SAP Cádiz 100/2002, 21 de Mayo de 2002
| Ponente | JUAN JAVIER PEREZ PEREZ |
| ECLI | ES:APCA:2002:1413 |
| Número de Recurso | 107/2002 |
| Número de Resolución | 100/2002 |
| Fecha de Resolución | 21 de Mayo de 2002 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Cádiz, Sección 7ª |
D. EMILIO RAMÓN VILLALAÍN RUÍZD. JESÚS GARCÍA GARCÍAD. IGNACIO PANDO ECHEVARRÍA
Este Tribunal compuesto por los Señores Magistrados que se expresan al margen, ha
pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
S E N T E N C I A N U M: 116/2002
SEÑORES DEL TRIBUNAL
ILTMO. SR. PRESIDENTE
DON EMILIO RAMÓN VILLALAÍN RUÍZ
ILTMOS. SRES. MAGISTRADOS
DON JESÚS GARCÍA GARCÍA
DON IGNACIO PANDO ECHEVARRÍA
En la Ciudad de Avila a veintiuno de mayo del año dos mil dos.
Vistos ante esta Ilustrísima Audiencia Provincial en grado de apelación los autos de JUICIO ORDINARIO, sobre protección jurisdiccional civil del derecho al honor número 88/01 del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Avila, Rollo número 107/02; seguidos entre partes, de una como apelante Don Juan Pedro , dirigido por el Letrado Doña María Belen Jiménez Jiménez, y de otra como apelado Don Miguel , dirigido por el Letrado Don Pedro Pablo Gómez Albarrán, con intervención del Ministerio Fiscal; habiendo sido Ponente, el Iltmo. Sr. PRESIDENTE, Don EMILIO RAMÓN VILLALAÍN RUÍZ.
Por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Avila, se dictó la Sentencia de fecha 27 de Diciembre del año 2001 seguidos bajo el número 88/01 de mencionado Juzgado, cuya parte dispositiva contiene el siguiente FALLO: "Que estimando esencialmente la demanda de protección civil del honor interpuesta por el Procurador Don Agustín Sánchez González en nombre y representación de Don Miguel contra Don Juan Pedro , debo declarar y declaro que Don Juan Pedro cometió una intromisión ilegítima en el derecho al honor de Don Miguel al manifestar inverazmente en el Pleno municipal celebrado el 26 de enero del 2001, con exhibición de una pancarta que había sido beneficiado arbitrariamente en la recalificación urbanística de su propiedad en la CALLE000 (urbanización Puente Adaja) por ser amigo del DIRECCION000 Don Jose Daniel y asímismo por manifestar también en su declaración a medios de comunicación en relación con las manifestaciones en el Pleno de 26 de enero del 2001, faltando a la verdad, que Don Miguel formaba parte de una trama urbanística existente en Avila. Y debo condenar y condeno al demandado a indemnizar a Don Miguel en la cantidad de quinientas mil (500.000.-) pesetas, así como que, a su costa, se difunda la sentencia en El Diario de Avila, en las mismas condiciones tipográficas que la información aparecida, y una emisora provinciales, en iguales condiciones que las informaciones vertidas; y todo ello con expresa imposición de costas al demandado".
Contra mencionada resolución interpuso la parte demandada el presente recurso de apelación y, con traslado de la copia del escrito a la otra parte personada de conformidad con cuanto se dispone en el art. 461 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y presentado escrito de oposición al recurso, se remitieron los autos originales a ésta Audiencia Provincial para su resolución, dando lugar a la formación del presente rollo.
En la tramitación del recurso se han observado y cumplido todas las prescripciones de carácter legal.
Por auto de fecha 27 de abril del 2002, se denegó el recibimiento del recurso a prueba solicitado por las partes, desglosándose los testimonios que obraban unidos al procedimiento
El actor, hoy apelado, interesó, de forma simultánea: a) Que se declarase que el demandado había cometido una intromisión ilegítima en su derecho al honor. b) Que se le condenara a que, a su costa, se difunda en el Diario de Ávila, en las mismas condiciones tipográficas que la información aparecida, y en una emisora provincial, en iguales condiciones que en su día las declaraciones del demandado, la sentencia. c) Que se le condenara a indemnizar al actor en la cantidad que se determinara en ejecución de sentencia.
El demandado, en su contestación, interesó la desestimación íntegra de la demanda, declarando inexistente la intromisión ilegítima pretendida, y absolviendo al demandado de todas las pretensiones del actor.
La sentencia recurrida acota los términos de la propia demanda y declara que el demandado cometió una intromisión ilegítima en el honor del actor al manifestar inverazmente en el Pleno municipal celebrado el 26 de enero del 2001, con exhibición de una pancarta, que había sido beneficiado arbitrariamente en la recalificación urbanística de su propiedad en la CALLE000 (urbanización Puente Adaja) por ser amigo del DIRECCION000 D. Jose Daniel , y, asimismo, por manifestar también en su declaración a medios de comunicación en relación con las manifestaciones en el Pleno del 26 de enero del 2001, faltando a la verdad, que el actor formaba parte de una trama urbanística de Ávila.
