STS 1171/2009, 10 de Noviembre de 2009

En el primer motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca vulneración del derecho a la presunción de inocencia que proclama el artículo 24.2 de la Constitución.

Se niega la existencia de prueba de cargo que pueda sustentar la condena por un delito de facilitación de la inmigración ilegal de ciudadanos extranjeros.

Se declara probado, entre otros extremos, que los acusados recurrentes, tanto María Luisa como su marido Florentino, se dedicaron desde el año 2005 a traer chicas de Sudamérica a España, para que ejercieran la prostitución en los clubes de alterne que controlaban, y para lograrlo se ponían en contacto con ellas en sus países, por medio de personas con las que estaban concertados y les organizaban y pagaban el viaje a España, para entrar como turistas, entregándoles aproximadamente 2700 euros que era el coste de los billetes y el viaje más una cantidad entre 500 y 800 euros que llamaban viático, para demostrar en el momento de entrar en España que eran turistas y disponían de medios para su manutención, comprometiéndose a devolver las cantidades recibidas para los que se les ofrecía ejercer la prostitución en los locales antes citados. A continuación se señalan varias de las personas que vinieron en esas circunstancias y las que sirvieron de intermediarias, añadiéndose que Florentino y María Luisa gestionaban los tres locales a los que se hace referencia, en los que las chicas ejercían la prostitución y ambos acusados se quedaban, una vez pagada la deuda, con la mitad de las cantidades que se obtenían por los servicios que prestaban esas mujeres.

