STS, 13 de Octubre de 1993
| Ponente | JESUS MARINA MARTINEZ PARDO |
| ECLI | ES:TS:1993:18499 |
| Fecha de Resolución | 13 de Octubre de 1993 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
Núm. 911.-Sentencia de 13 de octubre de 1993
PONENTE: Excmo. Sr don Jesús Marina y Martínez Pardo.
PROCEDIMIENTO: Mayor cuantía.
MATERIA: Nobiliario (Derecho). Orden sucesorio. Actos propios.
NORMAS APLICADAS: Sustantivas: Ley 2.º, título XV de la Partida II , Ley XL de Toro, Pragmática de 15 de abril de 1615 , Ley IX, título XVII del libro X de la Novísima Recopilación y 925 y 954 del Código Civil.
JURISPRUDENCIA CITADA: Sentencias de 29 de diciembre de 1914, 8 de marzo de 1919. 17 de junio de 1930, 25 de junio de
1952, 4 de junio y 4 de julio y 19 de noviembre de 1955, 10 y 21 de abril, 6 de julio y 16 de noviembre de 1961, 4 de junio de
1963, 9 de junio de 1964, 28 de octubre de 1971 y 17 de octubre de 1984.
DOCTRINA: El orden de suceder viene marcado por la Ley de 1948 que al restaurar las mercedes respetó la naturaleza de éstas
así como el rango de primera norma a lo establecido por la voluntad del instruyente, que puede fijar el orden de la sucesión
incluso con irregularidades tales como los saltuarios, llamamientos de segundo-genitura, de femineidad, etc., y sólo en su
defecto debe acudirse para regular la sucesión al orden tradicional seguido en la materia. Aquí radica la cuestión medular del
pleito; determinar cuál sea el orden tradicional en la materia, si el de la Corona recogido en las Partidas o el de los Mayorazgos
establecido en las Leyes de Toro.
La diferencia entre la sucesión a la Corona y a los mayorazgos pretende derivarse de la Ley XI de Toro , se un la cual nacidos
éstos de la autonomía de la voluntad como acto de ejercicio de una prerrogativa real, puede quien lo instituye establecer el
régimen sucesorio y sólo cuando no se establezcan reglas se aplicarán las disposiciones contenidas en dicho precepto, cuyotenor permite afirmar que la representación se aplica incluso "en la sucesión de los trasversales". Se desestima el recurso.
En la villa de Madrid, a trece de octubre de mil novecientos noventa y tres.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al final indicados, el recurso de casación contra la Sentencia dictada en grado de apelación, por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Madrid como consecuencia de Autos de juicio declarativo ordinario de mayor cuantía seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 15 de Madrid, sobre rehabilitación del título noble de Marqués de DIRECCION000 ; cuyo recurso fue interpuesto por don Marcelino , representado por el Procurador don Argimiro Vázquez Guillen y asistido por el Letrado don Enrique García Torralba Pérez; siendo parte recurrida doña Flor representada por el Procurador don Juan Antonio García San Miguel y Orueta y asistida por el Letrado don Eduardo García de Enterría; así como don Daniel , representado por la Procuradora doña Elisa Hurtado Pérez y asistido por el Letrado don Federico Bravo Cabello; y don Juan Enrique y los herederos de don Raúl , que no se han personado en el acto de la presente vista; habiendo sido también parte el Ministerio Fiscal, que tampoco ha comparecido.
Antecedentes de hecho
1. El Procurador don José Luis Rodríguez Muñoz, en nombre y representación de don Marcelino , interpuso demanda de juicio de mayor cuantía ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 15 de Madrid contra don Juan Enrique y contra los herederos de don Raúl , sobre rehabilitación del título noble de Marqués de DIRECCION000 , alegando los hechos y Fundamentos de Derecho que se dan por reproducidos en aras de la brevedad y terminando por suplicar al Juzgado dictase en su día Sentencia que contenga los siguientes pronunciamientos: "1.º Que frente al rehabilitante del título noble de Marqués de DIRECCION000 , don Raúl , era mejor o más preferente el derecho genealógico de don Marcelino y Raúl para llevar, usar y poseer, con sus honores y demás prerrogativas dicha Dignidad Nobiliaria. 2.º Que el dicho Sr don Raúl ostentó la dignidad mencionada en simple concepto de precario y sin perjuicio de tercero.
