STSJ Comunidad de Madrid 1580/2004, 19 de Octubre de 2004
| Ponente | GUSTAVO RAMON LESCURE CEÑAL |
| ECLI | ES:TSJM:2004:12907 |
| Número de Recurso | 1178/2002 |
| Número de Resolución | 1580/2004 |
| Fecha de Resolución | 19 de Octubre de 2004 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
D. GUSTAVO RAMON LESCURE CEÑALD. JUAN IGNACIO PEREZ ALFEREZDª. MARIA DEL PILAR MALDONADO MUÑOZ
T.S.J.MADRID CON/AD SEC.3
MADRID
SENTENCIA: 01580/2004
Recurso nº 1178/02
Ponente Sr. Gustavo Lescure Ceñal
Secretaria Dña. Mª Teresa Barril Roche
Recurrente:Proc. Teresa de Jesús Castro Rodríguez.
Abogado del Estado
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SENTENCIA NÚM. 1580
ILTMO. SR. PRESIDENTE:
D. Gustavo Lescure Ceñal
ILTMOS. SRES. MAGISTRADOS:
D. Juan Ignacio Pérez Alférez
Dª. Pilar Maldonado Muñoz
En Madrid, a veintinueve de Octubre del año dos mil cuatro.
-------------------------------------
Visto el recurso contencioso-administrativo núm. 1178/02 formulado por la Procuradora Dª. Teresa De Jesús Castro Rodríguez en nombre y representación de Dª. Gerardo, contra resolución del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 11 de Junio de 2.002, confirmatoria de otra de la Dirección General de Trabajo de 15 de Marzo anterior sobre autorización a la empresa "Artel, S.L." para extinción de contratos de trabajo en expediente de regulación de empleo nº 7/02; habiendo sido parte demandada el MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES representado por la Abogacía del Estado. La cuantía del recurso resulta indeterminada.
La referida representación de la parte actora promovió el presente recurso contencioso- administrativo contra las resoluciones reseñadas, y seguido el cauce procesal previsto legalmente, cada parte interviniente despachó, en el momento oportuno y por su orden legal conferido, el trámite correspondiente de demanda y de contestación, en cuyos escritos, y conforme a los hechos y razonamientos jurídicos consignados, suplicaron respectivamente la anulación del acto objeto de impugnación y la desestimación del mismo, en los términos que figuran en aquéllos.
Seguido el proceso por los cauces legales, y efectuadas las actuaciones y los trámites que constan en los autos, quedaron éstos pendientes de señalamiento para votación y fallo, que tuvo lugar el día 19 de Octubre del 2.004.
Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. Gustavo Lescure Ceñal.
Mediante el presente recurso contencioso-administrativo se impugna por Dª. Gerardo la autorización administrativa a la empresa "Artel, S.L." para la extinción de los contratos laborales de los treinta y dos trabajadores de su plantilla, en base a causas económicas y organizativas previstas en el artículo 51 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1.995 de 24 de Marzo, y a la incardinación de la situación de quiebra empresarial de la solicitante, declarada por Auto de 4.7.01 del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Murcia, en el supuesto contemplado en el artículo 51.10 del mismo texto legal, según los términos de la resolución de la Dirección General de Trabajo de 15 de Marzo de 2.002, confirmada por la del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 11 de Junio siguiente.
En su demanda la parte hoy recurrente invoca la nulidad del expediente por defectos procedimentales y vicios formales causantes de indefensión, y la incidencia de determinado grupo empresarial en la situación económica y financiera de la entidad del caso de autos, cuestionando asimismo las causas invocadas para el despido colectivo.