Para construir ese relato fáctico el Tribunal de instancia, en el primero de sus fundamentos jurídicos, señala las pruebas de cargo que ha podido valorar, practicadas en el acto del plenario y alguna de ellas como prueba preconstituida. Así se hace referencia a las declaraciones depuestas por varias de las jóvenes que vinieron desde países de Sudamérica en esas circunstancias, la prueba documental consistente en las libretas u otros documentos en los que se llevaba la contabilidad de los servicios o coitos realizados, con liquidación semanal lo que evidencia la participación de la empresa del matrimonio citado en el producto de la prostitución, como también se acredita por el cobro de los servicios mediante el empleo de tarjetas de crédito cuyos pagos se efectuaban a sociedades sobre las que María Luisa y Florentino tenían el dominio de hecho. Y el control y dominio que ejercían María Luisa y su marido sobre los contactos y traída a España de esas jóvenes para el ejercicio de la prostitución en sus locales queda igualmente evidenciado por el testimonio de las jóvenes quienes manifiestan que al llegar a España tenían que devolverles el dinero que habían recibido como viático y abonarles con sus servicios las cantidades que tuvieron que pagar para adquirir los billetes y realizar el viaje. En concreto se ha podido valorar la declaración del ahora recurrente Florentino quién manifestó en el acto del juicio oral que era su mujer la que llevaba la gestión de las habitaciones y el tema económico y reconoce que los pagos efectuados con tarjetas se ingresaban en sociedades que ellos controlaban y declara que aunque sabía que algunas de las mujeres que alquilaban sus habitaciones eran prostitutas a él lo que le interesaba era alquilar las habitaciones; la recurrente María Luisa reconoce, en el acto del juicio oral, que en la "Casa Rosa" se ejerce la prostitución y que ella lo gestionaba todo, si bien el tema de los bancos lo llevaba su marido; la coacusada Felisa declara que fue Florentino el que le propuso trabajar como encargada de la "Casa Rosa" y que María Luisa le decía lo que tenía que hacer y manifiesta que cada chica se entendía económicamente con María Luisa ; el coacusado Plácido, en el acto del plenario, declara, entre otras cosas, que trabajaba en un chalet sito en la calle Arquitecto Vandelvira para Florentino y María Luisa y que todas las semana recogía el dinero de las chicas y se lo llevaba a Florentino y María Luisa, que el 50% del servicio era para las chicas y el resto para Florentino y María Luisa y que el dinero que se obtenía a través del datáfono al pagarse con tarjetas, iba directamente a la cuenta de Florentino y María Luisa, y asimismo reconoce que en la casa las chicas ejercían la prostitución, que el llevaba el dinero a María Luisa si bien declara que el alguna ocasión fue Florentino a por el dinero, que el anuncio que se puso en el periódico "La Tribuna" para contactar con chicas se pagó con dinero de Florentino y María Luisa ; la acusada Fidela manifiesta que vino a España desde Paraguay para ejercer la prostitución por medio de Florentino y María Luisa, que fueron quienes le pagaron el viaje, siendo intermediaria Inocencia quien le dijo que el dinero para venir a España era de Florentino y María Luisa con los que tenía la deuda que pagaba con los servicios que hacía en la casa -manifiesta que ella trabajaba en el chalet sito en la calle Arquitecto Vandelvira- y que Ana hacía las cuentas con Perversa más que con Florentino ; el inspector Jefe de la Brigada Provincial de Extranjería ratifica, en el acto del juicio oral, el atestado policial y declara sobre las investigaciones realizadas, que se iniciaron por lo declarado por una joven que había venido desde Paraguay para ejercer la prostitución en España en la llamada "La Casa Rosa", habiendo intervenido en el registro realizado en un chalet, precisando la participación de Florentino y María Luisa en los hechos enjuiciados y los ingresos efectuados en determinadas sociedades del dinero procedente del ejercicio de la prostitución; la testigo protegida número NUM003, manifiesta que le propusieron venir a España de limpiadora, que le dieron dinero para el billete de avión y para aparentar ser una turista y que al llegar a España la llevaron a "La Casa Rosa" y allí le recibió la acusada María Luisa, quien le retiró el pasaporte y los 700 euros del viático y le dijo que tenía que trabajar para ella como prostituta y que lo hizo durante tres meses y medio sin que se quedara con nada del dinero que ganaba con la prostitución y que después de pagar la deuda se quedaba con la mitad de lo que ganaba con sus servicios, que en dicha casa había otras chicas extranjeras, paraguayas y de otros países, en las mismas condiciones en las que ella estaba y que podía haber unas treinta mujeres ejerciendo la prostitución, y que había una mujer, Felisa, la cual cobraba los pases y vigilaba el tiempo que cada chica estaba con el cliente, que el dinero se entregaba a Felisa que luego hacía cuentas con María Luisa ; que a Florentino lo vio por allí en alguna ocasión; manifiesta que no hubiera venido a España de haber sabido el trabajo que le tenían preparado y que cuando salió de Paraguay, Doris le dijo que quien había puesto el dinero era María Luisa ; la testigo Inocencia declara, entre otros extremos, que vino a España desde Brasil y que el hombre que actuó de intermediario le dijo que tenía una deuda con Florentino, que tardó dos meses en pagar la deuda ejerciendo la prostitución; que las cuentas las hacía lo lunes, normalmente con Ana y que ésta iba a casa de María Luisa o María Luisa iba al chalet y que a Florentino lo vio alguna vez; tras pagar la deuda la mitad del servicio se lo quedaba ella; la testigo protegida NUM001 declara en el acto del plenario, entre otros extremos, que un individuo llamado Carmelo le facilitó los billetes y el dinero en metálico y le dijo que la deuda la tendría con un tal Antonio y un tal Florentino, que le llevaron al Club Don Angelo, y allí habló con Florentino, al que reconoce en la Sala, y le exigió los 500 euros que llevaba encima y le dijo que había contraído con él una deuda de 3.000 euros y que llegó después a "La Casa Rosa" en Albacete, que la encargada era Felisa y también habló con María Luisa que le dijo que era la encargada de cobrarle la deuda a partir de entonces y que Florentino le había dado un número de cuenta para ingresar los 600 euros que le restaban por pagar ese momento, precisando que Florentino y María Luisa eran los dueños del club de San Clemente y de "La Casa Rosa"; la testigo protegida número 4 declara que en su país contactó con una chica que le dijo que se necesitaba una camarera para un club de alterne en España, le comentó los nombre de Florentino y María Luisa, que en su país nunca pensó en ejercer la prostitución, no habiendo venido para eso, le entregaron 800 euros para viajar, que le recogió Felisa en Valencia quien le llevó a "La Casa Rosa", que le recogió los 800 euros y le dijo que la dueña de la casa era María Luisa y que había contraído una deuda con esa señora y con Florentino, después pasó a una casa en San Clemente y posteriormente de nuevo a "La Casa Rosa", donde Felisa era la encargada, que reconoce en el juicio a Felisa, a María Luisa y a Florentino ; la testigo Valle manifiesta que trabajó para Florentino en un club de San Clemente y después en el club D'Angelo de Albacete para Florentino y María Luisa, donde se ejercía la prostitución y había ocho chicas todas paraguayas, también trabajó en el Copacabana, propiedad de Florentino, en el que Plácido era el encargado, que María Luisa iba por las noches y se llevaba el dinero y le propuso contactar con otras chicas en su país para venir a trabajar a España pero que ella no accedió; el testigo Rafael declara que era el propietario de la casa chalet de la calle Arquitecto Vandelvira que lo había alquilado a María Luisa y que la renta se la pagaba Florentino, si bien un día le dijo que seguiría pagando la renta una chica llamada Fidela ; las testigos Carmela e Ruth declaran que trabajaron junto a otras chicas en el chalet de la calle Arquitecto Valdelvira y a quien entregaban el dinero era a Plácido y que no saben lo que éste hacía con el dinero; el testigo Iván, que era subdirector de la oficina de Caja Madrid, quien declara que conocía a Florentino y que fue Plácido el que le propuso que se pusiera un datáfono en el chalet de la calle Arquitecto Vandelvira, y al desconfiar el declarante le dijo que era amigo de Florentino y que se puso en contacto con Florentino y éste le dijo que se lo pusiera a su nombre y que el ajustaría cuentas con Plácido, añade que Florentino era el apoderado de una cuenta de la que era titular su madre, relativa a la empresa "The Glass, S.L., y que era en esta cuenta a la que iban a pasar los ingresos del datáfono; la testigo Berta declara que trabajaba para María Luisa en "La Casa Rosa", donde se ejercía la prostitución, los clientes pagaban a las chicas y éstas a María Luisa ; la testigo Evangelina declara que trabajó en el chalet "D'Angelo" en San Clemente (Cuenca), que los dueños eran Florentino y María Luisa ; el testigo Luz declara que es tío de Plácido y ha sido asesor contable de Florentino y María Luisa, que en su asesoría se hizo un borrador de contrato de subarriendo pero que no se firmó; la testigo Regina declara que trabajó como limpiadora en el chalet de la calle Arquitecto Vandelvira, que se pagaba a María Luisa y que Plácido estaba en el chalet y no sabe si era dueño o encargado, que trabajaba como limpiadora para María Luisa ; el legal representante de SURTEl, S.L.U., empresa que se dedica a la instalación de teléfonos, al que se le exhibe un contrato y manifiesta que está incompleto ya que sólo consta la firma del comercial y que no es práctica de su empresa hacer contratos sin que lo firme el cliente; el testigo Pio manifiesta que es comercial de SURTEL y que conoce a Florentino y Plácido de ser clientes y que fue Florentino el que le solicitó cabinas telefónicas para él o amigos suyos y que Florentino le solicitó una cabina de teléfonos para un chalet en la calle Arquitecto Valdelvira y después le dijo que se pusiera a nombre de Plácido ; en el acto del juicio oral se procedió a la lectura de la declaración de la testigo protegida NUM000 y a la audición DVD de la testigo protegida NUM000 (unida la transcripción) y lectura de determinados folios de las actuaciones y se escucha en la Sala y se visiona la cinta relativa al testimonio de Flor .