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Que, por tanto, frente a cualquiera de los herederos de don Raúl es mejor o más preferente el derecho de don Marcelino , para llevar, usar y poseer, con sus honores y demás prerrogativas el título noble de Marqués de DIRECCION000 . 4.º Que no obstante la Real Carta de Sucesión expedida a favor de don Juan Enrique y Raúl por orden del Ministerio de Justicia de lecha 7 de febrero de 1983, dicho Sr ostenta el título de Marqués de DIRECCION000 en concepto de precario y sin perjuicio de tercero de mejor derecho. 5.º Que en cualquier caso, es mejor o preferente el derecho de don Marcelino que el de don Juan Enrique y Raúl para llevar, usar y poseer, con sus honores y demás prerrogativas el título noble de Marqués de DIRECCION000 6.º Se impongan las costas a los demandados si se opusieren temerariamente a la presente demanda".
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El Procurador don Julián Zapata Díaz, en nombre y representación de don Juan Enrique , contestó a la demanda oponiendo a la misma los hechos y Fundamentos de Derecho que consideró oportunos para terminar suplicando al Juzgado dictase Sentencia "por la que se absuelva a mi representado de la demanda contraria y de todas sus peticiones, con expresa imposición de costas a la parte actora".
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Evacuados los trámites de réplica y duplica y recibido el pleito a prueba se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas las pruebas a los Autos las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de Primera Instancia núm. 15 de Madrid dicto Sentencia con lecha 15 de septiembre de 1986 , cuya parte dispositiva es como sigue: "Fallo. 1. Desestimo la excepción de cosa juzgada. 2.º Juzgo y declaro que don Marcelino no tiene mejor derecho que don Juan Enrique al título noble de Marqués de DIRECCION000 . 3.º No se imponen las costas."
Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de la parte actora, la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Madrid dictó Sentencia con fecha 15 de octubre de 1990 . cuya parte dispositiva es como sigue: "Fallamos: Que desestimando íntegramente el recurso de apelación mantenido en esta instancia por el Procurador don José Luis Rodríguez Muñoz en nombre y representación de don Marcelino , y el que por adhesión mantuvo a Procuradora doña Elisa Hurtado Pérez en nombre y representación de don Daniel contra la Sentencia dictada por el Iltmo. Sr. Magistrado Juez de Primera Instancia núm. 15 de Madrid, con fecha 15 de septiembre de 1986, recaída en los Autos a que el presente rollo se contrae, debemos confirmar y confirmamos íntegramente la expresada resolución: sin hacer expresa imposición de las costas de este recurso."
El Procurador don Argimiro Vázquez Guillen, en nombre de don Marcelino , interpuso recurso de casación contra la Sentencia dictada por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Madridcon fecha 15 de octubre de 1990 , con apoyo en los siguientes motivos, motivos del recurso: 1.º Al amparo del núm. 5.º del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se denuncia infracción de los arts. 925 y 954 del Código Civil y su doctrina legal que cita. 2 .º Con la misma base se denuncia infracción de la Ley XI. de Toro y la Pragmática de 5 de abril de 1615 recogida en la Ley IX del título XVII del libro X de la Novísima Recopilación y su jurisprudencia. 3 .º Bajo el mismo ordinal se alega infracción de la jurisprudencia sobre los actos propios.
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Admitido el recurso y evacuado el traslado de instrucción se señaló para la vista el día 24 de septiembre de 1993. en que ha tenido lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr don Jesús Marina y Martínez Pardo.
Fundamentos de Derecho
Son hechos en los que las partes están de acuerdo: que el 5 de septiembre de 1689 se creó la merced nobiliaria del Marqués de DIRECCION000 a favor de don Ángel , para sí y sus sucesores, sin que conste que tuviera otros poseedores, y fue suprimido el 18 de noviembre de 1855; el 7 de marzo de 1921 fue rehabilitado en favor de don Raúl , pariente colateral, como descendiente de los octavos abuelos de don Ángel , primer favorecido con la merced. Vínculo de pariente colateral del primer Marqués de DIRECCION000 tiene también el demandante y hoy recurrente por descender del matrimonio formado por don Eloy y doña Alicia con grado de biznieto (nieto de don Cornelio e hijo de don Carlos José ). El demandado, don Juan Enrique es nieto de don Eloy y hermano del padre del actor. El rehabilitante, don Raúl , era igualmente nieto de don Eloy a través de su madre, doña Francisca , hermana del padre del demandado don Juan Enrique .
A la muerte de don Raúl litigaron por el mejor derecho al título el hoy actor, su lío hoy demandado don Juan Enrique , y un hijo adoptivo de don Raúl . El pleito termino sin dar lugar ni a la demanda ni a la reconvención, en las que respectivamente pedían la declaración de su mejor derecho por no haber probado ninguno su enlace genealógico con el primer Marqués de DIRECCION000 a través de los veinticinco enlaces que existen en el árbol genealógico presentado.