En orden al enjuiciamiento de las cuestiones planteadas ha de reseñarse, en primer término, la doctrina jurisprudencial de directa aplicación al caso de autos. Así, de entrada, la Sentencia de 23 de Junio de 2.003 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo declara que la intervención administrativa en los expedientes de regulación de empleo o despidos colectivos tiene por objeto evitar que los despidos colectivos se produzcan sin un mecanismo de control previo en defensa de los intereses generales que pueden resultar afectados; entre ellos, desde luego, los intereses de los trabajadores considerados en su globalidad, pero también la competitividad empresarial, costes económicos de los procesos de reestructuración o ajuste de plantilla. Se establece, de esta forma, la sujeción de los poderes empresariales de disposición sobre el término de los contratos a la existencia de causas justificativas previstas legalmente, sin que la limitación administrativa instrumental en que consiste la necesaria autorización pueda desligarse de su condición causal, en los términos previstos en la norma que reconoce a la Administración la correspondiente potestad de intervención, conectada, además, con las exigencias de la economía general. Por consiguiente, la actividad que la Administración desenvuelve, al otorgar o denegar la autorización pedida, no es otra que la confrontación de la solicitud empresarial con las causas legales que permiten al empresario adoptar los despidos. Ello con independencia de la complejidad material o técnica de esa confrontación y de las dificultades que supone la valoración que la Administración debe hacer de la concurrencia de las causas legales atendiendo a los fines previstos por el legislador. Y con independencia, asimismo, de los posibles intereses enfrentados de los trabajadores en la tramitación del procedimiento administrativo. La concurrencia efectiva de las causas legales de los despidos colectivos y su adecuación a los objetivos señalados por el legislador se sujeta a un procedimiento de verificación por las Administraciones de carácter reglado, sin que éstas dispongan de facultades discrecionales que les permitan oponerse a los despidos ni tampoco arbitrar o solucionar conflictos entre intereses de los empresarios y trabajadores al margen de las previsiones causales de los despidos colectivos establecidas por el legislador.
La Sala Cuarta del Tribunal Supremo (STS de 14 de Junio de 1.996) ha señalado como elementos integrantes del supuesto de despido por motivos económicos descrito en el art. 51.1 del Estatuto de los Trabajadores: la concurrencia de una causa o factor desencadenante que incide de manera desfavorable en la rentabilidad de la empresa ("situación económica negativa") o en la eficiencia de la misma (carencia o necesidad de "una más adecuada organización de los recursos"); la carga de la prueba que recae sobre el empresario de los problemas de rentabilidad de la empresa; y la conexión de funcionalidad o instrumentalidad entre las extinciones de contratos de trabajo y la superación de la situación desfavorable acreditada. Y la doctrina de esta Sala considera causal el despido colectivo de que se trata, exigiendo que la situación sobrevenida sea objetiva, real, suficiente y actual. Ello supone que la causa alegada tenga una permanencia y entidad suficiente para incidir negativamente en el resultado económico o en la producción y que la consecuente crisis no obedezca a la mera conveniencia de la empresa y menos que sea la actuación deliberada de ésta la que la desencadene o la provoque. Y así, la autorización por la autoridad laboral de la extinción de las relaciones laborales se condiciona a una doble exigencia: la concurrencia de la causa económica o productiva que constituya un hecho no previsto ni buscado intencionadamente por el empresario, y que la medida propuesta de despido colectivo sirva instrumentalmente a superar o atenuar dicha crisis económica o de productividad; lo que, por otra parte beneficia también a los trabajadores en la medida en que repercuta en la viabilidad o continuidad de la actividad empresarial. En este sentido se pronunciaría, por cierto, la Ley 11/1.994, de 19 de Mayo, que da nueva redacción al art. 51 del Estatuto de los Trabajadores, precisando que se entenderá que concurren las causas a las que se refiere el presente artículo cuando la adopción de las medidas propuestas contribuya, si las aducidas son económicas, a superar la situación económica negativa de la empresa. Y esta innovación legislativa ha sido interpretada por la Jurisprudencia de la Sala de lo Social de este Alto Tribunal, así como la doctrina de su Sala Tercera (STS de 8 de Febrero de 1.992) en el sentido de que es suficiente con justificar, además, de la situación económica negativa de la empresa, la idoneidad del despido colectivo para contribuir a superarla, sin que tal despido se convierta en alternativa última a un determinado esfuerzo inversor, como medida prioritaria o previa, que la norma aplicada no exige.
Esta orientación jurisprudencial se adelanta así a los principios de la citada Ley 11/1.994, en cuya exposición de motivos se expresa, entre otros conceptos, que "el marco económico en el que las empresas españolas desarrollan su actividad en la actualidad presenta notables diferencias con respecto a las existentes en 1980, año de entrada en vigor del Estatuto de los Trabajadores, y éste es un factor que, sin duda, debe pesar a la hora de decidir sobre la procedencia de cambios normativos", lo que origina "la necesidad de adoptar medidas en todos los terrenos de la acción política, lo que incluye, lógicamente, también el ámbito laboral". Cuando la necesidad de extinción tiene carácter colectivo y se encuentra basada en crisis de funcionamiento de la actividad empresarial, en ella confluyen elementos de trascendental importancia, vinculados tanto a derechos individuales como a las posibilidades...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba