Disposiciones normativas sobre Proceso penal
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- Versión original Ley Orgánica 1/2020, de 16 de septiembre, sobre la utilización de los datos del Registro de Nombres de Pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves.
- Ley 3/2018, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, para regular la Orden Europea de Investigación.
- Versión original Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales.
- Versión original Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.
- Ley 2/2017, de 21 de junio, de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.
- Derrogado Ley para la Eficacia en la Unión Europea de las Resoluciones de Embargo y de Aseguramiento de Pruebas en Procedimientos Penales (Ley 18/2006, de 5 de junio)
- Versión original Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo.
- Vigente Real Decreto sobre Conservación y Destino de Piezas de Convicción (Real Decreto 2783/1976, de 15 de Octubre)
- Vigente Ley Orgánica reguladora del Control Judicial Previo del Centro Nacional de Inteligencia (Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo)
- Vigente Ley de Planta y Organización Territorial de la Jurisdicción Militar (Ley 44/1998, de 15 de diciembre)
- Vigente Ley de Procedimientos Penales Especiales (Ley de 9 febrero 1912)
- Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril, por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales.
- Real Decreto 229/2017, de 10 de marzo, por el que se crean 16 plazas de magistrados en órganos colegiados para hacer efectiva la segunda instancia penal.
- Real Decreto 653/2023, de 18 de julio, por el que se modifica el Reglamento de Armas, aprobado por el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero.
- Derrogado Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.
- Ley 2/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la Administración Autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración Pública y se establecen las garantías de los informantes.
- Corrección de errores del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo.
- Tratado de asistencia judicial en materia penal entre el Reino de España y la República del Ecuador, hecho en Madrid el 18 de diciembre de 2017.
- Orden JUS/306/2017, de 4 de abril, por la que se dispone la fecha de efectividad de la plaza de magistrado en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para hacer efectiva la segunda instancia penal.
- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Albania complementario del Convenio Europeo de Extradición de 1957, hecho en Madrid el 4 de octubre de 2021.
- Cuestión interna de inconstitucionalidad n.º 1231-2020, en relación con el último párrafo del artículo 238 bis LECrim., en la redacción dada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre.
- Acuerdo sobre traslado de personas condenadas entre el Reino de España y la República de la India, hecho en Madrid el 30 de mayo de 2017.
- Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1344-2020, en relación con el artículo 238 bis, último párrafo, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la redacción dada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, por posible vulneración de los arts. 24.1 y 117.3 CE.
- Ley 4/2019, de 7 de marzo, de modificación de la Ley 16/2006, de 28 de diciembre, de Protección y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragón.
- Resolución de 28 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2005, por el que se aprueba el Plan de Transparencia Judicial.