STSJ Cantabria , 13 de Julio de 2005
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 13 Julio 2005 |
T.S.J.CANTABRIA SALA SOCIAL SANTANDER SENTENCIA: 00842/2005 Recurso núm. 538/05 Secretaria Sra. Colvée Benlloch PRESIDENTE Ilmo. Sr. D. Rubén López Tamés Iglesias MAGISTRADOS Ilma. Sra. Dña. Mercedes Sancha Saiz Ilmo. Sr. D. Santiago Pérez Obregón EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY, la Sala de Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria compuesta por los Iltmos. Sres. citados al margen ha dictado la siguiente SENTENCIA En Santander a trece de julio de dos mil cinco.
En el recurso de suplicación interpuesto por el Servicio Cántabro de Salud contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número Dos de Santander, ha sido nombrado Ponente el Iltmo. Sr. D. Santiago Pérez Obregón, quien expresa el parecer de la Sala.
Que según consta en autos se presentó demanda por D. Jose Miguel , sobre contrato de trabajo, siendo demandado el Servicio Cántabro de Salud, y que en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado sentencia por el Juzgado de referencia en fecha 3 de marzo de 2.005 , en los términos que se recogen en su parte dispositiva.
Que como hechos probados se declararon los siguientes:
1º.- El actor Jose Miguel , presta sus servicios para el Servicio Cántabro de Salud con la categoría profesional de Celador perteneciente al Grupo E. 2º.- El actor celebró con el Insalud (actualmente Servicio Cántabro de Salud) con fecha 1 de noviembre de 1.988 contrato laboral para el desempeño temporal de plaza vacante de personal no sanitario al amparo del art. 15.1 a) del E.T . 3º.- El valor del trienio para la categoría del actor es de 11,89 para el año 2.003 y de 12,13 para el año 2.004.
4º.- Se ha agotado la vía administrativa previa, habiéndose formulado reclamación administrativa el 9 de junio de 2.004.
Que contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte demandada, siendo impugnado por la parte contraria, pasándose los autos a Ponente para su examen y resolución por la Sala.
La sentencia de instancia estima la pretensión del demandante con categoría de celador prestando servicios laborales para el Servicio Cántabro de Salud, reconociéndole la antigüedad reclamada y su derecho al complemento que por este concepto (trienios) se concreta en el fallo por el período a que se refieren los hechos.
Frente a éste recurre la Entidad demandada mediante la formalización de dos motivos al amparo del artículo 191.c) de la L.P.L .
Se alega en el primer motivo la infracción de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 12/2001, de 9 de julio , ya que considera la parte recurrente que la previsión del artículo 15.6 del estatuto de los Trabajadores , que equipara los derechos de los trabajadores de duración determinada con los trabajadores de duración indefinida, sólo tendría eficacia respecto a los contratos de trabajo temporales celebrados con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de la ley 12/2001 .
Como ya dijo esta Sala en reiteradas ocasiones, a partir de la vigencia de esta norma parece que en el ámbito laboral no puede excluirse a los trabajadores temporales de los derechos salariales vinculados a la antigüedad. Dicha conclusión resulta de una norma con rango de Ley, pero no viene impuesta por el artículo 14 de la Constitución Española , puesto que el criterio de la modalidad contractual no forma parte del ámbito protegido por la interdicción constitucional de discriminación, de forma que carece de significado constitucional una diferencia de trato por dicha causa. Así lo ha establecido la Sala Cuarta del Tribunal Supremo en sentencias de 17 de mayo de 2000, 19 de marzo de 2001 ó 9 de abril de 2003 (recurso 1065/2002), entre otras, en las que sostiene lo siguiente:
Cuando se identifican igualdad y no discriminación se están confundiendo dos principios constitucionales, que, aunque relacionados, presentan diferencias significativas, como ha establecido con reiteración la doctrina constitucional y la de esta Sala. En este sentido las Sentencias de 17 de octubre de 1990 y 23 de septiembre de 1993 señalan que «el artículo 14 de la Constitución Española comprende dos prescripciones que han de ser diferenciadas: la primera, contenida en el inciso inicial de ese artículo, se refiere al principio de igualdad ante la ley y en la aplicación de la ley por los poderes públicos; la segunda se concreta en la prohibición de discriminaciones y tiende a la eliminación de éstas en cuanto implican una violación más cualificada de la igualdad en función del carácter particularmente rechazable del criterio de diferenciación aplicado». Y se añade que «No toda diferencia de trato irrazonable o no justificada constituye una discriminación en el sentido que este término tiene en los artículos 14 de la Constitución Española y 4.2.c) y 17.1 del Estatuto de los Trabajadores . La discriminación consiste, como ya se ha anticipado, en utilizar un factor de diferenciación que merece especial rechazo por el ordenamiento y provoca una reacción más amplia, porque para establecer la diferencia de trato se toman en consideración condiciones que históricamente han estado ligadas a formas de opresión o de segregación de determinados grupos de personas o que se excluyen como elementos de diferenciación para asegurar la plena eficacia de los valores constitucionales en que se funda la convivencia en una sociedad democrática y pluralista.
Frente a tales argumentos, aunque por razones cronológicas no sea aplicable la Ley 12/2001, de 9 de julio -que incorpora a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 1999/1970...
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