Por todo lo que se acaba de dejar expresado, el Tribunal de instancia ha podido valorar prueba de cargo, legítimamente obtenida, de la que se infiere la participación de los acusados en los hechos que se les imputan y en concreto, respecto a los ahora recurrentes Florentino y María Luisa queda perfectamente acreditado el dominio que ambos ejercieron, junto a otros acusados, en la facilitación de la inmigración ilegal de ciudadanos extranjeros, especialmente desde Sudamérica, a España, y es oportuno traer a colación, por su carácter clarificador del concepto de «entrada clandestina e ilegal en España», el Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de esta Sala 2ª del Tribunal Supremo, de 13 de julio de 2005, que en relación al alcance del art. 313, 1 del Código Penal de 1995 resolvió que: «El facilitar un billete de ida y vuelta a extranjeros que carecen de permiso de trabajo y residencia en España, para poder entrar en España como turistas cuando no lo eran y ponerlos a trabajar, constituye un delito de inmigración clandestina». Y habrá que convenir que, como en el caso enjuiciado, la entrada se produce por lugares de frontera ordinarios, previa presentación de tales documentos, pero con claro fraude en su misma comisión, Acuerdo que es seguido por la jurisprudencia de esta Sala, como es exponente la Sentencia 284/2006, de 6 de marzo, en la que se declara que por tráfico ilegal ha venido entendiéndose cualquier movimiento de personas extranjeras que trate de burlar la legislación española sobre inmigración, de modo que el tráfico ilegal no es sólo el clandestino, sino también el que siendo en principio y aparentemente lícito se hace pensando en no respetar la legalidad, y por ello merece tal calificación la entrada llevada a cabo en calidad de turista, por ejemplo, pero con la finalidad de permanecer después de forma ilegal en España.

Ha existido, por consiguiente, prueba de cargo que acredita la existencia de conductas que facilitan la inmigración ilegal de ciudadanos extranjeros, que contrarresta el derecho de presunción de inocencia invocado.

El motivo no puede prosperar.

En el segundo motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca vulneración del derecho a la presunción de inocencia que proclama el artículo 24.2 de la Constitución.

En este motivo se niega la existencia de prueba de cargo con respecto al delito relacionado con la prostitución.

Los recurrentes han sido, asimismo, condenados por la conducta relativa a la prostitución prevista en el apartado primero del artículo 188 del Código Penal, y en concreto en la modalidad de intervención lucrativa en la explotación de la prostitución de otra persona, modalidad que fue introducida en el Código Penal por Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, y que ha sido objeto de consideración por doctrina de esta Sala, en el sentido y con la idea de que no toda ganancia proveniente de la prostitución, por sí sola, convierte a quien la percibe en autor de un delito castigado con penas de dos a cuatro años de prisión, sino que se requiere una mayor gravedad, en los términos que se mencionan a continuación. Así en las Sentencias de esta Sala, 450/2009, de 22 de abril, y 445/2008, de 3 de julio, entre otras, se declara que la determinación del ámbito típico de esta modalidad delictiva resulta obligada ante la necesidad de impedir una interpretación que avale la quiebra del principio de proporcionalidad, especialmente cuando se asocia la misma pena a los actos violentos e intimidatorios, frente a aquellos otros que sólo emplean el engaño o, como en este caso, se identifican aquellas conductas violentas o intimidatorias con la acción de lucrarse o vivir a costa de la prostitución ajena. Constatadas esas dificultades, la fijación de tales límites ha de tomar en consideración la idea de que no toda ganancia proveniente de la prostitución, por sí sola, convierte a quien la percibe en autor de un delito castigado con penas de dos a cuatro años de prisión. Para que así acontezca es indispensable que concurran, con carácter general, las siguientes circunstancias:

1. Que los rendimientos económicos se deriven de la explotación sexual de una persona que se halle mantenida en ese ejercicio mediante el empleo de violencia, intimidación, engaño o como víctima del abuso de superioridad o de su situación de necesidad o vulnerabilidad. Así se desprende de una elemental consideración de carácter sistemático. Ese inciso cierra un precepto en el que se castiga, no toda forma de prostitución, sino aquella que degrada la libertad y la dignidad de la persona prostituida, en atención a las circunstancias que precisa el artículo 188.1 del Código Penal . Esta idea es también coherente con el criterio de política criminal que late en el compromiso de los países de la Unión Europea, expresado en la Acción Común 97/154/JAI, de 24 de febrero de 1997, adoptada por el Consejo sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativa a la lucha contra la trata de seres humanos y la explotación sexual de los niños (Diario Oficial L 63 de 04.03.1997) y, sobre todo, en la Decisión marco 2002/629/JAI, de 19 de julio de 2002 (Diario Oficial L 203 de 01/08/2002), que ha sustituido a la citada Acción Común, en lo que afecta a la trata de personas. En la primera de ellas, los Estados se comprometen a revisar la legislación nacional con el fin de incluir, entre otras, la siguiente conducta: "... explotación sexual de una persona que no sea un niño, con fines lucrativos en la que: se recurra a la coacción, en particular mediante violencia o amenazas, se recurra al engaño, o haya abuso de autoridad u otras formas de presión, de modo tal que la persona carezca de una opción real y aceptable que no sea la de someterse a la presión o abuso de que es objeto". En la Decisión marco (art. 1 .d), los Estados asumen el compromiso de garantizar la punibilidad, entre otros casos, de aquellos supuestos en los que "... se concedan o se reciban pagos o beneficios para conseguir el consentimiento de una persona que posea el control sobre otra persona, con el fin de explotar el trabajo o los servicios de dicha persona (...) o con el fin de explotar la prostitución ajena o ejercer otras formas de explotación sexual, incluida la pornografía ". b) Quien obtiene el rendimiento económico a costa de la explotación sexual ajena ha de ser conocedor de las circunstancias que determinan a la persona prostituida a mantenerse en el ejercicio de la prostitución. c) La ganancia económica puede ser fija, variable o a comisión, pero es preciso, en cualquier caso, que se trate de un beneficio económico directo. Sólo la explotación lucrativa que está íntimamente ligada a la fuente de la prostitución ajena queda abarcada en el tipo. d) La percepción de esa ganancia ha de ser el fruto de algo más que un acto aislado o episódico. No basta con un mero gesto de liberalidad. Esa reiteración es exigible, tanto en la persona que ejerce la prostitución como en aquella otra que se lucra con su ejercicio.

