio Fiscal, se podrá argumentar que los méritos que el recurrente le niega deben tener peso intelectual suficiente pues con apoyo en ellos fue nombrada Magistrada del DIRECCION000, con todo el recurrente no suple en este recurso los defectos que motivaron la inadmisión a trámite de su escrito de querella que como decíamos era una mínima sustentación de que el premio se entregó en atención a la función pública actual de la receptora o con objeto de conseguir la realización de un acto no prohibido legalmente. Por todo, se concluyó que los hechos no eran constitutivos de delito y que, por ello, era procedente la desestimación de la querella y tras este recurso de súplica, conforme peticiona el Ministerio Fiscal, siguen sin darse los elementos del tipo penal invocado ni de ningún otro y el recurso debe desestimarse, confirmando íntegramente el auto recurrido.
Con independencia de ello, pasamos a continuación a dar respuesta a lo que el recurrente denomina lesión del deber de justicia del art. 24.1 CE y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que a su juicio se produce por falta de instrucción para investigar los hechos por él denunciado.-Parece que para el recurrente la investigación y, en tal caso, el nombramiento de instructor debería ser una consecuencia necesaria de la interposición de su querella; consecuencia impuesta por las normas básicas de actuación procesal en el ámbito penal que nos ocupa.. La argumentación del recurrente parece desconocer que las diligencias de investigación o instrucción no son una consecuencia automática de la interposición de una querella o denuncia, por cuanto tampoco es una consecuencia necesaria la incoación del correspondiente procedimiento penal (v. arts. 269 y 313 Lecrm .) y en el presente caso, este Tribunal ha estimado que los hechos objeto de la querella interpuesta por el hoy recurrente no revisten caracteres de delito. En tal sentido pueden citarse las resoluciones de esta Sala de 28 de Julio de 2000 -RC 1450/00; de 5 de noviembre de 2003 -RC 1102/03 ; de 9 de mayo de 2000 -RC 60/2000; ó de 19 de enero de 2004 -RC 1048/2003 y de 16 de enero de 2006 -RC 30/2005, así como las del Tribunal Constitucional, con idéntica doctrina sobre la corrección de las inadmisiones a limine por no ser los hechos denunciados constitutivos de delito, sin que ello produzca lesión alguna del derecho a la obtención de la tutela judicial efectiva, asi se pueden citar las STC 240/2005 de 10 de Julio, ó 176/2006 de 5 de Junio .
Por todas estas razones, se concluyó que los hechos no eran constitutivos de delito y que, por ello, era procedente la desestimación de la querella en cuanto a los mismos afecta, y reiterando que es patente que los argumentos expuestos por el recurrente no han desvirtuado los fundamentos del auto impugnado, solo procede la desestimación de este recurso de súplica.
LA SALA ACUERDA:
DESESTIMAR el Recurso de Súplica interpuesto por la representación procesal de DON Plácido contra el auto de fecha 1 de Junio de 2007 dictado en estas actuaciones, que se confirma en su totalidad, y, en consecuencia, procede el archivo de las actuaciones.
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