Expedida por el Ministerio de Justicia Carta de Sucesión de 1983 a favor de don Juan Enrique , el actor plantea nuevo litigio alegando su mejor derecho con relación al concesionario y también frente al rehabilitante del título, don Raúl . Desestimada en ambas instancias la existencia de cosa juzgada, se desestimó también el fondo de la demanda por entender que don Juan Enrique es pariente más propincuo tanto del rehabilitante don Raúl como del primer Marqués de DIRECCION000 y que, según el Código Civil, la sucesión de colaterales se da a favor del pariente más próximo, y que el actor tenía reconocido en el pleito anterior a don Raúl como poseedor legítimo y no puede desconocer sus actos propios.
Contra dicha Sentencia se plantea este recurso de casación por el actor, compuesto de tres motivos, todos por infracción de ley o doctrina legal al amparo del núm. 5.o del art. 1.692 , tendentes a demostrar que yerra la Audiencia al aplicar la doctrina de los actos propios por contrariar la jurisprudencia sobre dicha materia; que el Código Civil no es aplicable a las sucesiones de títulos nobiliarios y que en esta sucesión la Ley XL de Toro admite la representación de los trasversales y, en consecuencia, que el actor por derecho de representación de su padre, nacido en 1894, y de su abuelo, tenía mejor derecho que el rehabilitante don Raúl , nieto por línea de la segunda hija de don Eloy .
Los términos del recurso aconsejan analizar la naturaleza de los títulos nobiliarios, la legislación aplicable a la sucesión y, determinada ésta, decidir si se da o no el derecho de representación en línea colateral.
Aconseja también recordar que el engarce de todos los litigantes se produce porque del matrimonio de don Eloy y doña Alicia nacieron un hijo, Cornelio , y una hija, Francisca . El varón se casó con doña Victoria y tuvieron dos hijos, don Carlos José , nacido en 1894, y don Juan Enrique , nacido en 1900.'La hembra se casó con don Iván y de su matrimonio nació don Raúl .
El litigio se plantea por sobrino frente a tío carnal, don Juan Enrique , poseedor de título, y frente a los descendientes de don Raúl , rehabilitante del título, de quien era pariente de quinto grado el actor. Ambos, don Juan Enrique y don Raúl , son descendientes de segundo grado de don Eloy , mientras el actor lo es de tercer grado.
Los títulos nobiliarios participan de la naturaleza de los mayorazgos, que surgieron con el debilitamiento del feudalismo y constituyen una especie de vinculación como reconoce la jurisprudencia delTribunal Supremo (Sentencias de 29 de diciembre de 1914, 4 de junio y 19 de noviembre de 1955, 17 de junio de 1930, 10 de abril y 21 de abril de 1961).
De ellos surge un nexo entre unos bienes y una persona, unos honores y una persona, atribuidos por quien tiene poder para ello y que sujeta los mismos a un orden de llamamientos contenido en el acta de constitución. Son caracteres genuinos que el título fija en la ley sucesoria y que los tenedores no suceden al inmediato anterior sino al primer instituido y por derecho de sangre, no por aplicación de las normas de la sucesión, de modo que cuando fallece el primer beneficiario se abre la sucesión regida por la sola voluntad y múltiples llamamientos sucesivos que la han de respetar. La muerte es la causa del llamamiento y lo dejado tiene carácter rigurosamente indivisible.
La sucesión se produce también por la muerte, desde cuyo momento se traspasa la posesión civil y la natural (Sentencias del Tribunal Supremo de 4 de julio y 19 de noviembre de 1955 ), sin que la Real Carta de Sucesión tenga otro carácter que el de cédula posesoria (Sentencia de 25 de junio de 1952 ).
El orden de suceder viene marcado por la Ley de 1948 que al restaurar las mercedes respetó la naturaleza de éstas así como el rango de primera norma a lo establecido por la voluntad del instituyente, que puede fijar el orden de la sucesión incluso con irregularidades tales como los saltuarios llamamientos de segundo-genitura, de femineidad, etc., y sólo en su defecto debe acudirse para regular la sucesión al orden tradicional seguido en la materia. Aquí radica la cuestión medular del pleito: determinar cuál sea el orden tradicional en la materia, si el de la Corona recogido en las Partidas o el de los Mayorazgos establecido en las Leves de Toro.
La Ley 2.º del título XV de la Partida II establece para el caso de muerte de todos los descendientes que debe heredera "el Rey no el mas propincuo pariente que oviesse, seyendo orne para ello, non aviendo fecho cosa, porque lo deviesse perder". Y este régimen sucesorio de la Corona se suele entender aplicable a "los grandes señores de la tierra que la han de mantener en justicia y libertad", pues a ellos se refiere toda la Partida II y la Ley XII , que habla del poder que "han los señores sobredichos que han señorío de las tierras por heredamiento" junto a otros pasajes de las Partidas.
