AAP Madrid 213/2011, 3 de Marzo de 2011

PonenteALBERTO MOLINARI LOPEZ-RECUERO
ECLIES:APM:2011:1695A
Número de Recurso111/2011
ProcedimientoAPELACION AUTOS
Número de Resolución213/2011
Fecha de Resolución 3 de Marzo de 2011
EmisorAudiencia Provincial - Madrid, Sección 23ª

AUDIENCIA PROVINCIAL MADRID

SECCION 23ª

Rollo: RT 111/2011

Diligencias Previas n.º 6749/2010

Juzgado de Instrucción n.º 52 Madrid

A U T O n.º 213/11

ILMOS. SRS. MAGISTRADOS

María RIERA OCÁRIZ

Rafael MOZO MUELAS

Alberto MOLINARI LÓPEZ RECUERO (ponente)

En Madrid, a 3 de marzo de 2011.

ANTECEDENTES PROCESALES

  1. Con fecha 8 de diciembre de 2010 la Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción n.º 52 de Madrid dictó auto en la causa arriba referenciada decretando la prisión provisional, comunicada y sin fianza del súbdito argentino Secundino en relación con un presunto delito contra la salud pública de sustancia que causa grave daño a la salud.

  2. Frente a esa resolución se formuló recurso de reforma y subsidiario de apelación por la representación procesal del referido imputado.

  3. Después de que el Ministerio Fiscal lo impugnara, la reforma fue desestimada por auto de 17 de enero de 2011, admitiéndose a trámite el de apelación interpuesto con carácter subsidiario.

  4. Formuladas alegaciones, se remitió testimonio de particulares.

  5. Recibido el testimonio en esta Sala, se designó ponente y se señaló para deliberación.

MOTIVACIÓN

Primero

Con carácter previo procede analizar la queja planteada por el apelante por falta de motivación sobre la decisión adoptada de prisión por la Magistrada-Juez instructora tanto en el auto decretando la misma como el desestimatorio de su recurso de reforma contra aquél. Lo que -tras alegar doctrina del TS, pero sin mencionar sentencia alguna- entiende ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva.

Tesis que no podemos acoger.

En efecto, no se solicita expresamente la nulidad la resolución recurrida. Y, de oficio esta Sala no puede acordarla por tenerlo así proscrito conforme señala el art. 240.2.2 LOPJ .

A mayores, aun cuando la solicitud lo fuera de forma tácita -que no lo es-, no se comparten los argumentos del recurrente. Así es. El apelante ni siquiera se ha molestado en hacer una somera lectura del Auto de 08-12-2010 decretando su prisión provisional, comunicada y sin fianza. En su FJ 1º se esboza de forma clara y concisa una relación fáctica base de la posible comisión de un delito contra la salud pública. Para después, en lo siguientes fundamentos aplicar la normativa vigente que ha considerado oportuna a su propio criterio la instructora para tomar su decisión.

Argumentos en definitiva que ha mantenido en su Auto hoy objeto de apelación para desestimar el recurso de reforma formulado contra aquél.

Se desestima pues este motivo de impugnación.

Segundo

La doctrina establecida de forma reiterada por el Tribunal Constitucional sobre la prisión provisional ( SSTC 128/1995, 14/1996, 37/1996, 41/1996, 62/1996, 179/1996, 44/1997, 66/1997, 67/1997, 177/1998, 18/1999, 33/1999, 14/2000, 47/2000, 165/2000, 304/2000, 29/2001, 61/2001, 8/2002, 23/2002, 98/2002, 138/2002, 142/2002, 144/2002, 82/2003, 121/2003, 198/2003, 22/2004, 81/2004, 120/2004, 179/2005, 333/2006, 35/2007 y 79/2007 ) se centra en los siguientes razonamientos y principios sustanciales:

La legitimidad constitucional de la prisión provisional exige que su aplicación tenga como presupuesto la existencia de indicios racionales de la comisión de una acción delictiva; como objetivo, la consecución de fines constitucionalmente legítimos y congruentes con la naturaleza de la medida; y como fundamento, la ponderación de las circunstancias concretas que, de acuerdo con el presupuesto legal y la finalidad constitucionalmente legítima, permitan la adopción de la medida.

Por lo demás, en su adopción y mantenimiento la prisión cautelar ha de ser concebida como una medida excepcional, subsidiaria, provisional, necesaria y proporcionada a los fines que constitucionalmente la justifican y delimitan.

En cuanto a la concreción de éstos, merecen tal consideración aquellos que responden a la conjuración de ciertos riesgos relevantes que, teniendo su origen en el imputado, se proyectan sobre el desarrollo normal del proceso o la ejecución del fallo, así como, en general, sobre la sociedad: la sustracción a la acción de la Administración de Justicia, la obstrucción de la instrucción penal y, en un plano distinto aunque íntimamente relacionado, la reiteración delictiva.

Se trata, pues, de una medida justificada en esencia por la necesidad de asegurar el proceso, siendo este fundamento justificativo el que traza la línea de demarcación con otro tipo de privaciones de libertad y condiciona, a la vez, su régimen jurídico. Esa finalidad cautelar y no represiva es precisamente lo que permite acordarla sin vulnerar la presunción de inocencia

De otra parte, debe hacerse hincapié en la necesidad de distinguir nítidamente dos momentos procesales diversos a la hora de realizar el juicio de ponderación sobre la presencia de los elementos determinantes de la constatación del riesgo de fuga: el momento inicial de adopción de la medida y aquel otro en que se trata de decidir el mantenimiento de la misma pasados unos meses. De forma que, tal como se argumenta en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (sentencias de 27-VI-1968: asunto Neumeister c. Austria ; de 10-XI-1969: asunto Matznetter ; de 27-VIII-1992: asunto Tomasi c. Francia ; y de 26-I- 1993: asunto W c. Suiza ) si en un primer momento cabría admitir que para preservar los fines constitucionalmente legítimos de la...

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