Se condena al demandado a indemnizar al actor en la cantidad de 500.000 pesetas, y a que se difunda la sentencia en el Diario de Ávila, en las mismas condiciones tipográficas que la información aparecida, y una emisora provinciales (sic), en iguales condiciones que las informaciones vertidas.
Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación la representación del demandado.
Con carácter general respecto de del derecho fundamental al honor, tal como ya ha señalado recientemente esta Sala en dos procesos similares, y recogiendo lo expresado en la STS de 27 de enero de 1998 cabe decir que: "En cuanto al concepto del honor tal como dice la sentencia de 24 de enero de 1997, en la doctrina, se ha aceptado unánimemente la definición procedente de la italiana: dignidad personal reflejada en la consideración de las demás y en el sentimiento de la propia persona. La cual ha sido, a su vez, aceptada y seguida por esta Sala, que, desde la sentencia de 23 de marzo de 1987 hasta la de 15 de julio de 1996, reitera que el honor se integra por dos aspectos, el de la inminencia representado por la estimación que cada persona hace de sí misma, y el de trascendencia, integrado por el reconocimiento que los demás hacen de nuestra dignidad.
Dentro del concepto del honor, protegido jurídicamente, se incluye el prestigio personal, lo cual había sido discutido años ha, pero que actualmente, a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional 223/1992, de 14 de diciembre, no plantea dudas y así lo expresa claramente la sentencia de 20 de marzo de 1997 al afirmar: en cuanto al tema del prestigio profesional, superada la antigua doctrina jurisprudencial que consideraba que el prestigio profesional no forma parte del derecho al honor y que el ataque al mismo, como todo acto ilícito que produce perjuicios habrá de ser protegido con base a lo dispuesto en el artículo 1.902 del Código Civil que regula la culpa extracontractual (STS de 21 de diciembre de 1989 y 9 de febrero de 1990), se ha llegado a estimar que un ataque al prestigio profesional pueda integrar una transgresión del honor (S. de 18 de noviembre de 1992), y ya definitivamente a partir de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 14 de diciembre de 1992, se puede a firmar que el derecho al honor comprende también el prestigio profesional.
Por último, hay que destacar la importancia del contexto en la aplicación de la normativa de protección del derecho al honor, tal como han hecho las sentencias de 7 de septiembre de 1990, 9 de enero de 1991, 6 de junio de 1992, 6 de abril de 1995 y 31 de enero de 1997. Estas dos últimas dicen: las palabras empleadas no pueden extraerse de su contexto y ser juzgadas independientemente del mismo, prescindiendo de esta forma de las circunstancias concurrentes que les han servido de antecedente".
Si examinamos los supuestos de intromisión ilegítima en el ámbito de la protección del honor, la intimidad y la propia imagen, que recoge el artículo 7 de la Ley Orgánica 1/82, de 5 de mayo, podemos comprobar que sólo el apartado séptimo viene vinculado a la protección del derecho fundamental al honor en sentido estricto. Y que en él se comprende la divulgación de expresiones o hechos concernientes a una persona cuando la difame o la haga desmerecer en la consideración ajena. La utilización de la expresión "divulgación" por el Legislador, aparecía en un principio, como destinada a restringir el concepto a la existencia de una actividad de comunicación dirigida a la opinión pública. Sin embargo, el Tribunal Supremo, ya desde sus primeros pronunciamientos, ha venido entendiendo que los supuestos enumerados en la Ley no constituyen un "numerus clausus" (SSTS de 28 de octubre y 4 de noviembre de 1986, 5 de mayo de 1988, entre otras): "...la protección a los bienes de la personalidad ha de dispensarse dentro de una intensa relativización correlativa a la índole de los mismos, protección que se manifestará, de una parte, permitiendo extenderla a supuestos distintos de los casos enumerados en el art. 7 de la Ley, que no constituyen numerus clausus, a la manera de acaecimientos significativos o frecuentes y ejemplificadores de agresiones ilegitimas a la intimidad, destacados del principio general del "alterum non laedere". Por otra parte se manifestará tratando la personalidad y correlativa intimidad de cada persona y en cada caso según las circunstancias que operarán decisivamente antes del contraste o confrontación de la norma con la ocurrencia concreta; ésta, pues, será configurada, caracterizada e individualizada por o a través de esas circunstancias, escogiendo el Juez, al efecto, las más relevantes...".
Con posterioridad, el Tribunal Constitucional, en la STC 223/1992, de 14 de diciembre, señaló las pautas de diferenciación entre el la libertad de expresión y la libertad de información, en su doble faceta, de libertad a comunicarla y derecho de recibirla: "...En tal sentido se ha pronunciado este Tribunal Constitucional desde antiguo y ha intentado delimitar ambas libertades, aun con todas...
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