La diferencia entre la sucesión a la Corona y a los mayorazgos pretende derivarse de la Ley XL de Toro, según la cual nacidos éstos de la autonomía de la voluntad como acto de ejercicio de una prerrogativa real, puede quien lo instituye establecer el régimen sucesorio y sólo cuando no se establezcan reglas se aplicarán las disposiciones contenidas en dicho precepto, cuyo tenor permite afirmar que la representación se aplica incluso "en la sucesión de los trasversales".
Estos diversos preceptos han sido tenidos en cuenta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, de cuyas Sentencias cabe destacar la de 8 de marzo de 1919 . que reconoce la representación sin límites en la línea descendente y en la colateral, siempre que estén dentro de la descendencia del fundador, pero no cuando para llamar a los trasversales hay que utilizar otras líneas y representación de ascendientes. Igual criterio sustenta la de 6 de julio de 1961, según la cual el mejor derecho a los títulos nobiliarios debe discernirse por normas de la sucesión a la Corona de Castilla, según las cuales "sucederá el más propincuo pariente del Rey una vez fallecida su descendencia" (Ley 2.ª del título XV de la Partida II ). criterio ratificado por la Novísima Recopilación al deferir la sucesión a la Corona al "primer y más cercano pariente del último reinante, sea varón o hembra" (Ley 5.º. título I. libro III ). Ratifican este criterio las Sentencias de 16 de noviembre de 1961 y 28 de octubre de 1971 . debiendo añadirse que la propincuidad se mide con referencia al último poseedor y no con el fundador (Sentencias del Tribunal Supremo de 5 de julio de 1960 y 4 de junio de 1963 ). si bien en el caso de autos la propincuidad del demandado esmavor tanto respecto del rehabilitante como del primer Marqués de DIRECCION000 . 1.a Sentencia de 17 de octubre de 1984 , además de reiterar el criterio, disipa todas las dudas al prescindir de aplicar la Ley XL de Toro y la Pragmática de 5 de abril de 1615 de Felipe III . que entró en la Ley IX del título XVII del libro X de la Novísima Recopilación, pero que fue derogada por Felipe V en 1713.
Como última razón puede añadirse que si la representación se diera en la línea colateral, carecería de sentido por innecesaria la misma norma que establece la propincuidad en defecto de descendientes, puesto que en nada variaría el régimen de llamamientos que se resolvería por la preferencia de líneas.
Por todo lo anterior debe mantenerse el criterio jurisprudencial antes expuesto, que no ha sido alterado por la Sentencia de 20 de junio de 1987 , única que se aparta frontalmente de éste y aplica la representación en la línea colateral como ratio decidendi de la cuestión allí planteada.
Aplicando esta doctrina al caso de autos decaen los tres motivos planteados. La solución dada al litigio coincide con la de la Sentencia recurrida, bien que por otros fundamentos, puesto que paradeclarar la preferencia de los demandados al goce de la merced no hay que acudir a la doctrina de los actos propios, pues reconocido o no el mejor derecho del rehabilitante del título en 1921 en el pleito anterior, es evidente que don Raúl era pariente más próximo del último tenedor y primer beneficiario del título, y es evidente también que don Juan Enrique , a cuyo favor expidió Carta de Sucesión el Ministerio de Justicia, era más propincuo tanto respecto al rehabilitante como al primer instituido, lo que no significa que fuera necesariamente el pariente de mejor derecho, pues ni las cartas de sucesión ni los litigios deciden la cuestión en favor del óptimo sucesor como en una ocasión dijo esta Sala (vid. Sentencia de 9 de junio de 1964 ).
la fundamentación de la Sentencia tampoco puede estar en la aplicación del Código Civil que establece que la representación en línea colateral se da sólo en favor de los hijos de hermanos y que no hay sucesión legítima más allá del cuarto grado colateral, pues a los títulos nobiliarios no pueden aplicarse normas sucesorias del Código Civil.
las costas del recurso se imponen preceptivamente al recurrente, así como la pérdida del deposito (art. 1.715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ).
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Procurador Sr. Vázquez Guillen contra la Sentencia dictada por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Madrid con fecha 15 de octubre de 1990 . la que se confirma en todos sus pronunciamientos condenando a dicha parte recurrente al pago de las costas así como a la pérdida del depósito constituido para recurrir, al que se dará el destino legal.
Y líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los Autos y rollo de apelación remitidos.
ASI por esta nuestra Sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Gumersindo Burgos Pérez de Andrade.-Alfonso Barcala Trillo Figueroa.-Jesús Marina y Martínez Pardo.-Teófilo Ortega Torres.-Rafael Casares Córdoba.-Rubricados.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior Sentencia, por el Excmo. Sr don Jesús Marina y Martínez Pardo. Ponente que ha sido en el trámite de los presentes Autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy: de lo que como Secretario de la misma, certifico.-Cortés Monge.- Rubricado.
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