En el presente caso, en la conducta de los acusados recurrentes Florentino y María Luisa queda acreditado, por las pruebas a las que se ha hecho mención al examinar el anterior motivo, que se cumplen tales exigencias, como se describe en el relato fáctico, ya que como titulares y en posición de dominio sobre la actividad de prostitución que se ejercía en varias casas, se enriquecían del ejercicio de esa prostitución por parte de las mujeres que trabajaban en los locales sobre los que se extendía su dominio, a lo que se une el requisito típico de lucro obtenido aprovechándose de la explotación de esa personas, aun con su consentimiento, abusando de su situación de necesidad o vulnerabilidad, que indudablemente estaba presente cuando las víctimas se vieron obligadas, al no tener otra opción, a mantener relaciones sexuales, que se les impone exclusivamente para generar dinero a favor de los recurrentes y otros acusados, aprovechándose de la concreta situación en la que se desarrollan los hechos y de todas aquellas circunstancias, de distinto signo, que sirvan para imponer una atmósfera puesta al servicio de la coacción, el engaño o el abuso de superioridad, que queda bien expresado por el temor que exteriorizaron dichas testigos al declarar en el plenario y que sucede especialmente cuando las víctimas se encuentran en situación ilegal, en condiciones bien diferentes a las que les movieron a desplazarse a España, a quienes se les exige, durante meses, una entrega casi total de los beneficios obtenidos con la prostitución a la que se ven condicionadas y posteriormente, cuando han entregado una cantidad que supera con mucho la que tuvieron que entregarle para venir a España, se ven obligadas a entregar la mitad de lo que obtengan con tales servicios, con evidente vulneración de los bienes jurídicos que se protegen en esta conducta delictiva como son la libertad sexual de las víctimas y su dignidad al verse sujetas a esa situación de prostitución.

Ha existo, por consiguiente, prueba de cargo, legítimamente obtenida, y el motivo debe ser desestimado.

En el tercer motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción, por aplicación indebida, del artículo 188.1 del Código Penal .

Se argumenta, en apoyo del motivo, que no comete delito quien se lucre de la prostitución ejercida libremente por otra persona sin violencia ni intimidación alguna.

Es de dar por reiterado lo que se ha dejado expresado para rechazar el anterior motivo, éste tampoco puede prosperar ya que en los hechos que se declaran probados concurren, por lo que allí se ha dejado mencionado, cuantos elementos se hacen precisos para apreciar la explotación con ánimo de lucro de la prostitución de otras personas, aun con su consentimiento, abusando de su situación de necesidad o vulnerabilidad.

En el cuarto motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción, por inaplicación indebida, del artículo 74 del Código Penal .

Se alega que en su caso deberían haber sido condenados por un delito continuado y no por once delitos relativos a la prostitución.

Este motivo tampoco puede prosperar.

Es doctrina de esta Sala, como es exponente la Sentencia 767/2005, de 7 de junio, que el delito continuado, definido en el art. 74.1 del C. Penal, no es aplicable, en principio, a aquellos delitos que lesionen "bienes eminentemente personales", "salvo - según dice el apartado 3 del mismo artículo- las constitutivas de infracciones contra el honor y la libertad sexual: pues en tales casos se atenderá a la naturaleza del hecho y del precepto infringido para aplicar o no la continuidad delictiva". En la aplicación de este precepto, tiene declarado este Tribunal que, cuando en este tipo de delitos existen diversos sujetos pasivos, respecto de los cuáles el sujeto activo haya desarrollado su acción típica en más de una ocasión, podrá apreciarse el delito continuado respecto de cada uno de los sujetos pasivos, de modo que si el Tribunal hubiere aplicado la figura jurídica del delito continuado en tales casos, incluyendo en un único delito la conducta del acusado, ello constituye una aplicación indebida del art. 74 del C. Penal . En general, en los delitos contra la libertad sexual, no cabe hablar de delito continuado cuando la conducta típica correspondiente recaiga sobre sujetos pasivos distintos (v. SSTS de 28 de mayo de 1993, 11 de abril de 1997, 9 de septiembre de 1999, 23 de febrero y 31 de octubre de 2001, entre otras). En la línea marcada por esta jurisprudencia, el texto actualmente vigente del art. 74.3 del C. Penal -que entró en vigor el 30 de septiembre de 2004 -, exige expresamente, para la apreciación del delito continuado en los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, que los hechos enjuiciados "afecten al mismo sujeto pasivo". En cualquier caso, en los delitos relativos a la prostitución, referidos a una única persona como sujeto pasivo del delito, obviamente no cabe hablar de delito continuado, por cuando el tipo penal describe una conducta permanente y no actos aislados.

La aplicación de la anterior doctrina al supuesto que examinamos nos determina a rechazar la continuidad delictiva que se postula, ya que es patente que la conducta de los acusados afectó a víctimas distintas, por lo que nos hallamos ante un concurso real de delitos.

En el quinto motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción, por aplicación indebida, del artículo 116 del Código Penal .

Se niega la producción de daños a las víctimas por lo que no procede indemnización alguna.

En lo que concierne a la determinación del «quantum» del daño moral, tiene declarado esta Sala, como es exponente la Sentencia 89/2003, de 23 enero, que hemos de tener en cuenta que, en estos casos, la responsabilidad civil no lo es por la obligación de reparar el daño por él causado ni por la de indemnizar los daños materiales consecuencia de su acción delictiva (artículo 110. 2º y 3º Código Penal ), de ahí la indudable dificultad de fijar unas bases para determinar concretamente la cuantía de la obligación que debe imponerse al condenado respecto del daño moral por la falta de parámetros objetivos sobre el particular. Tres son, según se ha dicho, las exigencias que el Tribunal ha de respetar en esta materia:

1. Necesidad de explicitar la causa de la indemnización; b) Imposibilidad de imponer una indemnización superior a la pedida por la acusación; y c) Atemperar las facultades discrecionales del Tribunal en esta materia al principio de razonabilidad.

Y en el supuesto que examinamos, el Tribunal de instancia, en el octavo de sus fundamentos jurídicos, tiene en cuenta la vejación que supuso la necesidad de prostituirse en la que se vieron involucradas las víctimas, todo ello buscado por los acusados con el único propósito de lucrarse con esa explotación, existiendo por consiguiente la razón que justifica la indemnización, que el Tribunal de instancia fija en una cantidad que aparece proporcionada y razonable y dentro de los límites de la acusación.

El motivo no puede prosperar.

RECURSO INTERPUESTO POR Plácido

En el primer motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 850 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca quebrantamiento de forma al haberse denegado diligencia de prueba propuesta en tiempo y forma que se considera pertinente, con vulneración del principio de contradicción y de presunción de inocencia.

Se dice producido tal quebrantamiento de forma y las vulneraciones constitucionales que se indican al no haberse accedido a la suspensión del juicio oral por imposibilidad de practicar la prueba testifical de Dª Flor .

Como bien señala el propio recurrente en defensa de este motivo, resultaba imposible la citación de ese testigo que se encontraba en Paraguay, habiéndose agotado los medios para conseguir su presencia en el plenario, incluida una la solicitud de Cooperación Jurídica Internacional, por lo que la suspensión únicamente podría producir una dilación injustificada que el Tribunal estaba obligado a impedir.

Por otra parte, en orden a la valoración de ese testimonio, que tuvo lugar como prueba preconstituida, es cierto que constituye una garantía fundamental para el derecho de defensa el que las pruebas se practiquen en el juicio oral, con vigencia de los principios de igualdad, contradicción, inmediación y publicidad. Ahora bien, como expresa la Sentencia del Tribunal Constitucional de 25 de octubre de 1993, "de esta última doctrina general hay que exceptuar los supuestos de prueba sumarial preconstituida y anticipada que también se manifiestan aptos para fundamentar una Sentencia de condena siempre y cuando se observe el cumplimiento de determinados requisitos materiales (su imposibilidad de reproducción en el momento del juicio oral: art. 730 LECRIM ), subjetivos (la necesaria intervención del Juez de Instrucción), objetivos (la posibilidad de contradicción, para lo cual se le debe proveer de Abogado al imputado -cfr.: arts. 448.1º y 333.1º -) y formales (la introducción en el juicio oral a través de la lectura de documentos requerida por el art. 730 )".

El mismo Tribunal Constitucional, en sentencia 137/88, de 7 de julio, declara que "las diligencias sumariales son actos de investigación encaminados a la averiguación del delito e identificación del delincuente (art. 299 de la LECr ) y que, como se advierte en la STC 101/1985, no constituyen en sí mismas pruebas de cargo. Sólo cuando las diligencias o actuaciones sumariales son de imposible o muy difícil reproducción en el juicio oral, es posible traerlas al mismo como prueba anticipada o preconstituida, en los términos señalados en el artículo 730 de la Ley Procesal Penal, utilizando en estos casos la documentación oportuna del acto de investigación, llevado a cabo, en todo caso, con observancia de las garantías necesarias para la defensa".

Con igual criterio se expresa reiterada doctrina de esta Sala y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en sentencia de 19 de febrero de 1991, caso ISGRÓ, no consideró violación del Convenio el que sean tenidas en cuenta unas declaraciones sumariales cuando el testigo se encuentra ilocalizable pese a las gestiones realizadas en su busca. El Tribunal tuvo en cuenta que dichas declaraciones habían sido realizadas ante un magistrado cuya imparcialidad no había sido puesta en duda, así como que junto a tales declaraciones existían otros testimonios diferentes. Consecuentemente, la jurisprudencia ha establecido que el Tribunal podrá tomar excepcionalmente en cuenta las declaraciones testificales obrantes en el sumario, previa lectura en el juicio, cuando no sea factible lograr la comparecencia del testigo o sea imposible de localizar por desconocimiento de su paradero. En tales supuestos, deben haberse agotado las gestiones, incluidas las policiales, para averiguar el paradero del testigo incomparecido y que sus declaraciones en el sumario hayan sido prestadas de manera inobjetable, con resultados concluyentes y con acatamiento de las normas que las regulan y sin merma alguna de los derechos fundamentales, especialmente del derecho de defensa.

En el presente caso, el Tribunal de instancia agotó las posibilidades de citación de dicha testigo, incluida la solicitud de Cooperación Jurídica Internacional, ya que se encontraba en Paraguay y dicha testigo había prestado declaración, con los requisitos de la prueba preconstituida, incluida la intervención de la defensa del ahora recurrente. Así las cosas, no se ha producido indefensión, ni vulneración de ningún otro derecho fundamental y en modo alguno el quebrantamiento de forma que se postula.

El motivo debe ser desestimado.

En el segundo motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, derecho de defensa, a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia que proclaman los artículos 17.3 y 24. 1 y 2 de la Constitución.

Se alega que no puede ser valorada la declaración de la testigo Flor ya que esa prueba preconstituida fue practicada sin la presencia del letrado del recurrente que fue posteriormente designado.

No lleva razón el recurrente ya que su letrado estuvo presente en el interrogatorio de esa testigo, letrado que en ese momento era el que había designado e intervino activamente en su declaración, como consta al folio 310 de las actuaciones y dicha declaración fue introducida en el acto del plenario, donde fue visionada y escuchada.

El motivo carece de todo fundamento y debe ser desestimado.

En el tercer motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca vulneración del derecho a la presunción de inocencia que proclama el artículo 24.2 de la Constitución.

Se reitera la improcedencia de valorar la declaración de esa testigo.

En la práctica de ese testimonio se han dado cumplimiento a todas las garantías de defensa y contradicción, en cuanto estuvo presente el propio recurrente Plácido y su letrado, como consta al folio 310 de las actuaciones, letrado que intervino en el interrogatorio, y dicha declaración fue introducida en el plenario, con visionado del D.V.D, en el que se recogió tal declaración, testimonio se ha que viene corroborado a través de datos objetivos periféricos como ha sido el hallazgo en el chalet de la calle Arquitecto Vandelvira de justificantes de envío de dinero a esa testigo, como puso de manifiesto el inspector número 16.166 y consta a los folios 234 y 236 de las actuaciones.

Ha quedado perfectamente acreditado el dominio que ejerció, junto a otros acusados, en la facilitación de la inmigración ilegal de ciudadanos extranjeros, especialmente desde Sudamérica, a España y, como se dejó expresado con anterioridad, es de recordar el Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de esta Sala 2ª del Tribunal Supremo, de 13 de julio de 2005, que en relación al alcance del art. 313, 1 del Código Penal de 1995 resolvió que: «El facilitar un billete de ida y vuelta a extranjeros que carecen de permiso de trabajo y residencia en España, para poder entrar en España como turistas cuando no lo eran y ponerlos a trabajar, constituye un delito de inmigración clandestina». Y habrá que convenir que, como en el caso enjuiciado, la entrada se produce por lugares de frontera ordinarios, previa presentación de tales documentos, pero con claro fraude en su misma comisión, Acuerdo que es seguido por la jurisprudencia de esta Sala, como es exponente la Sentencia de esta Sala 284/2006, de 6 de marzo, declara que por tráfico ilegal ha venido entendiéndose cualquier movimiento de personas extranjeras que trate de burlar la legislación española sobre inmigración. De modo que el tráfico ilegal no es sólo el clandestino, sino también el que siendo en principio y aparentemente lícito se hace pensando en no respetar la legalidad, y por ello merece tal calificación la entrada llevada a cabo en calidad de turista, por ejemplo, pero con la finalidad de permanecer después de forma ilegal en España sin regularizar la situación.

En el presente caso el recurrente facilitó la entrada ilegal de Plácido en España, proporcionándole dinero para que fuera exhibido ante las autoridades aduaneras y de ese modo aparentar solvencia para poder entrar y residir en Albacete como turista.

Ha existido, por consiguiente, prueba de cargo que acredita la existencia de conductas que facilitan la inmigración ilegal de ciudadanos extranjeros, que contrarresta el derecho de presunción de inocencia invocado.

Este recurrente ha sido, asimismo, condenado por la conducta relativa a la prostitución prevista en el apartado primero del artículo 188 del Código Penal, y en concreto en la modalidad de intervención lucrativa en la explotación de la prostitución de otra persona, modalidad que fue introducida en el Código Penal por Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre . Al examinar el recurso interpuesto por los anteriores acusados se ha hecho expresa mención de la doctrina de esta Sala sobre esta figura delictiva, lo que se da por reproducido.

En el supuesto que examinamos con relación al ahora recurrente Plácido queda acreditado, por las pruebas a las que se ha hecho mención al examinar el primer motivo de los anteriores recurrentes, que concurren cuantos elementos se precisan para apreciar esta figura delictiva, como se describe en el relato fáctico, ya que integrado en la organización de la formaban parte los cuatro recurrentes, y en concreto como encargado en el chalé sito en la calle Arquitecto Vandelvira de Albacete, estaba en posición de dominio sobre la actividad de prostitución que se ejercía en esa casa, enriqueciéndose del ejercicio de esa prostitución por parte de las mujeres que trabajaban en el local sobre los que se extendía su dominio, a lo que se une el requisito típico de lucro obtenido aprovechándose de la explotación de esas personas, aun con su consentimiento, abusando de su situación de necesidad o vulnerabilidad, que indudablemente estaba presente cuando las víctimas se vieron obligadas, al no tener otra opción, a mantener relaciones sexuales, que se les impone exclusivamente para generar dinero a favor de los recurrentes, aprovechándose de la concreta situación en la que se desarrollan los hechos y de todas aquellas circunstancias, de distinto signo, que sirvan para imponer una atmósfera puesta al servicio de la coacción, el engaño o el abuso de superioridad, que queda bien expresado por el temor que exteriorizaron dichas testigos al declarar en el plenario y que sucede especialmente cuando las víctimas se encuentran en situación ilegal, en condiciones bien diferentes a las que les movieron a desplazarse a España, a quienes se les exige, durante meses, una entrega casi total de los beneficios obtenidos con la prostitución a la que se ven condicionadas y posteriormente, cuando han entregado una cantidad que supera con mucho la que tuvieron que entregarle para venir a España, se ven obligadas a entregar la mitad de lo que obtengan con tales servicios, con evidente vulneración de los bienes jurídicos que se protegen en esta conducta delictiva como son la libertad sexual de las víctimas y su dignidad al verse sujetas a esa situación de prostitución.

En relación a este acusado son especialmente de tener en consideración, además de las declaraciones de los acusados, las depuestas por el Inspector Jefe de la Brigada de Extranjería y el funcionario de policía con carné profesional nº 84117 quien en el acto del juicio oral declara sobre la autonomía que el ahora recurrente ejercía sobre la actividad de prostitución que se desarrollaba en el chalé sito en la calle Arquitecto Vandelvira de Albacete; en igual sentido se pronuncia el funcionario con número

51.534, quien expresivamente declara que el ahora recurrente no era un simple "machaca" sino que gozaba de cierta autonomía; la testigo Inocencia declara que el ahora recurrente sustituyó a Ana en el control de los pases de los servicios de prostitución y que era el que llevaba la casa, y con quien hacía las cuentas tras marcharse Ana; la testigo Valle declara que el ahora recurrente fue asimismo encargado del club Copacabana donde ejerció también la prostitución, e igualmente presto algún servicio de prostitución en la casa sita en la calle Arquitecto Vandelvira y pensaba que el ahora recurrente Plácido era el dueño de esta casa; la declaración de la testigo Carmela, quien ejerció la prostitución en el chalé de la calle Arquitecto Vandelvira y que era Plácido el que contrataba los pases de los servicios a los clientes y que Plácido le daba un tique de un talonario por cada pase y con él hacía las cuentas; la declaración de Isabelina Ruth, quien también ejerció la prostitución en la casa de la que era encargado el ahora recurrente.

Ha existo, por consiguiente, prueba de cargo, legítimamente obtenida, y el motivo debe ser desestimado.

En el cuarto motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción, por aplicación indebida, del artículo 318 bis, 1 y 6 del Código Penal .

