STSJ Extremadura 620/2011, 30 de Junio de 2011
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 620/2011 |
| Fecha | 30 Junio 2011 |
de Justicia de Extremadura, integrada por los Iltmos
T.S.J.EXTREMADURA SALA CON/AD
CACERES
SENTENCIA: 00620/2011
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, integrada por los Iltmos. Sres. Magistrados del margen, en
nombre de S. M. el Rey, ha dictado la siguiente:
SENTENCIA Nº 620
PRESIDENTE :
DON WENCESLAO OLEA GODOY
MAGISTRADOS :
DOÑA ELENA MENDEZ CANSECO
DON MERCENARIO VILLALBA LAVA
DON RAIMUNDO PRADO BERNABEU
DON DANIEL RUIZ BALLESTEROS
DON JOSE MARIA SEGURA GRAU
En Cáceres a treinta de junio de dos mil once.
Visto el recurso contencioso administrativo nº 1759 de 2008, promovido por el Procurador SR. FERNANDEZ DE LAS HERAS nombre y representación de INSTITUTO DE ENERGIAS RENOVABLES, S.L. siendo parte demandada LA JUNTA DE EXTREMADURA, representada por el SR. LETRADO DE LA JUNTA DE EXTREMADURA ; recurso que versa sobre: resolución del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, de 29 de agosto de 2008 (expediente M/332/07-12).
C U A N T I A: INDETERMINADA.
Por la parte actora se presentó escrito mediante el cual interesaba se tuviera por interpuesto
recurso contencioso administrativo contra el acto que ha quedado reflejado en el encabezamiento de esta
sentencia.
Seguido que fue el recurso por sus trámites, se entrego el expediente administrativo a la representación de la parte actora para que formulara la demanda, lo que hizo seguidamente dentro del plazo, sentando los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes y terminando suplicando se dictara una sentencia por la que se estime el recurso, con imposición de costas a la demandada ; dado traslado de la demanda a la parte demandada para que la contestase, evacuó dicho trámite interesando se dictara una sentencia desestimatoria del recurso, con imposición de costas a la parte actora.
Recibido el recurso a prueba, se admitieron y practicaron las admitidas por la Sala, obrando en los ramos separados de las partes, declarando concluso este periodo, se pasó al de conclusiones, donde las partes evacuaron por orden interesando cada una de ellas se dictara sentencia de conformidad a lo solicitado en el suplico de sus escritos de demanda y de contestación a la misma, señalándose seguidamente día para la votación y fallo del presente recurso, que se llevó a efecto en el fijado.
En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales;
Siendo Ponente para este trámite el Iltmo. Sr. Magistrado DON WENCESLAO OLEA GODOY, que expresa el parecer de la Sala.
Se interpone recurso contencioso-administrativo por la mercantil "Instituto de Energía
Renovables, S.L.", contra la resolución del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, de 29 de agosto de 2008 (expediente M/332/07-12), por el que se denegaba la autorización para la instalación de un Parque Eólico, denominado "Montánchez I", en término municipal de Montánchez (Cáceres). Se suplica en la demanda que se anule la mencionada resolución y se conceda la autorización solicitada o, de forma subsidiaria, que se anule la Declaración de Impacto Ambiental que sirve de fundamento a la mencionada resolución y se ordene la retroacción del procedimiento para que se proceda a la elaboración de otra Declaración debidamente fundamentada. Se opone a tales pretensiones el Servicio Jurídico de la Junta de Extremadura, que considera la resolución impugnada ajustada a Derecho, suplicando su confirmación con la desestimación del recurso.
