AAP Pontevedra 53/2009, 6 de Marzo de 2009
| Ponente | JAIME CARRERA IBARZABAL |
| ECLI | ES:APPO:2009:14A |
| Número de Recurso | 4334/2008 |
| Número de Resolución | 53/2009 |
| Fecha de Resolución | 6 de Marzo de 2009 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Pontevedra, Sección 6ª |
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 6
PONTEVEDRA, sede Vigo
Domicilio: C/LALÍN, NÚM. 4 - PRIMERA PLANTA - VIGO
Telf.: 986817388-986817389 Fax: 986817387
AUTO: 00053/2009
Modelo: 15650
N.I.G.: 36038 37 1 2008 0601006
ROLLO: RECURSO DE APELACION (LECN) 0004334 /2008
Juzgado procedencia: JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 2 de VIGO
Procedimiento de origen: MONITORIO 0000916 /2008
APELANTE: R. CABLE Y TELECOMUNICACIONES DE GALICIA S.A.
Procurador/a: PURIFICACION RODRIGUEZ GONZALEZ
Letrado/a: RICARDO ANTON RODRIGUEZ ARIAS
APELADO/A:
Procurador/a:
Letrado/a:
AUTO NúM. 53
ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:
D. JAIME CARRERA IBARZÁBAL, Presidente
D. JUAN M. ALFAYA OCAMPO
Dª MAGDALENA FERNÁNDEZ SOTO
En Vigo (Pontevedra), a seis de marzo de dos mil nueve. VISTO en grado de apelación ante esta Sección 006 de la Audiencia Provincial de PONTEVEDRA, sede Vigo, los Autos de MONITORIO 0000916 /2008, procedentes del JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 2 de VIGO, a los que ha correspondido el Rollo de apelación 0004334 /2008, es parte apelante-demandante: La entidad R. CABLE Y TELECOMUNICACIONES DE GALICIA S.A., representada por el procurador Dª Purificación Rodríguez González y asistida por el Letrado D. Ricardo Antón Rodríguez Arias.
Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JAIME CARRERA IBARZÁBAL, quien expresa el parecer de la Sala.
ANTECEDENTES DE HECHOS
Por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Vigo, con fecha 19.09.08, se dictó auto cuya parte dispositiva expresa:
"SE ACUERDA: NO ADMITIR a trámite la solicitud inicial para conocer el proceso Monitorio instada por don Alejandro Padín Vidal en nombre de "R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA, S.A.", frente a Ezequias .".
Notificada dicha resolución a las partes, por el Procurador Sra. Rodríguez González, en nombre y representación de R. CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA, SA, se preparó y formalizó recurso de apelación, que fue admitido a trámite y, conferido el oportuno traslado, se formuló oposición por la parte contraria.
Elevadas las actuaciones a la Audiencia Provincial de Pontevedra, se repartieron a esta Sección Sexta, sede Vigo, abriéndose el oportuno rollo bajo el núm. 4334/08, siguiendo el recurso los trámites de rigor y señalándose para su deliberación y fallo el día seis de los corrientes.
La Sala viene manteniendo invariablemente el criterio de que las personas jurídicas, cuando actúen en causas civiles en las que no sea preceptiva la intervención de Procurador de los tribunales y opten por no utilizar los servicios de esos profesionales, deben comparecer en juicio a través de sus "representantes legales", pero no pueden hacerlo por representación voluntaria o apoderamiento, criterio por lo demás adoptado por el acuerdo (punto 1 a]) de la Junta General de Magistrados de las Secciones de Orden Civil de esta Audiencia Provincial en su reunión de fecha 12 de diciembre de 2005, tal y como conoce el ahora recurrente, según manifiesta expresamente en su escrito de apelación. Y la razón de ser de esta decisión es muy simple: la propia, clara e inequívoca literalidad de la norma, en conjunción con el postulado constitucional de la necesidad de tratar por igual a todos los justiciables, sean personas físicas o jurídicas.
En efecto, dice el art. 7, párrafo cuarto, de la Ley de Enjuiciamiento Civil que por las personas jurídicas comparecerán quienes legalmente las representen, representación por ley que corresponde a la administración individual o colegiada del Consejo de Administración (en el caso, art. 128 de la Ley de Sociedades Anónimas ). Por su lado, el art. 2, párrafo segundo, de aquella Norma Procesal indica que los litigantes que opten por no comparecer con Procurador, en los procedimientos en los que no sea obligada esta intervención profesional, podrán comparecer "por sí mismos", en palmaria referencia a la exclusión del apoderado o representante voluntario. En definitiva, la Ley veda la utilización de este último mecanismo de representación, desde luego, a las personas físicas, que deberán actuar en esos procesos por sí mismas, es decir, personalmente y, si inversamente, se tolerará a las sociedades valerse de apoderados, no administradores de las mismas, estaríamos concediendo a estas últimas un tratamiento discriminatorio por privilegiado, comparativamente con las personas naturales, lo que no resulta constitucionalmente aceptable.
El motivo invocado no puede por ello aceptarse, al igual que la siguiente alegación de la parte recurrente, expresiva de que ostentaría, en todo caso, la condición de administrador. Basta, para rechazar este argumento, con indicar que el apelante tiene la calidad de Secretario del Consejo de Administración "no Consejero", tal y como consignan las correspondientes escrituras fundacionales de la sociedad. O, por decirlo de otra manera, el apelante está excluido explícitamente de los que ostentan esa cualidad.
La última cuestión que formula la parte apelante es la de si el juzgador a quo puede rechazar ad liminem la tramitación de la petición de proceso monitorio. Entiende este recurrente, con apoyo en la doctrina constitucional que cita, que el Juzgado, antes de tomar tal expeditiva y traumática medida, debió ofrecer la posibilidad de salvar el defecto a la postre apreciado, concediéndole al efecto un plazo sanatorio.
La formulación de parte nos lleva necesariamente a examinar la doctrina constitucional atinente a la materia, que aunque pueda parecer, en una primero y mas superficial...
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