El cauce procesal por el que se formaliza el motivo exige el más riguroso respeto a los hechos que se declaran probados y en ellos constan cuantos elementos caracterizan el delito de facilitación de la inmigración clandestina en cuanto se declara que el ahora recurrente envió a Flor, conocida como " Baronesa " o " Tigresa ", el dinero que necesitaba para entrar en España como turista y que cuando llegó a España Plácido fue a recogerla y la trasladó directamente al chalé de la calle Arquitecto Vandelvira de Albacete, donde le recogió el dinero que le había enviado y le dijo que tenía que trabajar como prostituta para pagar la deuda contraída.

Se reitera, en este motivo, la inexistencia de prueba en relación a dicho delito, siendo de dar por reproducido, para evitar repeticiones, lo que se ha dejado expresado para rechazar igual invocación realizada en anteriores motivos.

Este motivo tampoco puede ser estimado.

En el quinto motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción, por aplicación indebida, del artículo 318 bis, 1 y 6 del Código Penal .

Se niega la concurrencia de los elementos que caracterizan esa figura delictiva lo que fundamenta en la inexistencia de prueba por ilicitud de la testifical practicada.

Una vez más es de rechazar esa invocación que es reiteración de lo que se ha esgrimido en defensa de los anteriores motivos.

En el sexto motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción, por inaplicación indebida, del artículo 21.6 en relación al artículo 21.4 del Código Penal .

Se alega que debió apreciarse una circunstancia atenuante muy cualificada de colaboración.

No se desprende de los hechos que se declaran probados que el ahora recurrente hubiese colaborado o confesado la infracción antes de que el procedimiento se dirigiera contra él, ni siquiera se recogen los elementos que permitieran sustentar la atenuante analógica que se postula. El Tribunal de instancia, en el cuarto de sus fundamentos jurídicos, rechaza tal atenuante señalando que el ahora recurrente no puede solicitarla por el mero hecho de prestar declaración inculpatoria para otro coimputado, después de conocer la incoación del procedimiento y cuando concurren otros medios de prueba que inculpan al otro acusado, aunque se pueda tener en cuenta en la cuantificación de la pena como así ha sucedido en el delito de facilitación de la inmigración ilegal en el que se le ha impuesto la pena mínima inferior en un grado, con aplicación del apartado sexto del artículo 318 bis del Código Penal, pena inferior a la impuesta a los dos recurrentes anteriores.

Por las razones expresadas, el motivo debe ser desestimado.

En el séptimo motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción, por inaplicación indebida, del artículo 21.2 y 21.6

, en relación al artículo 21.2 del Código Penal .

Se solicita la aplicación de una atenuante por su drogodependencia.

El Tribunal de instancia rechaza, con correctos argumentos, tal solicitud señalando que los delitos cometidos no lo han sido como consecuencia de su adicción a bebidas alcohólicas o drogas tóxicas. Tampoco se infiere del relato fáctico que su capacidad de culpabilidad estuviera afectada por esas causas cuando cometió las conductas delictivas.

El motivo no puede prosperar.

SEPTIMO BIS .- En el séptimo bis motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción, por inaplicación indebida, del artículo 66 del Código Penal .

Su viabilidad está supeditada a la estimación de los dos motivos anteriores y como eso no se ha producido éste motivo debe correr la misma suerte y debe ser igualmente desestimado.

En el octavo motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción, por aplicación indebida, del artículo 109 y siguientes del Código Penal .

Se dice no acreditado el daño moral.

Es de dar por reproducido lo que se ha dejado expresado para rechazar igual invocación realizada por los dos recurrentes anteriores.

Ciertamente, como antes se dejó expuesto, el Tribunal de instancia, en el octavo de sus fundamentos jurídicos, tiene en cuenta la vejación que supuso la necesidad de prostituirse en la que se vieron involucradas las víctimas, todo ello buscado por los acusados con el único propósito de lucrarse con esa explotación, existiendo por consiguiente la razón que justifica la indemnización, que el Tribunal de instancia fija en una cantidad que aparece proporcionada y razonable y dentro de los límites de la acusación.

El motivo no puede prosperar.

RECURSO INTERPUESTO POR Dª Felisa

En el primer motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca vulneración del derecho a la presunción de inocencia que proclama el artículo 24.2 de la Constitución.

Se niega la existencia de prueba de cargo en relación al delito de facilitación de la inmigración ilegal

El Tribunal de instancia señala la intervención que la ahora recurrente desarrolló para facilitar la inmigración ilegal de la testigo protegida NUM002, testigo que en el acto del juicio oral declaró que fue Felisa la que le recogió en Valencia y fue con ella hasta "La Casa Rosa" y la que le recogió la parte de los 800 euros que no había gastado en comer, y asimismo le dijo que había contraído una deuda con Florentino y María Luisa, ratificando las declaraciones anteriores sobre la intervención que tuvo la ahora recurrente que contactó con ella cuando se encontraba en Paraguay, enviándole el dinero que necesitaba para venir a España.

El Tribunal de instancia ha podido valorar, por consiguiente, pruebas de cargo que contrarrestan el derecho de presunción de inocencia en lo que concierne al delito de facilitación de la inmigración clandestina, siendo de dar por reproducido lo que sobre esta modalidad de inmigración ha declarado la jurisprudencia de esta Sala, a lo que se ha hecho mención al examinar los anteriores recursos.

El motivo debe ser desestimado.

En el segundo motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción, por aplicación indebida, del artículo 188.1 del Código Penal .

Se alega, en defensa del motivo, que ningún lucro ha obtenido de la explotación de las mujeres que se citan en la sentencia ya que era una trabajadora que se encargaba de la casa donde se ejercía la prostitución.

Una de las teorías más aceptadas para conformar la autoría es la que la identifica con el dominio funcional del hecho. Serán, pues, coautores los que co-dominan funcionalmente el hecho que se subsume en la conducta típica. Y ese dominio funcional del hecho que ejerce cada uno de los coautores se manifiesta en el papel que le corresponde en la división del trabajo, integrado en la decisión conjunta al hecho. En esa decisión conjunta o común aparecen conectadas los distintos aportes o tareas en que se divide la realización del hecho.