Para un adecuado tratamiento de las cuestiones que se suscitan en este proceso, es necesario que hagamos una referencia a la normativa que regula la autorización que se deniega en la resolución que se impugna, conforme a lo que antes se ha expuesto en orden a la delimitación del objeto del proceso. En este sentido debemos tomar como punto de partida la normativa reguladora de estas autorizaciones, que se contienen en el Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura 192/2005, de 30 de agosto, por el que se Regula el Procedimiento para la Autorización de las Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica a partir de la Energía Eólica, a través de Parques Eólicos, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Conforme a lo establecido en el artículo 1 del Decreto, su finalidad es regular el régimen jurídico " de las instalaciones de aprovechamiento de la energía eólica que se encuentren en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura (así como)... las condiciones técnicas, medioambientales, socioeconómicas y de eficiencia energética que deberán respetar en todo caso las instalaciones autorizadas... " Sin perjuicio de la regulación detallada que en el mencionado Decreto se establece, nos interesa destacar, a los efectos del debate suscitado, que la instalación de estos parques eólicos -que el artículo 2 define- requiere una autorización administrativa, que se otorga por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, a propuesta conjunta de las Consejerías con competencias en materia de energía y medio ambiente (artículo 3 ); autorización que llevará implícita la declaración de utilidad pública (artículo 6 ). A la concreta regulación del procedimiento para el otorgamiento de la autorización se dedica el Capítulo III del Decreto, del que merece destacar, a los efectos del debate aquí suscitado, la necesidad de que en la solicitud se incluye, entre otras exigencias ahora irrelevantes, un " estudio de impacto ambiental (que)... incluirá tanto el parque eólico propiamente dicho, como las infraestructuras anexas de nueva construcción: red viaria, instalaciones eléctricas (tendidos eléctricos, subestaciones, centros de transformación...), edificaciones, (almacenes, talleres, oficinas...), así como cualquier otra infraestructura complementaria. Para poder realizar su valoración ambiental, el estudio incluirá, en capítulos independientes, las inversiones en mejoras de protección del medio ambiente y la descripción de los proyectos industriales y/o empresariales." (artículo 9.B
.c). El requisito de naturaleza medioambiental, que es una preocupación constante en la norma reglamentaria, tiene por objeto salvaguardar las exigencias que sobre la materia se impone por la normativa sectorial, que es precisamente la que se exigen en estas solicitudes de autorización, al establecer el artículo 10 del Decreto que " todos los proyectos solicitantes (sic) de autorización serán sometidos de manera preceptiva y vinculante a Declaración de Impacto Ambiental en la Consejería competente en materia de Medio Ambiente "; haciéndose una remisión a la normativa sectorial entonces vigente en materia de Medio Ambiente, tanto autonómica como estatal. En el párrafo tercero de este precepto se establece la exigencia de que esa declaración " incluirá una valoración sobre la viabilidad e idoneidad ambiental de las inversiones en mejoras de protección del medio ambiente y de los proyectos industriales y/o empresariales propuestos por el promotor ." La relevancia de la Declaración de Impacto Ambiental se determina en el párrafo cuarto de este artículo 10, al establecer que " la valoración negativa de la declaración de impacto ambiental regulada en el presente precepto podrá ser causa de denegación de la autorización solicitada por parte del Consejo de Gobierno "; potestad que deberá matizarse con la exigencia de que esa declaración se ha declarado en el primer párrafo, ya trascrito, como vinculante.
Nos hemos centrado en las exigencias medioambientales que estas autorizaciones requieren, porque precisamente, en el caso de autos, la escueta resolución del Consejo de Gobierno que deniega la autorización -y es el objeto del proceso- se limita a motivar la decisión en "la declaración (de) impacto ambiental desfavorable"; es decir, son precisamente las exigencias de esa naturaleza las que justifican la denegación y, en lógica congruencia, es esa Declaración de Impacto Ambiental la que es objeto de especial crítica en la demanda. Recordemos en este sentido que, conforme a las exigencias del Decreto regulador de estas autorizaciones, el proyecto presentado por la recurrente, en el que se incluía el preceptivo Estudio de Impacto Ambiental, con el contenido que impone el antes mencionado artículo 9.B .c, siendo objeto de Declaración de Impacto Ambiental por la Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental, de fecha 25 de julio de 2008, en el que, como ya de adelantó, se declara que "a los solos efectos ambientales, y en orden a la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales, el proyecto de Parque Eólico..., promovido por la empresa..., resulta incompatible e inviable, en base a las siguientes consideraciones..."; en concreto y según se declara -que no se razona, como veremos- que la instalación del Parque Eólico "produciría un impacto de carácter crítico sobre especies de quirópteros catalogadas en peligro de extinción y sobre especies de aves catalogadas como sensibles a la alteración de su hábitat, vulnerables y de interés especial...; así como que se produciría un impacto severo sobre la vegetación (hábitat de melojares, rebledales, encinas y alcornocales) y sobre la geomorfología". Debe hacerse constar que esas conclusiones se incorporan a la Declaración de Impacto Ambiental de un informe que se había emitido por el Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas, a cuyo contenido más detallado deberemos referirnos posteriormente, a los efectos de examinar la legalidad de la decisión del Consejo de Gobierno porque, a la postre, por esa referencia sucesiva a informes, es el últimamente citado el que sirve de fundamento a la...
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Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 30 de junio de 2011 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, Ponente: Wenceslao Francisco Olea Godoy). Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 30 de junio de 2011 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, Ponente: Wenceslao Francisco Olea Godoy)
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