En el supuesto que examinamos con relación a la ahora recurrente Felisa queda acreditado, acorde con lo que se declara probado, que concurren cuantos elementos se precisan para apreciar esta figura delictiva, ya que aparece integrada en la organización de la formaban parte junto a los otros tres recurrentes, y en concreto como encargada de "La Casa Rosa", estaba en posición de dominio sobre la actividad de prostitución que se ejercía en esa casa, enriqueciéndose del ejercicio de esa prostitución por parte de las mujeres que trabajaban en el local sobre los que se extendía su dominio, a lo que se une el requisito típico de lucro obtenido aprovechándose de la explotación de esas personas, aun con su consentimiento, abusando de su situación de necesidad o vulnerabilidad, que indudablemente estaba presente cuando las víctimas se vieron obligadas, al no tener otra opción, a mantener relaciones sexuales, que se les impone exclusivamente para generar dinero a favor de los recurrentes, aprovechándose de la concreta situación en la que se desarrollan los hechos y de todas aquellas circunstancias, de distinto signo, que sirvan para imponer una atmósfera puesta al servicio de la coacción, el engaño o el abuso de superioridad, que queda bien expresado por el temor que exteriorizaron dichas testigos al declarar en el plenario y que sucede especialmente cuando las víctimas se encuentran en situación ilegal, en condiciones bien diferentes a las que les movieron a desplazarse a España, a quienes se les exige, durante meses, una entrega casi total de los beneficios obtenidos con la prostitución a la que se ven condicionadas y posteriormente, cuando han entregado una cantidad que supera con mucho la que tuvieron que entregarle para venir a España, se ven obligadas a entregar la mitad de lo que obtengan con tales servicios, con evidente vulneración de los bienes jurídicos que se protegen en esta conducta delictiva como son la libertad sexual de las víctimas y su dignidad al verse sujetas a esa situación de prostitución. El motivo no puede prosperar.

En el tercer motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción, por inaplicación indebida, del artículo 74 del Código Penal .

Se alega, en defensa del motivo, que de haber cometido las conductas relacionadas con la prostitución, éstas integrarían un delito continuado y no cinco delitos relacionados con la prostitución.

Es de dar por reproducido lo que ya se ha dejado expresado para rechazar igual invocación realizada por los dos primeros recurrentes.

Ciertamente, como se ha dejado antes expuesto, es doctrina de esta Sala, como es exponente la Sentencia 767/2005, de 7 de junio, que el delito continuado, definido en el art. 74.1 del C. Penal, no es aplicable, en principio, a aquellos delitos que lesionen "bienes eminentemente personales", "salvo -según dice el apartado 3 del mismo artículo- las constitutivas de infracciones contra el honor y la libertad sexual: pues en tales casos se atenderá a la naturaleza del hecho y del precepto infringido para aplicar o no la continuidad delictiva". En la aplicación de este precepto, tiene declarado este Tribunal que, cuando en este tipo de delitos existen diversos sujetos pasivos, respecto de los cuáles el sujeto activo haya desarrollado su acción típica en más de una ocasión, podrá apreciarse el delito continuado respecto de cada uno de los sujetos pasivos, de modo que si el Tribunal hubiere aplicado la figura jurídica del delito continuado en tales casos, incluyendo en un único delito la conducta del acusado, ello constituye una aplicación indebida del art. 74 del C. Penal . En general, en los delitos contra la libertad sexual, no cabe hablar de delito continuado cuando la conducta típica correspondiente recaiga sobre sujetos pasivos distintos (v. SSTS de 28 de mayo de 1993, 11 de abril de 1997, 9 de septiembre de 1999, 23 de febrero y 31 de octubre de 2001, entre otras). En la línea marcada por esta jurisprudencia, el texto actualmente vigente del art. 74.3 del C. Penal -que entró en vigor el 30 de septiembre de 2004 -, exige expresamente, para la apreciación del delito continuado en los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, que los hechos enjuiciados "afecten al mismo sujeto pasivo". En cualquier caso, en los delitos relativos a la prostitución, referidos a una única persona como sujeto pasivo del delito, obviamente no cabe hablar de delito continuado, por cuando el tipo penal describe una conducta permanente y no actos aislados.

La aplicación de la anterior doctrina al supuesto que examinamos nos determina a rechazar la continuidad delictiva que se postula, ya que es patente que la conducta de la ahora recurrente afectó a víctimas distintas, por lo que nos hallamos ante un concurso real de delitos.

El motivo debe ser desestimado.

En el cuarto motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción, por aplicación indebida, del artículo 116 del Código Penal .

Se niega la producción de daño a las mujeres que ejercieron la prostitución y que no procede indemnización alguna.

Es de dar por reproducido lo que se ha dejado expresado para rechazar igual invocación realizada por los anteriores recurrentes.

Ciertamente, como antes se ha dejado expresado, el Tribunal de instancia, en el octavo de sus fundamentos jurídicos, tiene en cuenta la vejación que supuso la necesidad de prostituirse en la que se vieron involucradas las víctimas, todo ello buscado por los acusados con el único propósito de lucrarse con esa explotación, existiendo por consiguiente la razón que justifica la indemnización, que el Tribunal de instancia fija en una cantidad que aparece proporcionada y razonable y dentro de los límites de la acusación.

El motivo no puede prosperar.

3. FALLO DEBEMOS DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS LOS RECURSOS DE CASACION por infracción de

precepto constitucional, quebrantamiento de forma e infracción de Ley interpuestos por D. Florentino, Dª María Luisa, D. Plácido y Dª Felisa contra sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Albacete, de fecha 23 de enero de 2009, en causa seguida por delitos relativos a la prostitución y facilitación de la inmigración ilegal. Condenamos a dichos recurrentes al pago de las costas ocasionadas en el presente recurso. Comuníquese esta Sentencia a la mencionada Audiencia a los efectos legales oportunos, con devolución de la causa que en su día remitió, interesando acuse de recibo.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos Carlos Granados Perez Andres Martinez Arrieta Jose Manuel Maza Martin Manuel Marchena Gomez Jose Antonio Martin Pallin

PUBLICACION .- Leida y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D Carlos Granados Perez, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.